Es imposible echar a un funcionario en España:
Tan sólo 524 inhabilitaciones desde 1996
El delito de inhabilitación más frecuente es la malversación, cometido por 109 de los funcionarios.
Conseguir una plaza de funcionario en España implica tener trabajo garantizado de por vida, a diferencia de lo que sucede en la mayoría de países, donde los empleados públicos pueden ser despedidos por multitud de razones, de forma similar a lo que sucede en el sector privado.
En España, sin embargo, no sucede lo mismo. Una vez obtenida la plaza, es casi imposible despedir a un funcionario.
Tan sólo 524 funcionarios perdieron su plaza desde 1996.
En concreto, 19 lo hicieron tras una sanción administrativa -la mayoría por dejar de ir a trabajar.
Los otros 505, el grupo más numeroso, perdieron la condición de funcionario tras haber sido condenados por sentencia firme.
Esto supone una media de apenas 20 funcionarios inhabilitados al año, equivalente al 0,0007% de la plantilla pública, que en la actualidad ronda los 3 millones de trabajadores.
Entre los condenados solo hay 45 mujeres (frente a 460 hombres), pese a que estas representan más de la mitad del funcionariado.
Tan sólo 524 inhabilitaciones desde 1996
El delito de inhabilitación más frecuente es la malversación, cometido por 109 de los funcionarios.
Conseguir una plaza de funcionario en España implica tener trabajo garantizado de por vida, a diferencia de lo que sucede en la mayoría de países, donde los empleados públicos pueden ser despedidos por multitud de razones, de forma similar a lo que sucede en el sector privado.
En España, sin embargo, no sucede lo mismo. Una vez obtenida la plaza, es casi imposible despedir a un funcionario.
Tan sólo 524 funcionarios perdieron su plaza desde 1996.
En concreto, 19 lo hicieron tras una sanción administrativa -la mayoría por dejar de ir a trabajar.
Los otros 505, el grupo más numeroso, perdieron la condición de funcionario tras haber sido condenados por sentencia firme.
Esto supone una media de apenas 20 funcionarios inhabilitados al año, equivalente al 0,0007% de la plantilla pública, que en la actualidad ronda los 3 millones de trabajadores.
Entre los condenados solo hay 45 mujeres (frente a 460 hombres), pese a que estas representan más de la mitad del funcionariado.
