Pierdes el tiempo, de momento en las autonómicas ya habéis perdido.
Y en las municipales es de esperar que tambien perdáis y gane la coalición antitrifachito corrupto.
"Camps y dos exconsellers procesados por las obras del circuito de la F1 a tres semanas del 26-M
La titular del Juzgado de Instrucción 17 de València ha decidido dar por finalizada la investigación por el presunto cobro de mordidas en la construcción del circuito de Fórmula 1 y ha decidido procesar al expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, el exvicepresidente del Consell Vicente Rambla, el exconseller de Infraestructuras Mario Flores, el exsecretario autonómico Victoriano Sánchez Barcaiztegui, además de diversos técnicos de la Conselleria de Infraestructuras y empresarios. Entre estos últimos, se encuentra el representante de FCC Construcción S.A. José Mayor Oreja, hermano del exministro Jaime Mayor Oreja. En un auto demoledor, la juez detalla cómo los procesados orquestaron la campaña de publicidad más cara de la historia para ellos y su partido:
89 millones de euros de dinero público.
La magistrada acusa al expresidente de la Generalitat valenciana de excederse en las funciones y competencias que le correspondían “con la única intención de proyectar su imagen como máximo representante de la Comunitat Valenciana” y de arrogarse competencias no propias de su cargo con las que “ideó, planificó, impulsó y dirigió la construcción de un circuito urbano de Fórmula 1 en València con fondos públicos, urdiéndose un plan en el que implicó a funcionarios, autoridades y personal que prestaba servicio en el Ayuntamiento de València y la Conselleria de Infraestructruras”. Para ello la magistrada considera que “utilizó indebidamente fondos públicos para lo que alteró fechas y datos en documentos administrativos para favorecer a determinas empresas que resultaban beneficiadas de adjudicaciones públicas por donaciones y entregas de dinero no hechas de modo altruista, sino con carácter finalista, para obtener como contrapartida adjudicaciones irregulares”.
La finalidad perseguida por Camps, según el auto de la jueza, no era otra que “obtener rédito personal a través de su proyección pública y política, dada la proximidad de las elecciones autonómicas de mayo de 2007 y las generales de su partido, el PP, en el 2008”. La vinculación entre las elecciones y la operación para mejorar la imagen de los procesados se desprende del hecho de que el 1 de febrero de 2007 Camps anunció la posibilidad de construir el circuito tras los contactos con Bernie Ecclestone, “anunciando el coste cero de la afectación de la trama urbana y el coste neutro de la posible celebración de la competición, lo que finalmente ha resultado incierto, como se ha confirmado en el devenir de los acontecimientos”.
De hecho, el “coste cero” que Camps anunció que tendría para la ciudad de Valencia y la Comunitat Valenciana la construcción de un circuito urbano de Fórmula Uno se tradujo finalmente en un gasto total de 88,8 millones de euros públicos con cargo al erario público. “Lo cierto es que no hubo tal coste cero, sino merma para las arcas públicas con utilización indebida de fondos públicos y gastos innecesarios que favorecieron a las empresas a las que se les eligió al margen del procedimiento establecido de concurso público y a través de un organismo no competente, el Ente Gestor de Infraestructuras” (GTP), afirma la jueza.
El auto expone que, según el informe emitido por la Intervención de la Generalitat y según un escrito del Tribunal de Cuentas, fue el GTP -sin competencias de construcción de infraestructura urbana, ni de circuitos, recintos o instalaciones deportivas para acoger la F1- el que licitó, adjudicó y ejecutó todas las obras del circuito en 2007 y 2008. La jueza indica que eso fue posible gracias al decreto 3/2007 del president de la Generalitat, por el que Camps asignó a la Conselleria de Infraestructuras, a través del GTP, la realización de los equipamientos complementarios para un circuito urbano en la conexión de la avenida de Francia, prolongación del paseo de la Alameda y el puerto.
El auto concluye que, según la contabilidad financiera del ente gestor, el coste total de los distintos contratos imputados a la ejecución del circuito urbano ha ascendido a 88.829.624,91 euros entre los ejercicios 2007 y 2017, a cargo de los presupuestos de la Generalitat.
La investigación llevada a cabo conecta esta causa con la financiación ilegal del PP valenciano que denunció en su día, entre otros, su exsecretario general Ricardo costa. A Jaime Mayor Oreja se le atribuyen aportaciones económicas al partido a cambio de la adjudicación de contratos. FCC fue adjudicataria de obras de construcción del Valencia Street Circuit en UTE con Pavasal y Becsa. La jueza se refiere expresamente a dos pagos que Mayor realizó al PP por importe de 90.000 euros, uno, y de 165.000 euros, el segundo, y recuerda que están recogidos en los llamados ‘Papeles de Bárcenas’.
Por estos hechos, la magistrada de Instrucción 17 considera que Camps podría ser autor de los delitos de “prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias al haber impulsado y permitido la construcción de un cicruito de Fórmula 1 en València, al margen de las funciones propias de su competencia de presidente de la Generalitat”. En la causa también se ha decidido procesar a varios responsables de las consultoras Typsa y Ayesa, a quienes el Gestor de Transportes y Puertos (GTP) encargó el diseño y la dirección de obra del circuito.
En total, hay 16 procesados mientras que se archiva la investigación contra otras 17 personas. Entre los beneficiados por el sobreseimiento se encuentra el exsecretario general del PP, David Serra, o la asesora de Camps en la Fórmula 1, Belén Reyero, entre otros. La juez da traslado del auto al Ministerio Fiscal y a la Abogacía de la Generalitat para que en diez días formulen escrito de acusación
,pidan apertura de juicio oral, el archivo de la causa o soliciten la práctica de diligencias complementarias. La resolución no es firme por lo que cabe la interposición de recurso.
Mientras se sustancian todos estos trámites, Camps disfruta de los privilegios de su condición de ‘Molt Honorable’ como expresidente autonómico, entre ellos un salario público de 53.000 euros (78.000 brutos) como miembro del Consell Jurídic Consultiu, el órgano consultivo del Consell en materia legislativa, equivalente al Consejo de Estado. Además, tiene a su disposición una secretaria y un chófer, con cargo a la Consejería de Presidencia. Camps está siendo investigado también por las supuestas irregularidades en la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006 y por la concesión de contratos menores de Fitur a la trama Gürtel desde la Administración autonómica, una causa esta última que instruye la Audiencia Nacional.
"