La banca separará el ladrillo en sociedades de liquidación a largo plazo
Los inversores y expertos internacionales presionan contra la banca española. Y no hay mucho tiempo para transmitir señales tranquilizadoras a mercados. El siguiente paso será crear sociedades inmobiliarias (en el Banco de España rechazan el término “banco malo”, porque no tendrán actividad financiera ni ficha bancaria) donde las entidades depositarán el ladrillo en buena parte provisionado y que actuarán como sociedades de liquidación a largo plazo. Faltan detalles por perfilar, pero la decisión de avanzar por ese camino está tomada.
Se trataría de una segunda fase de la reforma financiera impulsada por el Gobierno del PP. Una vez que se ha reconocido un valor más bajo a los activos inmobiliarios (especialmente a los más tóxicos, como el suelo), el siguiente paso sería sacarlos del balance a sociedades en las que bancos y cajas no sean mayoritarios, de forma que se desconsoliden de sus balances, bien porque sean sociedades compartidas por varias entidades o bien porque entren nuevos socios inversores, aunque no será fácil encontrarlos. Las sociedades del ladrillo vivirán unos 10 años. Pasado este tiempo, se saldarían con pérdidas o ganancias.
La cartera inmobiliaria “problemática” asciende a 175.000 millones, que está cubierta con dotaciones en un 54%, una cantidad superior a otros países europeos y a EE UU. El supervisor y el Gobierno quieren extirpar este cáncer sin ayudas públicas, pero admiten que si se aplica un nuevo recorte del valor de los activos inmobiliarios (de entre el 10% y el 15%) algunas entidades podrían necesitar una inyección de dinero público del FROB, que tendrán que devolver.
El objetivo es triple: frenar la loca escalada de la prima de riesgo; que los expertos analicen el problema del ladrillo de forma aislada y que los gestores se concentren en su negocio y circule el crédito. A la vez, el Gobierno maneja más palancas: la recapitalización del Fondo de Garantía de Depósitos y acelerar las fusiones entre excajas.
Pese al recién aprobado saneamiento extraordinario de la banca por 53.000 millones, la medida no ha sido suficiente para los inversores extranjeros. Creen que si la economía española sigue en recesión, los inmuebles se depreciarán más y la jovenlandesesidad escalará del 8% actual hasta el 12%. Para tapar este problema, el consenso del mercado es que podrían necesitarse unos 50.000 millones adicionales. El Banco de España y el Gobierno rechazan esta teoría, pero no se puede ir contra el mercado y han decidido mover ficha: sacar la inversión inmobiliaria para despejar las dudas sobre la solvencia del sector. El Banco de España lo reconoció la semana pasada y ahora, junto con el Gobierno y las entidades financieras, han diseñado las líneas maestras.
El modelo que se seguirá, según fuentes financieras, se basa en crear varias sociedades inmobiliarias, dependiendo del tipo de activos que se traspasen: suelo, viviendas en construcción, promociones terminadas, etcétera, en las que participarían las diferentes entidades y para las que se trataría también de incorporar inversores. Se prefiere esa fórmula de unas pocas sociedades conjuntas en lugar de crear una para cada entidad, pero eso conlleva una dificultad con las valoraciones de los activos que aporte cada banco o caja. Se considera que deberán traspasar “lo que se pueda vender. Es decir, no suelos imposibles ni pisos que están colocando las entidades con facilidad, porque para eso no se necesita una sociedad”, dice un experto.
La pérdida de control de la sociedad es una condición necesaria para que, desde el punto de vista de la contabilidad europea, se pueda considerar que se ha desagregado realmente del balance. Es decir, no valdría crear filiales inmobiliarias porque consolidarían en el balance. La ventaja actual de las entidades es que han incrementado mucho las provisiones para cumplir con el decreto sobre activos inmobiliarios.
Los bancos cederán la gestión y el control de las sociedades a expertos que valorarán los activos. Si los tasan al precio que figura en los libros del banco, es decir, con el descuento que supone la provisión, no habrá problemas. La entidad se desprende del bien y libera el riesgo que suponía, con lo que le dejará de consumir capital y podrá conceder préstamos a sus clientes. Al menos, en teoría.
En el caso en el que la tasación sea inferior al valor en libros, el proceso se complica. Las entidades afectadas deberán cargar contra capital la diferencia entre lo que han provisionado y lo que dice el experto que vale ese activo. Si un solar adquirido por 10 millones está provisionado al 70%, lo podría traspasar por 3 millones. Pero si el gestor de la sociedad dice que vale 2 millones, la entidad debería hacer un saneamiento extraordinario por un millón más. En este caso el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) podría cubrir provisionalmente la diferencia con su patrimonio, aunque también se estudian otras fórmulas. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha insistido en que no habrá dinero público para ese proceso y ha subrayado que “el Gobierno no creará un banco malo, ni nada”.
El Gobierno no creará las sociedades, sino que serán las entidades financieras, pero el Ejecutivo y el Banco de España estudian cómo impulsar y liderar ese proceso. En principio, tendría carácter voluntario, pero se trataría de que la regulación lo propiciase.
España ha tomado el proceso inverso al europeo y estadounidense. Allí, primero se crearon los bancos malos y luego se recapitalizó el sistema financiero. Además, se hace tarde. En Europa, entre 2008 y 2009, los Gobiernos inyectaron capital a los bancos para que soportaran la depreciación de los activos inmobiliarios y el hundimiento de la economía. En España, en aquellos años, el Gobierno de Zapatero y el Banco de España creyeron que con las provisiones anticrisis, un colchón que no existía en ningún otro país, se podría aguantar la gran depresión. Pero no fue suficiente.
“Ahora que la banca europea ha pasado lo peor, España rebusca fórmulas para salvar al sector y que vuelva a conceder créditos. Hubiera sido mejor haberlo hecho en 2008 pero ahora se puede por las altas provisiones. Es una buena opción”, comenta José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney.
