mave_victor
Madmaxista
Un capricho del Ministerio de Hacienda del anterior Gobierno socialista, en confluencia con una contradicción judicial increíble ha llevado a la ruina o dejado en situación muy precaria a 17 empresas de rent a car de Baleares a las que se exigen 11 millones de euros y multas cuantiosas por unos impuestos que se autorizó a no pagar.
A finales de los 90 el negocio de los rent a car en Baleares entraba en crisis. Sin embargo, un grupo de empresarios aprovechó la reciente apertura de las fronteras europeas para reiventar el negocio: comprarían coches beneficiándose de las exenciones fiscales de los rent a car en España y los revenderían en otros países de la UE.
En el año 2000 el nuevo negocio iba viento en popa. Empresarios de Baleares compraban los coches en cantidades suficientes para que el fabricante les hiciera más de un 20% de descuento. Cargaban el 7% al cliente, se beneficiaban de la devolución del IVA (16%) y del 7 o el 12% del impuesto de matriculación que pagaban y se les devolvía.
En aquellos tiempos la cosa iba así: las empresas de rent a car tenían la posibilidad de que Hacienda les devolviera el Impuesto de Matriculación. Lo pagaban y solicitaban la devolución, que venía cuando venía, pero venía, es decir, cosa de un año después. Eran tiempos de vacas obesas. Aznar acaba de ganar su segunda presidencia, ésta vez por mayoría absoluta.
Acuerdo con Hacienda
Los empresarios preguntaron a Hacienda: «¿Si el Impuesto de Matriculación nos lo devolvéis, por qué, simplemente, no lo pagamos?» La Hacienda de los tiempos de Aznar dijo que sí y emitía unos documentos que permitían a los empresarios ahorrarse ese pago que, al fin y al cabo, se les reembolsaría en un futuro no lejano.
Y así las cosas fueron bien durante cuatro años. Esta estrategia empresarial pegó un empujón a la balanza de exportaciones española. Las fábricas de coches de España vendían unidades a los empresarios de rent a car de Baleares, lotes que, sin ni tan siquiera salir del container, eran reembarcados para sus futuros y definitivos destinos.
Hasta 2004. Gana las elecciones el PSOE de ZP y Hacienda cambia de color. Investigando un supuesto fraude de IVA a un empresario del sector, Salvador Llinás, refugiado en Paraguay desde 2008, se llega a la conclusión de que podría haber grandes bolsas de fraude en Impuesto de Matriculaciones.
La paradoja judicial
Llinás se libró de la investigación por el fraude del IVA, pero Hacienda creyó haber descubierto un filón en el sector. El primer investigado fue el empresario Gabriel Sánchez Oliver, a quien se ha dejado en la ruina y que ha cerrado ya la cuadratura de un círculo de resolución imprevisible, quedando casi sin defensa por una paradoja.
Pero vayamos por partes. Su calvario y el de media docena de empresarios más (con un total de 17 empresas) comienza en 2004 cuando Hacienda les exige el pago de los Impuestos de Matriculación no abonados en los últimos cuatro años. Sánchez responde: ''¡Pero si estábamos exentos por la propia Hacienda!''.
Pero era por la Hacienda del PP. La del PSOE no piensa igual y les dice que no, que han de pagar. Los impuestos atrasados, una multa del 150% e intereses. A Sánchez la cosa le sale por 3,5 millones de impuestos, más las multas, más los intereses, 7,5 millones de euros. La ruina. Actualmente no puede trabajar. Está embargado.
Naturalmente, acude a los tribunales. Y comienza la paradoja judicial. Lo envían a la Audiencia Nacional, por la elevada cuantía. La Audiencia, como es frecuente, le condena, dando la razón a Hacienda: No pagó lo que tenía que pagar, aunque luego se lo hubieran devuelto y además los coches los vendió, no los alquiló.
Curiosamente, aunque no usara los coches para alquiler, la exención seguía siendo posible. Nada hubiera sucedido si se hubiera hecho por el procedimiento anterior de primero pagar y luego recuperar. Sánchez —y los empresarios a los que coge la redada— aún están tranquilos. Queda el Tribunal Supremo. Pero el TS dio una sorpresa: rechazó juzgar el caso.
Link a la noticia
Veo en esta noticia el trapicheo con las leyes españolas. Es que no hay nadie honrado en este país?
A la mínima que se pueda, se busca hacer chanchulleos.
A finales de los 90 el negocio de los rent a car en Baleares entraba en crisis. Sin embargo, un grupo de empresarios aprovechó la reciente apertura de las fronteras europeas para reiventar el negocio: comprarían coches beneficiándose de las exenciones fiscales de los rent a car en España y los revenderían en otros países de la UE.
En el año 2000 el nuevo negocio iba viento en popa. Empresarios de Baleares compraban los coches en cantidades suficientes para que el fabricante les hiciera más de un 20% de descuento. Cargaban el 7% al cliente, se beneficiaban de la devolución del IVA (16%) y del 7 o el 12% del impuesto de matriculación que pagaban y se les devolvía.
En aquellos tiempos la cosa iba así: las empresas de rent a car tenían la posibilidad de que Hacienda les devolviera el Impuesto de Matriculación. Lo pagaban y solicitaban la devolución, que venía cuando venía, pero venía, es decir, cosa de un año después. Eran tiempos de vacas obesas. Aznar acaba de ganar su segunda presidencia, ésta vez por mayoría absoluta.
Acuerdo con Hacienda
Los empresarios preguntaron a Hacienda: «¿Si el Impuesto de Matriculación nos lo devolvéis, por qué, simplemente, no lo pagamos?» La Hacienda de los tiempos de Aznar dijo que sí y emitía unos documentos que permitían a los empresarios ahorrarse ese pago que, al fin y al cabo, se les reembolsaría en un futuro no lejano.
Y así las cosas fueron bien durante cuatro años. Esta estrategia empresarial pegó un empujón a la balanza de exportaciones española. Las fábricas de coches de España vendían unidades a los empresarios de rent a car de Baleares, lotes que, sin ni tan siquiera salir del container, eran reembarcados para sus futuros y definitivos destinos.
Hasta 2004. Gana las elecciones el PSOE de ZP y Hacienda cambia de color. Investigando un supuesto fraude de IVA a un empresario del sector, Salvador Llinás, refugiado en Paraguay desde 2008, se llega a la conclusión de que podría haber grandes bolsas de fraude en Impuesto de Matriculaciones.
La paradoja judicial
Llinás se libró de la investigación por el fraude del IVA, pero Hacienda creyó haber descubierto un filón en el sector. El primer investigado fue el empresario Gabriel Sánchez Oliver, a quien se ha dejado en la ruina y que ha cerrado ya la cuadratura de un círculo de resolución imprevisible, quedando casi sin defensa por una paradoja.
Pero vayamos por partes. Su calvario y el de media docena de empresarios más (con un total de 17 empresas) comienza en 2004 cuando Hacienda les exige el pago de los Impuestos de Matriculación no abonados en los últimos cuatro años. Sánchez responde: ''¡Pero si estábamos exentos por la propia Hacienda!''.
Pero era por la Hacienda del PP. La del PSOE no piensa igual y les dice que no, que han de pagar. Los impuestos atrasados, una multa del 150% e intereses. A Sánchez la cosa le sale por 3,5 millones de impuestos, más las multas, más los intereses, 7,5 millones de euros. La ruina. Actualmente no puede trabajar. Está embargado.
Naturalmente, acude a los tribunales. Y comienza la paradoja judicial. Lo envían a la Audiencia Nacional, por la elevada cuantía. La Audiencia, como es frecuente, le condena, dando la razón a Hacienda: No pagó lo que tenía que pagar, aunque luego se lo hubieran devuelto y además los coches los vendió, no los alquiló.
Curiosamente, aunque no usara los coches para alquiler, la exención seguía siendo posible. Nada hubiera sucedido si se hubiera hecho por el procedimiento anterior de primero pagar y luego recuperar. Sánchez —y los empresarios a los que coge la redada— aún están tranquilos. Queda el Tribunal Supremo. Pero el TS dio una sorpresa: rechazó juzgar el caso.
Link a la noticia
Veo en esta noticia el trapicheo con las leyes españolas. Es que no hay nadie honrado en este país?
A la mínima que se pueda, se busca hacer chanchulleos.
