McNamara
Madmaxista
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ÁLAVA
El Gobierno recupera 46 pisos protegidos en 2 años de lucha contra el fraude
Impone 152 multas en Vitoria a propietarios que no residen en su vivienda o que la alquilan sin permiso
Se han efectuado más de 6.300 investigaciones
AITOR ALONSO a.alonso@diario-elcorreo.com/VITORIA
Guerra al fraude en los pisos protegidos. El Gobierno vasco inició hace dos años en Euskadi un programa pionero para poner freno a las irregularidades que afectan a las viviendas públicas y los primeros datos de su actividad en Álava indican que existe «entre un 7% y un 8%» de engaños. Como consecuencia de su actividad inspectora, desde 2005 se han logrado recuperar 46 viviendas -una de ellas acabó siendo expropiada- y se han impuesto 156 sanciones contra propietarios que se saltaron las normas.
La consejería de Vivienda que lidera Javier Madrazo (EB) trata de atajar con su labor investigadora los tres tipos de fraudes más habituales. El primero es el referente a las viviendas vacías, aquellas que no son ocupadas de forma habitual por los adjudicatarios que las consiguieron por sorteo. En segundo lugar, se estudian los alquileres irregulares y, por último, las operaciones de compraventa de este tipo de casas entre particulares, en ocasiones a precios próximos al mercado libre.
En los últimos dos años, el Gobierno vasco ha mandado inspectores a 6.358 pisos protegidos de la ciudad, lo que supone cerca de un 30% del total de viviendas públicas de Vitoria, cuyo parque ronda las 20.000 unidades. El resultado ha sido un «bajo» nivel de fraude, según Javier Burón, responsable de Planificación y Gestión Financiera del Departamento de Vivienda. «Los datos indican que más del 90% de los adjudicatarios cumplen las normas y residen en los pisos, que es para lo que los obtuvieron», apunta. «Pero el dato objetivo no nos puede hacer olvidar que un único incumplimiento en esta materia es socialmente inadmisible cuando hay miles de jóvenes apuntados a los sorteos. No hay por tanto que bajar la guardia, sino redoblar los controles», explica.
De los más de 6.300 expedientes revisados durante los dos últimos años, 795 -un 12%- despertaron la inquietud de los inspectores al ver en ellos «indicios de irregularidad». Muchos de estos casos se aclararon por el camino, pero 156 terminaron en sanciones económicas. «Las multas por no residir en la vivienda o por alquilarla de forma irregular rondan los 3.000 ó 4.000 euros, según la gravedad del caso», indica Burón.
Expropiaciones
Si el denunciado persiste en su actitud, el Gobierno vasco puede llegar a expropiar la casa, lo que ocurrió en una ocasión en Álava, en el año 2006. «Aunque hay otras en trámite», apunta.
La actividad inspectora parece haber removido conciencias entre los propietarios de casas protegidas que no utilizan estos pisos financiados por el erario público como viviendas habituales. «Nos ha sorprendido esta reacción, pero lo cierto es que ha habido 45 personas que han venido a ofrecer el piso al Gobierno vasco porque no lo iban a habitar y sabían que tarde o temprano, íbamos a cazarles», explica el alto cargo del departamento que dirige Javier Madrazo.
En estos casos, el Ejecutivo ha recomprado a los particulares las viviendas -al mismo precio protegido que abonaron, unos 120.000 euros de media- para ponerlas luego a disposición de otros demandantes.
La consejería tiene intención de completar en los próximos años la inspección de los 20.000 pisos protegidos de Vitoria. «Todas las casas deben ser revisadas, al menos, una vez», indica Burón. «Cuando completemos toda una vuelta, podremos focalizar nuestros esfuerzos en otras bolsas de fraude. Pero no vamos a parar. Quien haga un uso irregular de su piso protegido debe tener claro que le vamos a pillar», aseguró. En los tres primeros meses de 2007 ya se han efectuado 647 revisiones.
http://www.elcorreodigital.com/vizc...ierno-recupera-pisos-protegidos_20070323.html
CASOS A PERSEGUIR
Viviendas vacías: Para el Gobierno, un piso protegido desocupado significa que su titular «no lo necesita» y que, por tanto, no debe disponer de él. Las viviendas se controlan mediante visitas, llamadas y vigilancia de consumo.
Transmisiones: La compraventa de VPO de segunda mano sólo puede hacerse bajo control del Gobierno vasco y a un precio tasado por la Administración. Se perseguirán las transacciones en las que haya dinero neցro.
Arrendamientos irregulares: El alquiler de un piso protegido no puede costar más de 350 euros (en función de su superficie) y sólo puede arrendarse en situaciones concretas, como desplazamientos por trabajo o salud.
jovenlandesador diferente al titular: Un adjudicatario de una vivienda protegida no puede cederla a su hermano o a otro familiar, por ejemplo. Debe vivir él mismo.
El Gobierno recupera 46 pisos protegidos en 2 años de lucha contra el fraude
Impone 152 multas en Vitoria a propietarios que no residen en su vivienda o que la alquilan sin permiso
Se han efectuado más de 6.300 investigaciones
AITOR ALONSO a.alonso@diario-elcorreo.com/VITORIA
Guerra al fraude en los pisos protegidos. El Gobierno vasco inició hace dos años en Euskadi un programa pionero para poner freno a las irregularidades que afectan a las viviendas públicas y los primeros datos de su actividad en Álava indican que existe «entre un 7% y un 8%» de engaños. Como consecuencia de su actividad inspectora, desde 2005 se han logrado recuperar 46 viviendas -una de ellas acabó siendo expropiada- y se han impuesto 156 sanciones contra propietarios que se saltaron las normas.
La consejería de Vivienda que lidera Javier Madrazo (EB) trata de atajar con su labor investigadora los tres tipos de fraudes más habituales. El primero es el referente a las viviendas vacías, aquellas que no son ocupadas de forma habitual por los adjudicatarios que las consiguieron por sorteo. En segundo lugar, se estudian los alquileres irregulares y, por último, las operaciones de compraventa de este tipo de casas entre particulares, en ocasiones a precios próximos al mercado libre.
En los últimos dos años, el Gobierno vasco ha mandado inspectores a 6.358 pisos protegidos de la ciudad, lo que supone cerca de un 30% del total de viviendas públicas de Vitoria, cuyo parque ronda las 20.000 unidades. El resultado ha sido un «bajo» nivel de fraude, según Javier Burón, responsable de Planificación y Gestión Financiera del Departamento de Vivienda. «Los datos indican que más del 90% de los adjudicatarios cumplen las normas y residen en los pisos, que es para lo que los obtuvieron», apunta. «Pero el dato objetivo no nos puede hacer olvidar que un único incumplimiento en esta materia es socialmente inadmisible cuando hay miles de jóvenes apuntados a los sorteos. No hay por tanto que bajar la guardia, sino redoblar los controles», explica.
De los más de 6.300 expedientes revisados durante los dos últimos años, 795 -un 12%- despertaron la inquietud de los inspectores al ver en ellos «indicios de irregularidad». Muchos de estos casos se aclararon por el camino, pero 156 terminaron en sanciones económicas. «Las multas por no residir en la vivienda o por alquilarla de forma irregular rondan los 3.000 ó 4.000 euros, según la gravedad del caso», indica Burón.
Expropiaciones
Si el denunciado persiste en su actitud, el Gobierno vasco puede llegar a expropiar la casa, lo que ocurrió en una ocasión en Álava, en el año 2006. «Aunque hay otras en trámite», apunta.
La actividad inspectora parece haber removido conciencias entre los propietarios de casas protegidas que no utilizan estos pisos financiados por el erario público como viviendas habituales. «Nos ha sorprendido esta reacción, pero lo cierto es que ha habido 45 personas que han venido a ofrecer el piso al Gobierno vasco porque no lo iban a habitar y sabían que tarde o temprano, íbamos a cazarles», explica el alto cargo del departamento que dirige Javier Madrazo.
En estos casos, el Ejecutivo ha recomprado a los particulares las viviendas -al mismo precio protegido que abonaron, unos 120.000 euros de media- para ponerlas luego a disposición de otros demandantes.
La consejería tiene intención de completar en los próximos años la inspección de los 20.000 pisos protegidos de Vitoria. «Todas las casas deben ser revisadas, al menos, una vez», indica Burón. «Cuando completemos toda una vuelta, podremos focalizar nuestros esfuerzos en otras bolsas de fraude. Pero no vamos a parar. Quien haga un uso irregular de su piso protegido debe tener claro que le vamos a pillar», aseguró. En los tres primeros meses de 2007 ya se han efectuado 647 revisiones.
http://www.elcorreodigital.com/vizc...ierno-recupera-pisos-protegidos_20070323.html
CASOS A PERSEGUIR
Viviendas vacías: Para el Gobierno, un piso protegido desocupado significa que su titular «no lo necesita» y que, por tanto, no debe disponer de él. Las viviendas se controlan mediante visitas, llamadas y vigilancia de consumo.
Transmisiones: La compraventa de VPO de segunda mano sólo puede hacerse bajo control del Gobierno vasco y a un precio tasado por la Administración. Se perseguirán las transacciones en las que haya dinero neցro.
Arrendamientos irregulares: El alquiler de un piso protegido no puede costar más de 350 euros (en función de su superficie) y sólo puede arrendarse en situaciones concretas, como desplazamientos por trabajo o salud.
jovenlandesador diferente al titular: Un adjudicatario de una vivienda protegida no puede cederla a su hermano o a otro familiar, por ejemplo. Debe vivir él mismo.
