La Fiscalía imputa a los dueños de Aifos por alzamiento de bienes - 5/07/10 - 2285098 - elEconomista.es
La Fiscalía ha decidido tomar cartas en la denuncia por alzamiento de bienes, desvío de capital y delito societario interpuesta por IFS Abogados contra la filial de Aifos que gestiona los hoteles Guadalpín en Marbella y Puerto Banús.
Y lo ha hecho por la puerta grande, ya que ha citado a declarar como imputados por insolvencia punible, que engloba los delitos mencionados anteriormente, tanto a los responsables de la filial Promociones y Servicios Hoteleros Guadalpín, entre los que se encuentra el dueño de Aifos, Jesús Ruiz Casado, así como a los administradores concursales.
La fiscal explica, además, que la deuda que reclama IFS en nombre del empresario madrileño José Luis Caja, y que ya ha sido reconocida por otro juzgado con fecha anterior a la declaración de concurso de Aifos, debe pagarse independientemente de lo que suceda en el juzgado mercantil. "No considero necesa- ria la resolución del juzgado mercantil para la continuación del presente procedimiento penal" sentencia la fiscal María del Carmen Tirado en su alegato.
El bufete de abogados IFS ya obtuvo en febrero de 2009 una resolución judicial en la que se daba "un plazo de diez días para que la compañía de Aifos abonase un millón en concepto de deuda pendiente y 300.000 euros en concepto de intereses de demora". Como la compañía decidió obviar el mandato del juez, éste dictó un embargo de todos los "intereses, rentas y frutos de la explotación de los hoteles". Beneficios que, según el informe concursal, fueron desviados a empresas paralelas del grupo Aifos y el empresario, propietario de 50 apartamentos, continúa sin cobrar la deuda pendiente.
Las pruebas del delito
Durante la fase previa a la imputación de la fiscal se aportó un extracto de los ingresos que obtuvo la sociedad por el alquiler de las habitaciones, que demuestra claramente que el impago del que es víctima el empresario no surge por falta de fondos, sino por un presunto alzamiento de bienes. En concreto, los ingresos obtenidos por el hotel de Puerto Banús entre 2005 y 2009 superan los 35 millones de euros. En el caso del hotel de Marbella, desde 2004 hasta 2009 supera los 31 millones de euros.
A estas pruebas se unen las manifestaciones del informe concursal que asegura que "durante los meses anteriores al concurso se han creado sociedades paralelas, del mismo grupo societario y con la misma persona física en el ejercicio del cargo de administrador único, que han recaudado gran parte de los ingresos de la concursada". Precisamente por ello, el informe alude como una de las causas de la insuficiencia de capital a "la política económica seguida por la administración de la concursada de desviar ingresos en vez de generar activo".
Debido a esto, la fiscal solicita a los administradores concursales que "especifiquen las sociedades paralelas a las que se desviaron esos ingresos, la cuantía de los mismos, así como las fechas en que se efectuaron esos desvíos y se crearon dichas sociedades". Además, la fiscal, aunque asegura que este proceso puede continuar independientemente de lo que suceda con el concurso, pide a la administración concursal que explique por qué se excluyó la deuda de 1,3 millones del proceso "al constar un embargo preventivo de intereses, frutos y rentas que se obtuviesen de la explotación de los establecimientos hoteleros".
Ignacio Francés, el letrado de IFS Abogados, explicó a este diario que "continuaremos con este proceso, la fiscal ha llegado a esta conclusión después de que hayamos demostrado que nuestro cliente debería haber cobrado".
La Fiscalía ha decidido tomar cartas en la denuncia por alzamiento de bienes, desvío de capital y delito societario interpuesta por IFS Abogados contra la filial de Aifos que gestiona los hoteles Guadalpín en Marbella y Puerto Banús.
Y lo ha hecho por la puerta grande, ya que ha citado a declarar como imputados por insolvencia punible, que engloba los delitos mencionados anteriormente, tanto a los responsables de la filial Promociones y Servicios Hoteleros Guadalpín, entre los que se encuentra el dueño de Aifos, Jesús Ruiz Casado, así como a los administradores concursales.
La fiscal explica, además, que la deuda que reclama IFS en nombre del empresario madrileño José Luis Caja, y que ya ha sido reconocida por otro juzgado con fecha anterior a la declaración de concurso de Aifos, debe pagarse independientemente de lo que suceda en el juzgado mercantil. "No considero necesa- ria la resolución del juzgado mercantil para la continuación del presente procedimiento penal" sentencia la fiscal María del Carmen Tirado en su alegato.
El bufete de abogados IFS ya obtuvo en febrero de 2009 una resolución judicial en la que se daba "un plazo de diez días para que la compañía de Aifos abonase un millón en concepto de deuda pendiente y 300.000 euros en concepto de intereses de demora". Como la compañía decidió obviar el mandato del juez, éste dictó un embargo de todos los "intereses, rentas y frutos de la explotación de los hoteles". Beneficios que, según el informe concursal, fueron desviados a empresas paralelas del grupo Aifos y el empresario, propietario de 50 apartamentos, continúa sin cobrar la deuda pendiente.
Las pruebas del delito
Durante la fase previa a la imputación de la fiscal se aportó un extracto de los ingresos que obtuvo la sociedad por el alquiler de las habitaciones, que demuestra claramente que el impago del que es víctima el empresario no surge por falta de fondos, sino por un presunto alzamiento de bienes. En concreto, los ingresos obtenidos por el hotel de Puerto Banús entre 2005 y 2009 superan los 35 millones de euros. En el caso del hotel de Marbella, desde 2004 hasta 2009 supera los 31 millones de euros.
A estas pruebas se unen las manifestaciones del informe concursal que asegura que "durante los meses anteriores al concurso se han creado sociedades paralelas, del mismo grupo societario y con la misma persona física en el ejercicio del cargo de administrador único, que han recaudado gran parte de los ingresos de la concursada". Precisamente por ello, el informe alude como una de las causas de la insuficiencia de capital a "la política económica seguida por la administración de la concursada de desviar ingresos en vez de generar activo".
Debido a esto, la fiscal solicita a los administradores concursales que "especifiquen las sociedades paralelas a las que se desviaron esos ingresos, la cuantía de los mismos, así como las fechas en que se efectuaron esos desvíos y se crearon dichas sociedades". Además, la fiscal, aunque asegura que este proceso puede continuar independientemente de lo que suceda con el concurso, pide a la administración concursal que explique por qué se excluyó la deuda de 1,3 millones del proceso "al constar un embargo preventivo de intereses, frutos y rentas que se obtuviesen de la explotación de los establecimientos hoteleros".
Ignacio Francés, el letrado de IFS Abogados, explicó a este diario que "continuaremos con este proceso, la fiscal ha llegado a esta conclusión después de que hayamos demostrado que nuestro cliente debería haber cobrado".
