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Será en Octubre
El teletrabajo de los funcionarios se dispara hasta el 48% frente al 14% en el sector privado
La diferencia entre el sector público y las empresas ha aumentado en más de cuatro puntos en los últimos 12 meses
Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda de Gobierno y ministra de Trabajo. | Agencias.
Publicado: 11/05/2024 • 03:30
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El teletrabajo de los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE) registró un nuevo récord en abril, llegando hasta los 85.581 efectivos, lo que supone el 47,96% del total, el mayor porcentaje desde que existen registros. Así lo indica el Informe de seguimiento del trabajo a distancia de la Secretaría de Estado de Función Pública, cribado por THE OBJECTIVE. La cifra contrasta con el trabajo a distancia del sector privado, que llegó al 13,6% en 2023, según el último informe Monitor Adecco de Oportunidades y Satisfacción en el Empleo.
De esta manera, el porcentaje de funcionarios que realizan trabajo a distancia triplica los datos de las empresas privadas en una brecha que ha aumentado en el último año. En abril de 2023, el informe del Gobierno indicaba que el porcentaje de teletrabajo en la AGE (efectivos totales de las entidades del sector público institucional estatal) era del 42,5%, mientras que las empresas privadas registraron un 12,5% según el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI) realizado por Red.es en marzo.
En doce meses la distancia ha pasado de 30 puntos porcentuales hasta los 34 puntos, principalmente por el exponencial crecimiento del teletrabajo en los funcionarios de la Administración central, que incluye a todos los ministerios y a agencias estatales, pero no a las autonomías y entes locales. La primera edición de este observatorio que se realizó en noviembre de 2022 arrojó un dato de teletrabajo del 25,5% (sobre 167.371 efectivos) y un año después ya era del 43,5% para dispararse en abril al 48%.
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Teletrabajo por modalidad
En cuanto al detalle del teletrabajo en la función pública, el informe de abril indica que de los 174.273 efectivos de la AGE, 48.306 mujeres y 35.275 hombres se han acogido a algunas de estas modalidades. De ellos, el 33% es personal administrativo, el 33% son mandos intermedios, el 31% es personal de gestión y solo el 3% es personal directivo. Esto refleja una distribución equitativa entre los diferentes trabajadores, pero una diferencia muy notoria con los jefes de los departamentos.
Por modalidad, la mayoría (el 54%) opta por teletrabajar dos días a la semana, el 26% lo hace de manera excepcional y el 20% lo hace tres días. La normativa del Gobierno permite hasta un máximo de tres días de trabajo a distancia, aunque siempre dependiendo de las necesidades organizativas de cada ministerio, lo que explica que esta fórmula no sea utilizada por la totalidad de los funcionarios.
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El teletrabajo del sector privado también repuntó en el último año, deteniendo el desplome que se había encadenado desde el fin de la esa época en el 2020 de la que yo le hablo, aunque con una mejora inferior a la de los funcionarios. Según el informe de Adecco, la proporción de teletrabajo en el total de ocupados fue del 13,6% frente al 12,7% que se registró hace un año. Antes de la esa época en el 2020 de la que yo le hablo, el número de personas realizando trabajo a distancia al menos ocasionalmente fue de 1,64 millones y ahora es de 3,06 millones.
Sector público y privado
Por regiones, el teletrabajo se lleva a cabo fundamentalmente en la Comunidad de Madrid, que alcanza un 22,7% y, en menor medida, en Cataluña, con un 14,9%. La tercera región por encima de la media nacional es la Comunidad Valenciana con un 13,8%. No obstante, España está 10,5 puntos porcentuales por debajo de la media comunitaria que se sitúa en el 24,1%, como indican los últimos registros de Eurostat.
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Fernando Cano
La clave de las marcadas diferencias entre el teletrabajo del sector público y el privado está en la implantación por parte del Gobierno del plan de medidas de ahorro y eficiencia energética en la Administración General del Estado, aprobado en mayo de 2022 y en vigor desde el segundo semestre de ese año. Este plan incluía medidas de refuerzo de la modalidad de trabajo a distancia, «para reducir el impacto energético tanto por los desplazamientos al lugar de trabajo como por el consumo de energía en el propio centro de trabajo».
Cada ministerio o entidad estatal debía aprobar un plan de empleo que incorporara una declaración de puestos susceptibles para teletrabajar y que cumpliesen las condiciones para ello. El porcentaje mínimo de prestación de servicios presenciales siempre debe ser superior al 40% en el conjunto de la jornada semanal.
El teletrabajo descendió 1,1 puntos porcentuales en 2022 y se sitúa en el 12,5%
THE OBJECTIVE
Norma del Gobierno
Sin embargo, la normativa tiene los días contados. Al tratarse de una ley provisional de emergencia energética, los sindicatos dan por descontado que terminará acabándose tarde o temprano. De hecho, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), la que tiene más representación en la administración pública, presentó una demanda contra el Ministerio de Hacienda por el retraso en el desarrollo del teletrabajo en la AGE y viene reivindicando desde hace años la instauración permanente de esta modalidad tras los preacuerdos conseguidos en 2021.
En el caso del sector privado, la situación es la inversa: hay una normativa, pero al no ser de aplicación obligatoria prácticamente no se recoge en los convenios colectivos y, por tanto, no se ha institucionalizado en la mayoría de las empresas. En octubre de 2020 la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, llegó a un acuerdo con la patronal y sindicatos para dar un marco común y básico a esta modalidad laboral no contemplada en el Estatuto de los Trabajadores.
El objetivo era que los costes derivados de su utilización no recayeran en los trabajadores para lo que se estableció que el trabajo a distancia tendría carácter voluntario y que no podrá ser impuesto ni por el empresario ni por el trabajador. Un pacto que podrá ser reversible y que en ningún caso sería causal para justificar un despido ni de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Los últimos datos disponibles de 2022 indican que solo un 9% de los empleados están cubiertos por un convenio que regula esta práctica.
