Erio-Eleuterio
De cañas con Pazuzu
Sanchez dijo que controla la fiscalía. No creo que pase nada.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
¿ha salido algún premio?
Nos falta conocer la estadística de los telediarios que se abrieron para informanos de la trama Gurtel. A ver ahora cuantos medios y durante cuantos telediarios nos informan de la trama corrupta de los ERE.
El Partido Popular de Andalucía, que ejerce la acusación popular, interesó asimismo el pronunciamiento condenatorio correspondiente por responsabilidad civil, de modo que los autores del delito respondieran solidariamente de la devolución a la Hacienda Pública andaluza del total de los créditos destinados a la concesión de las ayudas sociolaborales por parte de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo en el periodo 2000 a 2011 del programa 31L y 22E.Créese pieza separada de responsabilidad civil respecto de José Antonio Griñán Martínez, José Antonio Viera Chacón, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo Serrano, y requiriérase a los acusados para que, en el plazo de treinta días, presten fianza en cuantía suficiente para responder de las siguientes sumas: de 6.229 .108 euros José Antonio Viera Chacón; de 3.763.332 euros Francisco Vallejo Serrano; de 4.214.702 euros José Antonio Griñán Martínez; y de 4.214.702 euros Carmen Martínez Aguayo, apercibiéndole que caso de no hacerlo se procederá a decretar el embargo de bienes en cuantía suficiente para cubrir dicha fianza.
Y para el año 2010, expresaba lo que sigue:Los encausados José Antonio Viera Chacón, Antonio Fernández García, Francisco Javier Guerrero Benítez y Juan Francisco Sánchez García deberán restituir a la Hacienda andaluza un total de 86.022.863 euros.
Esta era la situación en 2016, una vez emitido el auto de apertura del juicio oral. Pero, como hemos adelantado, en 2017, la juez Núñez Bolaños, teniendo conocimiento de que la Junta de Andalucía, en decisión insólita por ser la perjudicada por los hechos denunciados y la instrucción seguida, renunció a la acusación particular y defendió la absolución de los encausados, decidió archivar las piezas de responsabilidad civil donde se habían impuesto las fianzas a todos los ex altos cargos de la Junta procesados.Año 2010, los encausados Antonio Fernández García , Agustín Barberá Salvador , Justo Mañas Alcón, Juan Márquez Contreras, Daniel Alberto Rivera Gómez ,Lourdes Medina Varo, Manuel Gómez Martínez, Jesús Mª Rodríguez Román, Juan Francisco Sánchez García , Antonio Valverde Ramos, José Antonio Griñán Martínez y Carmen Martínez Aguayo deberán restituir a la Hacienda andaluza un total de 54.164.366 euros.
Por ello, el juez dice que hasta ese momento podría haberse dudado de la existencia del delito de malversación y alegarse ignorancia de las nefastas consecuencias del "procedimiento específico" puesto en marcha. Pero desde 2005, los acusados tenían que saber lo que estaba pasando:Ese delito continuado de prevaricación se imputa a todos los investigados que se han relacionado anteriormente, a diferencia del delito de malversación al que nos referiremos a continuación, respecto al cual es preciso marcar un hito cronológico en el año 2005, del que va a derivar una distinta responsabilidad para cada uno de ellos.
En efecto, con fecha 25 de julio de 2005 se emitió por la Intervención General de la Junta de Andalucía un "Informe adicional al informe definitivo de auditoría de cumplimiento del ejercicio 2003" en el que se concluía, entre otras cosas, que se estaba prescindiendo de manera total y absoluta del procedimiento establecido en el Art. 107 de la Ley 5/83 General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la concesión de subvenciones.
Además, este informe de 2005 venía precedido de un examen, por el Servicio de Fiscalización de la Intervención, de una pequeña muestra de los "expedientes" que soportaban la concesión de las ayudas o subvenciones, con el resultado de entender que no se cumplían los presupuestos para la concesión de éstas, hecho que se ponía de manifiesto en ese informe adicional.
Y añade:Sin embargo, a partir de ese informe esa posibilidad (la ignorancia o desconocimiento) queda descartada de modo absoluto. No era posible desconocer los graves hechos que ponía de relieve el informe ni su conexión con el sistema de reparto de ayudas y subvenciones instaurado en 2000, de modo que quien decidió proseguir con la praxis instaurada lo hizo asumiendo todas sus consecuencias, es decir, asumiendo que fondos públicos eran puestos en manos de persona no autorizada para disponer de ellos, que esta persona los repartía con total discrecionalidad o arbitrariedad, sin justificar los motivos de la concesión, sin controlar el destino de los fondos concedidos, asumiendo obligaciones de manera arbitraria y comprometiendo con ello el erario de la Junta de Andalucía.
Aunque el PSOE y los procesados no han dejado de airear que no se han enriquecido con el procedimiento, el delito de malversación no exige ánimo de lucro personal sino que es suficiente queAnte tales evidencias, como ya se ha dicho, no cabe asumir ni el desconocimiento de la perversión del "procedimiento específico", ni su alcance malversador.
Por ejemplo, un beneficio político.el autor haya querido tener los objetos ajenos bajo su personal dominio (sentencia del Tribunal Supremo1514/03), bien entendido que el tipo no exige como elemento del mismo el lucro personal del sustractor, sino su actuación con ánimo de cualquier beneficio, incluso no patrimonial, que existe aunque la intención de lucrar se refiera al beneficio de un tercero.
En lo del PSOE dice ERES 2.400 mill. y Formación 2.000 mill. y la suma son 3.200 mill. ¿que se solapan los casos o es una errata?
Deben de creer y, en eso llevan razón, que la gente es sencilla. Porque llevo escuchado a más de un tertuliano argumentar como motivo menos grave que el dinero de Gurtel se llevaba a Suiza, mientras que el de los Eres no, punto a favor de los eres. Como si las mordidas que se llevaron en el caso de corrupción socialista fuesen todas acompañadas de su correspondiente factura.