Pisito con posibilidades
Madmaxista
La Junta de Andalucía ha destituido a su director general de Formación Profesional para el Empleo, Carlos Cañavate, un testigo clave que reveló ante la Guardia Civil el presunto fraude masivo con fondos de la Unión Europea. El Consejo de Gobierno ha nombrado este martes a Manuel Jesús García Martín como sustituto para el alto cargo, que ha estado colaborando activamente con la Unidad Central Operativa (UCO) en el caso. Fuentes del Gobierno andaluz enmarcaban ayer este cese en que el propio Cañavate lo había solicitado por «motivos personales», aunque otras fuentes niegan que ése sea el motivo de su destitución.
Cañavate destapó ante la UCO el uso fraudulento que la Junta de Andalucía hizo durante años de las exoneraciones masivas y opacas, en virtud de las cuales eximió de justificar ayudas millonarias a miles de entidades como requisito previo para seguir adjudicándole más.
Según el portavoz del Gobierno de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, "los motivos de la renuncia del director general son cuestiones familiares. El señor Cañavate seguirá colaborando con la Consejería de Educación en Málaga. Ha estado en un año complicado, pero la gestión que ha hecho ha sido importante para dar luz a la nueva Formación Profesional, por lo que se le felicita por los servicios prestados y por estar a la altura de las circunstancias".
"Desconozco la declaración del señor Cañavate ante la UCO, pero no comentamos las valoraciones en sede judicial", ha añadido Vázquez.. "Serán sus apreciaciones y la Junta seguirá trabajando con la Justicia con la colaboración conocida por todos los andaluces".
Cañavate desveló que, al llegar al cargo en octubre de 2013, se encontró que había 950 millones de euros de ayudas de formación sin justificar porque la Junta venía exonerando a los beneficiarios de la obligación de justificarlas desde el año 2007, una práctica con la que él decidió acabar.
La juez Alaya utilizó lo declarado sobre las exoneraciones facilitada por este alto cargo en el auto en el que imputa por malversación y prevaricación al ex consejero de Empleo Antonio Fernández en el caso del fraude de la formación.
Pero no sólo contó detalles sobre las exoneraciones. Cañavate admitió ante la UCO que sólo en su departamento había, por un lado, 270 millones mal tramitados y, por otro, cuatro convocatorias de ayudas -de 2007 a 2010- para desempleados «que no están bien hechas».
El director general de Formación Profesional para el Empleo declaró el 4 de julio ante la Guardia Civil que la Junta tiene «un problema importante a nivel de toda la Administración», porque «se está resolviendo que muchas de las acciones subvencionadas no pueden ser subvencionables por considerar que no cumplen con los requisitos del Fondo Social Europeo».
Las cantidades son multimillonarias, pues sólo en la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo se han debido «descatalogar» del presupuesto 270 millones de euros para cubrir el agujero creado por esa gestión irregular.
Y eso no es lo peor. Cañavate advirtió ante la UCO de que eso es solamente una parte del problema que se ha encontrado en su departamento. Existe un «segundo problema» cuya solución se antoja igualmente difícil: las convocatorias de ayudas para desempleados de 2007, 2008, 2009 y 2010 «no están bien hechas», por lo que el resultado final podría ser la devolución de los fondos.
Carlos Cañavate sustituyó en su puesto a Teresa Florido, una dirigente socialista de Sevilla cercana a Susana Díaz que fue nombrada en junio de 2012 para que la entonces secretaria de Organización del PSOE andaluz controlara de cerca la gestión de los cursos de formación, antes de que el fraude fuera público. Florido, cuñada del ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda Avilés, imputado por un presunto fraude de unos 50 millones de euros con subvenciones para formación, adjudicó 5,3 millones en subvenciones en vísperas electorales a siete entidades controladas por Ojeda.
Florido fue destituida por Luciano Alonso a su llegada a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes cuando descubrió la firma de exoneraciones masivas de la obligación de justificar las subvenciones.
La destitución de Cañavate se une a las presiones soportadas por el testigo clave del fraude de la formación, el funcionario Teodoro Montes, que fue víctima de acoso laboral en la Administración andaluza tras denunciar numerosas irregularidades.
Además, el cese contrasta con la permanencia en la Junta de otros cargos imputados por casos de corrupción, cuya salida se consideraba posible tras el anuncio de la presidenta, Susana Díaz, de pedir el escaño a los aforados que resulten imputados por el caso de los ERE como los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
En contra de esta doctrina, la Junta mantiene en sus puestos a Francisco Triguero, secretario general de Universidades, Investigación y Tecnología, imputado por presunto fraude bajo la acusación de haber firmado una ayuda de 15,5 millones de euros destinados a un edificio para albergar el Instituto de Innovación del Bienestar Ciudadano que ya no existía.
También sigue en su puesto en la empresa Verificaciones Industriales de Andalucía SA (Veiasa) Jesús María Rodríguez Román, uno de los ex viceconsejeros de Innovación de la Junta que han resultado imputados por la juez Alaya en el caso ERE. Fuentes delGobierno andaluz descartaron ayer sus destituciones.
Sin estar imputado, Carlos Cañavate sí será cesado. De hecho, lleva más de una semana sin pisar su despacho mientras se preparaba su destitución.
La Junta destituye al alto cargo que desvel el fraude de la formacin | Andaluca | EL MUNDO
Cañavate destapó ante la UCO el uso fraudulento que la Junta de Andalucía hizo durante años de las exoneraciones masivas y opacas, en virtud de las cuales eximió de justificar ayudas millonarias a miles de entidades como requisito previo para seguir adjudicándole más.
Según el portavoz del Gobierno de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, "los motivos de la renuncia del director general son cuestiones familiares. El señor Cañavate seguirá colaborando con la Consejería de Educación en Málaga. Ha estado en un año complicado, pero la gestión que ha hecho ha sido importante para dar luz a la nueva Formación Profesional, por lo que se le felicita por los servicios prestados y por estar a la altura de las circunstancias".
"Desconozco la declaración del señor Cañavate ante la UCO, pero no comentamos las valoraciones en sede judicial", ha añadido Vázquez.. "Serán sus apreciaciones y la Junta seguirá trabajando con la Justicia con la colaboración conocida por todos los andaluces".
Cañavate desveló que, al llegar al cargo en octubre de 2013, se encontró que había 950 millones de euros de ayudas de formación sin justificar porque la Junta venía exonerando a los beneficiarios de la obligación de justificarlas desde el año 2007, una práctica con la que él decidió acabar.
La juez Alaya utilizó lo declarado sobre las exoneraciones facilitada por este alto cargo en el auto en el que imputa por malversación y prevaricación al ex consejero de Empleo Antonio Fernández en el caso del fraude de la formación.
Pero no sólo contó detalles sobre las exoneraciones. Cañavate admitió ante la UCO que sólo en su departamento había, por un lado, 270 millones mal tramitados y, por otro, cuatro convocatorias de ayudas -de 2007 a 2010- para desempleados «que no están bien hechas».
El director general de Formación Profesional para el Empleo declaró el 4 de julio ante la Guardia Civil que la Junta tiene «un problema importante a nivel de toda la Administración», porque «se está resolviendo que muchas de las acciones subvencionadas no pueden ser subvencionables por considerar que no cumplen con los requisitos del Fondo Social Europeo».
Las cantidades son multimillonarias, pues sólo en la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo se han debido «descatalogar» del presupuesto 270 millones de euros para cubrir el agujero creado por esa gestión irregular.
Y eso no es lo peor. Cañavate advirtió ante la UCO de que eso es solamente una parte del problema que se ha encontrado en su departamento. Existe un «segundo problema» cuya solución se antoja igualmente difícil: las convocatorias de ayudas para desempleados de 2007, 2008, 2009 y 2010 «no están bien hechas», por lo que el resultado final podría ser la devolución de los fondos.
Carlos Cañavate sustituyó en su puesto a Teresa Florido, una dirigente socialista de Sevilla cercana a Susana Díaz que fue nombrada en junio de 2012 para que la entonces secretaria de Organización del PSOE andaluz controlara de cerca la gestión de los cursos de formación, antes de que el fraude fuera público. Florido, cuñada del ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda Avilés, imputado por un presunto fraude de unos 50 millones de euros con subvenciones para formación, adjudicó 5,3 millones en subvenciones en vísperas electorales a siete entidades controladas por Ojeda.
Florido fue destituida por Luciano Alonso a su llegada a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes cuando descubrió la firma de exoneraciones masivas de la obligación de justificar las subvenciones.
La destitución de Cañavate se une a las presiones soportadas por el testigo clave del fraude de la formación, el funcionario Teodoro Montes, que fue víctima de acoso laboral en la Administración andaluza tras denunciar numerosas irregularidades.
Además, el cese contrasta con la permanencia en la Junta de otros cargos imputados por casos de corrupción, cuya salida se consideraba posible tras el anuncio de la presidenta, Susana Díaz, de pedir el escaño a los aforados que resulten imputados por el caso de los ERE como los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
En contra de esta doctrina, la Junta mantiene en sus puestos a Francisco Triguero, secretario general de Universidades, Investigación y Tecnología, imputado por presunto fraude bajo la acusación de haber firmado una ayuda de 15,5 millones de euros destinados a un edificio para albergar el Instituto de Innovación del Bienestar Ciudadano que ya no existía.
También sigue en su puesto en la empresa Verificaciones Industriales de Andalucía SA (Veiasa) Jesús María Rodríguez Román, uno de los ex viceconsejeros de Innovación de la Junta que han resultado imputados por la juez Alaya en el caso ERE. Fuentes delGobierno andaluz descartaron ayer sus destituciones.
Sin estar imputado, Carlos Cañavate sí será cesado. De hecho, lleva más de una semana sin pisar su despacho mientras se preparaba su destitución.
La Junta destituye al alto cargo que desvel el fraude de la formacin | Andaluca | EL MUNDO
:
