Tribunales
Históricos fiscales progresistas como Zaragoza o Castresana se dan de baja de la UPF tras el polémico nombramiento de Delgado
Según informan fuentes fiscales a EL MUNDO, han cursado ya su baja de la asociación el fiscal Carlos Castresana (fiscal del caso Pinochet, optó a la misma plaza que Delgado), la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra; el fiscal jefe de Salamanca, Juan José Pereña, y la miembro de la Fiscalía Superior de Madrid Lorena Álvarez. A esta lista se sumará en las próximas horas el fiscal de Sala Javier Zaragoza, fiscal del procés y ex fiscal jefe de la Audiencia Nacional, quien ya ha adoptado la decisión de no continuar perteneciendo a este colectivo asociativo y, en consecuencia, presentará su baja hoy mismo, según explican fuentes fiscales a este periódico.
En la actualidad, se da la circunstancia de que la Unión Progresistas de Fiscales, tras los mandatos de Delgado y García Ortiz en la Fiscalía General del Estado, cuenta con la mayor cota de representación de su historia en la Junta de Fiscales de Sala, es decir, en el generalato del Ministerio Público, mientras cada vez mayor número de asociados se han ido dando de baja. En la actualidad, apenas son 250 sus asociados.
La falta de espíritu crítico de la UPF con las decisiones adoptadas por Delgado y García Ortiz como fiscales general es lo que ha llevado a un descenso continuo de sus miembros. Con anterioridad, hubo otros pesos pesados de la asociación, como el fiscal de Sala Pedro Crespo, la actual directora Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, Sofía Puente, o el fiscal de la Audiencia Nacional, Vicente González Mota, que también decidieron cursar su baja.
Sin embargo, para muchos miembros de la carrera fiscal la "gota que ha colmado el vaso" ha sido el nombramiento de Delgado como nueva fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos. Tal y como ha venido informando este periódico, las razones de estética y de fondo para considerar inadecuado el nombramiento de la ex ministra de Justicia ha puesto en pie de guerra a la Fiscalía. Muchos fiscales tachan insólito que se le haya otorgado la plaza a Dolores Delgado cuando concurre un "conflicto de intereses" manifiesto con su pareja, el ex juez Baltasar Garzón, dueño del bufete de abogados Ilocad, especializado en la materia que ella controlará.
Además, son múltiples las voces que consideran "intolerable" que el fiscal general haya promovido que "se pueda montar un chiringuito entre Lola y Baltasar" dentro de la Fiscalía y añaden que algo así, "esa patente de corso", no se le permitiría "a nadie más" dentro del Ministerio Fiscal. "No ha velado por la institución y ha incurrido en una ilegalidad manifiesta", agregan las fuentes consultadasal referirse a Álvaro García Ortiz.
El "enorme perjuicio" en la imagen de la institución derivado de la designación ayer de Delgado ha generado un profundo malestar en el seno de la carrera fiscal y cuenta ya con sus primeras consecuencias.
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Según informan fuentes fiscales a EL MUNDO, han cursado ya su baja de la asociación el fiscal Carlos Castresana (fiscal del caso Pinochet, optó a la misma plaza que Delgado), la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra; el fiscal jefe de Salamanca, Juan José Pereña, y la miembro de la Fiscalía Superior de Madrid Lorena Álvarez. A esta lista se sumará en las próximas horas el fiscal de Sala Javier Zaragoza, fiscal del procés y ex fiscal jefe de la Audiencia Nacional, quien ya ha adoptado la decisión de no continuar perteneciendo a este colectivo asociativo y, en consecuencia, presentará su baja hoy mismo, según explican fuentes fiscales a este periódico.
En la actualidad, se da la circunstancia de que la Unión Progresistas de Fiscales, tras los mandatos de Delgado y García Ortiz en la Fiscalía General del Estado, cuenta con la mayor cota de representación de su historia en la Junta de Fiscales de Sala, es decir, en el generalato del Ministerio Público, mientras cada vez mayor número de asociados se han ido dando de baja. En la actualidad, apenas son 250 sus asociados.
La falta de espíritu crítico de la UPF con las decisiones adoptadas por Delgado y García Ortiz como fiscales general es lo que ha llevado a un descenso continuo de sus miembros. Con anterioridad, hubo otros pesos pesados de la asociación, como el fiscal de Sala Pedro Crespo, la actual directora Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, Sofía Puente, o el fiscal de la Audiencia Nacional, Vicente González Mota, que también decidieron cursar su baja.
Sin embargo, para muchos miembros de la carrera fiscal la "gota que ha colmado el vaso" ha sido el nombramiento de Delgado como nueva fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos. Tal y como ha venido informando este periódico, las razones de estética y de fondo para considerar inadecuado el nombramiento de la ex ministra de Justicia ha puesto en pie de guerra a la Fiscalía. Muchos fiscales tachan insólito que se le haya otorgado la plaza a Dolores Delgado cuando concurre un "conflicto de intereses" manifiesto con su pareja, el ex juez Baltasar Garzón, dueño del bufete de abogados Ilocad, especializado en la materia que ella controlará.
Además, son múltiples las voces que consideran "intolerable" que el fiscal general haya promovido que "se pueda montar un chiringuito entre Lola y Baltasar" dentro de la Fiscalía y añaden que algo así, "esa patente de corso", no se le permitiría "a nadie más" dentro del Ministerio Fiscal. "No ha velado por la institución y ha incurrido en una ilegalidad manifiesta", agregan las fuentes consultadasal referirse a Álvaro García Ortiz.
El "enorme perjuicio" en la imagen de la institución derivado de la designación ayer de Delgado ha generado un profundo malestar en el seno de la carrera fiscal y cuenta ya con sus primeras consecuencias.
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