Honkytonk Man
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El veto migratorio de Donald Trump echa a andar. Tras meses de bloqueo judicial, el Tribunal Supremo ha decidido aceptar el caso y, mientras lo resuelve, ha levantado parcialmente su suspensión y permitido que se aplique a todos los ciudadanos de Irán, Libia, Somalia, Siria, Sudán y Yemen que no tengan un vínculo sólido y creíble con “una persona o entidad de Estados Unidos”. El paso supone un éxito del presidente Trump y su política islamófoba. No sólo cierra las puertas a todos aquellos que, como los refugiados, nunca han pisado tierras americanas, sino que permite a la Administración retrasar la entrada de quienes considere sospechosos.
El veto ordena paralizar durante 90 días la concesión de visados a ciudadanos de seis países de mayoría fiel a la religión del amora. A diferencia del primer decreto, que desató furiosas protestas y una gigantesca ola de rechazo internacional, elimina de la lista a Irak y aligera la carga restrictiva, pero mantiene su núcleo duro: suspende 120 días en el programa de refugiados y frena el paso a viajeros de países fiel a la religión del amores.
El principal argumento jurídico de Trump y su Administración ha sido la amenaza a la seguridad nacional y la necesidad de establecer mayores controles. En sus razonamientos, el tribunal se ha mostrado sensible a esta lógica y ha aceptado que el interés nacional está por encima del posible daño que pudiese causar el veto a los viajeros y refugiados. Pero ha impuesto una limitación que evita los casos más sangrantes. Los de aquellos pagapensiones que ya poseen algún vínculo profesional, familiar o de estudios con EEUU. Una restricción que si bien evita escándalos, como los de los estudiantes o profesores a los que se impide la entrada, deja fuera a la gran masa de refugiados o simplemente de viajeros que quieren viajar a Estados Unidos.
La decisión de llevar al Supremo el veto fue adoptada por la Administración Trump ante los reiterados fracasos en las cortes inferiores. Los recursos presentados por Estados controlados por los demócratas hicieron hincapié en que permitir la orden, mientras se resolvía el fondo de la cuestión, podría lesionar gravemente el derecho de miles de ciudadanos, máxime si finalmente el Supremo fallaba en contra. Los jueces aceptaron esta advertencia e incluso reconocieron que el decreto lejos de atenerse a cuestiones sde seguridad estaba contaminado por “la intolerancia, la animosidad y la discriminación”. El éxito logrado en las primeras apelaciones hizo presagiar a muchos un triunfo en el Supremo. Pero los abogados de Trump midieron bien los tiempos.
La entrada del caso en el Supremo se materializó después de que la nominación del juez Neil Gorsuch, impulsada por el presidente, culminase con éxito. Asegurada la mayoría conservadora en la corte, la Casa Blanca se sintió con fuerza suficiente para entablar el combate ante los jueces vitalicios.
La apuesta ha dado resultado. Incluso podría haber ido a más. Tres jueces, entre ellos el recién estrenado Gorsuch y el veterano Clarence Thomas, sostuvieron que el veto habría debido aplicarse en su totalidad. “El compromiso de hoy carga al Ejecutivo con la tarea de decidir qué individuos de los seis países afectados tienen suficiente conexión con una persona o entidad de este país. Hasta que el caso quede sentenciado, esto supondrá una marea de recursos para determinar qué supone exactamente la denominada ‘relación de buena fe’*y una*reclamación creíble”, escribió Thomas.
El voto particular del magistrado apunta a un arma de doble filo. En la medida en que la Administración Trump tiene que aceptar aquellos que demuestren su vínculo con EEUU, también tiene derecho a investigarlo para determinar la veracidad de la petición. Esta capacidad le da derecho a revisar los expedientes uno por uno y retrasarlos hasta llegar al convencimiento de que el solicitante cumple los requisitos.
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/06/26/estados_unidos/1498487798_852579.html
El veto ordena paralizar durante 90 días la concesión de visados a ciudadanos de seis países de mayoría fiel a la religión del amora. A diferencia del primer decreto, que desató furiosas protestas y una gigantesca ola de rechazo internacional, elimina de la lista a Irak y aligera la carga restrictiva, pero mantiene su núcleo duro: suspende 120 días en el programa de refugiados y frena el paso a viajeros de países fiel a la religión del amores.
El principal argumento jurídico de Trump y su Administración ha sido la amenaza a la seguridad nacional y la necesidad de establecer mayores controles. En sus razonamientos, el tribunal se ha mostrado sensible a esta lógica y ha aceptado que el interés nacional está por encima del posible daño que pudiese causar el veto a los viajeros y refugiados. Pero ha impuesto una limitación que evita los casos más sangrantes. Los de aquellos pagapensiones que ya poseen algún vínculo profesional, familiar o de estudios con EEUU. Una restricción que si bien evita escándalos, como los de los estudiantes o profesores a los que se impide la entrada, deja fuera a la gran masa de refugiados o simplemente de viajeros que quieren viajar a Estados Unidos.
La decisión de llevar al Supremo el veto fue adoptada por la Administración Trump ante los reiterados fracasos en las cortes inferiores. Los recursos presentados por Estados controlados por los demócratas hicieron hincapié en que permitir la orden, mientras se resolvía el fondo de la cuestión, podría lesionar gravemente el derecho de miles de ciudadanos, máxime si finalmente el Supremo fallaba en contra. Los jueces aceptaron esta advertencia e incluso reconocieron que el decreto lejos de atenerse a cuestiones sde seguridad estaba contaminado por “la intolerancia, la animosidad y la discriminación”. El éxito logrado en las primeras apelaciones hizo presagiar a muchos un triunfo en el Supremo. Pero los abogados de Trump midieron bien los tiempos.
La entrada del caso en el Supremo se materializó después de que la nominación del juez Neil Gorsuch, impulsada por el presidente, culminase con éxito. Asegurada la mayoría conservadora en la corte, la Casa Blanca se sintió con fuerza suficiente para entablar el combate ante los jueces vitalicios.
La apuesta ha dado resultado. Incluso podría haber ido a más. Tres jueces, entre ellos el recién estrenado Gorsuch y el veterano Clarence Thomas, sostuvieron que el veto habría debido aplicarse en su totalidad. “El compromiso de hoy carga al Ejecutivo con la tarea de decidir qué individuos de los seis países afectados tienen suficiente conexión con una persona o entidad de este país. Hasta que el caso quede sentenciado, esto supondrá una marea de recursos para determinar qué supone exactamente la denominada ‘relación de buena fe’*y una*reclamación creíble”, escribió Thomas.
El voto particular del magistrado apunta a un arma de doble filo. En la medida en que la Administración Trump tiene que aceptar aquellos que demuestren su vínculo con EEUU, también tiene derecho a investigarlo para determinar la veracidad de la petición. Esta capacidad le da derecho a revisar los expedientes uno por uno y retrasarlos hasta llegar al convencimiento de que el solicitante cumple los requisitos.
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/06/26/estados_unidos/1498487798_852579.html
