rejon
Madmaxista
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El Tribunal Supremo ha notificado este miércoles la sentencia de los ERE donde se confirma la condena de seis años de prisión del ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán por un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos, así como la inhabilitación para cargo público durante nueve años para el expresidente socialista Manuel Chaves por prevaricación.
En la resolución, que cuenta con un voto particular conjunto de las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer -esta juezas se muestran en contra de condenar a Griñán por la malversación-, la Sala de lo Penal ratifica en líneas generales la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla dando así por probada la red clientelar tejida por el PSOE andaluz durante años en torno a la trama de los ERE.
Sobre los condenados por malversación de caudales públicos, la sentencia explica que la responsabilidad es atribuible tanto a quienes concedieron y pagaron las ayudas como a quienes permitieron que se pagaran conociendo que en la gestión concreta de las mismas se estaban produciendo gravísimas ilegalidades. y "el descontrol absoluto en la concesión de las ayudas sociolaborales".
Entiende el Alto Tribunal que la malversación de caudales públicos se produce cuando se dispone de esos caudales como si fueran propios, de forma libre y arbitraria, al margen de todo control y de cualquier criterio mínimamente reglado, y también cuando se permite que se produzca esa situación, existiendo la obligación y la posibilidad de evitarlo.
En este sentido, el Supremo proclama que la actividad de los acusados no se limitó a utilizar un criterio ilegal de presupuestación para la consecución de sus fines sino que, además, se dispuso de los fondos públicos sin control alguno y al margen de cualquier criterio reglado. Se pagaron las ayudas a trabajadores inmersos en procesos de reestructuración sin efectuar los múltiples controles que las leyes establecen antes y después de su concesión y el dinero presupuestado se utilizó también para otros fines diferentes, sin cumplir siquiera las finalidades previstas en las correspondientes fichas presupuestarias.
La sentencia considera suficientemente acreditado el descontrol en la gestión y pago de las ayudas por el contenido de un informe pericial elaborado por funcionarios de la Administración General del Estado y ratificado en el juicio, así como por distintos testimonios y documentos. En el citado informe se describen las numerosas ilegalidades cometidas, que son y serán objeto de enjuiciamiento en las distintas piezas separadas que se están tramitando.
Los acusados que tuvieron conocimiento de la gestión concreta de las ayudas y que debían y podían evitar que el procedimiento ilegal continuara han sido condenados por delito de malversación.
La sentencia, ponencia del magistrado Eduardo de Porres, también condena a los ex consejeros de Empleo andaluces Antonio Fernández y José Antonio Viera que deberán ingresar en prisión al ratificarse la resolución de la Audiencia de Sevilla que les impone, al primero, siete años, 11 meses y un día de prisión, y al segundo siete años y un día, además de la pena de inhabilitación. La misma pena deberá cumplir al ex consejero de Innovación, Francisco Vallejo mientras que un año menos de guandoca ha recibido la ex consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo.
Por su parte, el Alto Tribunal ha confirmado la condena impuesta al ex vicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, inhabilitado a nueve años. También ha ratificado la pena que el tribunal sevillano impuso a la ex ministra Magdalena Álvarez, ex consejera de Economía y Hacienda, a 9 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.
Una vez notificada la sentencia del Tribunal Supremo, la defensa del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán puede activar ya dos vías para tratar de sortear el ingreso en prisión de su cliente. Por un lado, su abogado puede solicitar en los próximos días al Tribunal Constitucional que paralice la ejecución del fallo mientras se tramita el recurso de amparo por vulneración de derechos fundamentales y, por otro, pedir el indulto al Gobierno de Pedro Sánchez.
En la resolución, que cuenta con un voto particular conjunto de las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer -esta juezas se muestran en contra de condenar a Griñán por la malversación-, la Sala de lo Penal ratifica en líneas generales la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla dando así por probada la red clientelar tejida por el PSOE andaluz durante años en torno a la trama de los ERE.
Sobre los condenados por malversación de caudales públicos, la sentencia explica que la responsabilidad es atribuible tanto a quienes concedieron y pagaron las ayudas como a quienes permitieron que se pagaran conociendo que en la gestión concreta de las mismas se estaban produciendo gravísimas ilegalidades. y "el descontrol absoluto en la concesión de las ayudas sociolaborales".
Entiende el Alto Tribunal que la malversación de caudales públicos se produce cuando se dispone de esos caudales como si fueran propios, de forma libre y arbitraria, al margen de todo control y de cualquier criterio mínimamente reglado, y también cuando se permite que se produzca esa situación, existiendo la obligación y la posibilidad de evitarlo.
En este sentido, el Supremo proclama que la actividad de los acusados no se limitó a utilizar un criterio ilegal de presupuestación para la consecución de sus fines sino que, además, se dispuso de los fondos públicos sin control alguno y al margen de cualquier criterio reglado. Se pagaron las ayudas a trabajadores inmersos en procesos de reestructuración sin efectuar los múltiples controles que las leyes establecen antes y después de su concesión y el dinero presupuestado se utilizó también para otros fines diferentes, sin cumplir siquiera las finalidades previstas en las correspondientes fichas presupuestarias.
La sentencia considera suficientemente acreditado el descontrol en la gestión y pago de las ayudas por el contenido de un informe pericial elaborado por funcionarios de la Administración General del Estado y ratificado en el juicio, así como por distintos testimonios y documentos. En el citado informe se describen las numerosas ilegalidades cometidas, que son y serán objeto de enjuiciamiento en las distintas piezas separadas que se están tramitando.
Los acusados que tuvieron conocimiento de la gestión concreta de las ayudas y que debían y podían evitar que el procedimiento ilegal continuara han sido condenados por delito de malversación.
La sentencia, ponencia del magistrado Eduardo de Porres, también condena a los ex consejeros de Empleo andaluces Antonio Fernández y José Antonio Viera que deberán ingresar en prisión al ratificarse la resolución de la Audiencia de Sevilla que les impone, al primero, siete años, 11 meses y un día de prisión, y al segundo siete años y un día, además de la pena de inhabilitación. La misma pena deberá cumplir al ex consejero de Innovación, Francisco Vallejo mientras que un año menos de guandoca ha recibido la ex consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo.
Por su parte, el Alto Tribunal ha confirmado la condena impuesta al ex vicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, inhabilitado a nueve años. También ha ratificado la pena que el tribunal sevillano impuso a la ex ministra Magdalena Álvarez, ex consejera de Economía y Hacienda, a 9 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.
Una vez notificada la sentencia del Tribunal Supremo, la defensa del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán puede activar ya dos vías para tratar de sortear el ingreso en prisión de su cliente. Por un lado, su abogado puede solicitar en los próximos días al Tribunal Constitucional que paralice la ejecución del fallo mientras se tramita el recurso de amparo por vulneración de derechos fundamentales y, por otro, pedir el indulto al Gobierno de Pedro Sánchez.
El Supremo confirma la condena por malversación a Griñán por haber consentido el fraude de los ERE
El Tribunal Supremo ha notificado este miércoles la sentencia de los ERE donde se confirma la condena de seis años de prisión del ex presidente de la Junta de Andalucía José...
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