Se prohíbe a los peatones: cruzar la calzada por lugares distintos a los autorizados; correr, saltar o circular de forma que moleste a los demás usuarios; esperar a los autobuses y demás vehículos de servicio público fuera de los refugios.
Es solo parte de uno de los artículos que conforman la nueva ordenanza de tráfico, que el equipo de gobierno llevó a comisión el jueves antes de someterla a su aprobación en el pleno del próximo martes.
Sin embargo, la oposición pidió que se dejara sobre la mesa y el PP aceptó. No será en principio hasta septiembre cuando se lleve a pleno después de matizar muchos de sus artículos, como el que ayer dio a conocer públicamente la portavoz municipal de UPEX, Victoria Domínguez, quien expresó el rechazo absoluto de su formación a «una normativa intervencionista que está hecha para que la gente no salga de casa, que solo persigue tener a los ciudadanos controlados y que resultaría irrisoria si no fuera porque afecta a los derechos de las personas».
La ordenanza presentada a la oposición contempla la prohibición del uso de patines, patinetes, monopatines y similares por las calles de la localidad a los menores de 14 años y obliga al resto a pedir autorización al Consistorio y a contratar un seguro de responsabilidad civil. Además, en el momento en que se junten más de cinco personas para hacer un recorrido turístico por la ciudad a bordo de bicicletas o patinetes y similares, deberán pedir permiso antes a los responsables municipales.
«Está claro que ni los miembros del Gobierno municipal se han leído entero el borrador de la nueva ordenanza, porque de lo contrario no se entiende este despropósito», opinó Domínguez.
UPEX criticó ayer también que la zona azul esté recogida en la ordenanza, cuando no era una prioridad para el PP, y aseguró que la normativa elaborada «es un tiro al centro». Domínguez argumentó al respecto que la regulación de las cámaras de control de acceso a intramuros, que rechaza su partido, establece a cada residente autorizado la calle por la que entra y sale del centro, «y cualquiera que entre a realizar la gestión que sea dispone solo de 15 minutos para hacerla».
Por su parte, el concejal de Interior, José María Nisa, criticó a UPEX por hablar «de una ordenanza que continúa en proceso de elaboración». Y garantizó que va a tener modificaciones sustanciales.
La intervención del Gobierno
Por otra parte, Victoria Domínguez lamentó que el Gobierno vaya a intervenir las cuentas municipales y criticó por ello la política económica del PP que, a su juicio, es la que ha llevado a esta situación al adelantar la amortización de la deuda contraída por los gobiernos socialistas. «Por eso se han quedado sin liquidez», dijo.
No obstante, a su juicio, «la intervención le va a venir de perlas al alcalde, porque así podrá decir, como lo ha hecho estos dos años de legislatura, que no tiene dinero y que las cuentas municipales están intervenidas».
Al respecto, el concejal de Hacienda, José Antonio Hernández, reiteró ayer que la intervención llega por haber recurrido al fondo nacional de proveedores, una medida a la que se ha visto obligado el Ayuntamiento para poder hacer frente a las deudas contraídas por el Gobierno socialista.
«Lo que Domínguez pretende es que el Ayuntamiento genere más gastos por intereses, aumentando la deuda, que la causa de esta intervención», respondió ayer José Antonio Hernández.
