Cremilo
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La Junta de Andalucía tiene 2.000 MILLONES en SUBVENCIONES SIN JUSTIFICAR pendientes de cobro
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La Junta de Andalucía perderá cada día de este año del orden de 500.000 euros por culpa de su falta de eficiencia a la hora de pedir la devolución de subvenciones y ayudas concedidas a otras administraciones o empresas que no han sido debidamente justificadas en plazo y que, por tanto, deberían regresar a las arcas públicas. El Gobierno de Juan Manuel Moreno ha anunciado que tomará medidas para evitar que un total de 176 millones se pierdan en 2019 por culpa de esa dejación de responsabilidades que achaca al Gobierno de Susana Díaz, y que ha puesto un volumen muy importante de expedientes en situación de alto riesgo de prescripción.
De hecho, la cifra que la Junta debería ingresar por las devoluciones reclamadas a instituciones y empresas es muy superior y cercana a los 2.000 millones de euros, según ha avanzado este martes el portavoz del Gobierno, Elías Bendodo. Pero de ese total hay 900 millones que corresponden a ejercicios anteriores a 2015, por lo que la posibilidad de recuperarlos es ya prácticamente ninguna.
El resto, hasta 962 millones de euros, es todavía recuperable, por lo que la prioridad del nuevo gobierno es ahora agilizar la tramitación de los expedientes para impedir que corran la misma suerte que los ya prescritos.
Detrás de este enorme volumen de importes pendientes de justificar está el importante colapso existente en materia de políticas de formación, donde tras años sin reclamar las justificaciones de las ayudas -con exoneraciones masivas practicadas por los gobiernos socialistas- la investigación policial y judicial abierta para aclarar un supuesto desvío de fondos obligó a la Junta a emprender un arduo proceso de revisión que acumula importantes retrasos y ha paralizado en la práctica, durante más de cinco años, los cursos de formación para el empleo en Andalucía.
Dentro de ese enorme agujero de subvenciones que deberían regresar a las arcas públicas están también las ayudas ilegales que se repartieron a través del conocido en los medios como fondo de reptiles, la partida 31-L de los presupuestos de la Junta que sirvió para financiar de forma irregular cientos de expedientes de regulación de empleo (ERE) y gastos arbitrarios de instituciones y empresas de toda índole.
Igualmente, en ese montante de subvenciones pendientes de reintegro se encuentran también las concedidas de forma irregular al sindicato UGT y que, según el perito judicial, podrían superar los 41,7 millones de euros.
El informe ofrecido este martes por el Gobierno andaluz no especifica a qué instituciones se reclaman esos reintegros y se limita a clasificar los importes existentes por consejerías. Así, es la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio (así se denominaba en el Gobierno de Susana Díaz) la que, con 616 millones de euros, tiene importes mayores de libramientos que no se han justificado en plazo y, por tanto, deberían ser reintegrados a la hacienda pública. Le sigue la Consejería de Educación, con 559 millones de euros sin justificar.
Elías Bendodo acusó al gobierno de Susana Díaz de haber practicado durante años una «huelga de brazos caídos» que ha permitido que se pierdan fondos públicos de esta forma.
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