paconan
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Y la aepd calladita...
Las denuncias por descargar películas y capítulos de distintas series se extienden fuera del País Vasco y ya afectan a clientes de Movistar de todo el país
La primera noticia saltaba el pasado mes de abril. En Bilbao, unas extrañas cartas empezaban a llegar a cientos de hogares. En ellas, con la firma de un bufete de abogados español, varias productoras exigían a estos usuarios que pagasen unos 100 euros por capítulo de sus series descargados ilegalmente a través de Torrent y unos 150 en caso de ser una película. Todo parecía quedarse en esa región pues los afectados eran de la compañía Euskaltel, pero 5 meses después las misivas empiezan a llegar al resto de España.
En los últimos días, usuarios de ciudades como Alicante, Barcelona, Cádiz, Madrid, Valladolid, Badajoz o Sevilla han visto cómo llegaba a su casa una de estas misivas en las que la productora alemana Crystalis Entertainment les exige el pago de hasta 100 euros por capítulo descargado de su serie 'Ash Vs. Evil Dead' y hasta 300 por gastos de gestión (el dinero que exigen a algunos usuarios llegan hasta los 1.300 euros) en un plazo de un mes si no quieren ser demandados. Lo hacen a través del bufete de abogados Lucentum, ubicado en Alicante, y ponen como prueba la dirección IP que, supuestamente, estaba usando dicho usuario en el momento en el que compartía de forma ilegal estos contenidos.
¿Por qué han empezado, de repente, a generalizarse estas misivas? Pues, como explica David Maeztu, abogado especializado en derecho y tecnología y uno de los letrados que mejor conocen este asunto, todo se debe a una cuestión de tiempos. En abril saltó la noticia en el País Vasco porque allí los juzgados de lo mercantil van más rápido que en otras regiones como Madrid donde están colapsados, pero lo cierto es que el mismo bufete que puso la reclamación para conocer los datos de los usuarios de Euskaltel puso, a la vez, reclamaciones para conocer esa misma información del resto de operadoras. Y ahora empieza a conseguirlos.
El juzgado de lo mercantil número 9 de la capital ha seguido el mismo camino que el bilbaíno y ha aceptado Diligencias Preliminares en relación con Movistar (de momento no ha llegado nada sobre otras operadoras) obligando a esta empresa a entregar los datos personales de los usuarios tras las IPs presentadas por el bufete de abogados y eso les ha abierto las puertas a personas de todo el país. "Como Movistar está localizada en Madrid, con esta petición consiguen acceder a los usuarios de esta compañía en todo el país y pueden empezar a mandar cartas por todo el territorio", explica Maeztu.
¿Cómo han ido tan lejos?
El gran problema, según el abogado riojano, no solo es que se esté persiguiendo a usuarios, que incluso ya han muerto, por la descarga puntual de un contenido con derechos de autor y pidiendo una importante cuantía como recompensa sino que se está haciendo con muy pocas pruebas, por no decir ninguna, y cuentan con la aprobación de un juez. La aceptación de la petición se hace, por lo que explica Maeztu, con la existencia solo de un documento de Excel donde la productora en cuestión ha guardado todas las IPs que, supuestamente, han compartido contenidos de su propiedad de forma ilegal. Y ya está. "No hay ni siquiera capturas o vídeos donde se vea cómo realizan el supuesto 'hash' para conseguir la IP en cuestión y las horas en las que se estaba usando dicha dirección para compartir estos contenidos".
Su crítica es contundente y, aunque ha sido un juez el que ha aceptado las Diligencias y permitido a esta productora la entrada a estos datos personales, asegura que no se ha hecho conforme a la Ley de Propiedad Intelectual pues no se actúa de forma ponderada. "Aceptan como prueba definitiva un documento de Excel que ha hecho un señor alemán sin explicar siquiera cómo lo ha realizado, aceptan que se persiga la descarga puntual y encima dan por buena una prueba de un delito que no es tal como son las direcciones IP".
¿Cómo han ido tan lejos?
El gran problema, según el abogado riojano, no solo es que se esté persiguiendo a usuarios, que incluso ya han muerto, por la descarga puntual de un contenido con derechos de autor y pidiendo una importante cuantía como recompensa sino que se está haciendo con muy pocas pruebas, por no decir ninguna, y cuentan con la aprobación de un juez. La aceptación de la petición se hace, por lo que explica Maeztu, con la existencia solo de un documento de Excel donde la productora en cuestión ha guardado todas las IPs que, supuestamente, han compartido contenidos de su propiedad de forma ilegal. Y ya está. "No hay ni siquiera capturas o vídeos donde se vea cómo realizan el supuesto 'hash' para conseguir la IP en cuestión y las horas en las que se estaba usando dicha dirección para compartir estos contenidos".
Su crítica es contundente y, aunque ha sido un juez el que ha aceptado las Diligencias y permitido a esta productora la entrada a estos datos personales, asegura que no se ha hecho conforme a la Ley de Propiedad Intelectual pues no se actúa de forma ponderada. "Aceptan como prueba definitiva un documento de Excel que ha hecho un señor alemán sin explicar siquiera cómo lo ha realizado, aceptan que se persiga la descarga puntual y encima dan por buena una prueba de un delito que no es tal como son las direcciones IP".
¿Qué pasa si lo has hecho pero estás en otro operador? De momento no hay noticias de que ningún juez haya dado permiso a este bufete para ver los datos personales de usuarios de otras operadoras, pero el abogado sí que asegura que existen más reclamaciones en marcha. "Los tribunales en Madrid están muy saturados pero lo normal es que veamos reclamaciones a Orange, Vodafone o pequeñas operadoras".
¿Qué debo hacer si ya tengo la misiva?
Si, por el contrario, ya estás entre los usuarios afectados por este problema y tienes la citada carta en tus manos, lo que recomiendan los expertos como Maeztu es que no pagues. Al menos hasta que lo diga un juez. Debido a las irregularidades del caso y la excepcionalidad del mismo, recomiendan esperar primero a recibir la demanda, si es que la interponen, y observar qué ocurre con resoluciones de casos anteriores.
"Nosotros mañana mismo tenemos un nuevo juicio en relación con los casos de País Vasco. Nos toca un nuevo juzgado de lo mercantil en Bilbao y vamos a ver cómo se da todo. Dependiendo de cómo se resuelva pensaremos en próximas actuaciones y soluciones", explica el abogado riojano. Lo que sí recomienda encarecidamente es que los afectados se unan como ya han hecho los usuarios de Euskaltel. "Por separado son casos muy pequeños y es difícil que un usuario se meta en juicios por esas cuantías de dinero, pero unidos la cosa cambia. Se pueden buscar soluciones en común, hacer más fuerza y tienes más pruebas sobre lo que ocurre".
La mayor 'cacería de piratas online' llega a toda España. ¿Qué ocurre y a quién afecta?
Las denuncias por descargar películas y capítulos de distintas series se extienden fuera del País Vasco y ya afectan a clientes de Movistar de todo el país
La primera noticia saltaba el pasado mes de abril. En Bilbao, unas extrañas cartas empezaban a llegar a cientos de hogares. En ellas, con la firma de un bufete de abogados español, varias productoras exigían a estos usuarios que pagasen unos 100 euros por capítulo de sus series descargados ilegalmente a través de Torrent y unos 150 en caso de ser una película. Todo parecía quedarse en esa región pues los afectados eran de la compañía Euskaltel, pero 5 meses después las misivas empiezan a llegar al resto de España.
En los últimos días, usuarios de ciudades como Alicante, Barcelona, Cádiz, Madrid, Valladolid, Badajoz o Sevilla han visto cómo llegaba a su casa una de estas misivas en las que la productora alemana Crystalis Entertainment les exige el pago de hasta 100 euros por capítulo descargado de su serie 'Ash Vs. Evil Dead' y hasta 300 por gastos de gestión (el dinero que exigen a algunos usuarios llegan hasta los 1.300 euros) en un plazo de un mes si no quieren ser demandados. Lo hacen a través del bufete de abogados Lucentum, ubicado en Alicante, y ponen como prueba la dirección IP que, supuestamente, estaba usando dicho usuario en el momento en el que compartía de forma ilegal estos contenidos.
¿Por qué han empezado, de repente, a generalizarse estas misivas? Pues, como explica David Maeztu, abogado especializado en derecho y tecnología y uno de los letrados que mejor conocen este asunto, todo se debe a una cuestión de tiempos. En abril saltó la noticia en el País Vasco porque allí los juzgados de lo mercantil van más rápido que en otras regiones como Madrid donde están colapsados, pero lo cierto es que el mismo bufete que puso la reclamación para conocer los datos de los usuarios de Euskaltel puso, a la vez, reclamaciones para conocer esa misma información del resto de operadoras. Y ahora empieza a conseguirlos.
El juzgado de lo mercantil número 9 de la capital ha seguido el mismo camino que el bilbaíno y ha aceptado Diligencias Preliminares en relación con Movistar (de momento no ha llegado nada sobre otras operadoras) obligando a esta empresa a entregar los datos personales de los usuarios tras las IPs presentadas por el bufete de abogados y eso les ha abierto las puertas a personas de todo el país. "Como Movistar está localizada en Madrid, con esta petición consiguen acceder a los usuarios de esta compañía en todo el país y pueden empezar a mandar cartas por todo el territorio", explica Maeztu.
¿Cómo han ido tan lejos?
El gran problema, según el abogado riojano, no solo es que se esté persiguiendo a usuarios, que incluso ya han muerto, por la descarga puntual de un contenido con derechos de autor y pidiendo una importante cuantía como recompensa sino que se está haciendo con muy pocas pruebas, por no decir ninguna, y cuentan con la aprobación de un juez. La aceptación de la petición se hace, por lo que explica Maeztu, con la existencia solo de un documento de Excel donde la productora en cuestión ha guardado todas las IPs que, supuestamente, han compartido contenidos de su propiedad de forma ilegal. Y ya está. "No hay ni siquiera capturas o vídeos donde se vea cómo realizan el supuesto 'hash' para conseguir la IP en cuestión y las horas en las que se estaba usando dicha dirección para compartir estos contenidos".
Su crítica es contundente y, aunque ha sido un juez el que ha aceptado las Diligencias y permitido a esta productora la entrada a estos datos personales, asegura que no se ha hecho conforme a la Ley de Propiedad Intelectual pues no se actúa de forma ponderada. "Aceptan como prueba definitiva un documento de Excel que ha hecho un señor alemán sin explicar siquiera cómo lo ha realizado, aceptan que se persiga la descarga puntual y encima dan por buena una prueba de un delito que no es tal como son las direcciones IP".
¿Cómo han ido tan lejos?
El gran problema, según el abogado riojano, no solo es que se esté persiguiendo a usuarios, que incluso ya han muerto, por la descarga puntual de un contenido con derechos de autor y pidiendo una importante cuantía como recompensa sino que se está haciendo con muy pocas pruebas, por no decir ninguna, y cuentan con la aprobación de un juez. La aceptación de la petición se hace, por lo que explica Maeztu, con la existencia solo de un documento de Excel donde la productora en cuestión ha guardado todas las IPs que, supuestamente, han compartido contenidos de su propiedad de forma ilegal. Y ya está. "No hay ni siquiera capturas o vídeos donde se vea cómo realizan el supuesto 'hash' para conseguir la IP en cuestión y las horas en las que se estaba usando dicha dirección para compartir estos contenidos".
Su crítica es contundente y, aunque ha sido un juez el que ha aceptado las Diligencias y permitido a esta productora la entrada a estos datos personales, asegura que no se ha hecho conforme a la Ley de Propiedad Intelectual pues no se actúa de forma ponderada. "Aceptan como prueba definitiva un documento de Excel que ha hecho un señor alemán sin explicar siquiera cómo lo ha realizado, aceptan que se persiga la descarga puntual y encima dan por buena una prueba de un delito que no es tal como son las direcciones IP".
¿Qué pasa si lo has hecho pero estás en otro operador? De momento no hay noticias de que ningún juez haya dado permiso a este bufete para ver los datos personales de usuarios de otras operadoras, pero el abogado sí que asegura que existen más reclamaciones en marcha. "Los tribunales en Madrid están muy saturados pero lo normal es que veamos reclamaciones a Orange, Vodafone o pequeñas operadoras".
¿Qué debo hacer si ya tengo la misiva?
Si, por el contrario, ya estás entre los usuarios afectados por este problema y tienes la citada carta en tus manos, lo que recomiendan los expertos como Maeztu es que no pagues. Al menos hasta que lo diga un juez. Debido a las irregularidades del caso y la excepcionalidad del mismo, recomiendan esperar primero a recibir la demanda, si es que la interponen, y observar qué ocurre con resoluciones de casos anteriores.
"Nosotros mañana mismo tenemos un nuevo juicio en relación con los casos de País Vasco. Nos toca un nuevo juzgado de lo mercantil en Bilbao y vamos a ver cómo se da todo. Dependiendo de cómo se resuelva pensaremos en próximas actuaciones y soluciones", explica el abogado riojano. Lo que sí recomienda encarecidamente es que los afectados se unan como ya han hecho los usuarios de Euskaltel. "Por separado son casos muy pequeños y es difícil que un usuario se meta en juicios por esas cuantías de dinero, pero unidos la cosa cambia. Se pueden buscar soluciones en común, hacer más fuerza y tienes más pruebas sobre lo que ocurre".
La mayor 'cacería de piratas online' llega a toda España. ¿Qué ocurre y a quién afecta?
