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Casi un año después de que entrara en vigor el primer cierre nacional de Italia, la esa época en el 2020 de la que yo le hablo de cobi19 ha puesto de rodillas a la frágil economía del país y les ha costado el salario a miles de trabajadores. El resentimiento de clase está aumentando, pero no está dirigido a los ricos: muchos italianos están volcando su creciente frustración contra los funcionarios públicos y otros empleados públicos, cuyos trabajos están protegidos por contratos que descartan despidos y licencias. Los trabajadores del gobierno parecen ser el chivo expiatorio ideal de la crisis de seguridad laboral en Italia. No es de extrañar que muchas personas hayan llegado a verlos como privilegiados injustos en medio de los cierres. Hay 3,2 millones de empleados públicos en Italia, que representan el 14 por ciento de la población activa total. Incluyen 1,2 millones de empleados de escuelas y universidades, aproximadamente 650.000 trabajadores de la salud y 570.000 policías y fuerzas armadas, junto con funcionarios públicos. Pero desde febrero de 2020, se han perdido más de medio millón de puestos de trabajo en Italia, y es probable que muchos más sigan su ejemplo cuando expire la prohibición de despidos el próximo mes. Los problemas económicos de Italia son anteriores a la esa época en el 2020 de la que yo le hablo y el país se enfrenta ahora a un momento crucial. Antes de que el entonces primer ministro Giuseppe Conte renunciara en enero de 2021, su gobierno aprobó un ambicioso plan de 268.000 millones de dólares para la recuperación económica. La tarea de gestionar este plan recae ahora en el nuevo primer ministro y ex director del Banco Central Europeo, Mario Draghi, quien ha dicho que siente la “responsabilidad de iniciar una nueva reconstrucción” para Italia. Pero la ira pública dirigida a los trabajadores del gobierno hasta ahora ha eclipsado e impedido un debate político serio sobre el desempleo generalizado, la seguridad laboral y los bajos salarios. Los principales medios de comunicación de todo el espectro político e incluso políticos de alto rango han fomentado el amargo sentimiento, dejando a los propios funcionarios públicos preocupados por la creciente hostilidad. El nuevo ministro de Administración Pública de Draghi, Renato Brunetta, ya es bien conocido por su antagonismo hacia los empleados del gobierno. Cuando ocupó el mismo cargo bajo el ex primer ministro Silvio Berlusconi de 2008 a 2011, Brunetta arremetió contra los “holgazanes” y aprobó una reforma que introdujo sanciones para los trabajadores públicos que tomaran días de enfermedad. “Estoy muy preocupado por este clima. Es un momento dramático para quienes están perdiendo sus ingresos, pero hay mucho resentimiento contra quienes tienen la suerte de tener un trabajo ”, dijo Alfredo Ferrante, un alto funcionario público en Roma. Ferrante ha seguido meticulosamente los insultos de las redes sociales que ha visto dirigidos a empleados públicos. Además de los rutinarios (como “sanguijuela”, “peso muerto” o “parásito”), encontró un neologismo recurrente: ipergarantito o sobreprotegido. Italia alguna vez tuvo un mercado laboral altamente regulado. El artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores, una ley de 1970, prohibía a las empresas medianas y grandes despedir personal sin una causa justa y las obligaba a volver a contratar empleados despedidos injustamente. Pero las reformas introducidas en los últimos 15 años han hecho que los trabajos sean menos seguros. La ley de causa justa fue debilitada por la legislación de 2003 que facilitó el uso de contratos temporales, y fue derogada por completo en 2014. Estas liberalizaciones no incluyen explícitamente a los trabajadores públicos, creando un mercado laboral de doble vía en el que los empleados del gobierno todavía disfrutan de una mayor grado de seguridad laboral que sus contrapartes del sector privado. Este doble rasero ha despertado durante mucho tiempo cierto descontento en Italia. “Mientras la economía iba bien, había un contrato social tácito: los funcionarios públicos obtenían salarios más bajos pero trabajos más seguros. Pero desde que la economía de Italia dio un giro a la izquierda, estos trabajos se volvieron más atractivos porque el sector privado comenzó a pagar menos y se volvió más precario ", dijo Andrea Roventini, profesora de economía en la Escuela de Estudios Avanzados Sant'Anna en Pisa, Italia. Estas quejas alcanzaron nuevas alturas con los bloqueos, primero en marzo y luego en noviembre de 2020. Cuando se produjo la esa época en el 2020 de la que yo le hablo, Conte rápidamente emitió una prohibición de despido, que se extendió varias veces, pero no se aplica a las empresas que se declaran en quiebra o que han agotado su plan de licencia. Tampoco protege a los trabajadores temporales o autónomos. Mientras tanto, los empleados del gobierno ni siquiera pueden ser despedidos. Con más de 6,5 millones de trabajadores italianos que actualmente reciben solo una fracción de su salario, no es de extrañar que vean a los servidores públicos sobreviviendo ilesos a la esa época en el 2020 de la que yo le hablo. El descontento con algunas partes del sector público no está del todo fuera de lugar: la burocracia italiana, por ejemplo, es notoriamente kafkiana. Pero muchos críticos entienden mal que si los empleados del gobierno no pueden ser despedidos, deben recibir su salario completo por no hacer nada. Dos destacados economistas, Tito Boeri y Roberto Perotti, argumentaron en un artículo de opinión en La Repubblica en noviembre de 2020 que los esquemas de licencia deben extenderse a los funcionarios públicos en aras de la "cohesión social". “En el sector público, hay quienes han dejado de trabajar por completo y aún así siguen recibiendo su salario”, escribieron.
Aunque esto puede haber sido cierto para un pequeño número de funcionarios durante las estrictas fases del cierre de Italia en marzo de 2020, muchos empleados públicos eran trabajadores esenciales. El personal médico y de seguridad continuó con su trabajo, ahora más importante que nunca, en persona, mientras que los maestros y burócratas trabajaban de forma remota. Solo aquellos con trabajos no esenciales, como recolectores de boletos para museos y conserjes escolares, recibieron brevemente una licencia pagada. La desconfianza hacia los empleados del gobierno también parece provenir de la percepción de que el trabajo a distancia no cuenta realmente como trabajo, particularmente en el sector público. En diciembre de 2020, la entonces ministra de Administración Pública, Fabiana Dadone, amenazó con revocar el derecho a trabajar a distancia para los empleados públicos con desempeño insatisfactorio, dejando de lado las recomendaciones de salud pública. “Para algunos servidores públicos, el llamado trabajo inteligente era solo unas largas vacaciones pagadas”, dijo el exsenador Pietro Ichino al periódico de derecha Libero. A pesar de los pedidos de permisos y recortes salariales entre los empleados públicos, ninguna de las propuestas ofrece una solución a la crisis de seguridad laboral, dijo Roventini. Estas acciones no resolverían problemas con la eficiencia del gobierno, que ya sufre recortes y congelaciones de contrataciones, y tendrían un efecto insignificante en el gasto público. "Hay una opinión que se presenta con una justificación pseudoeconómica, pero es solo repruebo de clase", dijo. El clima actual en Italia refleja dos prejuicios culturales preexistentes exacerbados por la esa época en el 2020 de la que yo le hablo: uno contra los empleados públicos y otro contra quienes más se benefician del gasto público, según Andrea Mariuzzo, profesora de historia en la Universidad de Módena y Reggio Emilia. “Por un lado, está la idea de que los servidores públicos son vagos que consiguieron su trabajo a través de conexiones políticas y se pasan el día entero sin hacer nada, que tiene raíces muy profundas en Italia”, dijo. “Luego hay un fenómeno más reciente: la mentalidad de que si alguien se empobrece, en lugar de pedirle al gobierno que lo ayude, debe pedirle al gobierno que reduzca su gasto en todos los demás”, incluidos los que están en su nómina. Por el momento, los políticos de alto perfil están tratando de equilibrar con cautela la necesidad de condenar los privilegios percibidos de los servidores públicos sin crear demasiados enemigos. Carlo Calenda, la estrella en ascenso de la oposición centrista, parece haber adoptado esta estrategia. Cuando los servidores públicos declararon una huelga el 9 de diciembre de 2020, escribió en Facebook: “Hay algo profundamente desafinado en esta huelga. Las familias y los trabajadores menos asegurados tienen que sufrir perturbaciones, en medio de una esa época en el 2020 de la que yo le hablo, por una huelga de los trabajadores más asegurados ”. Los líderes políticos ahora están atrapados entre dos fuegos. Se enfrentan a una opinión pública cada vez mayor que quiere ver desmantelados los privilegios de los funcionarios públicos, pero al final del día, los políticos no pueden permitirse el lujo de enemistarse con sus colegas más allá del Parlamento. “Todos los partidos en el poder son relativamente nuevos en puestos de gobierno. Carecen de experiencia sobre cómo funciona el gobierno, por lo que para hacer su trabajo necesitan más que nunca el apoyo de los burócratas ”, dijo Mariuzzo. Por supuesto, los empleados públicos también votan. El programa de vacunación de Italia va a la zaga de otros países desarrollados y su crisis económica sigue empeorando. En tiempos difíciles, es probable que aumente el resentimiento contra los empleados públicos que están algo protegidos de la crisis. Pero mientras el debate actual se centre en convertir a los funcionarios públicos en chivos expiatorios y pedir medidas punitivas contra ellos, pocos políticos parecen interesados en encontrar una solución real.
Italians Take Aim at the Bureaucratic Bourgeoisie
Todo el foro a la fruta calle YA con una pancarta gigante contra los funcivagos.
Aunque esto puede haber sido cierto para un pequeño número de funcionarios durante las estrictas fases del cierre de Italia en marzo de 2020, muchos empleados públicos eran trabajadores esenciales. El personal médico y de seguridad continuó con su trabajo, ahora más importante que nunca, en persona, mientras que los maestros y burócratas trabajaban de forma remota. Solo aquellos con trabajos no esenciales, como recolectores de boletos para museos y conserjes escolares, recibieron brevemente una licencia pagada. La desconfianza hacia los empleados del gobierno también parece provenir de la percepción de que el trabajo a distancia no cuenta realmente como trabajo, particularmente en el sector público. En diciembre de 2020, la entonces ministra de Administración Pública, Fabiana Dadone, amenazó con revocar el derecho a trabajar a distancia para los empleados públicos con desempeño insatisfactorio, dejando de lado las recomendaciones de salud pública. “Para algunos servidores públicos, el llamado trabajo inteligente era solo unas largas vacaciones pagadas”, dijo el exsenador Pietro Ichino al periódico de derecha Libero. A pesar de los pedidos de permisos y recortes salariales entre los empleados públicos, ninguna de las propuestas ofrece una solución a la crisis de seguridad laboral, dijo Roventini. Estas acciones no resolverían problemas con la eficiencia del gobierno, que ya sufre recortes y congelaciones de contrataciones, y tendrían un efecto insignificante en el gasto público. "Hay una opinión que se presenta con una justificación pseudoeconómica, pero es solo repruebo de clase", dijo. El clima actual en Italia refleja dos prejuicios culturales preexistentes exacerbados por la esa época en el 2020 de la que yo le hablo: uno contra los empleados públicos y otro contra quienes más se benefician del gasto público, según Andrea Mariuzzo, profesora de historia en la Universidad de Módena y Reggio Emilia. “Por un lado, está la idea de que los servidores públicos son vagos que consiguieron su trabajo a través de conexiones políticas y se pasan el día entero sin hacer nada, que tiene raíces muy profundas en Italia”, dijo. “Luego hay un fenómeno más reciente: la mentalidad de que si alguien se empobrece, en lugar de pedirle al gobierno que lo ayude, debe pedirle al gobierno que reduzca su gasto en todos los demás”, incluidos los que están en su nómina. Por el momento, los políticos de alto perfil están tratando de equilibrar con cautela la necesidad de condenar los privilegios percibidos de los servidores públicos sin crear demasiados enemigos. Carlo Calenda, la estrella en ascenso de la oposición centrista, parece haber adoptado esta estrategia. Cuando los servidores públicos declararon una huelga el 9 de diciembre de 2020, escribió en Facebook: “Hay algo profundamente desafinado en esta huelga. Las familias y los trabajadores menos asegurados tienen que sufrir perturbaciones, en medio de una esa época en el 2020 de la que yo le hablo, por una huelga de los trabajadores más asegurados ”. Los líderes políticos ahora están atrapados entre dos fuegos. Se enfrentan a una opinión pública cada vez mayor que quiere ver desmantelados los privilegios de los funcionarios públicos, pero al final del día, los políticos no pueden permitirse el lujo de enemistarse con sus colegas más allá del Parlamento. “Todos los partidos en el poder son relativamente nuevos en puestos de gobierno. Carecen de experiencia sobre cómo funciona el gobierno, por lo que para hacer su trabajo necesitan más que nunca el apoyo de los burócratas ”, dijo Mariuzzo. Por supuesto, los empleados públicos también votan. El programa de vacunación de Italia va a la zaga de otros países desarrollados y su crisis económica sigue empeorando. En tiempos difíciles, es probable que aumente el resentimiento contra los empleados públicos que están algo protegidos de la crisis. Pero mientras el debate actual se centre en convertir a los funcionarios públicos en chivos expiatorios y pedir medidas punitivas contra ellos, pocos políticos parecen interesados en encontrar una solución real.
Italians Take Aim at the Bureaucratic Bourgeoisie
Todo el foro a la fruta calle YA con una pancarta gigante contra los funcivagos.
