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Historia de un intento fallido de recalificar un cementerio
El Tribunal Supremo anula el convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Obispado para dotar de edificabilidad al camposanto
Alberto Ortín / MADRID (24-05-2007)
El Obispado de Salamanca se embarcó en el año 2000 en una extraña operación urbanística que ha puesto en tela de juicio la actuación de la Iglesia en la región. Hasta el punto que el Tribunal Supremo acaba de anular los convenios por los cuales el Ayuntamiento de la ciudad permitió al obispado transferir la edificabilidad de terrenos del cementerio. 'Se trata del pelotazo más rocambolesca de la historia del urbanismo español', comenta Manuel Serrano, abogado de Ecologistas en Acción, la organización que denunció el convenio.
La historia comienza en el año 2000 cuando el obispado solicita el reconocimiento de la edificabilidad de los terrenos no edificados del cementerio. O quizá sería más preciso decir que esta historia comienza en 1999 cuando la Junta de Castilla y León aprueba una modificación del plan general que permite hacer transferencias de edificabilidad no sólo de suelo residencial a residencial sino también de otras calificaciones. La fórmula de la transferencia se aprobó en los años ochenta y permite edificar en terrenos de uso residencial distintos a los que con anterioridad el propietario cede al Ayuntamiento y en la misma proporción.
Esa modificación del plan general es aprovechada en el año 2000 por el obispado de Salamanca que solicita transferir edificabilidad de terrenos del cementerio.
'El obispado decía que necesitaba hacer esa operación para construir un inmueble para sacerdotes retirados', dice Serrano, que calcula que la operación reportó a la diócesis de la ciudad 'unos 800 millones de pesetas; pero podrían haber sacado más dinero si hubieran sabido como hacerlo mejor', apunta. 'Cuando explicamos a un colaborador del obispo que por la operación podrían haberse llevado casi el doble, éste se echó las manos a la cabeza', añade.
En las últimas dos semanas, este diario ha tratado de obtener la versión sobre el caso por parte del Ayuntamiento de Salamanca y del obispado. Pero ninguno ha querido hacerlo; el Ayuntamiento ha argumentado que el proceso electoral en marcha no les permite atender este tema. Julián Lanzarote (Partido Popular) es el alcalde de Salamanca; desde el obispado se insiste en que el asunto es 'tan complejo que difícilmente puede explicarse en las páginas de un periódico'.
Sin embargo, el Tribunal Supremo ha sido claro, tal como lo fue en su día el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad de Castilla y León, que declaraba suspensa la ejecución del convenio ratificado entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Obispado para ampliar el uso del suelo del camposanto de la ciudad salmantina.
La superficie total del cementerio cuya edificabilidad el Ayuntamiento de Salamanca permitió transferir al obispado era de 22.930,8 metros cuadrados. La operación fue denunciada por Ecologistas en Acción.
En el año 2005 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León impugnó el acuerdo entre el Ayuntamiento y el obispado de Salamanca. Dicho tribunal estimó que debía declararse la nulidad de la modificación realizada sobre el plan general de urbanismo que permitía transferencias entre suelos de diferente calificación.
El mismo tribunal de justicia llegó a condenar al obispado de Salamanca 'a entregar al Ayuntamiento de la ciudad una parcela dotacional de 12.229,76 metros cuadrados sin ningún tipo de afección, carga o construcción funeraria'.
Ante la sentencia del tribunal castellano, la diócesis de Salamanca interpuso recurso de casación, al que el Tribunal Supremo ha respondido recientemente advirtiendo que no cabe dicho recurso, y lo hace en un tono imperativo. 'Como ha dicho constantemente esta sala dichas resoluciones no son susceptibles de recurso de casación', dice el Tribunal Supremo al respecto del recurso presentado por la diócesis. 'La reiteración de asuntos iguales hace innecesarias mayores consideraciones', añade en su escrito el Tribunal.
Sobre la titularidad de los terrenos
Manuel Serrano, el abogado de Ecologistas en Acción, advierte además que en la operación se pudo pasar por alto a los verdaderos titulares del terreno del cementerio cedido: 'Muchos de nosotros tenemos comprados a perpetuidad nichos en el cementerio y la titularidad de los terrenos cedidos es de los que hemos comprado ese derecho', mantiene.
Serrano recuerda que el técnico municipal que calculó los terrenos edificables del cementerio escribió: 'Es evidente que en ningún caso puede considerarse consumida edificabilidad por los enterramientos bajo rasante'. Vamos, que los metros cuadrados bajo tierra no computaban.
'Voy a denunciar al ayuntamiento'
'Soy el mayor constructor de Salamanca', asegura Antonio Ríos Prieto, presidente del grupo inmobiliario Ríos Prieto. El empresario adquirió en subasta un solar en el centro de Salamanca por 2,4 millones de euros para construir pisos. Pero la operación fue suspendida porque esos terrenos debían ser empleados para construir vivienda de protección oficial. Ríos Prieto denunció el procedimiento de subasta pero afirma que el alcalde le amenazó: 'O quitas el escrito y te olvidas de esto o te mando a los tribunales 15 años', asegura Ríos que le espetó el alcalde. 'Ahora voy a denunciar al Ayuntamiento', dice
