Icibatreuh
Madmaxista
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El menú de sapos que se van a comer Iglesias y compañía alcanza todos los colores y tamaños. Daños colaterales.
Interior reactiva las deportaciones por el repunte de llegadas a Canarias
El aumento de los desembarcos de pateras y cayucos en las islas Canarias se ha convertido en un problema para el Gobierno. Los recursos de acogida son insuficientes y las más de 3.000 llegadas desde 2019, frente a las 400 de 2017, confirman que la ruta está abierta y la situación se agravará. Este pasado fin de semana han llegado a Gran Canaria otras dos pateras con 54 migrantes. Para aliviar la presión, el Ministerio del Interior está impulsando las deportaciones. En los últimos ocho meses, según fuentes conocedoras de estos operativos, han partido siete vuelos de repatriación a Mauritania, casi el doble de 2018.
El departamento de Fernando Grande-Marlaska oculta el número de aviones y las personas que España devuelve forzosamente, pero el control que hace el Defensor del Pueblo a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) es un reflejo de la actividad del Gobierno. El Defensor, que supervisa la mayor parte de las operaciones de repatriación, ya ha documentado desde junio de 2019 cuatro de estos siete vuelos que han partido a Mauritania, con quien España
mantiene desde hace 17 años un acuerdo de readmisión que apenas se usaba. En ellos viajaban 115 subsaharianos. En 2018, el MNP logró supervisar todos los operativos desde las islas y fueron un total de cuatro vuelos a Senegal con 120 personas a bordo. La página web de la institución no refleja más vuelos de esta naturaleza desde el archipiélago desde 2010.
Los recientes vuelos a Mauritania causan preocupación en las organizaciones humanitarias porque el país no solo acepta a sus nacionales, que son una minoría, sino a todos los migrantes que, en teoría, han salido de su territorio. En el vuelo del 27 de enero con el que se expulsó a 42 personas había 38 que declararon ser de Malí, uno de los países más pobres del mundo sumido en conflictos armados desde 2012. En el avión del 20 de enero, de las 46 personas expulsadas, 43 aseguraron proceder de Malí. “Este procedimiento está dentro de la legalidad, pero el número de malienses en los vuelos sugiere que esas personas no han recibido información adecuada sobre su derecho a pedir de asilo”, denuncia el Servicio Jesuita a Migrantes.
Los informes de los técnicos del MNP sugieren incumplimientos en los procesos de deportación. “Varios repatriados aseguraban ser menores y que no se les había realizado ninguna prueba de la edad”, recoge el informe del MNP del vuelo del 20 de enero. “No se indicaba en ninguna parte que el lugar de procedencia de la patera fuera Mauritania”, reseñan de la operación del 7 de junio.
Fuentes del Ministerio del Interior no admiten que se esté dando prioridad a las deportaciones, pero tampoco niegan el interés en agilizar la identificación de los migrantes para ejecutar la expulsión. Esta estrategia incluiría estrechar lazos con Guinea, Costa de Marfil, Gambia y Malí.
El objetivo reconocido es el de impulsar la colaboración con los países de origen para que refuercen la prevención en sus costas. “Nuestra presencia en el terreno es muy importante. El año pasado Gambia, Senegal, jovenlandia y Mauritania evitaron un 40% de las salidas hacia Canarias”, ilustra el comandante Agustín Barroso, jefe de Operaciones del Centro de Coordinación Regional de Canarias. “Va a haber un repunte, pero nunca tendremos otra crisis como la de los cayucos”, asegura. “Ahora trabajamos en origen”.
Las llegadas han desbordado a las islas, pero según coinciden las fuentes consultadas, no son alarmantes (en la crisis de los cayucos de 2006 llegaron más de 30.000 personas). Sí preocupa el porcentaje de crecimiento porque apunta a un cambio de ruta que no será tan fácil de revertir: las llegadas aumentaron más de un 100% respecto a 2018, mientras que en el resto de las costas españolas se han reducido a la mitad y continúan a la baja.
El desplazamiento de los flujos migratorios al flanco atlántico, el más peligroso para llegar a España, se explica sobre todo por el mayor control fronterizo que están ejerciendo las autoridades marroquíes en el norte del país, una estrategia apoyada económicamente por la UE. Pero hay otros factores. “La inestabilidad de los países de origen como Malí, el comportamiento de la ruta libia o las dificultades de la ruta griega también influyen”, explica el comandante Barroso.
Trasladar a parte de los migrantes a la Península aliviaría a las islas, que siguen sin contar con recursos adecuados a pesar de su experiencia tras la crisis de los cayucos. En Interior, sin embargo, no gusta la idea de ofrecer salvoconductos para que los migrantes, muchos con familia en Europa, puedan marcharse. Según tres fuentes consultadas, estos traslados pueden interpretarse en los países de origen como un atractivo para usar la ruta a Canarias, y provocarían malestar en socios como Francia, principal destino de los migrantes que llegan a la Península.
El pasado sábado, la noticia del último vuelo con destino a Mauritania comenzó a correr por las redes sociales. Los casi 50 migrantes alojados en un albergue de Moya, una localidad recóndita de la provincia de Las Palmas de casi 8.000 habitantes, entraron en pánico. “Por favor, decidnos si van a llevarnos. No comprendemos nada. No pueden hacernos volver después de todas las dificultades y el sufrimiento que hemos pasado ¿Cómo nos van a mandar a Mauritania, si allí no tenemos a nadie?”, rogaba un guineano a EL PAÍS desde el centro de acogida. “Esta noche preparo mis cosas y me voy. No puedo volver”, advertía otro, sin un solo euro en el bolsillo, dispuesto a dormir en la calle.
El miedo a la deportación es habitual en los migrantes que han invertido sus ahorros y se han jugado la vida en un bote para llegar a España, pero refleja la total falta de información que se les presta. Aunque la ley les garantiza asistencia jurídica, un intérprete, la posibilidad de solicitar asilo —muchos huyen de países en guerra— o recurrir, ni uno solo de la decena de migrantes que EL PAÍS entrevistó en el centro de Moya sabía nada acerca de su situación ni de sus derechos.
Su único documento español, una orden de devolución de la Policía que se formaliza con cada entrada irregular, no la entienden. Está firmada por un intérprete y un abogado, pero aseguran que nadie les explicó ni su contenido. “Cuando firmamos esto había un traductor de francés, pero es que yo no hablo francés, soy de Ghana”, explica en inglés uno de los internos. El resto del grupo que escuchó la explicación en francés tampoco la comprendió. Las deficiencias en la asistencia letrada y de interpretación a los migrantes son motivo recurrente de denuncia del Defensor del Pueblo.
Interior reactiva las deportaciones por el repunte de llegadas a Canarias
El aumento de los desembarcos de pateras y cayucos en las islas Canarias se ha convertido en un problema para el Gobierno. Los recursos de acogida son insuficientes y las más de 3.000 llegadas desde 2019, frente a las 400 de 2017, confirman que la ruta está abierta y la situación se agravará. Este pasado fin de semana han llegado a Gran Canaria otras dos pateras con 54 migrantes. Para aliviar la presión, el Ministerio del Interior está impulsando las deportaciones. En los últimos ocho meses, según fuentes conocedoras de estos operativos, han partido siete vuelos de repatriación a Mauritania, casi el doble de 2018.
El departamento de Fernando Grande-Marlaska oculta el número de aviones y las personas que España devuelve forzosamente, pero el control que hace el Defensor del Pueblo a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) es un reflejo de la actividad del Gobierno. El Defensor, que supervisa la mayor parte de las operaciones de repatriación, ya ha documentado desde junio de 2019 cuatro de estos siete vuelos que han partido a Mauritania, con quien España
mantiene desde hace 17 años un acuerdo de readmisión que apenas se usaba. En ellos viajaban 115 subsaharianos. En 2018, el MNP logró supervisar todos los operativos desde las islas y fueron un total de cuatro vuelos a Senegal con 120 personas a bordo. La página web de la institución no refleja más vuelos de esta naturaleza desde el archipiélago desde 2010.
Los recientes vuelos a Mauritania causan preocupación en las organizaciones humanitarias porque el país no solo acepta a sus nacionales, que son una minoría, sino a todos los migrantes que, en teoría, han salido de su territorio. En el vuelo del 27 de enero con el que se expulsó a 42 personas había 38 que declararon ser de Malí, uno de los países más pobres del mundo sumido en conflictos armados desde 2012. En el avión del 20 de enero, de las 46 personas expulsadas, 43 aseguraron proceder de Malí. “Este procedimiento está dentro de la legalidad, pero el número de malienses en los vuelos sugiere que esas personas no han recibido información adecuada sobre su derecho a pedir de asilo”, denuncia el Servicio Jesuita a Migrantes.
Los informes de los técnicos del MNP sugieren incumplimientos en los procesos de deportación. “Varios repatriados aseguraban ser menores y que no se les había realizado ninguna prueba de la edad”, recoge el informe del MNP del vuelo del 20 de enero. “No se indicaba en ninguna parte que el lugar de procedencia de la patera fuera Mauritania”, reseñan de la operación del 7 de junio.
Fuentes del Ministerio del Interior no admiten que se esté dando prioridad a las deportaciones, pero tampoco niegan el interés en agilizar la identificación de los migrantes para ejecutar la expulsión. Esta estrategia incluiría estrechar lazos con Guinea, Costa de Marfil, Gambia y Malí.
El objetivo reconocido es el de impulsar la colaboración con los países de origen para que refuercen la prevención en sus costas. “Nuestra presencia en el terreno es muy importante. El año pasado Gambia, Senegal, jovenlandia y Mauritania evitaron un 40% de las salidas hacia Canarias”, ilustra el comandante Agustín Barroso, jefe de Operaciones del Centro de Coordinación Regional de Canarias. “Va a haber un repunte, pero nunca tendremos otra crisis como la de los cayucos”, asegura. “Ahora trabajamos en origen”.
Las llegadas han desbordado a las islas, pero según coinciden las fuentes consultadas, no son alarmantes (en la crisis de los cayucos de 2006 llegaron más de 30.000 personas). Sí preocupa el porcentaje de crecimiento porque apunta a un cambio de ruta que no será tan fácil de revertir: las llegadas aumentaron más de un 100% respecto a 2018, mientras que en el resto de las costas españolas se han reducido a la mitad y continúan a la baja.
El desplazamiento de los flujos migratorios al flanco atlántico, el más peligroso para llegar a España, se explica sobre todo por el mayor control fronterizo que están ejerciendo las autoridades marroquíes en el norte del país, una estrategia apoyada económicamente por la UE. Pero hay otros factores. “La inestabilidad de los países de origen como Malí, el comportamiento de la ruta libia o las dificultades de la ruta griega también influyen”, explica el comandante Barroso.
Trasladar a parte de los migrantes a la Península aliviaría a las islas, que siguen sin contar con recursos adecuados a pesar de su experiencia tras la crisis de los cayucos. En Interior, sin embargo, no gusta la idea de ofrecer salvoconductos para que los migrantes, muchos con familia en Europa, puedan marcharse. Según tres fuentes consultadas, estos traslados pueden interpretarse en los países de origen como un atractivo para usar la ruta a Canarias, y provocarían malestar en socios como Francia, principal destino de los migrantes que llegan a la Península.
El pasado sábado, la noticia del último vuelo con destino a Mauritania comenzó a correr por las redes sociales. Los casi 50 migrantes alojados en un albergue de Moya, una localidad recóndita de la provincia de Las Palmas de casi 8.000 habitantes, entraron en pánico. “Por favor, decidnos si van a llevarnos. No comprendemos nada. No pueden hacernos volver después de todas las dificultades y el sufrimiento que hemos pasado ¿Cómo nos van a mandar a Mauritania, si allí no tenemos a nadie?”, rogaba un guineano a EL PAÍS desde el centro de acogida. “Esta noche preparo mis cosas y me voy. No puedo volver”, advertía otro, sin un solo euro en el bolsillo, dispuesto a dormir en la calle.
El miedo a la deportación es habitual en los migrantes que han invertido sus ahorros y se han jugado la vida en un bote para llegar a España, pero refleja la total falta de información que se les presta. Aunque la ley les garantiza asistencia jurídica, un intérprete, la posibilidad de solicitar asilo —muchos huyen de países en guerra— o recurrir, ni uno solo de la decena de migrantes que EL PAÍS entrevistó en el centro de Moya sabía nada acerca de su situación ni de sus derechos.
Su único documento español, una orden de devolución de la Policía que se formaliza con cada entrada irregular, no la entienden. Está firmada por un intérprete y un abogado, pero aseguran que nadie les explicó ni su contenido. “Cuando firmamos esto había un traductor de francés, pero es que yo no hablo francés, soy de Ghana”, explica en inglés uno de los internos. El resto del grupo que escuchó la explicación en francés tampoco la comprendió. Las deficiencias en la asistencia letrada y de interpretación a los migrantes son motivo recurrente de denuncia del Defensor del Pueblo.
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