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REUNÓN DE GINEBRA
La exigencia de Junts al PSOE en Ginebra: amnistía aprobada y el 100% del IRPF a cambio de Presupuestos
Quedarse con toda la recaudación del Impuesto de la Renta reportaría a la Generalitat 7.000 millones más cada año, que saldrían de la caja común de solidaridad entre regiones
La-exigencia-de-Junts-al-PSOE-INTERIOR
Carles Puigdemont no se mueve un centrímetro de la hoja de ruta que marcó en su discurso del 5 de septiembre en Bruselas. El ex president de la Generalitat dejó bien claro al PSOE en la reunión en Ginebra ante los verificadores internacionales que aquellas exigencias siguen siendo innegociables. Junts fue taxativo: para aprobar los próximos Presupuestos del Estado, es condición sine qua non que se haya aprobado la Ley de Amnistía en el Congreso y que se garantice a Cataluña que se quedará con el 100% de todo lo recaudado en esa Comunidad autónoma por el IRPF, según ha podido saber OKDIARIO. También ha advertido que la solicitud del Gobierno para incluir el catalán, el euskera y el gallego en el régimen lingüístico de la Unión Europea (UE) deberá estar aprobada.
«No hemos aguantado la posición todos estos años para acabar salvando una legislatura sino defender el encargo recibido de los ciudadanos, una parte de los cuales hoy nos mira con recelo y desconfianza, y los cuales habrá que tener siempre presentes cuando nos tengamos que sentar, si es que eso acaba pasando, con los que nos vengan a pedir nuestro apoyo», dijo Puigdemont en aquel discurso. Y de momento su advertencia sigue más amenazante que nunca.
La aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado son el primer gran reto de legislatura al que se enfrenta el Gobierno de Pedro Sánchez. El presidente ya ha anunciado que se tomará tiempo para tramitar las nuevas cuentas. Ha dado por seguro que, como mínimo, durante el primer trimestre gobernará con los Presupuestos de 2023 prorrogados. Su objetivo es que las nuevas cuentas queden aprobadas en el Congreso en abril. Pero para eso necesita los votos de todos sus socios parlamentarios. Y Junts le es imprescindible.
Tradicionalmente, ver tumbados unos Presupuestos del Estado se interpreta con similar significado que el de perder una moción de confianza en el Congreso o el de ser tumbado en una moción de censura. Así, en 1996, Felipe González dio por agotado su mandato al no conseguir aprobar los Presupuestos del Estado en el Congreso. Convocó elecciones anticipadas y las acabó ganando el PP de José María Aznar.
Eso sí, también hay ejemplos de gobiernos que se han sostenido con prórrogas presupuestarias. Pedro Sánchez es el que mejor y con más reiteración ha dado fe de ello. Se mantuvo en La Moncloa durante dos años y medio gobernando con los Presupuestos de 2018. Llegó al poder en junio de 2018 y su Gobierno no tuvo cuentas propias hasta enero de 2021.
Respecto a las exigencias que ahora plantea Junts al PSOE en las reuniones secretas inauguradas en el extranjero –con mediadores internaciones incluidos–, el horizonte que tienen por delante es incierto, por diversos motivos.
La amnistía y el escollo del Senado
Así, la Ley de Amnistía ya sigue su curso en el Congreso por el procedimiento de urgencia, a iniciativa del PSOE. El problema puede surgir en el Senado, después de que el PP haya maniobrado para retrasar su tramitación en la Cámara Alta. Queda por ver, ahora, en qué medida esto puede alterar el cumplimiento de la exigencia que Junts acaba de plantear al PSOE para aprobar los nuevos Presupuestos Generales del Estado.
Respecto a la reivindicación del IRPF que Junts ha planteado al PSOE, también exigiría cambios legislativos. En la práctica, el independentismo plantea esta exigencia como un paso intermedio entre la situación actual y la aspiración de máximos que plantean Junts y ERC, que es disfrutar de una Hacienda propia, con un modelo similar al que tienen los regímenes forales del País Vasco y Navarra desde 1978.
Esto último le otorgaría a la Generalitat unos ingresos extra de unos 7.000 millones de euros anuales, según los datos oficiales de recaudación certificados por el Ministerio de Hacienda y recopilados por OKDIARIO.
Actualmente, Cataluña forma parte del denominado Régimen Común de financiación, el que integran todas las autonomías a excepción del País Vasco y Navarra. Estos dos regímenes forales disfrutan de una legislación privilegiada: cada una de estas dos comunidades cuenta con su propia hacienda foral, que sustituye en esas regiones a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Se quedan con toda la recaudación y luego, cada año, transfieren una parte al Estado en pago por los servicios que la Administración central presta en cada uno de esos territorios. Es lo que se denomina Cupo Vasco o Concierto Navarro.
En las comunidades del Régimen Común el modelo es el inverso. En esencia, es el Estado el que recauda y administra lo recaudado, y una parte de esos ingresos fiscales los redistribuye entre las distintas regiones atendiendo a los criterios de solidaridad interterritorial que consagra la Constitución. Todo ello para garantizar unas condiciones armónicas, similares, en el desarrollo de todas las autonomías y en la calidad de los servicios básicos que prestan, en particular Sanidad y Educación. Es decir, se persigue que ese principio constitucional de solidaridad entre españoles haga que los ciudadanos disfruten de niveles de servicios públicos y asistenciales similares, vivan donde vivan, a través de los mecanismos de redistribución del esfuerzo fiscal de unos y otros.
IRPF: Dudas de constitucionalidad
El independentismo catalán quiere dejar de formar parte del club de las regiones de Régimen Común y pasar a disfrutar de un sistema excepcional similar al del País Vasco y Navarra. El problema que se le plantea al PSOE es que ceder a esa exigencia de Junts tropieza con el principio de solidaridad consagrado por la Constitución y articulado a través de leyes como, entre otras, la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas (LOFCA).
De ahí que, en el marco de las negociaciones inauguradas el pasado sábado en Ginebra entre el PSOE y Junts, se haya puesto sobre la mesa un avance intermedio que, eso sí, afecta de lleno al gran impuesto del IRPF. El separatismo exige que ese peldaño a subir sea, de entrada, la cesión íntegra para la Generalitat de todo lo que actualmente recauda en Cataluña la Agencia Estatal Tributaria por el Impuesto de la Renta. En el PSOE son conscientes de que esto, al alterar las reglas del juego del Régimen Común, también tendría dudas de constitucionalidad. Pero, al mismo tiempo, consideran que podrían esquivarlos con menores tropiezos, llegado el caso, que el dotar a Cataluña de un régimen especial privilegiado como el vasco y el navarro, que están amparados por la Constitución de 1978 como una excepcionalidad única y no exportable a otras regiones.
La exigencia es multimillonaria
Según los datos oficiales de recaudación obtenidos por OKDIARIO, entre 2007 y 2022 –ambos ejercicios incluidos–, la Administración Estatal Tributaria obtuvo en Cataluña una recaudación neta por IRPF de 250.000 millones de euros en números redondos. De esa cantidad, la Generalitat ingresó 135.000 millones. Los 115.000 millones restantes pasaron a la caja común de solidaridad interterritorial que gestiona el Estado. La exigencia que ahora plantea Junts al PSOE es que esa porción del IRPF también se quede en las arcas de la Generalitat. Es decir, pasaría a disfrutar de unos ingresos extra de más de 7.000 millones de euros anuales.
El salto que eso supondría para el Gobierno catalán sería considerable, teniendo en cuenta que actualmente los ingresos corrientes de la Generalitat –todos excepto los obtenidos por venta de propiedades y préstamos (deuda)– rondan los 30.000 millones de euros anuales. Así que quedarse con el 100% del IRPF elevarían de golpe los ingresos corrientes de la Generalitat en alrededor de un 25%.
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REUNÓN DE GINEBRA
La exigencia de Junts al PSOE en Ginebra: amnistía aprobada y el 100% del IRPF a cambio de Presupuestos
Quedarse con toda la recaudación del Impuesto de la Renta reportaría a la Generalitat 7.000 millones más cada año, que saldrían de la caja común de solidaridad entre regiones
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- ROBERTO PÉREZ @Robertoperezbc
- Periodista y licenciado en Ciencias Políticas. Especialista en sector público, economía política y presupuestaria, e instituciones político-administrativas. Trabajó para Agencia Efe y Cope, ejerció durante más de 20 años en ABC -etapa que incluyó el ejercicio temporal de la corresponsalía de Nueva York- y actualmente es subdirector de OKDIARIO.
- 03/12/2023 21:56
- ACTUALIZADO: 03/12/2023 22:06
Carles Puigdemont no se mueve un centrímetro de la hoja de ruta que marcó en su discurso del 5 de septiembre en Bruselas. El ex president de la Generalitat dejó bien claro al PSOE en la reunión en Ginebra ante los verificadores internacionales que aquellas exigencias siguen siendo innegociables. Junts fue taxativo: para aprobar los próximos Presupuestos del Estado, es condición sine qua non que se haya aprobado la Ley de Amnistía en el Congreso y que se garantice a Cataluña que se quedará con el 100% de todo lo recaudado en esa Comunidad autónoma por el IRPF, según ha podido saber OKDIARIO. También ha advertido que la solicitud del Gobierno para incluir el catalán, el euskera y el gallego en el régimen lingüístico de la Unión Europea (UE) deberá estar aprobada.
«No hemos aguantado la posición todos estos años para acabar salvando una legislatura sino defender el encargo recibido de los ciudadanos, una parte de los cuales hoy nos mira con recelo y desconfianza, y los cuales habrá que tener siempre presentes cuando nos tengamos que sentar, si es que eso acaba pasando, con los que nos vengan a pedir nuestro apoyo», dijo Puigdemont en aquel discurso. Y de momento su advertencia sigue más amenazante que nunca.
La aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado son el primer gran reto de legislatura al que se enfrenta el Gobierno de Pedro Sánchez. El presidente ya ha anunciado que se tomará tiempo para tramitar las nuevas cuentas. Ha dado por seguro que, como mínimo, durante el primer trimestre gobernará con los Presupuestos de 2023 prorrogados. Su objetivo es que las nuevas cuentas queden aprobadas en el Congreso en abril. Pero para eso necesita los votos de todos sus socios parlamentarios. Y Junts le es imprescindible.
Tradicionalmente, ver tumbados unos Presupuestos del Estado se interpreta con similar significado que el de perder una moción de confianza en el Congreso o el de ser tumbado en una moción de censura. Así, en 1996, Felipe González dio por agotado su mandato al no conseguir aprobar los Presupuestos del Estado en el Congreso. Convocó elecciones anticipadas y las acabó ganando el PP de José María Aznar.
Eso sí, también hay ejemplos de gobiernos que se han sostenido con prórrogas presupuestarias. Pedro Sánchez es el que mejor y con más reiteración ha dado fe de ello. Se mantuvo en La Moncloa durante dos años y medio gobernando con los Presupuestos de 2018. Llegó al poder en junio de 2018 y su Gobierno no tuvo cuentas propias hasta enero de 2021.
Respecto a las exigencias que ahora plantea Junts al PSOE en las reuniones secretas inauguradas en el extranjero –con mediadores internaciones incluidos–, el horizonte que tienen por delante es incierto, por diversos motivos.
La amnistía y el escollo del Senado
Así, la Ley de Amnistía ya sigue su curso en el Congreso por el procedimiento de urgencia, a iniciativa del PSOE. El problema puede surgir en el Senado, después de que el PP haya maniobrado para retrasar su tramitación en la Cámara Alta. Queda por ver, ahora, en qué medida esto puede alterar el cumplimiento de la exigencia que Junts acaba de plantear al PSOE para aprobar los nuevos Presupuestos Generales del Estado.
Respecto a la reivindicación del IRPF que Junts ha planteado al PSOE, también exigiría cambios legislativos. En la práctica, el independentismo plantea esta exigencia como un paso intermedio entre la situación actual y la aspiración de máximos que plantean Junts y ERC, que es disfrutar de una Hacienda propia, con un modelo similar al que tienen los regímenes forales del País Vasco y Navarra desde 1978.
Esto último le otorgaría a la Generalitat unos ingresos extra de unos 7.000 millones de euros anuales, según los datos oficiales de recaudación certificados por el Ministerio de Hacienda y recopilados por OKDIARIO.
Actualmente, Cataluña forma parte del denominado Régimen Común de financiación, el que integran todas las autonomías a excepción del País Vasco y Navarra. Estos dos regímenes forales disfrutan de una legislación privilegiada: cada una de estas dos comunidades cuenta con su propia hacienda foral, que sustituye en esas regiones a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Se quedan con toda la recaudación y luego, cada año, transfieren una parte al Estado en pago por los servicios que la Administración central presta en cada uno de esos territorios. Es lo que se denomina Cupo Vasco o Concierto Navarro.
En las comunidades del Régimen Común el modelo es el inverso. En esencia, es el Estado el que recauda y administra lo recaudado, y una parte de esos ingresos fiscales los redistribuye entre las distintas regiones atendiendo a los criterios de solidaridad interterritorial que consagra la Constitución. Todo ello para garantizar unas condiciones armónicas, similares, en el desarrollo de todas las autonomías y en la calidad de los servicios básicos que prestan, en particular Sanidad y Educación. Es decir, se persigue que ese principio constitucional de solidaridad entre españoles haga que los ciudadanos disfruten de niveles de servicios públicos y asistenciales similares, vivan donde vivan, a través de los mecanismos de redistribución del esfuerzo fiscal de unos y otros.
IRPF: Dudas de constitucionalidad
El independentismo catalán quiere dejar de formar parte del club de las regiones de Régimen Común y pasar a disfrutar de un sistema excepcional similar al del País Vasco y Navarra. El problema que se le plantea al PSOE es que ceder a esa exigencia de Junts tropieza con el principio de solidaridad consagrado por la Constitución y articulado a través de leyes como, entre otras, la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas (LOFCA).
De ahí que, en el marco de las negociaciones inauguradas el pasado sábado en Ginebra entre el PSOE y Junts, se haya puesto sobre la mesa un avance intermedio que, eso sí, afecta de lleno al gran impuesto del IRPF. El separatismo exige que ese peldaño a subir sea, de entrada, la cesión íntegra para la Generalitat de todo lo que actualmente recauda en Cataluña la Agencia Estatal Tributaria por el Impuesto de la Renta. En el PSOE son conscientes de que esto, al alterar las reglas del juego del Régimen Común, también tendría dudas de constitucionalidad. Pero, al mismo tiempo, consideran que podrían esquivarlos con menores tropiezos, llegado el caso, que el dotar a Cataluña de un régimen especial privilegiado como el vasco y el navarro, que están amparados por la Constitución de 1978 como una excepcionalidad única y no exportable a otras regiones.
La exigencia es multimillonaria
Según los datos oficiales de recaudación obtenidos por OKDIARIO, entre 2007 y 2022 –ambos ejercicios incluidos–, la Administración Estatal Tributaria obtuvo en Cataluña una recaudación neta por IRPF de 250.000 millones de euros en números redondos. De esa cantidad, la Generalitat ingresó 135.000 millones. Los 115.000 millones restantes pasaron a la caja común de solidaridad interterritorial que gestiona el Estado. La exigencia que ahora plantea Junts al PSOE es que esa porción del IRPF también se quede en las arcas de la Generalitat. Es decir, pasaría a disfrutar de unos ingresos extra de más de 7.000 millones de euros anuales.
El salto que eso supondría para el Gobierno catalán sería considerable, teniendo en cuenta que actualmente los ingresos corrientes de la Generalitat –todos excepto los obtenidos por venta de propiedades y préstamos (deuda)– rondan los 30.000 millones de euros anuales. Así que quedarse con el 100% del IRPF elevarían de golpe los ingresos corrientes de la Generalitat en alrededor de un 25%.
La exigencia de Junts al PSOE en Ginebra: amnistía aprobada y el 100% del IRPF a cambio de Presupuestos
La exigencia de Junts al PSOE en Ginebra para apoyar los Presupuestos: la amnistía aprobada y el 100% del IRPF, 7.000 millones más al año
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