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El Gobierno ha expulsado desde 2004 a 100 yihadistas por “seguridad nacional”
Se les considera una amenaza y se les prohíbe volver a España en diez años
ESPECIAL Terrorismo islamista
El Gobierno ha expulsado desde 2004 a 100 yihadistas por “seguridad nacional†| PolÃ*tica | EL PAÃS
Cólera en la mezquita de los afganos
JOSÉ MARÍA IRUJO Madrid 31 MAY 2014 - 16:39 CET35
Archivado en: Yihad Audiencia Nacional Expulsiones CNI Salafismo Al Qaeda Fundamentalismo Terrorismo islamista Cooperación policial Servicios inteligencia Tribunales Seguridad nacional Espionaje Poder judicial Fuerzas seguridad Grupos terroristas Ideologías Terrorismo Defensa Relaciones exteriores Política Justicia
La Policía expulsa a Rafa Zouhier, condenado por el 11-M, tras salir de prisión, el pasado 16 de marzo. / AFP
El Gobierno ha expulsado de España por motivos de “seguridad nacional” a un centenar de yihadistas de cinco nacionalidades detenidos y condenados por financiar y colaborar con Al Qaeda y otros grupos salafistas vinculados a la yihad global. A todos ellos se les considera una “amenaza” y se les ha prohibido volver a pisar territorio nacional durante un periodo de 10 años. Ninguno ha regresado.
La política de expulsiones, gota a gota y en silencio, se inició tras los atentados del 11 de marzo de 2004, que causaron 192 muertos y 1.852 heridos en cuatro trenes de Cercanías de Madrid. Pretende alejar de España a personas consideradas “muy peligrosas” y prevenir nuevos ataques y atentados, según asegura una fuente autorizada del Ministerio del Interior. Solo en 2013 y 2014 se ha expulsado a 29 personas vinculadas a Al Qaeda.
Los yihadistas expulsados son marroquíes, argelinos, sirios, tunecinos y paquistaníes que vivían en España, algunos casados con españolas. Han sido conducidos a un avión y trasladados a sus países de origen tras cumplir su sentencia o archivarse su causa. “No hay constancia de que ningún expulsado por terrorismo yihadista haya regresado”, afirman fuentes del Gobierno.
Fuente: Ministerio del Interior / EL PAÍS
También se han producido expulsiones por sustitución de penas de prisión. En esta modalidad, los reclusos han aceptado abandonar el país a cambio de dejar de cumplir una parte de su condena. “Preferimos que se vayan a miles de kilómetros a que sigan aquí pergeñando cosas nada buenas”, asegura un juez de la Audiencia Nacional. El Código Penal establece que las condenas de menos de seis años se pueden sustituir por la expulsión cuando el recluso ha cumplido las dos terceras partes de su pena. Otro grupo menos numeroso ha salido de España al ser objeto de una petición de extradición.
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El ‘Bibliotecario de Al Qaeda’, condenado a ocho años de prisión por la Audiencia Nacional
La miseria nutre las filas de la secta yihadista
La ley sobre libre circulación y residencia en España de ciudadanos de la UE y de otros Estados establece que cuando la expulsión se adopte por razones de orden público o de seguridad ciudadana deberá estar basada en la conducta personal y constituir una amenaza real, actual y suficientemente grave. El Gobierno y los jueces apoyan sus decisiones en informes del Centro Nacional de Inteligencia o del Centro de Inteligencia y Análisis de Riesgos de la policía.
Las expulsiones se producen no sólo en los casos en los que el yihadista ha cumplido su condena. También hay casos en los que los jueces acuerdan un sobreseimiento provisional, pero el yihadista permanece en España de manera irregular y se le ha incoado un procedimiento de expulsión por la Delegación del Gobierno.
Dolores Delgado, fiscal de la Audiencia Nacional y responsable de las investigaciones sobre terrorismo yihadista, explica por qué la fiscalía apoya, en ocasiones muy concretas, las peticiones de expulsión: “Como política preventiva no estoy de acuerdo. Como respuesta a una actividad que puede conllevar un peligro para la seguridad nacional sí estoy a favor. Hay casos en los que no logramos las pruebas, pero sí los indicios de que una persona mantiene una actividad que puede ser peligrosa. Intentamos establecer un equilibrio entre los derechos fundamentales y esta medida tan severa. Lo valoramos con mucho cuidado y apoyamos la expulsión solo si hay un procedimiento administrativo y concurren determinadas circunstancias”.
Interior es taxativo en su defensa de las expulsiones. “Si después de cumplir condena no se les expulsara cabe el riesgo de que vuelva a su actividad terrorista anterior, posiblemente más radicalizado y adoptando medidas de seguridad lo que dificultaría su posterior control en el supuesto de que se reintegrara en una organización terrorista”, explica la fuente.
Sobre los yihadistas que quedan en libertad por falta de pruebas el funcionario de Interior añade: “Son controlados por las fuerzas de seguridad que comprueban cómo llevan a cabo una serie de actuaciones que muchas veces son difíciles de encuadrar en una modalidad delictiva: recaudan dinero, lo envían al exterior, hacen proselitismo, reclutan adeptos, pero pese a ello es complicado obtener los elementos probatorios para conseguir una condena. Si estos hechos se prolongan en el tiempo, el grupo cada vez es más fuerte y la situación irá a peor cuanto más perdure”.
Los trámites de expulsión pueden durar años. Mohamed Needl, sirio de 48 años, casado con Nayat, una ceutí dueña de la casa de Morata de Tajuña donde los terroristas montaron las bombas que explotaron en Atocha, teme su expulsión. Es padre de cinco hijos españoles, vive aquí desde hace 20 años y dirigía una empresa de reformas. Cumplió ocho años de prisión por pertenencia a una célula yihadista de sirios a la que se vinculó con el 11-S. Ahora, el juez le considera “un individuo altamente peligroso” para la seguridad nacional. “No sé que va a ocurrir. Sobrevivimos sin ayudas. Mis hijos están integrados. Enviarme a Siria es mandarme a la muerte”, asegura Needl. “Hemos pedido la suspensión”, dice su abogado, José Luis Abascal. Interior responde que en los casos de personas expulsadas a países donde no se respetan los derechos humanos “siempre tienen la opción de solicitar el asilo”.
La expulsión de Nouh Mediouni, un argelino de 24 años que vivía en Zaragoza, fue inmediata pese a que el juez Santiago Pedraz sobreseyó su causa. El joven manifestó en su cuenta de Facebook su deseo de convertirse en mártir de la yihad e intentó, sin conseguirlo, integrarse en una célula de Al Qaeda en el Magreb Islámico.
Mili sin armas en Siria
Basel Ghalyoun, absuelto por el Tribunal Supremo de los atentados del 11-M, fue expulsado en 2008 a Siria, pese a las advertencias de Amnistía Internacional de que corría el riesgo de ser torturado en las cárceles de ese país. José Luis Abascal, su abogado, asegura que Ghalyoun ingresó en prisión nada más llegar al aeropuerto de Damasco y, posteriormente, fue obligado a cumplir el servicio militar. No le dejaron tocar un arma. “Hizo el servicio militar sin fusil”, afirma el letrado.
Ghalyoun fue acusado inicialmente de ser autor material de los atentados y condenado después a 12 años de prisión por integración en banda terrorista. El Tribunal Supremo le absolvió por falta de pruebas.
Tras el atentado del 11-S en 2001 más de 300 personas han sido detenidas en España por actividades relacionadas con el terrorismo islamista, pero sólo han sido condenadas alrededor de un centenar. La mayoría han sido puestas en libertad por falta de pruebas. El centenar de expulsiones ejecutadas en España desde 2004 han sido tramitadas por la Unidad Central de Expulsiones y Expatriaciones del Cuerpo Nacional de Policía.
Rafa Zouhier, el intermediario entre los terroristas del 11-M y el exminero Emilio Suaréz Trashorras que les facilitó los explosivos, es uno de los últimos islamistas expulsado por el Gobierno a jovenlandia. Zouhier se había casado meses antes con una española. Para las asociaciones de víctimas su boda fue una triquiñuela para evitar su expulsión.
---------- Post added 01-jun-2014 at 08:49 ----------
Ira en la mezquita de los afganos
Ira en la mezquita de los afganos | Política | EL PAÍS
Los salafistas detenidos en el barrio melillense de La Cañada dejaron atrás una vida de juergas y discotecas para practicar la versión más rigorista del islam
El Gobierno ha expulsado desde 2004 a 100 yihadistas por “seguridad nacional”
ANA CARBAJOSA Melilla 31 MAY 2014 - 17:19 CET17
Archivado en: Yihad Terrorismo internacional AQMI Melilla Terrorismo islamista Lucha antiterrorista Grupos terroristas España Terrorismo
La Guardia Civil conduce a uno de los islamistas detenidos el viernes en Melilla. / BLASCO DE AVELLANEDA (AFP)
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Los ánimos en la trastienda de la mezquita blanca, el epicentro del islamismo salafista de Melilla están encendidos. Seis de sus fieles fueron detenidos la madrugada del viernes en una aparatosa redada en La Cañada de Hidum y otros tres barrios periféricos y de mayoría musulmana de Melilla. Les acusan de reclutar yihadistas para los conflictos jovenlandeses como Malí o Libia.
El puesto móvil de hamburguesas y bocadillos con el que Benaissa Laghmouchi Baghdadi, presuntamente el primer yihadista español retornado de Malí, se ganaba la vida antes de ser detenido el viernes ha quedado ahora aparcado en la parte trasera de la mezquita. Con él daba de comer a los fieles que se sientan a conversar a la fresca hasta altas horas de la mañana. En este pequeño habitáculo, ocho hombres con barba larga y la mayoría vestidos al modo afgano ofrecen visiblemente alterados su versión de lo sucedido.
“Dicen que somos la mezquita de los terroristas sólo porque somos más estrictos, porque cumplimos con las leyes de Alá. Nos consideran extremistas por llevar barba y túnicas largas”, estima Javier Mohamed, con pelo rapado, barba crecida y un fuerte acento andaluz. Defienden que no tienen ninguna relación con Malí, con Siria, ni con ningún país extranjero.
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Ahmed Alal, hermano de Mustafa Alal, otro de los detenidos, no tiene duda de que jovenlandia está detrás de las detenciones, que el Gobierno del país vecino “no gobierna este lugar y eso no lo pueden soportar”, estima. “En el resto de las mezquitas bendicen a Mohamed VI y a Hassan II. Nosotros no. Sólo bendecimos a Alá. Somos monoteístas”, apunta otro compañero.
El islamismo riguroso de los barbudos de la mezquita blanca es sobrevenido, al igual que el de los detenidos. “Éramos juerguistas, salíamos, íbamos a las discotecas, pero ya no”, dice uno de ellos. Un melillense que no pertenece al entorno salafista, pero que es antiguo amigo de Rachid Abdel Nahet, otro de los arrestados, explica que el acusado “era un chico normal, que salía con chicas cristianas, bebía, le gustaban las motos buenas”. Cuenta también, que hace unos años enfermó y prometió que si se curaba nunca más bebería alcohol y viviría de acuerdo con la Sharia, la ley islámica.
Ya fuera del barrio, en una cafetería del centro de Melilla, otro vecino de La Cañada, que nació y creció en el entorno de los detenidos, no ve con buenos ojos la transformación de algunos de sus compañeros de juergas. “Ahora, si no llevas barba larga, ni te saludan. Viven en su mundo y no se mezclan con los demás”. “Antes de Bin Laden, esta gente no existía aquí en Melilla”. Fuentes del espionaje coinciden en que el salafismo de la mezquita de los afganos se implantó en Melilla a partir del 11 de septiembre de 2001.
Alal trabaja en la construcción desde hace 20 años, Mohamed es electricista en paro, otro es futbolista y los hay también que están en paro. Les une su viaje espiritual hacia el islam ultraconservador y la mezquita de La Cañada, conocida como “la de los afganos” donde rezan cinco veces al día. Apenas se dejan ver por el centro de Melilla, a no ser que tengan que hacer gestiones en el banco o en algún organismo oficial.
Los reunidos en la trastienda constituyen, según los investigadores, el segundo escalón de una trama vinculada al narcotráfico y a redes internacionales de reclutamiento con bases en Dinamarca, Alemania, Turquía y, sobre todo, jovenlandia. En este país acusan también a los detenidos de dirigir campos de entrenamiento para yihadistas
La Cañada es un sitio duro, poblado por gente humilde, con altísimas tasas de desempleo y convertido en un supermercado de la droja. La policía no acostumbra a entrar al barrio y la mayoría de los melillenses tampoco. La madrugada del viernes, los vecinos apedrearon a los agentes cuando entraron en la espectacular operación Javer, cubiertos con pasamontañas y de acuerdo con la versión de los vecinos, de forma especialmente agresiva. “Encañonaron a jóvenes que dormían tranquilamente en su casa”, dice uno de los vecinos. Lo mismo sucedió el pasado enero, cuando algunos residentes de La Cañada se sintieron injustamente excluidos de un plan de empleo y montaron barricadas, prendieron fuego a contenedores y llegaron a utilizar armas de fuego, según la policía. Este barrio, de paredes desconchadas y casas a medio terminar es el que han elegido los islamistas ultraconservadores de Melilla para florecer; al calor de la frustración y el olvido de las autoridades.
Las interpretaciones más rigoristas del islam avanzan en Melilla, donde ahora es relativamente frecuente toparse con mujeres con la cara tapada por el niqab –sólo los ojos al descubierto- y guantes en las manos. Los amigos de los sospechosos sostienen que una cosa es el tirón de las costumbres ultraconservadoras y otra distinta la apología del terrorismo de la que se les acusa. “Condenamos el terrorismo. No estamos a favor de dar de baja de la suscripción de la vida a nadie. Nos están provocando y al final Melilla va a explotar”, dice exaltado uno de los barbudos antes de abandonar la trastienda de la mezquita, cuyo ambiente se caldea por momentos. Los investigadores dan sin embargo por hecho que los que abrazan el salafismo en La Cañada inician un camino que les conduce a la criminalidad.
Se les considera una amenaza y se les prohíbe volver a España en diez años
ESPECIAL Terrorismo islamista
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Cólera en la mezquita de los afganos
JOSÉ MARÍA IRUJO Madrid 31 MAY 2014 - 16:39 CET35
Archivado en: Yihad Audiencia Nacional Expulsiones CNI Salafismo Al Qaeda Fundamentalismo Terrorismo islamista Cooperación policial Servicios inteligencia Tribunales Seguridad nacional Espionaje Poder judicial Fuerzas seguridad Grupos terroristas Ideologías Terrorismo Defensa Relaciones exteriores Política Justicia
La Policía expulsa a Rafa Zouhier, condenado por el 11-M, tras salir de prisión, el pasado 16 de marzo. / AFP
El Gobierno ha expulsado de España por motivos de “seguridad nacional” a un centenar de yihadistas de cinco nacionalidades detenidos y condenados por financiar y colaborar con Al Qaeda y otros grupos salafistas vinculados a la yihad global. A todos ellos se les considera una “amenaza” y se les ha prohibido volver a pisar territorio nacional durante un periodo de 10 años. Ninguno ha regresado.
La política de expulsiones, gota a gota y en silencio, se inició tras los atentados del 11 de marzo de 2004, que causaron 192 muertos y 1.852 heridos en cuatro trenes de Cercanías de Madrid. Pretende alejar de España a personas consideradas “muy peligrosas” y prevenir nuevos ataques y atentados, según asegura una fuente autorizada del Ministerio del Interior. Solo en 2013 y 2014 se ha expulsado a 29 personas vinculadas a Al Qaeda.
Los yihadistas expulsados son marroquíes, argelinos, sirios, tunecinos y paquistaníes que vivían en España, algunos casados con españolas. Han sido conducidos a un avión y trasladados a sus países de origen tras cumplir su sentencia o archivarse su causa. “No hay constancia de que ningún expulsado por terrorismo yihadista haya regresado”, afirman fuentes del Gobierno.
Fuente: Ministerio del Interior / EL PAÍS
También se han producido expulsiones por sustitución de penas de prisión. En esta modalidad, los reclusos han aceptado abandonar el país a cambio de dejar de cumplir una parte de su condena. “Preferimos que se vayan a miles de kilómetros a que sigan aquí pergeñando cosas nada buenas”, asegura un juez de la Audiencia Nacional. El Código Penal establece que las condenas de menos de seis años se pueden sustituir por la expulsión cuando el recluso ha cumplido las dos terceras partes de su pena. Otro grupo menos numeroso ha salido de España al ser objeto de una petición de extradición.
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Las expulsiones se producen no sólo en los casos en los que el yihadista ha cumplido su condena. También hay casos en los que los jueces acuerdan un sobreseimiento provisional, pero el yihadista permanece en España de manera irregular y se le ha incoado un procedimiento de expulsión por la Delegación del Gobierno.
Dolores Delgado, fiscal de la Audiencia Nacional y responsable de las investigaciones sobre terrorismo yihadista, explica por qué la fiscalía apoya, en ocasiones muy concretas, las peticiones de expulsión: “Como política preventiva no estoy de acuerdo. Como respuesta a una actividad que puede conllevar un peligro para la seguridad nacional sí estoy a favor. Hay casos en los que no logramos las pruebas, pero sí los indicios de que una persona mantiene una actividad que puede ser peligrosa. Intentamos establecer un equilibrio entre los derechos fundamentales y esta medida tan severa. Lo valoramos con mucho cuidado y apoyamos la expulsión solo si hay un procedimiento administrativo y concurren determinadas circunstancias”.
Interior es taxativo en su defensa de las expulsiones. “Si después de cumplir condena no se les expulsara cabe el riesgo de que vuelva a su actividad terrorista anterior, posiblemente más radicalizado y adoptando medidas de seguridad lo que dificultaría su posterior control en el supuesto de que se reintegrara en una organización terrorista”, explica la fuente.
Sobre los yihadistas que quedan en libertad por falta de pruebas el funcionario de Interior añade: “Son controlados por las fuerzas de seguridad que comprueban cómo llevan a cabo una serie de actuaciones que muchas veces son difíciles de encuadrar en una modalidad delictiva: recaudan dinero, lo envían al exterior, hacen proselitismo, reclutan adeptos, pero pese a ello es complicado obtener los elementos probatorios para conseguir una condena. Si estos hechos se prolongan en el tiempo, el grupo cada vez es más fuerte y la situación irá a peor cuanto más perdure”.
Los trámites de expulsión pueden durar años. Mohamed Needl, sirio de 48 años, casado con Nayat, una ceutí dueña de la casa de Morata de Tajuña donde los terroristas montaron las bombas que explotaron en Atocha, teme su expulsión. Es padre de cinco hijos españoles, vive aquí desde hace 20 años y dirigía una empresa de reformas. Cumplió ocho años de prisión por pertenencia a una célula yihadista de sirios a la que se vinculó con el 11-S. Ahora, el juez le considera “un individuo altamente peligroso” para la seguridad nacional. “No sé que va a ocurrir. Sobrevivimos sin ayudas. Mis hijos están integrados. Enviarme a Siria es mandarme a la muerte”, asegura Needl. “Hemos pedido la suspensión”, dice su abogado, José Luis Abascal. Interior responde que en los casos de personas expulsadas a países donde no se respetan los derechos humanos “siempre tienen la opción de solicitar el asilo”.
La expulsión de Nouh Mediouni, un argelino de 24 años que vivía en Zaragoza, fue inmediata pese a que el juez Santiago Pedraz sobreseyó su causa. El joven manifestó en su cuenta de Facebook su deseo de convertirse en mártir de la yihad e intentó, sin conseguirlo, integrarse en una célula de Al Qaeda en el Magreb Islámico.
Mili sin armas en Siria
Basel Ghalyoun, absuelto por el Tribunal Supremo de los atentados del 11-M, fue expulsado en 2008 a Siria, pese a las advertencias de Amnistía Internacional de que corría el riesgo de ser torturado en las cárceles de ese país. José Luis Abascal, su abogado, asegura que Ghalyoun ingresó en prisión nada más llegar al aeropuerto de Damasco y, posteriormente, fue obligado a cumplir el servicio militar. No le dejaron tocar un arma. “Hizo el servicio militar sin fusil”, afirma el letrado.
Ghalyoun fue acusado inicialmente de ser autor material de los atentados y condenado después a 12 años de prisión por integración en banda terrorista. El Tribunal Supremo le absolvió por falta de pruebas.
Tras el atentado del 11-S en 2001 más de 300 personas han sido detenidas en España por actividades relacionadas con el terrorismo islamista, pero sólo han sido condenadas alrededor de un centenar. La mayoría han sido puestas en libertad por falta de pruebas. El centenar de expulsiones ejecutadas en España desde 2004 han sido tramitadas por la Unidad Central de Expulsiones y Expatriaciones del Cuerpo Nacional de Policía.
Rafa Zouhier, el intermediario entre los terroristas del 11-M y el exminero Emilio Suaréz Trashorras que les facilitó los explosivos, es uno de los últimos islamistas expulsado por el Gobierno a jovenlandia. Zouhier se había casado meses antes con una española. Para las asociaciones de víctimas su boda fue una triquiñuela para evitar su expulsión.
---------- Post added 01-jun-2014 at 08:49 ----------
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“Dicen que somos la mezquita de los terroristas sólo porque somos más estrictos, porque cumplimos con las leyes de Alá. Nos consideran extremistas por llevar barba y túnicas largas”, estima Javier Mohamed, con pelo rapado, barba crecida y un fuerte acento andaluz. Defienden que no tienen ninguna relación con Malí, con Siria, ni con ningún país extranjero.
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Ahmed Alal, hermano de Mustafa Alal, otro de los detenidos, no tiene duda de que jovenlandia está detrás de las detenciones, que el Gobierno del país vecino “no gobierna este lugar y eso no lo pueden soportar”, estima. “En el resto de las mezquitas bendicen a Mohamed VI y a Hassan II. Nosotros no. Sólo bendecimos a Alá. Somos monoteístas”, apunta otro compañero.
El islamismo riguroso de los barbudos de la mezquita blanca es sobrevenido, al igual que el de los detenidos. “Éramos juerguistas, salíamos, íbamos a las discotecas, pero ya no”, dice uno de ellos. Un melillense que no pertenece al entorno salafista, pero que es antiguo amigo de Rachid Abdel Nahet, otro de los arrestados, explica que el acusado “era un chico normal, que salía con chicas cristianas, bebía, le gustaban las motos buenas”. Cuenta también, que hace unos años enfermó y prometió que si se curaba nunca más bebería alcohol y viviría de acuerdo con la Sharia, la ley islámica.
Ya fuera del barrio, en una cafetería del centro de Melilla, otro vecino de La Cañada, que nació y creció en el entorno de los detenidos, no ve con buenos ojos la transformación de algunos de sus compañeros de juergas. “Ahora, si no llevas barba larga, ni te saludan. Viven en su mundo y no se mezclan con los demás”. “Antes de Bin Laden, esta gente no existía aquí en Melilla”. Fuentes del espionaje coinciden en que el salafismo de la mezquita de los afganos se implantó en Melilla a partir del 11 de septiembre de 2001.
Alal trabaja en la construcción desde hace 20 años, Mohamed es electricista en paro, otro es futbolista y los hay también que están en paro. Les une su viaje espiritual hacia el islam ultraconservador y la mezquita de La Cañada, conocida como “la de los afganos” donde rezan cinco veces al día. Apenas se dejan ver por el centro de Melilla, a no ser que tengan que hacer gestiones en el banco o en algún organismo oficial.
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Las interpretaciones más rigoristas del islam avanzan en Melilla, donde ahora es relativamente frecuente toparse con mujeres con la cara tapada por el niqab –sólo los ojos al descubierto- y guantes en las manos. Los amigos de los sospechosos sostienen que una cosa es el tirón de las costumbres ultraconservadoras y otra distinta la apología del terrorismo de la que se les acusa. “Condenamos el terrorismo. No estamos a favor de dar de baja de la suscripción de la vida a nadie. Nos están provocando y al final Melilla va a explotar”, dice exaltado uno de los barbudos antes de abandonar la trastienda de la mezquita, cuyo ambiente se caldea por momentos. Los investigadores dan sin embargo por hecho que los que abrazan el salafismo en La Cañada inician un camino que les conduce a la criminalidad.
