La Ley de Función Pública confirma los peores presagios para los funcionarios: podrán ser despedidos por su rendimiento
Ser funcionario público en España era sinónimo de tener un trabajo bien remunerado y garantizado hasta que el funcionario se jubilara. El nuevo Real Decreto...
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La Ley de Función Pública confirma los peores presagios para los funcionarios: podrán ser despedidos por su rendimiento
Ser funcionario público en España era sinónimo de tener un trabajo bien remunerado y garantizado hasta que el funcionario se jubilara. El nuevo Real Decreto la Ley de Función Pública que ha aprobado el Gobierno pone fin a ese modelo y obliga a todos los funcionarios a demostrar su desempeño en distintas pruebas de evaluación.
Si los funcionarios no superan esas pruebas de evaluación, podrían llegar a perder su plaza al no estar cualificados para cubrir las funciones propias de su cargo. Con esta medida, el Cuerpo de Funcionarios Públicos del Estado se equipara con la plantilla de cualquier empresa en la que se somete a sus empleados a evaluaciones periódicas de rendimiento.
Ley aprobada justo a tiempo para recibir los fondos Next Gen europeos. El ejecutivo ha aprobado in extremis en su último consejo de ministros del año la nueva Ley de Función Pública vía Real Decreto (Real Decreto-Ley 6/2023).
Este instrumento ha permitido agilizar su registro dentro del plazo, hasta el 31 de diciembre de 2023, que imponía la Comisión Europea para aprobar el cuarto pago de los Fondos Next Gen del Plan de Recuperación.
Equiparación del rendimiento en el sector público y privado. Pese a su aprobación inesperada, la nueva normativa no ha sido objeto de la improvisación ya que se basa en gran medida en el anteproyecto de ley de Función Pública de la Administración General del Estado aprobado hace justo un año, pero aporta una importante novedad: la evaluación del desempeño de los funcionarios de forma individual.
Aunque la nueva medida ya se mencionaba en el artículo 20 del Estatuto Básico del Empleado Público no ha sido del agrado de los sindicatos. Los agentes sociales se han mostrado en contra de ese punto, que cambia la norma establecida en el que se evaluaba el rendimiento de todo el colectivo que ocupaba un determinado puesto.
Con la nueva normativa, se evalúa a cada funcionario de forma individual y se vinculan ascensos, incrementos salariales o traslados a los resultados obtenidos en esa evaluación, de mismo modo que se evalúan a los empleados en la empresa privada.
Sin detalles sobre el contenido, pero sí su obligatoriedad. Por el momento, la nueva norma no especifica de que forma se llevarán a cabo esas evaluaciones de rendimiento ni su periodicidad, dejándolo en manos del personal de Recursos Humanos de la Administración Pública.
A lo que sí hace referencia clara la nueva normativa es al carácter obligatorio de la nueva medida, y la posibilidad de perder la plaza si no se realiza o no se obtienen los valores mínimos exigidos. Algo impensable hasta la fecha, que había que incurrir en hechos muy graves recogidos en los artículos 64 y 67 del Estatuto Básico del Empleado Público para perder la condición de funcionario público.
Un instrumento para conseguir una Administración pública eficiente. La Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha defendido la medida como un instrumento imprescindible para crear una administración pública. Argumento que ya esgrimió en un vídeo publicado en su perfil de X en marzo de 2023. “Hoy hemos aprobado el proyecto de Ley de Función Pública, la norma que modernizará nuestras Administraciones y mejorará el servicio a los ciudadanos. Las empleadas y empleados públicos tendrán más derechos y oportunidades profesionales, con nuevas medidas de igualdad”.
La ministra de la Función Pública destacaba la importancia de esta ley para conseguir una Administración pública de calidad, donde no hay que establecer lo que cada funcionario sabe, sino cómo transfiere ese conocimiento a su trabajo cotidiano, e incentivar la motivación y la posibilidad de ascenso en la carrera de los funcionarios.
Montero destaca el trabajo del gobierno del que forma parte para conseguir el incremento de hasta un 126% la oferta de empleo público tras décadas de estancamiento en las tasas de reposición de los empleados públicos que no llegaban a cubrir las bajas por jubilación.
Los sindicatos ya protestan diciendo qeu dependerá si le caes bien o mal al evaluador, cosa qeu veo probable o que usen esta artimaña para echar a gente y enchufar a colegas y gente se su cuerda como bien explican en el enlace al final del articulo
Despedir a un funcionario público era casi misión imposible. Ahora todo cambia con la nueva ley de desempeño
Hay pocos motivos por los que un funcionario público puede perder su trabajo, normalmente por fin, jubilación o renuncia. Todos sabemos que estudiar duro...
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Hay pocos motivos por los que un funcionario público puede perder su trabajo, normalmente por fin, jubilación o renuncia. Todos sabemos que estudiar duro para unas oposiciones supone, en muchos casos, garantizarse una plaza fija en alguna de las Administraciones Públicas, y es por eso que tanta gente se lanza a este tipo de carreras. Precisamente porque la palabra despido no existe en el vocabulario del funcionariado. Y existen motivos para pensarlo: solo 500 funcionarios han perdido su condición como empleado público en los últimos 25 años. Y fueron principalmente debido a condenas penales o faltas graves.
Ahora, el Gobierno quiere cambiar todo eso. El Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley de Función Pública de la Administración General del Estado por la que los funcionarios podrán ser despedidos de su puesto dependiendo de sus resultados en evaluaciones de desempeño.
¿En qué consiste? La nueva ley indica que los empleados que han obtenido su puesto por oposición, puedan ser despedidos o apartados si no desempeñan sus tareas correctamente, si su rendimiento es insuficiente o si no pueden cumplir con las exigencias que se piden para el cargo. Esto se pondrá en práctica a los seis meses de la incorporación al trabajo. Si el empleado es apartado por alguna de esas razones, acabará adscrito de manera provisional a otro puesto de la Administración conforme a su carrera y en la misma localidad donde desarrollaba la función anterior.
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Críticas. Algunos sindicatos como UGT, no obstante, han mostrado su descontento ante el nuevo proyecto de ley ya que alertan de que al final todo puede recaer en que "le caigas bien o mal a la persona que va a ser tu jefe y que te va a evaluar". Es por eso que piden que "se concrete en base a unos criterios objetivos y no dependa del criterio subjetivo del superior jerárquico". Y más cuando una calificación negativa puede suponer una rebaja en la puntuación de los concursos de traslados y en la percepción del nuevo complemento salarial de desempeño.
Hasta ahora. Hay que tener en cuenta que hasta el momento un funcionario solo podía dejar de serlo por las siguientes causas reflejadas en los artículos 64, 65, 66 y 67 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: la renuncia voluntaria, la pérdida de nacionalidad, la jubilación total del funcionario, la sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme, la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter firme.
Pero también hay 5 formas de perder una plaza de carácter permanente y están recogidas en el artículo 63 del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP). Tales son condenas penales o por una sanción disciplinaria por falta muy grave (acoso, violación de la imparcialidad, discriminación, abandono del servicio, notorio incumplimiento de las funciones esenciales, étc), tras un expediente disciplinario o por acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma.
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¿Por qué? El Gobierno cree que con este cambio se incrementará la productividad del sector público y se premiará de esta manera el talento de manera progresiva. Es decir, que no solo baste con aprobar unos exámenes en una fecha dada, si no que haya que luchar el puesto día a día. Además, se pretende así, poner en marcha un relevo intergeneracional de una Administración bastante envejecida en comparación con el resto de la UE.
Dos complementos salariales nuevos. Y no sólo eso. El Gobierno está decidido a premiar el buen hacer y el rendimiento de cada trabajador creando dos complementos salariales que incentiven a los trabajadores a desempeñarse mejor: el de "carrera" y el de "desempeño". El primero está ligado a la progresión profesional dentro de la Administración y será igual para cada grupo o subgrupo de funcionarios y su cuantía se fijará en los Presupuestos Generales del Estado. El segundo será variable, y dependerá de la evaluación del rendimiento, la conducta o el logro de los resultados por parte del trabajador. Este examen se llevará a cabo una vez al año.
La nueva ley también regula la carrera horizontal, con un sistema de tramos para poder ascender sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo. Y reconoce además la figura del directivo público profesional con funciones de desarrollo de políticas y programas públicos. Tendrán esta consideración las personas titulares de subdirecciones generales o de otros ámbitos similares y estarán ocupados equitativamente por hombres y mujeres.
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