doctor pato
Madmaxista
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Morenés fue consejero y representante de la misma empresa que ahora exige una indemnización de 40 millones de euros por incumplimiento de contrato.
Instalaza, que así se llama la compañía, fabrica bombas de racimo, prohibidas por Naciones Unidas.
Según el Registro Mercantil, el ministro fue representante de la compañía hasta octubre de 2011.
Sin embargo, desde Defensa aclaran que dejó de serlo en marzo de 2009, pero que la empresa no lo comunicó hasta 2011.
Además, afirman no tener constancia de ninguna reclamación de esta compañía, y que, en cualquier caso, no recurrirán el pago de la “supuesta indemnización”.
Paradojas de la vida. El actual ministro de Defensa, Pedro Morenés (en la imagen), fue consejero de Instalaza, empresa española dedicada a la fabricación de armamento, entre 2005 y 2007. Después pasó a ser el representante de la firma hasta octubre de 2011, o así al menos es lo que consta en el Registro Mercantil. Desde el Ministerio de Defensa niegan este extremo y afirman que Morenés dejó de estar vinculado a Instalaza en marzo de 2009, pero que la compañía no lo notificó hasta que en octubre de 2011 hizo una nueva comunicación al Registro sobre otra persona, y descubrió que aún figuraba Morenés.
En cualquier caso, según informa el diario el Aguijón, el Estado tendrá que pagar 40 millones de euros a Instalaza como indemnización por incumplimiento de contrato. La historia, según este medio de comunicación, se remonta a mayo de 2011, cuando la empresa con sede en Zaragoza decidió demandar al Gobierno Zapatero porque en 2008 aprobó una ley contra las bombas de racimo.
Conviene señalar que las bombas de racimo han sido prohibidas en diversas ocasiones mediante convenios internacionales por las consecuencias que provocan. Entre ellas, la mutilación de miles de niños. Y es que las sub-municiones esparcidas por estas bombas tienen un rango de fallo de entre el 5% y el 30%, es decir, que hay una alta probabilidad de que no exploten y queden enterradas. Además, se da la circunstancia de que son especialmente peligrosas para los niños porque tienen formas llamativas como pelotitas de tenis o latas de refrescos.
En cuanto a posibles acciones en contra del pago de los 40 millones de euros, en Defensa afirman que “el ministerio no va a hacer nada sobre la supuesta indemnización solicitada por Instalaza cuando el ministro ya no colaboraba de ninguna manera con la compañía”.
De todas maneras, si finalmente se paga, que nadie dude de que irá a cargo del erario público, es decir, de todos los españoles.
El titular de Defensa paga a su ex empresa con el dinero de todos | Hispanidad.com
Instalaza, que así se llama la compañía, fabrica bombas de racimo, prohibidas por Naciones Unidas.
Según el Registro Mercantil, el ministro fue representante de la compañía hasta octubre de 2011.
Sin embargo, desde Defensa aclaran que dejó de serlo en marzo de 2009, pero que la empresa no lo comunicó hasta 2011.
Además, afirman no tener constancia de ninguna reclamación de esta compañía, y que, en cualquier caso, no recurrirán el pago de la “supuesta indemnización”.
Paradojas de la vida. El actual ministro de Defensa, Pedro Morenés (en la imagen), fue consejero de Instalaza, empresa española dedicada a la fabricación de armamento, entre 2005 y 2007. Después pasó a ser el representante de la firma hasta octubre de 2011, o así al menos es lo que consta en el Registro Mercantil. Desde el Ministerio de Defensa niegan este extremo y afirman que Morenés dejó de estar vinculado a Instalaza en marzo de 2009, pero que la compañía no lo notificó hasta que en octubre de 2011 hizo una nueva comunicación al Registro sobre otra persona, y descubrió que aún figuraba Morenés.
En cualquier caso, según informa el diario el Aguijón, el Estado tendrá que pagar 40 millones de euros a Instalaza como indemnización por incumplimiento de contrato. La historia, según este medio de comunicación, se remonta a mayo de 2011, cuando la empresa con sede en Zaragoza decidió demandar al Gobierno Zapatero porque en 2008 aprobó una ley contra las bombas de racimo.
Conviene señalar que las bombas de racimo han sido prohibidas en diversas ocasiones mediante convenios internacionales por las consecuencias que provocan. Entre ellas, la mutilación de miles de niños. Y es que las sub-municiones esparcidas por estas bombas tienen un rango de fallo de entre el 5% y el 30%, es decir, que hay una alta probabilidad de que no exploten y queden enterradas. Además, se da la circunstancia de que son especialmente peligrosas para los niños porque tienen formas llamativas como pelotitas de tenis o latas de refrescos.
En cuanto a posibles acciones en contra del pago de los 40 millones de euros, en Defensa afirman que “el ministerio no va a hacer nada sobre la supuesta indemnización solicitada por Instalaza cuando el ministro ya no colaboraba de ninguna manera con la compañía”.
De todas maneras, si finalmente se paga, que nadie dude de que irá a cargo del erario público, es decir, de todos los españoles.
El titular de Defensa paga a su ex empresa con el dinero de todos | Hispanidad.com
