Vlad_Empalador
Será en Octubre
Derecho a la vivienda
El racismo inmobiliario se ceba con las mujeres migrantes en toda España
El informe de Provivienda '¿Se alquila? Racismo y xenofobia en el mercado del alquiler' muestra la doble discriminación que sufren en este ámbito las mujeres racializadas en el Estado español.
Las mujeres de etnia gitana o de origen migrantes -con hijos a cargo- son las principales afectadas por la discriminación y el racismo a la hora de alquilar o adquirir una vivienda. Sara M. Ledesma
Alejandra Mateo Fano
1 abr 2024 06:00
Rondaba el 2008, el primer año de la gran crisis económica española, cuando Sefora acudió a una inmobiliaria en Fabero (León), para solicitar el alquiler de una vivienda donde residir junto con sus dos hijos pequeños. Lo hizo junto a la hija de la anciana a la que entonces cuidaba por 500 euros a jornada completa. Sefora, que es integrante de la plataforma Gitanas Feministas y activista por los derechos de las mujeres de esta etnia, tomó la decisión de buscar piso con la recomendación de una paya después de haber sido rechazada en múltiples ocasiones anteriores por propietarios e inmobiliarias debido a los prejuicios racistas que todavía recaen sobre su comunidad y que sitúan a las mujeres como 'inquilinas sucias, descuidadas y alborotadoras'. “No te alquilan aunque tengas un contrato de trabajo porque piensan que vamos a robarles los grifos para venderlos, que vamos a meter muchísima gente o que no vamos a pagar el alquiler”, explica la activista.
Este no es, ni mucho menos, ni el único ni el primer caso por el cual una mujer racializada encuentra impedimentos para arrendar una vivienda en España. De hecho, según el último informe publicado por la ONG Provivienda, ¿Se alquila? Racismo y xenofobia en el mercado del alquiler, las personas no blancas sufren a diario factores discriminatorios que llegan a obstaculizar o incluso impedir su acceso a un hogar digno. La investigación señala que “la doble discriminación de las personas racializadas, que también atraviesan opresiones como la de género”, es la que origina los problemas de acceso a un alquiler por parte de muchas personas en España. Y es que muchas de estas mujeres se encuentran solas a cargo de sus criaturas, lo que constituye en muchos casos un impedimento para que las inmobiliarias les alquilen. También porque muchas deben hacer frente a la búsqueda de un piso en alquiler después de haber pasado por situaciones de violencia de género que las impide retornar a su anterior vivienda de forma segura.
De acuerdo al informe, la discriminación se materializa en ocasiones de manera totalmente visible y perceptible, como ocurre con todas aquellas agencias inmobiliarias que, sin el mayor reparo, declaran abiertamente en sus anuncios que no alquilan a personas extranjeras o incluso aceptan únicamente a quienes disponen de DNI español. Las agencias que descartan a determinados solicitantes en base a parámetros racistas lo hacen casi siempre desde el momento en que hablan por teléfono con la persona y distinguen un acento distinto al castellano. También ocurre cuando se citan con el solicitante y ven su indumentaria, que en muchos casos denota la pertenencia a una etnia o creencia religiosa determinada. Sefora lamenta que, a día de hoy, muchas de sus compañeras “no pueden alquilar debido a sus rasgos etnianos muy marcados, ya que tienen la piel morena, con el pelo largo y rizado o llevan moño, todo ello aunque tengan másteres y carreras universitarias”.
Desahucios Nuevo desahucio en el ‘brooklyn’ madrileño
Lourdes Jiménez
1
Islamofobia, otro prejuicio para no alquilar
Habitualmente, las violencias no se producen de manera aislada sino que interseccionan entre sí generando casos de discriminación múltiple, como ocurre con todas aquellas mujeres de fe musulmana, situadas en el centro de la diana de los discursos de la ultraderecha islamófoba que continúan proliferando en toda Europa. En ellas se une, por un lado, su situación de mujeres racializadas y migrantes y, por otro, la que sufren por motivos religiosos.
Este es el caso de Fatima y Souad, vecinas de Getafe, quienes migraron hace varios años desde jovenlandia con el fin de conseguir una vida mejor para ellas y para sus hijos. Debido a las constantes muestras de desprecio por parte de propietarios de viviendas y la eterna estigmatización de la que son víctimas, Souad llegó a plantearse seriamente en varias ocasiones abandonar un país donde todo a su alrededor parece rechazarla. De nada sirve demostrar igual o mayor formación que sus iguales nacidas en España y de raza blanca, “aunque tengamos carreras, nos apartan como si el hijab nos tapase la inteligencia y no sólo el pelo”, declara.
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Susana Albarrán Méndez
La discriminación directa relativa
Existe, de igual manera, una discriminación invisible que se produce a través de mecanismos como la imposición de cláusulas abusivas y requisitos inasumibles como condiciones para alquilar. Estas cláusulas desproporcionadas, como pedir al inquilino un número excesivo de documentos para acreditar su solvencia económica o la vida laboral, actúan como instrumento disuasorio, lo que se conoce como discriminación directa relativa. En otras ocasiones, explica Souad, “notas en las caras de los caseros, cuando vas a visitar la vivienda, que no quieren alquilarte, y te mienten diciendo que ya tienen mas o menos asignada la familia a la que se lo van a alquilar o directamente que el piso está casi alquilado”.
Según los datos del informe de Provivienda, las agencias llegan incluso a modificar los datos o refieren la disponibilidad de las viviendas en función de las personas interesadas. Este hecho se pone de manifiesto a través de una oferta sesgada en función del perfil del demandante de vivienda. A la persona española se le ofrecen de media 1,5 pisos más como complemento al piso inicial por el que se solicita información, mientras que a la persona extranjera la media es de 1,2 pisos.
Así pues, las únicas alternativas habitacionales al alcance de muchas personas estigmatizadas por su etnia o condición migrante son las viviendas precarias, casi siempre insalubres y en condiciones de hacinamiento situadas normalmente en la periferia. Como estipula el Informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea sobre antigitanismo de género, el 42% de personas encuestadas pertenecientes a la etnia romaní afirmaron carecer de agua corriente, de conexión a la red de alcantarillado o de electricidad en sus hogares.
“Cuando al final logramos acceder a una vivienda, éstas no cumplen con los requisitos y condiciones de habitabilidad”, destaca Sefora, quien explica que ha tenido que vivir con sus hijos en casas sin las condiciones sanitarias adecuadas, con muchísima humedad, sin calefacción ni agua caliente, por lo que ellos enfermaban habitualmente. Como corroboran los datos del Secretariado etniano, debido a esta situación de desamparo institucional “el 12% de las personas de etnia gitana vive en infraviviendas o espacios que no reúnen condiciones adecuadas, en muchas ocasiones en asentamientos aislados de las ciudades que impiden también el acceso a las oportunidades”. No sorprende, en este sentido, que la esperanza de vida se sitúe entre 12 y 15 años por debajo de la media debido a la fuerte desigualdad social que atraviesa a esta comunidad.
El racismo inmobiliario se ceba con las mujeres migrantes en toda España
El informe de Provivienda '¿Se alquila? Racismo y xenofobia en el mercado del alquiler' muestra la doble discriminación que sufren en este ámbito las mujeres racializadas en el Estado español.
Las mujeres de etnia gitana o de origen migrantes -con hijos a cargo- son las principales afectadas por la discriminación y el racismo a la hora de alquilar o adquirir una vivienda. Sara M. Ledesma
Alejandra Mateo Fano
1 abr 2024 06:00
Rondaba el 2008, el primer año de la gran crisis económica española, cuando Sefora acudió a una inmobiliaria en Fabero (León), para solicitar el alquiler de una vivienda donde residir junto con sus dos hijos pequeños. Lo hizo junto a la hija de la anciana a la que entonces cuidaba por 500 euros a jornada completa. Sefora, que es integrante de la plataforma Gitanas Feministas y activista por los derechos de las mujeres de esta etnia, tomó la decisión de buscar piso con la recomendación de una paya después de haber sido rechazada en múltiples ocasiones anteriores por propietarios e inmobiliarias debido a los prejuicios racistas que todavía recaen sobre su comunidad y que sitúan a las mujeres como 'inquilinas sucias, descuidadas y alborotadoras'. “No te alquilan aunque tengas un contrato de trabajo porque piensan que vamos a robarles los grifos para venderlos, que vamos a meter muchísima gente o que no vamos a pagar el alquiler”, explica la activista.
Este no es, ni mucho menos, ni el único ni el primer caso por el cual una mujer racializada encuentra impedimentos para arrendar una vivienda en España. De hecho, según el último informe publicado por la ONG Provivienda, ¿Se alquila? Racismo y xenofobia en el mercado del alquiler, las personas no blancas sufren a diario factores discriminatorios que llegan a obstaculizar o incluso impedir su acceso a un hogar digno. La investigación señala que “la doble discriminación de las personas racializadas, que también atraviesan opresiones como la de género”, es la que origina los problemas de acceso a un alquiler por parte de muchas personas en España. Y es que muchas de estas mujeres se encuentran solas a cargo de sus criaturas, lo que constituye en muchos casos un impedimento para que las inmobiliarias les alquilen. También porque muchas deben hacer frente a la búsqueda de un piso en alquiler después de haber pasado por situaciones de violencia de género que las impide retornar a su anterior vivienda de forma segura.
De acuerdo al informe, la discriminación se materializa en ocasiones de manera totalmente visible y perceptible, como ocurre con todas aquellas agencias inmobiliarias que, sin el mayor reparo, declaran abiertamente en sus anuncios que no alquilan a personas extranjeras o incluso aceptan únicamente a quienes disponen de DNI español. Las agencias que descartan a determinados solicitantes en base a parámetros racistas lo hacen casi siempre desde el momento en que hablan por teléfono con la persona y distinguen un acento distinto al castellano. También ocurre cuando se citan con el solicitante y ven su indumentaria, que en muchos casos denota la pertenencia a una etnia o creencia religiosa determinada. Sefora lamenta que, a día de hoy, muchas de sus compañeras “no pueden alquilar debido a sus rasgos etnianos muy marcados, ya que tienen la piel morena, con el pelo largo y rizado o llevan moño, todo ello aunque tengan másteres y carreras universitarias”.
Desahucios Nuevo desahucio en el ‘brooklyn’ madrileño
Lourdes Jiménez
1
Islamofobia, otro prejuicio para no alquilar
Habitualmente, las violencias no se producen de manera aislada sino que interseccionan entre sí generando casos de discriminación múltiple, como ocurre con todas aquellas mujeres de fe musulmana, situadas en el centro de la diana de los discursos de la ultraderecha islamófoba que continúan proliferando en toda Europa. En ellas se une, por un lado, su situación de mujeres racializadas y migrantes y, por otro, la que sufren por motivos religiosos.
Este es el caso de Fatima y Souad, vecinas de Getafe, quienes migraron hace varios años desde jovenlandia con el fin de conseguir una vida mejor para ellas y para sus hijos. Debido a las constantes muestras de desprecio por parte de propietarios de viviendas y la eterna estigmatización de la que son víctimas, Souad llegó a plantearse seriamente en varias ocasiones abandonar un país donde todo a su alrededor parece rechazarla. De nada sirve demostrar igual o mayor formación que sus iguales nacidas en España y de raza blanca, “aunque tengamos carreras, nos apartan como si el hijab nos tapase la inteligencia y no sólo el pelo”, declara.
A ello se suma, además, la presunción de que las mujeres migrantes desconocen el idioma local porque no trabajan en el mercado remunerado y dedican más tiempo que sus maridos al cuidado de sus hijos, algo que Souad, que habla castellano a la perfección, desmiente con rotundidad. En el caso de Fatima, ni la nómina de su marido, que disponía de un contrato de trabajo, ni la entrega de muchos otros documentos requeridos, evitaron que llegara a oír decir a los trabajadores de Tecnocasa por lo bajo, “pobrecita, se cree que le vamos a buscar piso”. Como señala Sefora, que destaca la sororidad que debe existir entre mujeres racializadas y unidas por una misma opresión de género y etnia, “las gitanas tenemos mucho en común con nuestras hermanas marroquíes y primas de otros lugares como Latinoamérica”.
Desahucio Angustia y ansiedad en el desahucio de una vecina por una socimi en Vallecas
Susana Albarrán Méndez
La discriminación directa relativa
Existe, de igual manera, una discriminación invisible que se produce a través de mecanismos como la imposición de cláusulas abusivas y requisitos inasumibles como condiciones para alquilar. Estas cláusulas desproporcionadas, como pedir al inquilino un número excesivo de documentos para acreditar su solvencia económica o la vida laboral, actúan como instrumento disuasorio, lo que se conoce como discriminación directa relativa. En otras ocasiones, explica Souad, “notas en las caras de los caseros, cuando vas a visitar la vivienda, que no quieren alquilarte, y te mienten diciendo que ya tienen mas o menos asignada la familia a la que se lo van a alquilar o directamente que el piso está casi alquilado”.
Según los datos del informe de Provivienda, las agencias llegan incluso a modificar los datos o refieren la disponibilidad de las viviendas en función de las personas interesadas. Este hecho se pone de manifiesto a través de una oferta sesgada en función del perfil del demandante de vivienda. A la persona española se le ofrecen de media 1,5 pisos más como complemento al piso inicial por el que se solicita información, mientras que a la persona extranjera la media es de 1,2 pisos.
Así pues, las únicas alternativas habitacionales al alcance de muchas personas estigmatizadas por su etnia o condición migrante son las viviendas precarias, casi siempre insalubres y en condiciones de hacinamiento situadas normalmente en la periferia. Como estipula el Informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea sobre antigitanismo de género, el 42% de personas encuestadas pertenecientes a la etnia romaní afirmaron carecer de agua corriente, de conexión a la red de alcantarillado o de electricidad en sus hogares.
“Cuando al final logramos acceder a una vivienda, éstas no cumplen con los requisitos y condiciones de habitabilidad”, destaca Sefora, quien explica que ha tenido que vivir con sus hijos en casas sin las condiciones sanitarias adecuadas, con muchísima humedad, sin calefacción ni agua caliente, por lo que ellos enfermaban habitualmente. Como corroboran los datos del Secretariado etniano, debido a esta situación de desamparo institucional “el 12% de las personas de etnia gitana vive en infraviviendas o espacios que no reúnen condiciones adecuadas, en muchas ocasiones en asentamientos aislados de las ciudades que impiden también el acceso a las oportunidades”. No sorprende, en este sentido, que la esperanza de vida se sitúe entre 12 y 15 años por debajo de la media debido a la fuerte desigualdad social que atraviesa a esta comunidad.
