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La CEOE exige que se despida en el sector público como en la empresa privada - elEconomista.es
El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha asegurado que el sector público está sobredimensionado y necesita equipararse en la medida de lo posible al sector privado, empezando por que se pueda despedir a funcionarios y empleados públicos. Rosell: "Hay que evaluar a los funcionarios y penalizarlos si lo hacen mal".
Así lo ha indicado, flanqueado por el vicesecretario general de Asuntos Económicos, Laborales e Internacionales de la CEOE, Alberto Nadal, durante la presentación de los informes 'Debate de la eficiencia del sector público: una contribución en el ámbito del número y coste del personal' y 'El traspaso de competencias en el sector público', que trasladó a los partidos políticos antes de la elecciones del 20-N.
En su opinión, es necesario reducir el coste de personal y el número de trabajadores del sector público ya que hay muchos trabajadores del sector, que no realizan ninguna labor, para los que hay buscar una solución como recolocarlos o formarlos para que puedan hacer otros trabajos, "siendo el despido la última solución, como ocurre en las empresas privadas".
No obstante, ha señalado que hay que acostumbrarse a que el sector público se comporte igual que el privado y no "demonizar" este tema.
Aunque no ha querido precisar cuántos empleados 'sobran' en el sector público, Rosell ha aportado unas cifras orientativas. En este sentido, ha explicado que en los últimos 33 años, desde 1978, se han transferido 821.000 empleados desde el Estado a las comunidades autónomas, que actualmente cuentan con 1.744.000 trabajadores.
Así pues, habría unos 900.000 empleados creados directamente en las administraciones autonómicas, de los que una parte, que tampoco concretó, se justificaría por el aumento de la población que atender en los territorios. En cualquier caso, la criba no debería pasar en las comunidades autónomas de las 900.000 personas.
Por otro lado, Rosell ha asegurado que la "consolidación fiscal es clave e imprescindible" para España, y, por ello, ha planteado incluso que se puedan exigir "responsabilidades personales" para los administradores públicos, además de ver cómo se puede gestionar mejor el "grandísimo gasto" existente en sanidad, educación y servicios sociales.
No es la primera vez que la patronal solicita al Gobierno medidas de "gran calado" para recortar más el gasto público como reducir el número de funcionarios. En más de una ocasión ha señalado que debería empezarse por actuar sobre los menos productivos.
El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha asegurado que el sector público está sobredimensionado y necesita equipararse en la medida de lo posible al sector privado, empezando por que se pueda despedir a funcionarios y empleados públicos. Rosell: "Hay que evaluar a los funcionarios y penalizarlos si lo hacen mal".
Así lo ha indicado, flanqueado por el vicesecretario general de Asuntos Económicos, Laborales e Internacionales de la CEOE, Alberto Nadal, durante la presentación de los informes 'Debate de la eficiencia del sector público: una contribución en el ámbito del número y coste del personal' y 'El traspaso de competencias en el sector público', que trasladó a los partidos políticos antes de la elecciones del 20-N.
En su opinión, es necesario reducir el coste de personal y el número de trabajadores del sector público ya que hay muchos trabajadores del sector, que no realizan ninguna labor, para los que hay buscar una solución como recolocarlos o formarlos para que puedan hacer otros trabajos, "siendo el despido la última solución, como ocurre en las empresas privadas".
No obstante, ha señalado que hay que acostumbrarse a que el sector público se comporte igual que el privado y no "demonizar" este tema.
Aunque no ha querido precisar cuántos empleados 'sobran' en el sector público, Rosell ha aportado unas cifras orientativas. En este sentido, ha explicado que en los últimos 33 años, desde 1978, se han transferido 821.000 empleados desde el Estado a las comunidades autónomas, que actualmente cuentan con 1.744.000 trabajadores.
Así pues, habría unos 900.000 empleados creados directamente en las administraciones autonómicas, de los que una parte, que tampoco concretó, se justificaría por el aumento de la población que atender en los territorios. En cualquier caso, la criba no debería pasar en las comunidades autónomas de las 900.000 personas.
Por otro lado, Rosell ha asegurado que la "consolidación fiscal es clave e imprescindible" para España, y, por ello, ha planteado incluso que se puedan exigir "responsabilidades personales" para los administradores públicos, además de ver cómo se puede gestionar mejor el "grandísimo gasto" existente en sanidad, educación y servicios sociales.
No es la primera vez que la patronal solicita al Gobierno medidas de "gran calado" para recortar más el gasto público como reducir el número de funcionarios. En más de una ocasión ha señalado que debería empezarse por actuar sobre los menos productivos.