noticiesiprofecies
Madmaxista
- Desde
- 21 Sep 2015
- Mensajes
- 19.557
- Reputación
- 46.516
h ttps://www.eldebate.com/
Pedro Sánchez, junto al fiscal general del EstadoMoncloa
Causas Pendientes
El lawfare de Sánchez: una puerta abierta a la república, el «chavismo» y la arbitrariedad judicial
El polémico término que incluye el pacto alcanzado entre PSOE y Junts ha movilizado a la sociedad española en contra del fin del Estado de Derecho, la separación de poderes y la independencia judicial
María Jamardo
Madrid 13/11/2023 Actualizada 07:25
Al más puro estilo de la república bolivariana de Venezuela, Pedro Sánchez aceptaba incluir el lawfare en el pacto firmado con Carles Puigdemont a cambio de su investidura. Esto es, depurar «responsabilidades» a los jueces, fiscales y magistrados que condenaron el procés, en estricto cumplimiento de la Ley.
La inclusión del término, más propio del «chavismo» que de la armonización con el Derecho Europeo, hacía saltar todas las alarmas provocando una reacción unánime y sin precedentes de la comunidad jurídica y de la sociedad civil, en defensa del Estado de Derecho, la separación de poderes y la independencia judicial.
RECHAZO AL LAWFARE
El pacto de Sánchez con Junts liquida la igualdad entre españoles y provoca la reacción del Poder Judicial
María Jamardo 16
No es la primera vez que Sánchez trata de adaptar la ley a sus intereses. Cabe recordar cómo, por ejemplo, en 2022 intentó cambiar las reglas para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y reducir la mayoría cualificada prevista en la constitución para nombrar a sus vocales con la mayoría aritmética del PSOE y de Podemos, al margen del procedimiento constitucional que obliga siempre a un gran pacto transversal de los dos grandes partidos.
O cómo pocos meses después impulsó una «ley exprés» para paralizar la actividad del Consejo, y forzar su renovación con el mismo descaro con la que meses después modificó su propia reforma para reponer, a su medida, a los magistrados del Tribunal Constitucional que pasaría, así, a ostentar una mayoría de izquierdas afín.
¿Casualidad o coincidencia que, precisamente en enero del año pasado, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, promulgase una ley de reforma del sistema judicial para reducir el número de magistrados del Tribunal Supremo, a espaldas de la coalición de partidos mayoritarios en la oposición?. El «chavismo» consumaba una modificación de la ley orgánica de Justicia, previamente aprobada por el Parlamento del régimen, que contempla que la Sala Constitucional tenga cinco jueces, en lugar de los siete anteriores, y el resto de las Salas tres, en lugar de cinco los cinco de origen. Todos ellos, elegidos por el Poder Legislativo.
IMPARABLE
Un tsunami de manifiestos y colectivos en contra de las cesiones de Sánchez desborda al PSOE
Ana Martín 97
El Consejo General del Poder Judicial, en Pleno y Comisión Permanente, era el primer órgano en mostrar su absoluto y contundente rechazo al concepto de lawfare aprobado en el acuerdo Sánchez-Puigdemont: "Implica potencialmente someter a revisión parlamentaria decisiones enmarcadas en la exclusividad del ámbito competencial de nuestros tribunales que, por otro lado, entendemos se produjeron de forma plenamente acorde con la legalidad entonces enjuiciada”.
“Por todo ello, la iniciativa apuntada implicaría una inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes. La continuidad de tal iniciativa parlamentaria, de llegar a materializarse, determinaría nuestra más frontal oposición a través de los cauces legalmente establecidos", rezaba la nota de la Comisión Permanente del CGPJ al que, poco después, secundaban todas las asociaciones de jueces, magistrados y fiscales, en unidad de acción.
Los jueces, en el punto de mira
De poco o nada han servido, hasta la fecha, las advertencias de la Unión Europea que ha llegado, incluso, a condicionar la concesión de los Fondos Next Generation al respeto a la independencia judicial en los Estados miembros. Ni las reiteradas recomendaciones de la Comisión de Justicia, acerca de la necesidad de armonizar nuestros sistemas de elección de los vocales del CGPJ con los estándares europeos. O, sobre cómo mejorar la independencia de la Fiscalía, del Gobierno de turno, tras el escándalo del nombramiento de Dolores Delgado, directamente desde el Ministerio de Justicia de su Ejecutivo al frente del Ministerio Fiscal.
Ante tal escenario pasado y presente, han sido muchos los que se han dirigido a nuestros socios comunitarios, de manera intensiva en las últimas horas, para denunciar un pulso del Gobierno contra la propia democracia, a la que deja mermada y señalada transformando todas sus instituciones, en una sucursal de la Moncloa.
EN DOS MESES Y MEDIO
Francina Armengol culmina la transformación del Congreso en una sucursal de la Moncloa
Ana Martín 40
De todas las maniobras e injerencias de Sánchez en el Poder Judicial, sin embargo, la que más preocupa tras conocerse el contenido del pacto alcanzado con Junts para asegurarse su reelección, durante la próxima legislatura, es la «revisión» de las decisiones judiciales en comisiones parlamentarias. Un mecanismo, el lawfare, que determinará si cabe no sólo rectificarlas sino, además, depurar responsabilidades a los jueces que las dictaron.
No es, sin embargo, la primera vez que en nuestro país se apunta a la constitución de comisiones para juzgar a aquellos jueces y fiscales a los que, el poder político, se acusa de haber ejercido de manera abusiva la función jurisdiccional. Durante la etapa republicana se debatió «favorablemente» la implantación de un proyecto de Tribunal para «exigir responsabilidades civil y criminal a jueces y fiscales», en el ejercicio de sus funciones.
«El Rey, la policía, la movilización ciudadana y los jueces impidieron la sedición. Los nacionalistas lo saben y están intentando debilitarlos y el PSOE dispuesto a colaborar debilitarlos, con el acento en los jueces» Rafael Arenas Catedrático de Derecho de la UAB.
Si con esto «ha querido atemorizarse a los jueces para que no cuestionen por vías legítimas la validez de la venta del Estado de derecho y la amnistía» de Puigdemont, «la amenaza ya ha sido lanzada», aseguraba este sábado José María Macías. El vocal del CGPJ ha denunciado que, más que nunca ahora «gana sentido haberse preguntado en voz alta quién nombra al Fiscal General del Estado que puede querellarse contra los jueces al dictado del Gobierno».
La pasividad del actual, Alvaro García Ortiz, contra la afrenta de Sánchez y el separatismo ha llevado a la Asociación mayoritaria de Fiscales a instar, ayer, su dimisión, pese a que de facto debía cesar con el gobierno que lo designó.
13
comentarios
www.eldebate.com
............
No sé por qué la periodista escribe «Rey» con mayúscula inicial, es gramaticalmente incorrecto. «Rey» con mayúscula inicial es solo para Jesucristo, el rey de reyes.
Pedro Sánchez, junto al fiscal general del EstadoMoncloa
Causas Pendientes
El lawfare de Sánchez: una puerta abierta a la república, el «chavismo» y la arbitrariedad judicial
El polémico término que incluye el pacto alcanzado entre PSOE y Junts ha movilizado a la sociedad española en contra del fin del Estado de Derecho, la separación de poderes y la independencia judicial
María JamardoMadrid 13/11/2023 Actualizada 07:25
Al más puro estilo de la república bolivariana de Venezuela, Pedro Sánchez aceptaba incluir el lawfare en el pacto firmado con Carles Puigdemont a cambio de su investidura. Esto es, depurar «responsabilidades» a los jueces, fiscales y magistrados que condenaron el procés, en estricto cumplimiento de la Ley.
La inclusión del término, más propio del «chavismo» que de la armonización con el Derecho Europeo, hacía saltar todas las alarmas provocando una reacción unánime y sin precedentes de la comunidad jurídica y de la sociedad civil, en defensa del Estado de Derecho, la separación de poderes y la independencia judicial.
RECHAZO AL LAWFARE
El pacto de Sánchez con Junts liquida la igualdad entre españoles y provoca la reacción del Poder Judicial
María Jamardo 16
No es la primera vez que Sánchez trata de adaptar la ley a sus intereses. Cabe recordar cómo, por ejemplo, en 2022 intentó cambiar las reglas para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y reducir la mayoría cualificada prevista en la constitución para nombrar a sus vocales con la mayoría aritmética del PSOE y de Podemos, al margen del procedimiento constitucional que obliga siempre a un gran pacto transversal de los dos grandes partidos.
O cómo pocos meses después impulsó una «ley exprés» para paralizar la actividad del Consejo, y forzar su renovación con el mismo descaro con la que meses después modificó su propia reforma para reponer, a su medida, a los magistrados del Tribunal Constitucional que pasaría, así, a ostentar una mayoría de izquierdas afín.
¿Casualidad o coincidencia que, precisamente en enero del año pasado, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, promulgase una ley de reforma del sistema judicial para reducir el número de magistrados del Tribunal Supremo, a espaldas de la coalición de partidos mayoritarios en la oposición?. El «chavismo» consumaba una modificación de la ley orgánica de Justicia, previamente aprobada por el Parlamento del régimen, que contempla que la Sala Constitucional tenga cinco jueces, en lugar de los siete anteriores, y el resto de las Salas tres, en lugar de cinco los cinco de origen. Todos ellos, elegidos por el Poder Legislativo.
IMPARABLE
Un tsunami de manifiestos y colectivos en contra de las cesiones de Sánchez desborda al PSOE
Ana Martín 97
El Consejo General del Poder Judicial, en Pleno y Comisión Permanente, era el primer órgano en mostrar su absoluto y contundente rechazo al concepto de lawfare aprobado en el acuerdo Sánchez-Puigdemont: "Implica potencialmente someter a revisión parlamentaria decisiones enmarcadas en la exclusividad del ámbito competencial de nuestros tribunales que, por otro lado, entendemos se produjeron de forma plenamente acorde con la legalidad entonces enjuiciada”.
“Por todo ello, la iniciativa apuntada implicaría una inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes. La continuidad de tal iniciativa parlamentaria, de llegar a materializarse, determinaría nuestra más frontal oposición a través de los cauces legalmente establecidos", rezaba la nota de la Comisión Permanente del CGPJ al que, poco después, secundaban todas las asociaciones de jueces, magistrados y fiscales, en unidad de acción.
Los jueces, en el punto de mira
De poco o nada han servido, hasta la fecha, las advertencias de la Unión Europea que ha llegado, incluso, a condicionar la concesión de los Fondos Next Generation al respeto a la independencia judicial en los Estados miembros. Ni las reiteradas recomendaciones de la Comisión de Justicia, acerca de la necesidad de armonizar nuestros sistemas de elección de los vocales del CGPJ con los estándares europeos. O, sobre cómo mejorar la independencia de la Fiscalía, del Gobierno de turno, tras el escándalo del nombramiento de Dolores Delgado, directamente desde el Ministerio de Justicia de su Ejecutivo al frente del Ministerio Fiscal.
Ante tal escenario pasado y presente, han sido muchos los que se han dirigido a nuestros socios comunitarios, de manera intensiva en las últimas horas, para denunciar un pulso del Gobierno contra la propia democracia, a la que deja mermada y señalada transformando todas sus instituciones, en una sucursal de la Moncloa.
EN DOS MESES Y MEDIO
Francina Armengol culmina la transformación del Congreso en una sucursal de la Moncloa
Ana Martín 40
De todas las maniobras e injerencias de Sánchez en el Poder Judicial, sin embargo, la que más preocupa tras conocerse el contenido del pacto alcanzado con Junts para asegurarse su reelección, durante la próxima legislatura, es la «revisión» de las decisiones judiciales en comisiones parlamentarias. Un mecanismo, el lawfare, que determinará si cabe no sólo rectificarlas sino, además, depurar responsabilidades a los jueces que las dictaron.
No es, sin embargo, la primera vez que en nuestro país se apunta a la constitución de comisiones para juzgar a aquellos jueces y fiscales a los que, el poder político, se acusa de haber ejercido de manera abusiva la función jurisdiccional. Durante la etapa republicana se debatió «favorablemente» la implantación de un proyecto de Tribunal para «exigir responsabilidades civil y criminal a jueces y fiscales», en el ejercicio de sus funciones.
«El Rey, la policía, la movilización ciudadana y los jueces impidieron la sedición. Los nacionalistas lo saben y están intentando debilitarlos y el PSOE dispuesto a colaborar debilitarlos, con el acento en los jueces» Rafael Arenas Catedrático de Derecho de la UAB.
Si con esto «ha querido atemorizarse a los jueces para que no cuestionen por vías legítimas la validez de la venta del Estado de derecho y la amnistía» de Puigdemont, «la amenaza ya ha sido lanzada», aseguraba este sábado José María Macías. El vocal del CGPJ ha denunciado que, más que nunca ahora «gana sentido haberse preguntado en voz alta quién nombra al Fiscal General del Estado que puede querellarse contra los jueces al dictado del Gobierno».
La pasividad del actual, Alvaro García Ortiz, contra la afrenta de Sánchez y el separatismo ha llevado a la Asociación mayoritaria de Fiscales a instar, ayer, su dimisión, pese a que de facto debía cesar con el gobierno que lo designó.
13
comentarios
El lawfare de Sánchez: una puerta abierta a la república, el «chavismo» y la arbitrariedad judicial
El polémico término que incluye el pacto alcanzado entre PSOE y Junts ha movilizado a la sociedad española en contra del fin del Estado de Derecho,...
............
No sé por qué la periodista escribe «Rey» con mayúscula inicial, es gramaticalmente incorrecto. «Rey» con mayúscula inicial es solo para Jesucristo, el rey de reyes.
Última edición:
