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La Fiscalía prepara una purga en los 1.500 millones de fraude fotovoltaico
El Ministerio de Industria está animando a las asociaciones fotovoltaicas a que digan a todos los promotores que el Real Decreto del 6 de agosto, para acabar con el fraude de las subvenciones, no es una broma.
Todo el peso de la ley caerá sobre los defraudadores. En manos de la Fiscalía General del Estado, ya obran algunos expedientes. El Ministerio de Industria pronto empezará a remitirle decenas de documentos más.
El fraude se originó hace dos años. En un intento de frenar el alocado crecimiento del sector, el Gobierno publicó el Real Decreto 1578/2008. Esta normativa sustituía al decreto 661/2007, reduciendo las subvenciones a las instalaciones fotovoltaicas que entraran en funcionamiento a partir del 29 de septiembre de 2008. En el sector, se ha detectado todo tipo de irregularidades. Muchas instalaciones decían que estaban enchufadas a la red eléctrica desde antes del 29 de septiembre de 2008 para poder cobrar primas altas, aunque la realidad era otra.
Incluso se identificaron algunos solares donde se suponía que debía haber placas fotovoltaicas, pero que eran un simple erial. El Real Decreto de agosto daba dos meses de plazo para que aquéllos que reconocieran que han cometido fraude se pudieran acoger a una amnistía. Lo único que les ocurrirá es que se les transferirá al Real Decreto 1578/2008, con un 30% menos de subvención que la regulación 661/2007. Así, seguirán cobrando primas, aunque menores. Además, no tendrán que devolver lo cobrado de más hasta ahora.
Fuentes del sector indican que, a falta de una semana de que venza el plazo de la amnistía (el miércoles de la próxima semana), el número de promotores que han acudido voluntariamente a autoinculparse de fraude es muy reducido, por no decir irrelevante, a pesar de los llamamientos de Industria. El Ministerio ha trasmitido a las asociaciones que estaría dispuesto a ser benevolente con aquéllos que se autoinculpen, no siendo especialmente exhaustivo a la hora de revisar documentación para pasarles automáticamente a la regulación del Decreto 1578/2008. Igualmente, les ha dicho que a partir del 6 octubre será implacable y dejará que actúe la Fiscalía.
Si un promotor fraudulento no se autoinculpa antes del 6 de octubre, y luego se le pilla, podría terminar en una causa penal por fraude de ley. Sería expulsado del régimen eléctrico especial (es decir, se quedaría sin subvención alguna) y, además, tendría que devolver las primas cobradas fraudulentamente, con intereses de demora. La información ya es abundante. La Comisión Nacional de la Energía (CNE) viene realizando inspecciones desde hace meses (más de 3.500 hasta la fecha, aproximadamente un 7% de las 52.000 instalaciones fotovoltaicas que existen en España, según fuentes de las asociaciones). En trámite, hay 500 más. Y van a seguir. Hay un exhaustivo programa hasta mediados del próximo año que contempla unas 4.000. De las realizadas hasta ahora, en torno a 2.500 reflejan incidencias en la fecha de vertido de electricidad a la red.
¿Culpa de las eléctricas?
Todas las incidencias no tienen por qué ser fraude necesariamente. La CNE también va a depurar hasta qué punto algunas instalaciones fotovoltaicas se enchufaron después del 29 de septiembre a la red por culpa de las trabas puestas por las grandes distribuidoras eléctricas. La gran pregunta sigue siendo a cuánto ascendería el fraude en su conjunto y cuánto se podría ahorrar el sistema eléctrico con la purga. Hasta ahora, ha habido todo tipo de cálculos. El más reciente es que habría unos 600 megavatios (MW) contaminados de fraude. Cada megavatio que no se acoja a la amnistía, y luego no pudiera acreditar su legalidad, generará un ahorro de 780.000 euros por año sólo por dejar de percibir prima. Además, tendría que devolver las subvenciones cobradas desde 2008 (unos 1.560.000 euros€por megavatio). En total, por los 600 MW fraudulentos, la cifra podría ascender a entre 1.400 y 1.500 millones de euros.
Las eléctricas, bajo la lupa por posibles obstáculos que habrían ocasionado un aparente fraude
España no es diferente en Europa
España no es un caso aislado en el polémico debate sobre el recorte a las subvenciones de las energías renovables, en especial las fotovoltaicas. El asunto también ha estallado en Reino Unido. Directivos de grupos como Sharp o Solarcentury avisan de la pérdida de empleo que va a producir si el Gobierno británico recorta incentivos.
El Secretario de Energía Chris Huhne dijo hace unos días que todas las partidas que maneja su departamento se van a analizar. “Nada está salvo”, aseguró.
A la caza y captura del estafador
1. Hasta el 6 de octubre, los promotores que consideren que no tienen derecho a cobrar las elevadas primas del Real Decreto 661/2007 (47 euros por megavatio hora), pueden acudir a Industria y autoinculparse. Seguirán cobrando primas, pero menos (32 euros).
2. En el sector, se estima que existen unos 600 megavatios de potencia contaminados de fraude, lo que supone casi una cuarta parte de los que entraron masivamente en el sistema entre finales de 2008 y 2009. Ahora, hay casi 3.500 megavatios instalados.
3. Al promotor que no se autoincumple, y luego se le ‘pille’ en situación de fraude de ley, se le obligará a devolver las subvenciones cobradas hasta la fecha, con intereses de demora, y se le expulsará del cobro de primas a futuro, al margen de que se le pueda abrir causa penal.
4. Cada megavatio que se acoja a la amnistía ahorraría al sistema eléctrico unos 275.000 euros al año, porque pasaría a cobrar menos subvenciones. En total, si se autoinculpan los 600 megavatios en fraude, el sistema ahorraría 165 millones al año.
5. Si ninguno de los 600 megavatios acude a la amnistía, pero luego Industria detecta totalmente el fraude, el sistema se ahorraría más, porque se le suprimiría toda subvención (unos 780.000 euros por año) y, además, tendría que devolver lo cobrado (unos 1,5 millones desde 2008).
El Ministerio de Industria está animando a las asociaciones fotovoltaicas a que digan a todos los promotores que el Real Decreto del 6 de agosto, para acabar con el fraude de las subvenciones, no es una broma.
Todo el peso de la ley caerá sobre los defraudadores. En manos de la Fiscalía General del Estado, ya obran algunos expedientes. El Ministerio de Industria pronto empezará a remitirle decenas de documentos más.
El fraude se originó hace dos años. En un intento de frenar el alocado crecimiento del sector, el Gobierno publicó el Real Decreto 1578/2008. Esta normativa sustituía al decreto 661/2007, reduciendo las subvenciones a las instalaciones fotovoltaicas que entraran en funcionamiento a partir del 29 de septiembre de 2008. En el sector, se ha detectado todo tipo de irregularidades. Muchas instalaciones decían que estaban enchufadas a la red eléctrica desde antes del 29 de septiembre de 2008 para poder cobrar primas altas, aunque la realidad era otra.
Incluso se identificaron algunos solares donde se suponía que debía haber placas fotovoltaicas, pero que eran un simple erial. El Real Decreto de agosto daba dos meses de plazo para que aquéllos que reconocieran que han cometido fraude se pudieran acoger a una amnistía. Lo único que les ocurrirá es que se les transferirá al Real Decreto 1578/2008, con un 30% menos de subvención que la regulación 661/2007. Así, seguirán cobrando primas, aunque menores. Además, no tendrán que devolver lo cobrado de más hasta ahora.
Fuentes del sector indican que, a falta de una semana de que venza el plazo de la amnistía (el miércoles de la próxima semana), el número de promotores que han acudido voluntariamente a autoinculparse de fraude es muy reducido, por no decir irrelevante, a pesar de los llamamientos de Industria. El Ministerio ha trasmitido a las asociaciones que estaría dispuesto a ser benevolente con aquéllos que se autoinculpen, no siendo especialmente exhaustivo a la hora de revisar documentación para pasarles automáticamente a la regulación del Decreto 1578/2008. Igualmente, les ha dicho que a partir del 6 octubre será implacable y dejará que actúe la Fiscalía.
Si un promotor fraudulento no se autoinculpa antes del 6 de octubre, y luego se le pilla, podría terminar en una causa penal por fraude de ley. Sería expulsado del régimen eléctrico especial (es decir, se quedaría sin subvención alguna) y, además, tendría que devolver las primas cobradas fraudulentamente, con intereses de demora. La información ya es abundante. La Comisión Nacional de la Energía (CNE) viene realizando inspecciones desde hace meses (más de 3.500 hasta la fecha, aproximadamente un 7% de las 52.000 instalaciones fotovoltaicas que existen en España, según fuentes de las asociaciones). En trámite, hay 500 más. Y van a seguir. Hay un exhaustivo programa hasta mediados del próximo año que contempla unas 4.000. De las realizadas hasta ahora, en torno a 2.500 reflejan incidencias en la fecha de vertido de electricidad a la red.
¿Culpa de las eléctricas?
Todas las incidencias no tienen por qué ser fraude necesariamente. La CNE también va a depurar hasta qué punto algunas instalaciones fotovoltaicas se enchufaron después del 29 de septiembre a la red por culpa de las trabas puestas por las grandes distribuidoras eléctricas. La gran pregunta sigue siendo a cuánto ascendería el fraude en su conjunto y cuánto se podría ahorrar el sistema eléctrico con la purga. Hasta ahora, ha habido todo tipo de cálculos. El más reciente es que habría unos 600 megavatios (MW) contaminados de fraude. Cada megavatio que no se acoja a la amnistía, y luego no pudiera acreditar su legalidad, generará un ahorro de 780.000 euros por año sólo por dejar de percibir prima. Además, tendría que devolver las subvenciones cobradas desde 2008 (unos 1.560.000 euros€por megavatio). En total, por los 600 MW fraudulentos, la cifra podría ascender a entre 1.400 y 1.500 millones de euros.
Las eléctricas, bajo la lupa por posibles obstáculos que habrían ocasionado un aparente fraude
España no es diferente en Europa
España no es un caso aislado en el polémico debate sobre el recorte a las subvenciones de las energías renovables, en especial las fotovoltaicas. El asunto también ha estallado en Reino Unido. Directivos de grupos como Sharp o Solarcentury avisan de la pérdida de empleo que va a producir si el Gobierno británico recorta incentivos.
El Secretario de Energía Chris Huhne dijo hace unos días que todas las partidas que maneja su departamento se van a analizar. “Nada está salvo”, aseguró.
A la caza y captura del estafador
1. Hasta el 6 de octubre, los promotores que consideren que no tienen derecho a cobrar las elevadas primas del Real Decreto 661/2007 (47 euros por megavatio hora), pueden acudir a Industria y autoinculparse. Seguirán cobrando primas, pero menos (32 euros).
2. En el sector, se estima que existen unos 600 megavatios de potencia contaminados de fraude, lo que supone casi una cuarta parte de los que entraron masivamente en el sistema entre finales de 2008 y 2009. Ahora, hay casi 3.500 megavatios instalados.
3. Al promotor que no se autoincumple, y luego se le ‘pille’ en situación de fraude de ley, se le obligará a devolver las subvenciones cobradas hasta la fecha, con intereses de demora, y se le expulsará del cobro de primas a futuro, al margen de que se le pueda abrir causa penal.
4. Cada megavatio que se acoja a la amnistía ahorraría al sistema eléctrico unos 275.000 euros al año, porque pasaría a cobrar menos subvenciones. En total, si se autoinculpan los 600 megavatios en fraude, el sistema ahorraría 165 millones al año.
5. Si ninguno de los 600 megavatios acude a la amnistía, pero luego Industria detecta totalmente el fraude, el sistema se ahorraría más, porque se le suprimiría toda subvención (unos 780.000 euros por año) y, además, tendría que devolver lo cobrado (unos 1,5 millones desde 2008).
