«Siempre que un inmigrante refiera ser un menor, se le trata como a un menor, aunque tenga canas y todas las muelas del juicio». La frase, claramente una hipérbole, la pronuncia una fuente autorizada, una persona que a diario tiene que gestionar llegadas de personas pagapensiones ilegales. De las aproximadamente 3.000 personas menores de edad tuteladas en Canarias, los ‘menas’, sólo un tercio aproximadamente se han sometido a las pruebas forenses para comprobar la edad biológica. Ahora mismo hay más de 2.000 comprobaciones forenses pendiente de ejecutarse en unos juzgados que hace tiempo se han visto sobrepasados por la ola de inmi gración ilegal.
Si para colmo la prueba en cuestión dice que la persona estudiada tiene un desarrollo que puede encuadrarse entre los 17 y los 20 años, siempre será considerado menor si el resultado entra en ese rango. Por eso, las mafias quieren que los pagapensiones ilegales con apariencia física compatible con la de los menas repitan como un mantra, al llegar a las islas, que tienen 17 años. Tirando de estadística la mitad de los que se someten a esta prueba suelen ser descartados como menores, por lo que entre los 2.000 ‘menas’ de Canarias sin comprobación científica podría haber fácilmente 1.000 adultos encubiertos o más.
Cuando una embarcación ilegal llega a destino, las autoridades deben realizar un exhaustivo triaje sobre el origen y recabar datos personales de identificación. Uno especialmente crucial: la edad. ¿Qué implica para un ilegal presentarse como menor de edad, aunque no lo sea? Que su palabra será respetada hasta las últimas consecuencias y esa persona será tratada, protegida y amparada como menor de edad hasta que una prueba científica demuestre lo contrario. En estos momentos, Canarias ampara, aloja y sustenta a casi 3.000 ‘menas’ en sus islas. Más de un tercio están en el sur de Gran Canaria. Esto supone un grave problema de seguridad porque se están acumulando presuntos menores de edad con clara apariencia adulta que apenas tienen vigilancia en los hoteles y campamentos en los que están alojados.
Hace unas semanas, se registró una grave pelea en uno de los complejos hoteleros donde se ha decidido alojar a los pagapensiones ilegales que están llegando a Canarias. Cuando cayó la noche, varios de los pagapensiones comenzaron una pelea con las personas que los atienden, llegando a agredir a uno de los educadores. La situación se complicó tanto que, tras la llegada de una patrulla de Policía local, tuvo que presentarse en el complejo la Guardia Civil. Daba igual el uniforme. Todos los agentes fueron agredidos. Al encontrarse el hotel en un alto sobre la carretera de sentido único que le da acceso, los pagapensiones ilegales alojados en sus habitaciones se dedicaron a arrojar a los coches de los agentes y a los propios policías mobiliario del hotel, sombrillas, piedras y adoquines que arrancaron de la propia edificación hotelera. El aviso lo resume bien: aconsejaron a los agentes acudir con chalecos y escudos.
«I’m 17»
La mayoría de los que agredían a los agentes desde el hotel llegaron a la isla diciendo que eran menores de edad no acompañados. Menas.
En algunos casos eso sucedió en noviembre y, a día de hoy, no se ha podido demostrar la edad biológica de forma científica por la saturación de los recursos de la isla.
Por ello, seguirán siendo menores y tratados como menores hasta que una radiografía y unas unidades métricas digan lo contrario. Y ojo, que hay margen de error. No existe medio científico que desvele la edad de nadie con precisión absoluta, pero el rango de la prueba es de 17 a 20 años. Por eso, la cifra que más se escucha de aquellos cuyo aspecto puede ser confuso es «I’m 17», «tengo 17».
A quien le parezca que lo anterior es un hecho exagerado, habrá que remitirle al auto judicial firmado recientemente por un juzgado de guardia de Las Palmas de Gran Canaria. Hasta ese juzgado llegó uno de los detenidos por el altercado a pedradas del hotel. Los delitos, gravísimos: atentado y daños. El juzgado ordenó que se le practicara una prueba ósea para determinar la edad del sujeto en cuestión. En el auto, el juzgado deja patente que su aspecto «es sobradamente superior al de una persona de 18 años».
Parece adulto, actúa como un adulto, pero él dice que es menor… Consecuencia: los jueces tienen las manos atadas para retener a un detenido en una agresión en la que llegaron a detectarse armas blancas de grandes dimensiones entre los arrestados.
¿Cuál ha sido la medida judicial? En cualquier otro caso sería, seguro, de prisión provisional. Pero al estar ante un ‘menor’, la orden ha sido internarlo en un centro de menores en régimen semiabierto. Según fuentes jurídicas, esta decisión se mantendrá hasta obtener los datos de la prueba ósea en la mano y la dentadura del detenido.
Ahora a las autoridades les han entrado las prisas. Hoy mismo se ha anunciado un plan para gestionar y agilizar las pruebas de edad pendientes. Estamos hablando de sacar adelante seis veces el volumen de trabajo forense correspondiente a un año. Las prisas vienen porque no todos los casos pueden ser iguales y fuentes oficiales insisten en que lo prioritario es hacer las comprobaciones científicas correspondientes a 300 casos en los que sobre los pagapensiones ilegales se tiene la sospecha de que tienen más de 25 años. Es lo que tiene llegar a destino diciendo «I´m 17», que da igual que tu apariencia acompañe, esa persona será oficialmente un ‘mena’ aunque parezca tener la edad de alguno de los policías y guardias civiles que lo custodian.
Canarias: Hay 2.000 'menas' bajo sospecha de ser mayores de edad
