Uritorco
The White Revolution is the only solution.
El proceso de desintegración nacional y racial en nuestro país orquestado por la conjura internacional del judaísmo desde hace siglos, recibiría en 1975 un nuevo impulso por parte del Club Bilderberg y la Comisión Trilateral, en cuyos acuerdos y resoluciones se estableció la necesidad de «descentralizar la administración pública»[1], aplicación que se hizo efectiva con la aprobación de la Constitución de 1978 y de la reforma política que ella inauguraba. El Círculo de Empresarios se implicó a fondo en los trabajos para su elaboración, contando para la ocasión con un eficaz equipo de asesores, como Eduardo Punset, Jesús Fueyo, Julián Marías, José Ramón Alvarez Rendueles, etc.
Conviene también echarle un vistazo a la serie de treinta y tres volúmenes o ensayos políticos publicados en 1979 por el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR) de Nueva York, el infame «Proyecto de los años 80» (Project 80s), para entender ese juego de ajedrez mundial en el que los estados nacionales son meros peones sacrificables. Allí se abogaba sin tapujos por una política de «desintegración controlada», según la famosa expresión acuñada en 1977 por los judíos Paul Volcker, portavoz del Proyecto, y Fred Hirsch, editor financiero del semanario británico "The Economics" (propiedad del clan Rothschild).
Los objetivos estratégicos del Proyecto eran cubrir una amplia gama de temas importantes en los que se abordarían los «problemas» específicos de ciertas áreas regionales del mundo durante la década siguiente, como la «gestión de recursos, derechos humanos, ecologismo, estudios de población y relaciones entre países subdesarrollados y países industrializados». El CFR calificó el Proyecto, financiado por las Fundaciones Ford, Lilly, Mellon y Rockefeller, como la empresa más importante de su historia. Al menos tres de los nueve directores del Proyecto fueron judíos: Michael Blumenthal, Richard H. Ullman y Walter J. Levy, más el conocido masón Zbigiew Brzezinski.
El ex presidente de la Unión Europea, el socialista y francmasón Jacques Delors, confirma todo ello en una ocasión, al señalar que el territorio europeo habría de ajustarse a un modelo supranacional basado en la «delegación progresiva de las soberanías estatales» a través de acuerdos comunitarios cada vez más estrechos, un modelo en cuyo núcleo se situaría una red de empresas multinacionales conectadas entre sí a nivel mundial[2].
«Otro de los elementos tácticos de ese diseño —escribe Martín Lozano— ha sido el fomento de las aspiraciones regionalistas, algo que en no pocos casos constituye un factor más de desestabilización y debilitamiento de las estructuras estatales, y que no responde sino al viejo aforismo del "divide y vencerás" [...]. Porque no se necesitan grandes dosis de perspicacia para constatar que los fenómenos independentistas debilitan la estructura de los Estados europeos donde se manifiestan, lo que redunda en beneficio de las superestructuras de alcance multinacional. Si a título de ejemplo, nos detenemos en el caso español, tampoco resultará difícil reparar en la actitud de los nacionalismos más recalcitrantes (vasco y catalán), cuyos líderes políticos se muestran tan contrariados por la falacia del yugo españolista como entusiastas del dogal europeísta. Y no deja de ser significativo que los mismos sujetos que abominan del pretendido centralismo de Madrid sean después fervientes partidarios del centralismo plutocrático-tecnocrático consagrado por los acuerdos de Maastricht»[3].
No solo la CEE ha sido consciente de la necesidad de una política «regionalista», sino todos los movimientos y organismos (Club de Roma, Comisión Trilateral, etc) que han venido trabajando en la construcción europea de posguerra, vaciada de contenido y con fomento del mestizaje surgida tras el fin de la II Guerra Mundial, antítesis de la verdadera Europa encarnada por el III Reich, consciente de su destino y de su herencia racial. El Consejo de Europa, en particular, ha dedicado una atención especial a las autonomías territoriales, creando para tal fin en 1957 la Conferencia Permanente de Poderes Locales y Regionales de Europa (CPLRE).
Desde 1975 se refuerza el concepto regional, insistiendo la Conferencia a través de reiteradas resoluciones en el papel clave del «regionalismo» y las «regiones periféricas» en la edificación europea. Por su parte, la Declaración de Burdeos (1978) afirma el derecho de los europeos a disponer de su «propia región», como una parte esencial de su derecho a la «personalidad» y a la «diferencia». No deja de ser chusco que mientras se fomenta la «diferencia» entre los europeos por el contrario se promueva entre los mismos la «igualdad» con las demás razas, completamente ajenas al ámbito étnico indoeuropeo. La Declaración de Burdeos termina haciendo de la «regionalización» una clave de democratización verdadera y a la vez de la construcción europea. «Con la regionalización ―escribe el siempre sinuoso Manuel Fraga, uno de sus más apasionados promotores— se favorece la sociedad civil autónoma y la democracia pluralista»[4].
Es importante comprender que la promoción del regionalismo como un paso en el proceso de globalización no se limita exclusivamente a la CEE. Es justamente a partir de 1945 cuando la élite globalista judeomasónica tanto de Europa como de América comienza a desplegar con fuerza en todo el mundo occidental una concepción del regionalismo enteramente original, pues han «entendido» que dicho modelo es una herramienta clave y fundamental para establecer su «gobierno mundial».
Un auténtico pionero en esta materia fue el sociólogo y urbanista Lewis Mumford, de padre judío, quien, en su clásica obra La cultura de las ciudades (1932), dedicó una especial atención a explicar su apuesta por el regionalismo en toda su dimensión política como alternativa al concepto clásico de «unidad nacional», con el que se mostró especialmente crítico. Para Mumford (cuya esposa, Sophia Wittenberg, era también hebrea), la nación era un término «vago y contradictorio», proponiendo como alternativa el establecimiento de «un sistema federal de gobierno». Conviene recordar que Mumford, muy vinculado a la Fundación Rockefeller, fue miembro prominente del Consejo de Relaciones Exteriores durante el periodo 1942-1957 y un apasionado defensor del New Deal del venerable masón F.D. Roosevelt. En 1979, la revista "Foreign Affairs" (v. 58, núm. 3), portavoz oficial del CFR, publicaba un trabajo bajo el título «El regionalismo como geopolítica».
La Comisión Trilateral ―junto con el Club de Roma― fue también otro de los organismos que más entusiastas se han mostrado con el modelo regional, pues les ofrece un cúmulo de oportunidades para la transformación de las naciones y una respuesta a una serie de problemas y exigencias básicas del funcionamiento entero de la sociedad contemporánea. Inmediatamente después de la Guerra Fría, dicho organismo publicó un pequeño estudio titulado El regionalismo en un mundo convergente (1992), donde en su introducción se puntualiza lo siguiente: «El regionalismo no tiene por qué oponerse al globalismo. El mundo no debería tener que elegir entre uno u otro. Necesita vivir con ambos. El desafío… es cómo canalizar las fuerzas del regionalismo en una dirección compatible con el globalismo».
Conviene aclarar con respecto a España, que dicho «regionalismo», creador y promotor del artificial «hecho diferencial», permitió históricamente al separatismo disfrazarse de vagas fórmulas políticas que con el tiempo serán capaz de corromper en una parte importante de la sociedad vasca, catalana, gallega, etc, el sentimiento nacional español, puesto que el «regionalismo» —junto con otros modelos similares como el federalismo y el autonomismo―, fue, tras la cortina de su «moderación», la incubadora del separatismo impaciente y extremista. En el prólogo que Prat de la Riba puso al libro del señor Durán y Ventosa[5], Regionalismo y federación, el primero declaraba textualmente: «Hoy hay que leer debajo de la palabra regionalismo otra palabra: nacionalismo». Es decir, separatismo.
El antiespañolismo que ha invadido nuestra vida pública es, en sus líneas generales, la aplicación sustancial de aquel viejo adagio formulado por Edmund de Rothschild resumido en una sola frase: «La idea de la Patria debe ser borrada hasta en la mente de los niños».
Lo planificado por el sanedrín internacional ha tenido su continuidad a través de sus testaferros en España. Fueron tres marranos, Gabriel Cisneros, Pérez-Llorca y Miguel Herrero (en la foto, con gafas, junto sus "hermanos" de tribu y de logia), más otro notorio sionista cuyo origen étnico no es posible establecerlo, Oscar Alzaga, «que siempre mostró simpatía por Israel y lo judío»[6] (probablemente converso también), los denominados «padres» de la Constitución, los encargados de redactar los Estatutos de Autonomía que recoge la Carta Magna.
Este fino conjunto de conspiradores ha sabido moverse con soltura y exquisita confianza dentro del establishment y de los grupos de poder merced a su extraordinaria habilidad y privilegiada categoría entre los conjurados, que los ha mostrado tan nítidamente como el traidor arquetípico, orgánico, dada su peculiar naturaleza de conversos, de judíos encubiertos. Un grupo de traidores disfrazados de católicos, de patriotas y de constitucionalistas a semejanza de otros ilustres y venerables personajones del complot (Fraga, Areilza, Rodó, Suárez, Solís, Martín-Villa, etc), pero que fiel y eficazmente han servido a la subversión criptohebraica.
Además, por si fuese poco, entre otros innumerables despropósitos, fue Miñón quien acuñó el término «nación de naciones»[7] para describir al nuevo y nefasto conjunto constitucional de la España autonómica, con sus 17 reinos de Taifas que nos ha propiciado la calamitosa y actual democracia inorgánica, ortopédica y teledirigida que sospechosamente coincide con los 17 estados contemplados en la Constitución de la Primera República (1873-1874). «Creí que el destino de España estaba entonces en mis manos», confiesa el artífice de la Carta Magna en su autobiografía política[8].
En el despacho del ministro y especulador converso José Pedro Pérez-Llorca, conocido como el «astuta plateado» a causa de la tonalidad de su cabello, uno de los «barones» de la UCD y miembro del Bilderberg Group, se negociarían en concreto el Estatuto Vasco y el Estatuto Catalán. «La noche que terminamos —señala el ex ministro de Suárez―, fue muy emocionante. Nos pusimos todos muy serios y nos abrazamos»[9].
Este sorprendente personaje, implicado a mediados de los 90 en la escandalosa trama de dinero neցro de la sociedad Inverbroker de la que era presidente, había sido en los años 50 uno de los dirigentes más activos del grupo Nueva Izquierda Universitaria, rama juvenil del Frente de Liberación Popular, más conocido como Felipe. Este «marxista de primera», según le han descrito sin paliativos algunos compañeros suyos de aquellas jornadas, completaría posteriormente su formación académica en la muy fabiana London School of Economics.
En cuanto a la futura travesía política de Pérez-Llorca, ésta discurrirá en paralelo con una rápida y «brillante carrera» en el ámbito de las finanzas y como mediador en grandes asuntos económicos. Así, en 1969, será nombrado subdirector general del Banco del Noroeste, permaneciendo en el puesto hasta 1973, un banco privado que contaba con extensas conexiones internacionales. A este cargo le irán ido sucediendo una imparable sucesión de puestos de no menor categoría: miembro del Consejo Rector de la Bolsa de Madrid (1985), del Consejo de la Corporación de Caja Madrid (1993), consejero de Telefónica, de Iberia, etc, además de dirigir uno de los bufetes más activos del país. Su hija, la abogada Carmen Pérez-Llorca Zamora, es diputada del PP y viceconsejera de Organización Educativa de la Comunidad de Madrid. Anteriormente había ocupado diferentes cargos en los distintos gobiernos de Esperanza Aguirre (directora general de Empleo, de Educación Infantil, etc.).
Por su parte, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, masón, vicepresidente de AP, diputado de UCD, consejero del Grupo Prisa, del Banco Exterior de España, miembro —junto con Cisneros, Llorca y Alzaga— de la Asociación de Amistad España-Israel, presidente de la sección hispana de la Comisión Trilateral y persona muy «sensibilizada con el problema de Euskadi» al estar casado con una vasca, Cristina Jáuregui Segurola —familiar político de Rodrigo Rato―, es gran amigo de Javier Arzallus, con el cual reconoce haber tenido siempre «una buena relación». Tras su defensa del Plan Ibarreche, Miñón recibió en 1998 el premio Sabino Arana. ¡Merecido galardón para un sionista! Como antaño hacían sus antepasados, este criptojudío sigue en la actualidad judaizando.
Por cierto, su mujer, Cristina Jáuregui, es prima del cotizado periodista Fernando Jáuregui Campuzano (primo del polémico financiero judío Antonio Eraso Campuzano) y sobrina-nieta de Juan Manuel Epalza y López de Lerena, estrecho colaborador del Lendakari Aguirre y del presidente del BBB (Bizcai Buru Batzar), Juan Ajuriaguerra. Epalza fue también Consejero de Interior del Consejo General Vasco (CGV) durante la etapa pre-autonómica del País Vasco. Era primo de María Isabel de Palacio y Epalza, cuyo hijo, Luis María de Palacio y Palacio, marqués de Matonte, era cuñado del judío Julio del Val Caturla (nacido Kocherthaler Levi y familiar de Albert Einstein) y padre de las ex-ministras del PP Loyola y Ana Palacio del Valle Lersundi, de procedencia marránica, pues ambas descienden directamente del converso Fernando de Rojas.
Precisamente en el desbordante afán de Miguel Herrero por entregar progresivamente a las garras mundiales y esclavistas de Israel la soberanía del pueblo español —que en su totalidad no tiene ni ha tenido nunca la más remota idea de lo que se ha estado fraguando entre bastidores dentro de las altas esferas políticas―, han figurado proposiciones del tipo siguiente. El mismo confiesa: «Nada mejor que ofrecer por parte de España a los judíos sefarditas, cualquiera que sea su nacionalidad, la posibilidad de una doble nacionalidad optativa. […] Yo mismo, tras contribuir a la fundación de la Amistad Hispano-Israelí, insistí en el Congreso de los Diputados en 1987 y, de nuevo en 1992, con ocasión del quinto centenario de la expulsión, en la conveniencia de esta iniciativa, tanto para el sefardismo como para el interés nacional de España»[10].
–––––––––
[1] Joan E. Garcés, Soberanos e intervenidos, p. 177.
[2] “EL PAIS”, 19-11-1989.
[3] Martín Lozano, El Nuevo Orden Mundial, pág. 116.
[4] Manuel Fraga, O Rexionalismo de onte a hoxe, p. 42.
[5] Hijo del masón Manuel Durán y Bas, ministro de Gracia y Justicia en 1899.
[6] Lisbona, Retorno a Sefarad, p. 289.
[7] Ricardo de la Cierva, Misterios de la historia, Planeta, 1992, vol. II, p. 258.
[8] Miguel Herrero, Memorias de estío, Temas de Hoy, 1993, p. 82.
[9] Julia Navarro, Nosotros la Transición, p. 312.
[10] «Sefarad hacia Israel» (“EL PAIS”, 29-04-1998).
@nuestralucha
Conviene también echarle un vistazo a la serie de treinta y tres volúmenes o ensayos políticos publicados en 1979 por el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR) de Nueva York, el infame «Proyecto de los años 80» (Project 80s), para entender ese juego de ajedrez mundial en el que los estados nacionales son meros peones sacrificables. Allí se abogaba sin tapujos por una política de «desintegración controlada», según la famosa expresión acuñada en 1977 por los judíos Paul Volcker, portavoz del Proyecto, y Fred Hirsch, editor financiero del semanario británico "The Economics" (propiedad del clan Rothschild).
Los objetivos estratégicos del Proyecto eran cubrir una amplia gama de temas importantes en los que se abordarían los «problemas» específicos de ciertas áreas regionales del mundo durante la década siguiente, como la «gestión de recursos, derechos humanos, ecologismo, estudios de población y relaciones entre países subdesarrollados y países industrializados». El CFR calificó el Proyecto, financiado por las Fundaciones Ford, Lilly, Mellon y Rockefeller, como la empresa más importante de su historia. Al menos tres de los nueve directores del Proyecto fueron judíos: Michael Blumenthal, Richard H. Ullman y Walter J. Levy, más el conocido masón Zbigiew Brzezinski.
El ex presidente de la Unión Europea, el socialista y francmasón Jacques Delors, confirma todo ello en una ocasión, al señalar que el territorio europeo habría de ajustarse a un modelo supranacional basado en la «delegación progresiva de las soberanías estatales» a través de acuerdos comunitarios cada vez más estrechos, un modelo en cuyo núcleo se situaría una red de empresas multinacionales conectadas entre sí a nivel mundial[2].
«Otro de los elementos tácticos de ese diseño —escribe Martín Lozano— ha sido el fomento de las aspiraciones regionalistas, algo que en no pocos casos constituye un factor más de desestabilización y debilitamiento de las estructuras estatales, y que no responde sino al viejo aforismo del "divide y vencerás" [...]. Porque no se necesitan grandes dosis de perspicacia para constatar que los fenómenos independentistas debilitan la estructura de los Estados europeos donde se manifiestan, lo que redunda en beneficio de las superestructuras de alcance multinacional. Si a título de ejemplo, nos detenemos en el caso español, tampoco resultará difícil reparar en la actitud de los nacionalismos más recalcitrantes (vasco y catalán), cuyos líderes políticos se muestran tan contrariados por la falacia del yugo españolista como entusiastas del dogal europeísta. Y no deja de ser significativo que los mismos sujetos que abominan del pretendido centralismo de Madrid sean después fervientes partidarios del centralismo plutocrático-tecnocrático consagrado por los acuerdos de Maastricht»[3].
No solo la CEE ha sido consciente de la necesidad de una política «regionalista», sino todos los movimientos y organismos (Club de Roma, Comisión Trilateral, etc) que han venido trabajando en la construcción europea de posguerra, vaciada de contenido y con fomento del mestizaje surgida tras el fin de la II Guerra Mundial, antítesis de la verdadera Europa encarnada por el III Reich, consciente de su destino y de su herencia racial. El Consejo de Europa, en particular, ha dedicado una atención especial a las autonomías territoriales, creando para tal fin en 1957 la Conferencia Permanente de Poderes Locales y Regionales de Europa (CPLRE).
Desde 1975 se refuerza el concepto regional, insistiendo la Conferencia a través de reiteradas resoluciones en el papel clave del «regionalismo» y las «regiones periféricas» en la edificación europea. Por su parte, la Declaración de Burdeos (1978) afirma el derecho de los europeos a disponer de su «propia región», como una parte esencial de su derecho a la «personalidad» y a la «diferencia». No deja de ser chusco que mientras se fomenta la «diferencia» entre los europeos por el contrario se promueva entre los mismos la «igualdad» con las demás razas, completamente ajenas al ámbito étnico indoeuropeo. La Declaración de Burdeos termina haciendo de la «regionalización» una clave de democratización verdadera y a la vez de la construcción europea. «Con la regionalización ―escribe el siempre sinuoso Manuel Fraga, uno de sus más apasionados promotores— se favorece la sociedad civil autónoma y la democracia pluralista»[4].
Es importante comprender que la promoción del regionalismo como un paso en el proceso de globalización no se limita exclusivamente a la CEE. Es justamente a partir de 1945 cuando la élite globalista judeomasónica tanto de Europa como de América comienza a desplegar con fuerza en todo el mundo occidental una concepción del regionalismo enteramente original, pues han «entendido» que dicho modelo es una herramienta clave y fundamental para establecer su «gobierno mundial».
Un auténtico pionero en esta materia fue el sociólogo y urbanista Lewis Mumford, de padre judío, quien, en su clásica obra La cultura de las ciudades (1932), dedicó una especial atención a explicar su apuesta por el regionalismo en toda su dimensión política como alternativa al concepto clásico de «unidad nacional», con el que se mostró especialmente crítico. Para Mumford (cuya esposa, Sophia Wittenberg, era también hebrea), la nación era un término «vago y contradictorio», proponiendo como alternativa el establecimiento de «un sistema federal de gobierno». Conviene recordar que Mumford, muy vinculado a la Fundación Rockefeller, fue miembro prominente del Consejo de Relaciones Exteriores durante el periodo 1942-1957 y un apasionado defensor del New Deal del venerable masón F.D. Roosevelt. En 1979, la revista "Foreign Affairs" (v. 58, núm. 3), portavoz oficial del CFR, publicaba un trabajo bajo el título «El regionalismo como geopolítica».
La Comisión Trilateral ―junto con el Club de Roma― fue también otro de los organismos que más entusiastas se han mostrado con el modelo regional, pues les ofrece un cúmulo de oportunidades para la transformación de las naciones y una respuesta a una serie de problemas y exigencias básicas del funcionamiento entero de la sociedad contemporánea. Inmediatamente después de la Guerra Fría, dicho organismo publicó un pequeño estudio titulado El regionalismo en un mundo convergente (1992), donde en su introducción se puntualiza lo siguiente: «El regionalismo no tiene por qué oponerse al globalismo. El mundo no debería tener que elegir entre uno u otro. Necesita vivir con ambos. El desafío… es cómo canalizar las fuerzas del regionalismo en una dirección compatible con el globalismo».
Conviene aclarar con respecto a España, que dicho «regionalismo», creador y promotor del artificial «hecho diferencial», permitió históricamente al separatismo disfrazarse de vagas fórmulas políticas que con el tiempo serán capaz de corromper en una parte importante de la sociedad vasca, catalana, gallega, etc, el sentimiento nacional español, puesto que el «regionalismo» —junto con otros modelos similares como el federalismo y el autonomismo―, fue, tras la cortina de su «moderación», la incubadora del separatismo impaciente y extremista. En el prólogo que Prat de la Riba puso al libro del señor Durán y Ventosa[5], Regionalismo y federación, el primero declaraba textualmente: «Hoy hay que leer debajo de la palabra regionalismo otra palabra: nacionalismo». Es decir, separatismo.
El antiespañolismo que ha invadido nuestra vida pública es, en sus líneas generales, la aplicación sustancial de aquel viejo adagio formulado por Edmund de Rothschild resumido en una sola frase: «La idea de la Patria debe ser borrada hasta en la mente de los niños».
Lo planificado por el sanedrín internacional ha tenido su continuidad a través de sus testaferros en España. Fueron tres marranos, Gabriel Cisneros, Pérez-Llorca y Miguel Herrero (en la foto, con gafas, junto sus "hermanos" de tribu y de logia), más otro notorio sionista cuyo origen étnico no es posible establecerlo, Oscar Alzaga, «que siempre mostró simpatía por Israel y lo judío»[6] (probablemente converso también), los denominados «padres» de la Constitución, los encargados de redactar los Estatutos de Autonomía que recoge la Carta Magna.
Este fino conjunto de conspiradores ha sabido moverse con soltura y exquisita confianza dentro del establishment y de los grupos de poder merced a su extraordinaria habilidad y privilegiada categoría entre los conjurados, que los ha mostrado tan nítidamente como el traidor arquetípico, orgánico, dada su peculiar naturaleza de conversos, de judíos encubiertos. Un grupo de traidores disfrazados de católicos, de patriotas y de constitucionalistas a semejanza de otros ilustres y venerables personajones del complot (Fraga, Areilza, Rodó, Suárez, Solís, Martín-Villa, etc), pero que fiel y eficazmente han servido a la subversión criptohebraica.
Además, por si fuese poco, entre otros innumerables despropósitos, fue Miñón quien acuñó el término «nación de naciones»[7] para describir al nuevo y nefasto conjunto constitucional de la España autonómica, con sus 17 reinos de Taifas que nos ha propiciado la calamitosa y actual democracia inorgánica, ortopédica y teledirigida que sospechosamente coincide con los 17 estados contemplados en la Constitución de la Primera República (1873-1874). «Creí que el destino de España estaba entonces en mis manos», confiesa el artífice de la Carta Magna en su autobiografía política[8].
En el despacho del ministro y especulador converso José Pedro Pérez-Llorca, conocido como el «astuta plateado» a causa de la tonalidad de su cabello, uno de los «barones» de la UCD y miembro del Bilderberg Group, se negociarían en concreto el Estatuto Vasco y el Estatuto Catalán. «La noche que terminamos —señala el ex ministro de Suárez―, fue muy emocionante. Nos pusimos todos muy serios y nos abrazamos»[9].
Este sorprendente personaje, implicado a mediados de los 90 en la escandalosa trama de dinero neցro de la sociedad Inverbroker de la que era presidente, había sido en los años 50 uno de los dirigentes más activos del grupo Nueva Izquierda Universitaria, rama juvenil del Frente de Liberación Popular, más conocido como Felipe. Este «marxista de primera», según le han descrito sin paliativos algunos compañeros suyos de aquellas jornadas, completaría posteriormente su formación académica en la muy fabiana London School of Economics.
En cuanto a la futura travesía política de Pérez-Llorca, ésta discurrirá en paralelo con una rápida y «brillante carrera» en el ámbito de las finanzas y como mediador en grandes asuntos económicos. Así, en 1969, será nombrado subdirector general del Banco del Noroeste, permaneciendo en el puesto hasta 1973, un banco privado que contaba con extensas conexiones internacionales. A este cargo le irán ido sucediendo una imparable sucesión de puestos de no menor categoría: miembro del Consejo Rector de la Bolsa de Madrid (1985), del Consejo de la Corporación de Caja Madrid (1993), consejero de Telefónica, de Iberia, etc, además de dirigir uno de los bufetes más activos del país. Su hija, la abogada Carmen Pérez-Llorca Zamora, es diputada del PP y viceconsejera de Organización Educativa de la Comunidad de Madrid. Anteriormente había ocupado diferentes cargos en los distintos gobiernos de Esperanza Aguirre (directora general de Empleo, de Educación Infantil, etc.).
Por su parte, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, masón, vicepresidente de AP, diputado de UCD, consejero del Grupo Prisa, del Banco Exterior de España, miembro —junto con Cisneros, Llorca y Alzaga— de la Asociación de Amistad España-Israel, presidente de la sección hispana de la Comisión Trilateral y persona muy «sensibilizada con el problema de Euskadi» al estar casado con una vasca, Cristina Jáuregui Segurola —familiar político de Rodrigo Rato―, es gran amigo de Javier Arzallus, con el cual reconoce haber tenido siempre «una buena relación». Tras su defensa del Plan Ibarreche, Miñón recibió en 1998 el premio Sabino Arana. ¡Merecido galardón para un sionista! Como antaño hacían sus antepasados, este criptojudío sigue en la actualidad judaizando.
Por cierto, su mujer, Cristina Jáuregui, es prima del cotizado periodista Fernando Jáuregui Campuzano (primo del polémico financiero judío Antonio Eraso Campuzano) y sobrina-nieta de Juan Manuel Epalza y López de Lerena, estrecho colaborador del Lendakari Aguirre y del presidente del BBB (Bizcai Buru Batzar), Juan Ajuriaguerra. Epalza fue también Consejero de Interior del Consejo General Vasco (CGV) durante la etapa pre-autonómica del País Vasco. Era primo de María Isabel de Palacio y Epalza, cuyo hijo, Luis María de Palacio y Palacio, marqués de Matonte, era cuñado del judío Julio del Val Caturla (nacido Kocherthaler Levi y familiar de Albert Einstein) y padre de las ex-ministras del PP Loyola y Ana Palacio del Valle Lersundi, de procedencia marránica, pues ambas descienden directamente del converso Fernando de Rojas.
Precisamente en el desbordante afán de Miguel Herrero por entregar progresivamente a las garras mundiales y esclavistas de Israel la soberanía del pueblo español —que en su totalidad no tiene ni ha tenido nunca la más remota idea de lo que se ha estado fraguando entre bastidores dentro de las altas esferas políticas―, han figurado proposiciones del tipo siguiente. El mismo confiesa: «Nada mejor que ofrecer por parte de España a los judíos sefarditas, cualquiera que sea su nacionalidad, la posibilidad de una doble nacionalidad optativa. […] Yo mismo, tras contribuir a la fundación de la Amistad Hispano-Israelí, insistí en el Congreso de los Diputados en 1987 y, de nuevo en 1992, con ocasión del quinto centenario de la expulsión, en la conveniencia de esta iniciativa, tanto para el sefardismo como para el interés nacional de España»[10].
–––––––––
[1] Joan E. Garcés, Soberanos e intervenidos, p. 177.
[2] “EL PAIS”, 19-11-1989.
[3] Martín Lozano, El Nuevo Orden Mundial, pág. 116.
[4] Manuel Fraga, O Rexionalismo de onte a hoxe, p. 42.
[5] Hijo del masón Manuel Durán y Bas, ministro de Gracia y Justicia en 1899.
[6] Lisbona, Retorno a Sefarad, p. 289.
[7] Ricardo de la Cierva, Misterios de la historia, Planeta, 1992, vol. II, p. 258.
[8] Miguel Herrero, Memorias de estío, Temas de Hoy, 1993, p. 82.
[9] Julia Navarro, Nosotros la Transición, p. 312.
[10] «Sefarad hacia Israel» (“EL PAIS”, 29-04-1998).
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