MonteKarmelo
Madmaxista
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La mutualidad de los funcionarios ha sufrido ya la huida de seis compañías por la pérdida de atractivo financiero. El futuro del modelo está en peligro.
DANI CORDERO / JUAN EMILIO MAÍLLO
El futuro de Muface pinta neցro. Al menos, tal y como está ahora planteada la Mutualidad de los Funcionarios. Coinciden todos. El sector asegurador, los sindicatos, obviamente la oposición. El Gobierno es el único que lo niega. Pero o se mejoran las condiciones, o las aseguradores huirán en dos años.
Y es curioso cómo un negocio de 925.000 titulares -y 630.000 beneficiarios- está siendo repudiado por el conjunto del sector asegurador. Sanitas, en los años 90, fue el primero en poner el grito en el cielo. Consideraba inaguantable mantenerse en el convenio planteado por el Ejecutivo, que le ocasionaba pérdidas. Y se fue. En 2007, se bajó del carro Groupama. El mismo motivo. Y el año pasado dieron el portazo Mapfre, Caser y La Equitativa, que daban cobertura a 139.000 personas, y que se negaron a asumir el convenio bianual 2010-2011 planteado por el Gobierno. «Cuantos más clientes gano, más pérdidas tengo, porque lo que se satisface por los funcionarios es inferior a lo que se cobra a un cliente particular y el resultado es deficitario en varios millones de euros al año», señalaba el viernes el ejecutivo de una de esas compañías.
Fruto de esa fuga, en enero pasado esa bolsa de funcionarios tuvo que tramitar el cambio de aseguradora, que ahora se reparten básicamente Adeslas, DKV, Asisa y el Instituto Nacional de la Seguridad Social. El mayor problema con el que se encuentran las entidades es justamente la presencia de la Seguridad Social, a la que consideran una competencia aberrante. El instituto público tiene adscritos el 15% de los asegurados totales. Desde el sector privado no se le acusa de rebajar los precios hasta lo inaguantable, sino de cobrar por asegurado más que las entidades privadas.
Es complicado tener unos datos fiables, pero grosso modo, el sector privado asegura que ellos cobran una prima por titular de cerca de 700 euros, mientras que la Seguridad Social ingresaría por lo mismo más de 1.200 euros. Una portavoz del Ministerio de Presidencia, del que depende ahora Muface, aseguraba el viernes que esos datos no son del todo ciertos, porque, según su versión, a la tarifa de las aseguradoras se debería añadir otros 300 euros en concepto de gasto farmacéutico y entre un 5% y un 7% de los «gastos públicos de administración». «No hay tanta diferencia», asegura.
Existe el temor de que el Gobierno pretenda liquidar un sistema estrenado en 1975 con su negativa a financiarlo mejor. Sería un efecto dominó: infrafinanciación a las aseguradoras, empeoramiento del servicio, quejas de los funcionarios -ya han empezado- y consecuente trasvase a la Seguridad Social. Muface sin sentido, Muface liquidado.
El sector privado ha puesto en marcha toda su maquinaria para intentar encauzar la situación. El primer elemento que demanda es una mejora de las primas de, al menos, un 20%. Por contra, Presidencia ha ofrecido en el último convenio una mejora de tarifa del 2,5% que podría llegar al 5,5% si las entidades cumplen una serie de objetivos «por buenas prácticas que no obligan tampoco a hacer virguerías».
Pero hay otros elementos a tener en cuenta. En 2008, la comisión de salud de la patronal Unespa encargó a PriceWaterhouseCoopers un informe sobre la situación del sector. Algunas conclusiones eran demoledoras, como la incapacidad de las aseguradoras para controlar a quién aseguraba y a qué precio. Eso en un entorno de envejecimiento de la población funcionarial, lo que produce un incremento importante de las prestaciones demandadas. Otra, por ejemplo, la incapacidad que tienen las aseguradoras para filtrar a los enfermos que demandan la asistencia de especialistas. En el sistema público los profesionales de la atención primaria son quienes cumplen esa función. O las listas de espera, que las compañías privadas no pueden admitir. Incluso intentaron que intermediara la Dirección General de Seguros. Sin éxito.
La situación es insostenible incluso para quienes han optado por mantenerse en el sistema, entidades especializadas en el ramo de salud, con hospitales propios y, por tanto, interesados en tener pacientes con que llenarlos, pero también obligadas a tener buenas relaciones con las administraciones, ya que están interesados en participar, si algún día es posible, en la gestión privatizada de hospitales públicos, como ya sucede en Valencia y Madrid.
Uno de los pocos dispuestos a dar la cara por el tema es el director general de DKV, Josep Santacreu, quien acusa al precio de la prima de generar «un problema de infrafinanciación de la asistencia prestada a los funcionarios, que si no se revisa a corto o medio plazo pone en riesgo este modelo de colaboración público-privada». ¿Se plantea la aseguradora abandonar el sistema? «Si no nos queda otro remedio, lo haremos. De hecho, ya nos lo planteamos seriamente hace unos meses, pero hemos decidido confiar en que se actúe con sentido común porque éste es un modelo que cuesta menos dinero al Estado y satisface al usuario».
El modelo de Muface se tambalea / EL MUNDO
DANI CORDERO / JUAN EMILIO MAÍLLO
El futuro de Muface pinta neցro. Al menos, tal y como está ahora planteada la Mutualidad de los Funcionarios. Coinciden todos. El sector asegurador, los sindicatos, obviamente la oposición. El Gobierno es el único que lo niega. Pero o se mejoran las condiciones, o las aseguradores huirán en dos años.
Y es curioso cómo un negocio de 925.000 titulares -y 630.000 beneficiarios- está siendo repudiado por el conjunto del sector asegurador. Sanitas, en los años 90, fue el primero en poner el grito en el cielo. Consideraba inaguantable mantenerse en el convenio planteado por el Ejecutivo, que le ocasionaba pérdidas. Y se fue. En 2007, se bajó del carro Groupama. El mismo motivo. Y el año pasado dieron el portazo Mapfre, Caser y La Equitativa, que daban cobertura a 139.000 personas, y que se negaron a asumir el convenio bianual 2010-2011 planteado por el Gobierno. «Cuantos más clientes gano, más pérdidas tengo, porque lo que se satisface por los funcionarios es inferior a lo que se cobra a un cliente particular y el resultado es deficitario en varios millones de euros al año», señalaba el viernes el ejecutivo de una de esas compañías.
Fruto de esa fuga, en enero pasado esa bolsa de funcionarios tuvo que tramitar el cambio de aseguradora, que ahora se reparten básicamente Adeslas, DKV, Asisa y el Instituto Nacional de la Seguridad Social. El mayor problema con el que se encuentran las entidades es justamente la presencia de la Seguridad Social, a la que consideran una competencia aberrante. El instituto público tiene adscritos el 15% de los asegurados totales. Desde el sector privado no se le acusa de rebajar los precios hasta lo inaguantable, sino de cobrar por asegurado más que las entidades privadas.
Es complicado tener unos datos fiables, pero grosso modo, el sector privado asegura que ellos cobran una prima por titular de cerca de 700 euros, mientras que la Seguridad Social ingresaría por lo mismo más de 1.200 euros. Una portavoz del Ministerio de Presidencia, del que depende ahora Muface, aseguraba el viernes que esos datos no son del todo ciertos, porque, según su versión, a la tarifa de las aseguradoras se debería añadir otros 300 euros en concepto de gasto farmacéutico y entre un 5% y un 7% de los «gastos públicos de administración». «No hay tanta diferencia», asegura.
Existe el temor de que el Gobierno pretenda liquidar un sistema estrenado en 1975 con su negativa a financiarlo mejor. Sería un efecto dominó: infrafinanciación a las aseguradoras, empeoramiento del servicio, quejas de los funcionarios -ya han empezado- y consecuente trasvase a la Seguridad Social. Muface sin sentido, Muface liquidado.
El sector privado ha puesto en marcha toda su maquinaria para intentar encauzar la situación. El primer elemento que demanda es una mejora de las primas de, al menos, un 20%. Por contra, Presidencia ha ofrecido en el último convenio una mejora de tarifa del 2,5% que podría llegar al 5,5% si las entidades cumplen una serie de objetivos «por buenas prácticas que no obligan tampoco a hacer virguerías».
Pero hay otros elementos a tener en cuenta. En 2008, la comisión de salud de la patronal Unespa encargó a PriceWaterhouseCoopers un informe sobre la situación del sector. Algunas conclusiones eran demoledoras, como la incapacidad de las aseguradoras para controlar a quién aseguraba y a qué precio. Eso en un entorno de envejecimiento de la población funcionarial, lo que produce un incremento importante de las prestaciones demandadas. Otra, por ejemplo, la incapacidad que tienen las aseguradoras para filtrar a los enfermos que demandan la asistencia de especialistas. En el sistema público los profesionales de la atención primaria son quienes cumplen esa función. O las listas de espera, que las compañías privadas no pueden admitir. Incluso intentaron que intermediara la Dirección General de Seguros. Sin éxito.
La situación es insostenible incluso para quienes han optado por mantenerse en el sistema, entidades especializadas en el ramo de salud, con hospitales propios y, por tanto, interesados en tener pacientes con que llenarlos, pero también obligadas a tener buenas relaciones con las administraciones, ya que están interesados en participar, si algún día es posible, en la gestión privatizada de hospitales públicos, como ya sucede en Valencia y Madrid.
Uno de los pocos dispuestos a dar la cara por el tema es el director general de DKV, Josep Santacreu, quien acusa al precio de la prima de generar «un problema de infrafinanciación de la asistencia prestada a los funcionarios, que si no se revisa a corto o medio plazo pone en riesgo este modelo de colaboración público-privada». ¿Se plantea la aseguradora abandonar el sistema? «Si no nos queda otro remedio, lo haremos. De hecho, ya nos lo planteamos seriamente hace unos meses, pero hemos decidido confiar en que se actúe con sentido común porque éste es un modelo que cuesta menos dinero al Estado y satisface al usuario».
El modelo de Muface se tambalea / EL MUNDO
