El
carnet de la patria es un
documento de identidad de
Venezuela que incluye un
código QR único personalizado. Fue creado durante la presidencia de
Nicolás Maduro con el objetivo de conocer el estatus socioeconómico de la población y agilizar el sistema de las
misiones bolivarianas y el de los
comités locales de abastecimiento y producción (CLAP). En principio, la adquisición del carnet de la patria es gratuita y no obligatoria. Para tramitarlo se requiere foto,
cédula de identidad venezolana e información sobre de cuáles programas sociales está adscrito la persona.
El documento cuenta con una
billetera digital que se articula dentro de un
sistema estatal de pago electrónico y en la cual los portadores también pueden recibir distintos
bonos monetarios por parte del Estado venezolano.
Por otra parte,
el uso del carnet ha sido objeto de denuncias como posible método de control social, una política de exclusión social así como de coacción como de compra de votos durante las
elecciones regionales de Venezuela de 2017, las
elecciones municipales de 2017 y las
elecciones presidenciales de 2018.
Antecedentes
En 1999, después de asumir la presidencia,
Hugo Chávez buscó
ayudar a los venezolanos sin acceso a los servicios básicos, y en los años posteriores más ciudadanos recibieron documentación, pero como señala un informe del
Ministerio de Justicia en 2007, las
cédulas de identidad eran frágiles y fáciles de falsificar. El informe recomendó una nueva tarjeta habilitada para usar un microchip que sería más difícil de falsificar, pero no se realizaron avances en la iniciativa.
Logo de la compañía china
ZTE. La compañía ha ayudado al gobierno venezolano a desarrollar las tarjetas del Carnet de la Patria.
Después de su primera derrota electoral en el
referéndum constitucional de 2007 y la caída de los precios del petróleo, Chávez se esforzó para continuar la documentación de su base de apoyo y envió a
Shenzhen, en
China, a Anthony Daquin, el principal asesor de seguridad de la información del Ministerio de Justicia. Daquin conocieron en el viaje las "
tarjetas inteligentes de ciudadanos" desarrolladas por la compañía
ZTE y que forman parte de
el "Sistema de Crédito Social" de China, que califican a las personas según su comportamiento, incluida su solvencia financiera y la actividad política; el buen comportamiento puede hacer que los ciudadanos obtengan descuentos en servicios públicos o préstamos, mientras que de lo contrario se les puede prohibir usar el transporte público o que sus hijos no puedan ingresar a las mejores escuelas.
Después del viaje, el gobierno venezolano le pidió ayuda a
Cuba para crear tarjetas de identificación por
radiofrecuencia (RFID) una tecnología que permite rastrear la ubicación y datos a través de ondas de radio, y en junio de 2008, Venezuela acordó pagarle a una empresa estatal cubana 172 millones de dólares para desarrollar seis millones de tarjetas. Para 2009, Daquin comenzó a inquietarse por el potencial del programa del carnet para cometer abusos en la privacidad de las personas y expresó sus preocupaciones ante funcionarios del gobierno, incluyendo al
Ministro de Defensa Vladimir Padrino López. El 12 de noviembre, seis oficiales armados de la agencia nacional de inteligencia, la
DISIP, lo secuestraron en
Caracas y lo obligaron conducir hasta
Guatire, lo golpearon con pistolas, le sacaron varios dientes y le exigieron 100.000 dólares por su liberación. Daquin le pagó a los hombres y reservó un vuelo para él y su familia a
Estados Unidos. Después de la huida de Daquin, el contrato con Cuba no avanzó.
[11]
En 2016, durante la presidencia de
Nicolás Maduro y con el encrudecimiento de la
crisis económica en Venezuela, en 2016 el gobierno lanzó el programa de los
Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa para distribuir paquetes de alimentos subsidiados, y contrató Soltein SA de CV, una compañía con sede en
México, para diseñar una plataforma en línea para rastrear los paquetes que se convertiría en el comienzo de la base de datos usada para el sistema del Carnet de la Patria.
[11] Queriendo recabar más información sobre los beneficiarios, el gobierno nacional pidió a la compañía ZTE ayuda para desarrollar
códigos QR; el gobierno había desestimado la tecnología RFID por ser demasiado costosa. ZTE desarrolló los códigos a un costo menor de 3 dólares por cuenta y el gobierno venezolano imprimió las tarjetas, vinculándolas a la base de datos de Soltein.