A) La creación de empleo y el necesario estímulo de la economía productiva requieren soluciones esencialmente políticas. Proponemos reducir el paro a la media de la UE, es decir en el entorno del 12%, en el plazo de tres años. Por tanto, estamos planteando una reducción de 3,4 millones de parados, que han de ser fruto de políticas de creación de empleo y afloramiento de la economía sumergida. Para ello, hay que financiar esas políticas con una contribución fiscal equivalente a la media de la UE y con una reducción del fraude fiscal y la economía sumergida hasta las cifras medias de la UE.
B) El debate debe clarificar hasta qué punto se debe utilizar el sector público en la economía: su papel en los sectores estratégicos, en la inversión pública, y en la creación de empleo mediante la dotación suficiente de los servicios públicos. Proponemos que la Banca nacionalizada facilite crédito a las pequeñas empresas y autónomos por importe de 30.000 millones de euros.
C) Otro escenario necesario para el debate es la modificación de las relaciones laborales. Deben derogarse las reformas laborales.
D) Debe acordarse un Plan Integral de Apoyo a la Pequeña empresa y otro complementario de Desarrollo de la Economía Cooperativa y Social.
E) Debe haber un giro copernicano en nuestra política de participación en Europa, con nuevas alianzas y exigencias.
F) Deben debatirse un conjunto de reformas legales, que permitan un contexto nuevo y favorable para la creación de empleo.
G) Debe haber un paquete concreto de incremento del consumo y la inversión (pública y privada)
H) Debe articularse un Plan de Urgencia contra la Pobreza y en favor de la Cohesión Social.
I) Debe iniciarse un gran debate social para construir un Nuevo Modelo Productivo, generador de empleo digno y de calidad, basado en un desarrollo sostenible, en la producción nacional y en el mercado interno.
Entre las 22 medidas concretas, además de las que ya están reflejadas más arriba, destacamos las siguientes:
a) Un Plan de empleos verdes (siguiendo los estudios de la Organización Internacional del Trabajo), de rehabilitación de viviendas (13 millones de viviendas con más de 30 años), de refuerzo de los servicios públicos (dependencia, salud, educación, etc.)
b) Un Plan de Inversión Pública en servicios públicos de proximidad.
c) Facilitar el crédito en los términos antes expresados; favorecer, aprovechando al máximo las directivas europeas, la contratación de bienes y servicios públicos para las pymes, con condicionados de cantidad y calidad del empleo. Apoyar la etiqueta ‘Hecho en España’.
d) Desarrollar una política de reindustrialización del país con criterios de diversificación y de impulso de la producción de media y alta tecnología. Impulsar la producción de bienes de consumo durables y sostenibles.
e) Incremento del presupuesto público de I+D+i hasta la media de los países de la zona euro. Incremento de 0,7 puntos de PIB. Desarrollar el apoyo tecnológico a las pyme mediante el impulso de Centros Tecnológicos y de Centros de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Económica.
f) Acordar medidas de reparto del trabajo y conciliación de la vida laboral y personal.
g) Impedir la posibilidad de despido en todas las empresas con beneficios económicos.
h) Concretar una política de estímulo del consumo, mediante el aumento del salario mínimo y pensiones más bajas. Crear una política de ingreso mínimo garantizado, mediante ayudas personas y familiares.
a. Incrementar el salario mínimo hasta 1.100 euros/mes.
b. Elevar en la misma proporción las pensiones públicas más bajas.
c. Hacer efectiva la igualdad salarial para hombres y mujeres.
i) Desarrollo y aplicación de una Garantía de Seguridad Profesional que asegure a todo trabajador o trabajadora un empleo o una formación remunerada o una renta básica.
j) Aplicar un Plan de Empleo/Formación financiado por el Estado y con la colaboración para su aplicación de los Ayuntamientos, destinado a los parados de larga duración.
k) Financiación con 60.000 millones de euros en tres años, a través de una reforma fiscal justa y progresiva y de la lucha contra el fraude y la economía sumergida. A ello habrá que añadir los recursos crediticios de las instituciones financieras y los fondos para inversión del BEI.
l) Garantizar el derecho a una vivienda digna establecido en la Constitución Española mediante:
a. La generalización, mediante la legislación del Estado, de los contenidos del decreto-ley de la Junta de Andalucía que garantiza el derecho a la vivienda.
b. La utilización de 50.000 pisos del SAREB (Banco Malo) para un fondo de viviendas de alquiler social adaptado a las condiciones de la vivienda y los ingresos familiares, cuyo techo máximo sean 300 euros mensuales.
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