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Isla Valdecañas suma 31 millones de deuda y estudia demandar a la Junta . hoy.es
Isla Valdecañas suma 31 millones de deuda y estudia demandar a la Junta . hoy.es
Por si alguien quiere comprar: ISLA VALDECAÑASLa promotora del resort de lujo entiende que la administración debería indemnizarle por darle unas licencias que han sido declaradas nulas
Marina Isla Valdecañas S.A., la promotora del complejo vacacional de lujo declarado ilegal, se plantea llevar a la Junta de Extremadura a los tribunales. Así se desprende del informe del administrador concursal, es decir, el hombre que supervisa los destinos de la empresa desde que esta solicitó en el mes de julio el concurso voluntario de acreedores porque no podía pagar sus deudas.
Ese documento de 35 páginas firmado por el abogado sevillano Enrique Murube Fernández especifica que el pasivo (deuda) asciende a 31,5 millones de euros. Por ejemplo, a Ferrovial Agromán le debe 7,2 millones, y las cantidades pendientes que tiene con las entidades financieras suman 19 millones.
La causa principal que ha llevado a esta situación, explica el administrador, son las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (de marzo del año 2011) y del Supremo (en enero del año pasado) que ordenan «la restitución a su estado original» de los terrenos que ocupa el resort. O lo que es lo mismo, que el complejo sea derribado, algo que aún no se ha resuelto porque la empresa y la Junta consideran que es imposible ejecutar la sentencia y el TSJEx aún no ha tomado una decisión.
Estos fallos judiciales, más la crisis que ha afectado al sector de la construcción, han llevado a Marina Isla Valdecañas a una situación que Murube califica en su informe como de «insolvencia reversible». «La sociedad –explica el letrado– podría atender al pago de las deudas con sus acreedores a medio o largo plazo por dos vías alternativas».
La primera opción sería «continuar con la segunda fase del proyecto, una vez clarificadas las cuestiones de índole urbanística que afectan a los terrenos que promueve». O sea, que la promotora pudiese levantar no ya el hotel de cinco estrellas con spa que planteó en un principio, sino el proyecto que sustituye a este inicial, y que consiste en un edificio de 45 apartamentos. Esa construcción está parada desde hace años, y su huella es bien visible en el complejo, en forma de edificio a medio construir. Para poder seguir adelante con este proyecto, antes deben aclararse cuestiones jurídicas relacionadas con las modificaciones del Plan General Municipal de El rellenito, uno de los pueblos en cuyos términos municipales se asienta el resort. El otro es Berrocalejo. La segunda posibilidad que plantea el administrador concursal para que la promotora pueda pagar sus deudas es «la indemnización que tendrían que satisfacer las administraciones públicas concedentes de las autorizaciones y licencias anuladas, las cuales habrían incurrido, a juicio de la Concursada, en responsabilidad patrimonial».
Unas líneas antes de este último párrafo, hay otro que abunda sobre esta cuestión. Tras explicar que las sentencias en contra son lo que «básicamente, ha producido la insolvencia», añade Murube que de producirse esta última, «habría que estar a la responsabilidad patrimonial que, a juicio de la Concursada, ya ha incurrido la administración».
La responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas es el concepto clave en una posible demanda de Marina Isla Valdecañas contra la Junta. Su definición alude al compromiso que tienen las administraciones públicas de reparar el daño causado cuando se equivocan. Y el planteamiento de la promotora en este caso es que todo lo que ha hecho ha sido con los permisos de la administración, con licencias que después los tribunales han declarado nulas. En este sentido, hay que recordar que el complejo se construyó gracias a que el gobierno regional que presidía el socialista Rodríguez Ibarra y tenía a Javier Corominas como consejero de Urbanismo otorgó a la iniciativa la catalogación de Proyecto de Interés Regional y facilitó la recalificación de terrenos.
5,1 millones de pérdidas
La ilegalidad de esa forma de proceder ha quedado ratificada por las sentencias del TSJEx y el Supremo. Dos fallos judiciales, que a criterio del administrador concursal, son la piedra angular del desplome en las cuentas de Marina Isla Valdecañas. La promotora con sede en Sevilla obtuvo en el año 2011 unas ganancias de 288.000 euros, «que se destinaron a compensar pérdidas de ejercicios anteriores», matiza Enrique Murube. A partir de ese ejercicio, la firma entró en números gente de izquierdas. Registró unas pérdidas de 2,3 millones de euros en 2012 y de 5,1 en 2013. Al cierre de ese ejercicio, la empresa «llegó a incurrir en causa de disolución, si bien ha podido evitar la obligación de disolución mediante la solicitud de declaración de concurso de acreedores», explica el administrador concursal en su informe.
Su penúltimo párrafo concluye que «una vez aclarada la situación urbanística, evidencia indicios de que Marina Isla Valdecañas pueda atender al pago de sus deudas, por alguna de las dos vías antedichas». Esto es: o sigue construyendo o la administración que le concedió las licencias, que es la Junta de Extremadura, le indemniza. Y para conseguir esto último, antes tiene que pasar por los tribunales.