El futuro de las pensiones en Cataluña es una de las principales y más graves incertidumbres en una hipotética secesión del resto de España. El secretario de Estado para la Seguridad Social, Tomás Burgos, califica de «devastadoras» las consecuencias para los pensionistas y afiliados residentes en Cataluña a la Seguridad Social si Cataluña declara unilateralmente la independencia.
Mientras la lista favorita en las encuestas, Junts pel Sí, y la propia Generalitat sostienen que las pensiones estarían garantizadas e incluso serían más elevadas, y Artur Mas amenaza con no pagar la deuda, Tomás Burgos declara a EL MUNDO que la secesión «dejaría en el aire las obligaciones y compromisos de pago en materia de pensiones». Este alto funcionario augura que el Ejecutivo catalán se vería obligado a «un incremento brutal» de las cotizaciones o, como alternativa, a recortar de forma drástica las pensiones para poder sostener su nuevo sistema de Seguridad Social.
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El actual responsable de la Seguridad Social considera, al igual que el resto del Gobierno, que la independencia no se va a producir, pero, preguntado por este diario sobre cuál sería el impacto en las pensiones, enciende las luces de alarma: «Como viene sosteniendo este Ministerio, la caja única es el corazón del sistema de protección de todos. Quebrarla o deshacerla es una total irresponsabilidad».
A su juicio, «romper la caja única de las pensiones tendría consecuencias devastadoras para los pensionistas, pero también para afiliados, empresas e instituciones públicas y privadas. Los gastos de gestión para un hipotético sistema propio desgajado del resto se dispararían».
«Un sistema propio supondría reconstruir todo el sistema desde cero», sostiene el secretario de Estado. «La inseguridad jurídica, el bloqueo en la gestión e insuficiencia de recursos» provocarían este duro desenlace: «Descomposición del sistema de derechos adquiridos». En consecuencia, los residentes en Cataluña que han cotizado tantos años a la Seguridad Social entrarían así en un limbo aún no aclarado en la campaña.
Burgos incide en un problema adicional y es el déficit de la Seguridad Social que existe en la mayoría de las comunidades, entre las que destaca la que gobierna Artur Mas. «Cataluña presenta un desfase creciente de ingresos y gastos», afirma el secretario de Estado.
La Seguridad Social gastó en pensiones en esta comunidad 4.544 millones más de lo que ingresó por cotizaciones sociales, según datos a cierre de 2014, recogidos por Europa Press. Los ingresos ascendieron a 17.342 millones, mientras que los gastos se elevaron a 21.886 millones. Este desfase de las cuentas se produce en las cuatro provincias catalanas. Barcelona es la que mayor déficit arroja, 3.548 millones de euros, ya que gasta 17.113 millones e ingresa 13.564. Le siguen: Tarragona, con un déficit de 463 millones; Gerona, que gasta 280 millones más de lo que ingresa y Lérida, con un gasto en pensiones superior a sus ingresos de 258 millones. Ante esta situación, «los costes de transición en un entorno deficitario y sin la economía de escala que genera un sistema integrado de Seguridad Social dejaría en el aire las obligaciones y compromisos de pago en materia de pensiones», sentencia el número dos de la ministra de Empleo, Fátima Báñez.
«El resultado final conllevaría un incremento brutal de cotizaciones y/o de impuestos, o bien un recorte drástico e inmediato de prestaciones», concluye Tomás Burgos.
La Generalitat pide «no sembrar miedo» y el conseller de Finanzas, Andreu Mas-Colell, sostiene que España debe seguir pagando las pensiones de los catalanes aunque se independicen. Declaró el pasado 19 a ACN que los catalanes que han cotizado «durante décadas» tienen «derecho» a cobrar las pensiones, ya que se trata de un «contrato individual» entre ellos y España, que tendría, en su opinión, una «obligación legal» que se podría reclamar ante los tribunales internacionales. Sin embargo, Mas-Colell afirmó que, en el caso de que España no pagara las pensiones, la Generalitat actuaría como garante del pago a los pensionistas y jubilados.
En el Ministerio consideran, por el contrario, que se abriría un laberinto en el que la Generalitat, entre otros problemas, debería dar respuesta a los residentes en Cataluña que han cotizado previamente en otros territorios. La conclusión de Tomás Burgos es ésta: «La alternativa al sistema común de Seguridad Social es el desamparo y la insuficiencia de recursos».
Burgos es militante del Partido Popular, pero en la misma línea se manifestó ayer el ex ministro socialista, Josep Borrell. «Se está estafando a la gente cuando se les prometen más y mejores prestaciones» si Cataluña se independiza de España.
«Cuando los independentistas hablan con alegría de separar la Seguridad Social, nunca se discute sobre las muchas personas que han cotizado en un sitio unos años, luego en otro, luego se retiran en un tercero. ¿Quién se encarga de ellos? ¿De quién dependen los extremeños que han vivido su vida laboral en Cataluña?», escribió por su parte en este diario el pasado domingo el coordinador económico de Ciudadanos, Luis Garicano.
La propia ministra de Empleo, Fátima Báñez, subrayó ayer que «Cataluña ha podido pagar las pensiones gracias a la solidaridad de todos los españoles».
