Paso de leerme todo el hilo... así que os pongo esto de la Catedratica Teresa Freixas a raiz de la colaboración de los Mossos con los grupos secesionistas que en una manifestación no autorizada han impedido el paso de la manifestación previamente autorizada.
LA INHIBICIÓN DE LA AUTORIDAD PÚBLICA, SIN GARANTIZAR EL EJERCICIO DEL DERECHO A MANIFESTARSE, ES CONTRARIA A LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS
La Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al Caso Platform Ärze für das Leven contra Austria, se dictó, en 1982 en una situación similar. Unos manifestantes fueron increpados por contramanifestantes, que reventaron la manifestación primigenia ante la pasividad de las fuerzas de orden público. El TEDH consideró que la administración pública no podía ser pasiva sino que tenía que garantizar que los manifestantes pudieran ejercer su derecho en libertad. Austria fue condenada y se sentó una jurisprudencia consistente en que los derechos de libertad (como la libertad de expresión, la libertad de manifestación, etc.) no comportaban únicamente la inacción de los poderes públicos, antes bien, al contrario, el poder público debe garantizar el ejercicio de esos derechos.
En esta sentencia, el TEDH consideró que una manifestación, al igual que la libertad de expresión, puede expresar posiciones que no sean compartidas por otras personas. Pero los manifestantes han de poder ejercer su derecho sin temor a ser agredidos por quienes discrepan de sus posiciones. Si ello no se garantizara, desaparecería la libertad de expresión de las asociaciones o personas que afirmen una determinada posición, ya que el temor a las agresiones podría conducir a que el debate social desapareciera. Por ello, en una democracia, el derecho a oponerse a lo que se exprese en una manifestación no puede validar que se impida el derecho a manifestarse. La libertad, en democracia, no puede reducirse a una mera posición de no intervención de los poderes públicos. Esta concepción, puramente negativa, no sería compatible con los fines del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por lo tanto, existe una obligación del poder público para garantizar que libertad de manifestación frente a quienes sean contrarios a lo que expresan quienes se manifiestan.
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