España, único país europeo en el que se prohíben los vehículos de combustión
El Gobierno quiere prohibir la circulación de vehículos de combustión interna y es el único país de Europa en el que ya se está tramitando una Ley que así lo establece, en las Islas Baleares. En el resto del continente, otros estados han anunciado medidas similares, pero no se están convirtiendo en legislación vinculante, al incluirse en planes o estrategias que señalan objetivos; únicamente se está limitando el acceso a los automóviles a zonas "de bajas emisiones" por su potencial contaminador, que depende de su antigüedad.
La Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) está en pie de guerra contra la intención del Gobierno de prohibir la matriculación y circulación de vehículos que emitan CO2 en 2040 y 2050, respectivamente, y de eliminar cualquier incentivo para el consumo de combustibles fósiles -impedirá nuevos planes renove-, incluidas en el borrador de trabajo de la futura Ley de cambio climático y transición energética.
El Ministerio para la Transición Ecológica ha declarado que estas medidas son similares, e incluso prudentes, en relación a las anunciadas por países de nuestro entorno, como Reino Unido, Francia o Alemania, y a las defendidas por la Comisión Europea. Sin embargo, Anfac ha elaborado un informe, al que ha tenido acceso elEconomista, que diferencia entre las declaraciones políticas y los hechos:
Declaraciones y hechos
"Pocos países han tomado verdaderas medidas legislativas con respecto a los programas de incentivos o la finalización de las ventas de vehículos de combustión interna", reza el documento, antes de añadir que "en todos los casos, la acción legislativa aprobada no es vinculante, como lo sería la futura Ley, sino que se articulan a través de documentos estratégicos que señalan objetivos".
La ministra del ramo energético, Teresa Ribera, defiende su planteamiento, pero aclara que no está reflejada en una propuesta legal como tal, sino en un documento de trabajo previo a la propuesta propiamente dicha, precisamente para alcanzar el máximo consenso antes de proponerla formalmente y empezar a tramitarla.
La ministra de Industria, Reyes Maroto, va más allá, y marca distancias con el planteamiento de Ribera: siempre que menciona la futura Ley quita todo el hierro que puede; incluso ha llegado a recomendar "analizar y equilibrar" su impacto en la economía en la Agenda sectorial de la industria química y del refino en España.
Normativa en Baleares
Ahora bien, aunque las intenciones del Ejecutivo central aún no se hayan plasmado en una legislación vinculante, ni en una propuesta, el Gobierno balear sí tiene una Ley de cambio climático y transición energética en avanzado estado de tramitación -se esperaba aprobar en febrero- que incluye la prohibición de circular por las islas a los vehículos diésel a partir de 2025 y a todos los que consuman combustibles fósiles a partir de 2035; sólo podrán hacerlo los ya radicados en la región, con independencia de su antigüedad.
A juicio de Anfac, la futura normativa balear incumple la libertad de circulación de mercancías y personas, la libre prestación de servicios, el marco europeo de homologación de vehículos de motor, los procedimientos en materia de reglamentaciones técnicas e, incluso, subsidiariamente, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea al "afectar gravemente al normal funcionamiento del mercado e incidir de manera gravosa y perjudicial a la libertad de circulación de mercancías". Además es un "grave obstáculo" para la unidad de mercado español.
Anfac ha denunciado la normativa balear a la Comisión Europea y al Consejo para la Unidad de Mercado (Ministerio de Economía), y fuentes de la Asociación indican que no hay ninguna norma similar en preparación en Europa. Si hay, reconocen, limitaciones a la circulación de vehículos diésel o gasolina en zonas denominadas de bajas emisiones, pero en función de su etiquetado ambiental, que depende de la antigüedad.
En Europa, especifica la Asociación, los planes para potenciar los vehículos sin emisiones están asociados a incentivos económicos, y recuerda que en España aún no se conocen medidas similares para los próximos años y que entre 2009 y 2017 se han limitado a 74 millones de euros.
"A día de hoy -añaden desde Anfac- España es el único país que está a punto de aprobar una legislación prohibitiva", en alusión a la normativa balear. Según su referido informe, la situación en los países de nuestro entorno es la siguiente:
Reino Unido: 3.060 millones
Reino Unido anunció en 2018 un plan para prohibir la venta de vehículos diésel y gasolina en 2040, pero no ha desarrollado ninguna Ley y su estrategia, Road to zero, es tecnológicamente neutra y contempla un plan de ayuda de 3.060 millones de euros para la descarbonización del transporte, con incentivos a la compra y el despliegue de infraestructuras y ayudas específicas para la industria.
Francia: 20.700 millones
El país vecino anunció en julio de 2017 su intención de prohibir la venta de vehículos diésel y gasolina en 2040, pero no ha desarrollado ninguna Ley al respecto. Trabaja en una propuesta de Ley de ordenación de la movilidad que contempla incentivos para la renovación del parque actual que no excluye los tradicionales de combustión interna, incentivos para la compra de turismos y vehículos comerciales ligeros, así como otras medidas adicionales, para potenciar el uso compartido de los automóviles.
En mayo, además, ratificó un acuerdo con la industria del motor para fomentar la I+D, desarrollar baterías, hidrógeno, impulsar las pymes y otras medidas. En total, Francia ha comprometido 20.700 millones para descarbonizar el transporte.
Alemania: 3.200 millones para vehículo eléctrico
El Gobierno de Ángela Mérkel va más demorado en sus planes y no dispone ni de una Ley ni de objetivos estratégicos a largo plazo, aunque ya ha comprometido 3.200 millones para los vehículos eléctricos, repartidos en subvenciones para adquisición de automóviles, el despliegue de infraestructura de recarga y el fomento de la I+D, que recibirá la parte del león, 2.200 millones.
Holanda y Dinamarca
El Parlamento de Holanda así mismo ha anunciado su intención de que los vehículos nuevos sean de cero emisiones en 2035, pero tampoco ha desarrollado ninguna Ley que establezca la prohibición de vender vehículos de combustión interna y prevé ayudas fiscales para conseguirlo.
Dinamarca, finalmente, ha declarado su intención de prohibir los vehículos de combustión interna a partir de 2030 y los híbridos a partir de 2035, pero tampoco ha desarrollado una Ley. Actualmente su parlamento está discutiendo varias medidas, aunque excluyendo la anunciada prohibición de la venta por contravenir las reglas del mercado interno. Tiene comprometidos 12,5 millones para la descarbonización del transporte.
- La Ley balear restringirá los diésel a partir de 2025 y los gasolina en 2035.
- En Europa los anuncios políticos no se han traducido en legislación vinculante
- Francia ha comprometido 20.700 millones para descarbonizar el transporte
El Gobierno quiere prohibir la circulación de vehículos de combustión interna y es el único país de Europa en el que ya se está tramitando una Ley que así lo establece, en las Islas Baleares. En el resto del continente, otros estados han anunciado medidas similares, pero no se están convirtiendo en legislación vinculante, al incluirse en planes o estrategias que señalan objetivos; únicamente se está limitando el acceso a los automóviles a zonas "de bajas emisiones" por su potencial contaminador, que depende de su antigüedad.
La Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) está en pie de guerra contra la intención del Gobierno de prohibir la matriculación y circulación de vehículos que emitan CO2 en 2040 y 2050, respectivamente, y de eliminar cualquier incentivo para el consumo de combustibles fósiles -impedirá nuevos planes renove-, incluidas en el borrador de trabajo de la futura Ley de cambio climático y transición energética.
El Ministerio para la Transición Ecológica ha declarado que estas medidas son similares, e incluso prudentes, en relación a las anunciadas por países de nuestro entorno, como Reino Unido, Francia o Alemania, y a las defendidas por la Comisión Europea. Sin embargo, Anfac ha elaborado un informe, al que ha tenido acceso elEconomista, que diferencia entre las declaraciones políticas y los hechos:
Declaraciones y hechos
"Pocos países han tomado verdaderas medidas legislativas con respecto a los programas de incentivos o la finalización de las ventas de vehículos de combustión interna", reza el documento, antes de añadir que "en todos los casos, la acción legislativa aprobada no es vinculante, como lo sería la futura Ley, sino que se articulan a través de documentos estratégicos que señalan objetivos".
La ministra del ramo energético, Teresa Ribera, defiende su planteamiento, pero aclara que no está reflejada en una propuesta legal como tal, sino en un documento de trabajo previo a la propuesta propiamente dicha, precisamente para alcanzar el máximo consenso antes de proponerla formalmente y empezar a tramitarla.
La ministra de Industria, Reyes Maroto, va más allá, y marca distancias con el planteamiento de Ribera: siempre que menciona la futura Ley quita todo el hierro que puede; incluso ha llegado a recomendar "analizar y equilibrar" su impacto en la economía en la Agenda sectorial de la industria química y del refino en España.
Normativa en Baleares
Ahora bien, aunque las intenciones del Ejecutivo central aún no se hayan plasmado en una legislación vinculante, ni en una propuesta, el Gobierno balear sí tiene una Ley de cambio climático y transición energética en avanzado estado de tramitación -se esperaba aprobar en febrero- que incluye la prohibición de circular por las islas a los vehículos diésel a partir de 2025 y a todos los que consuman combustibles fósiles a partir de 2035; sólo podrán hacerlo los ya radicados en la región, con independencia de su antigüedad.
A juicio de Anfac, la futura normativa balear incumple la libertad de circulación de mercancías y personas, la libre prestación de servicios, el marco europeo de homologación de vehículos de motor, los procedimientos en materia de reglamentaciones técnicas e, incluso, subsidiariamente, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea al "afectar gravemente al normal funcionamiento del mercado e incidir de manera gravosa y perjudicial a la libertad de circulación de mercancías". Además es un "grave obstáculo" para la unidad de mercado español.
Anfac ha denunciado la normativa balear a la Comisión Europea y al Consejo para la Unidad de Mercado (Ministerio de Economía), y fuentes de la Asociación indican que no hay ninguna norma similar en preparación en Europa. Si hay, reconocen, limitaciones a la circulación de vehículos diésel o gasolina en zonas denominadas de bajas emisiones, pero en función de su etiquetado ambiental, que depende de la antigüedad.
En Europa, especifica la Asociación, los planes para potenciar los vehículos sin emisiones están asociados a incentivos económicos, y recuerda que en España aún no se conocen medidas similares para los próximos años y que entre 2009 y 2017 se han limitado a 74 millones de euros.
"A día de hoy -añaden desde Anfac- España es el único país que está a punto de aprobar una legislación prohibitiva", en alusión a la normativa balear. Según su referido informe, la situación en los países de nuestro entorno es la siguiente:
Reino Unido: 3.060 millones
Reino Unido anunció en 2018 un plan para prohibir la venta de vehículos diésel y gasolina en 2040, pero no ha desarrollado ninguna Ley y su estrategia, Road to zero, es tecnológicamente neutra y contempla un plan de ayuda de 3.060 millones de euros para la descarbonización del transporte, con incentivos a la compra y el despliegue de infraestructuras y ayudas específicas para la industria.
Francia: 20.700 millones
El país vecino anunció en julio de 2017 su intención de prohibir la venta de vehículos diésel y gasolina en 2040, pero no ha desarrollado ninguna Ley al respecto. Trabaja en una propuesta de Ley de ordenación de la movilidad que contempla incentivos para la renovación del parque actual que no excluye los tradicionales de combustión interna, incentivos para la compra de turismos y vehículos comerciales ligeros, así como otras medidas adicionales, para potenciar el uso compartido de los automóviles.
En mayo, además, ratificó un acuerdo con la industria del motor para fomentar la I+D, desarrollar baterías, hidrógeno, impulsar las pymes y otras medidas. En total, Francia ha comprometido 20.700 millones para descarbonizar el transporte.
Alemania: 3.200 millones para vehículo eléctrico
El Gobierno de Ángela Mérkel va más demorado en sus planes y no dispone ni de una Ley ni de objetivos estratégicos a largo plazo, aunque ya ha comprometido 3.200 millones para los vehículos eléctricos, repartidos en subvenciones para adquisición de automóviles, el despliegue de infraestructura de recarga y el fomento de la I+D, que recibirá la parte del león, 2.200 millones.
Holanda y Dinamarca
El Parlamento de Holanda así mismo ha anunciado su intención de que los vehículos nuevos sean de cero emisiones en 2035, pero tampoco ha desarrollado ninguna Ley que establezca la prohibición de vender vehículos de combustión interna y prevé ayudas fiscales para conseguirlo.
Dinamarca, finalmente, ha declarado su intención de prohibir los vehículos de combustión interna a partir de 2030 y los híbridos a partir de 2035, pero tampoco ha desarrollado una Ley. Actualmente su parlamento está discutiendo varias medidas, aunque excluyendo la anunciada prohibición de la venta por contravenir las reglas del mercado interno. Tiene comprometidos 12,5 millones para la descarbonización del transporte.
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