JoseDa
Madmaxista
En los últimos años, el único esfuerzo para reducir la estructura del sector público fue la CORA (Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas), que funcionó durante el gobierno de Rajoy. Se suprimieron cientos de organismos en todos los niveles de la Administración. Sin embargo, el tamaño actual del sector público evidencia que el trabajo de la CORA debió haber sido solo el comienzo de una tarea aún inconclusa.
La Intervención General de la Administración Pública (IGAE) tiene en su página web un archivo pdf llamado Inventario de entidades pertenecientes al sector de las Administraciones Públicas. Es decir, enumera todos los organismos de todos los niveles de gobierno. Un solo dato basta para darse cuenta de que el tamaño del sector público español es elefantiásico: dicho archivo pdf tiene… ¡¡199 páginas!!
Hay en España un total de 16.851 organismos públicos. Eso equivale a un organismo cada 2.800 habitantes. De esos organismos, 317 corresponden a la Administración Central, 1.314 pertenecen a las autonomías, 15.191 son de la administración local y finalmente hay 29 fondos y mutuas dependientes de la Seguridad Social.
De los organismos autonómicos, un 42% se encuentra en Cataluña (226 entes), Andalucía (219 organismos) y País Vasco (104 entidades) que, por ese orden, son las tres comunidades con mayor número de ellos. La Rioja, con 21 entidades, es la que tiene menos.
Si analizamos en cada comunidad autónoma el número de entidades de con relación a su respectiva población, el panorama cambia bastante. Cantabria, con un organismo autonómico cada 14.900 habitantes, es la que tiene el sector público más grande. Le siguen La Rioja (una entidad cada 15.100 personas), Navarra (una cada 16.400 individuos) y Aragón (una cada 19.300 habitantes). En el otro extremo se destacan Castilla-La Mancha (un organismo público autonómico cada 81.700 habitantes) y la Comunidad de Madrid (uno cada 78.600 personas).
Las comparaciones son odiosas, pero merece la pena hacer algunas. ¿Por qué, si la Comunidad de Madrid puede servir a sus ciudadanos con una entidad cada 78.600 habitantes, Cataluña necesita una cada 33.900 personas? Si la relación entre entidades autonómicas y población fuera en Cataluña igual que en Madrid, a la Generalidad le bastaría con 98 organismos (sobrarían 128). ¿Por qué si a Canarias le basta con una entidad cada 39.400 habitantes, el País Vasco requiere una cada 21.100 personas? Para tener la misma relación que en Canarias, la comunidad vasca tendría que tener 56 entidades (habría un exceso de 48).
Es decir que, aun con la vara poco exigente de comparar unas autonomías con otras, parece evidente que hay mucho gasto innecesario. Si la comparación se hiciera respecto de algún patrón de eficiencia, es seguro que en todas las autonomías habría erogaciones que se podrían suprimir sin rebajar el nivel de los servicios que prestan.
Todo el despilfarro que hay en el conjunto de administraciones se financia con los impuestos que paga el sector privado. Si el gasto público fuera eficiente, se podrían rebajar los impuestos. Hoy el gobierno se apropia de una parte del fruto del trabajo de la gente para financiar ese despilfarro. “Justicia tributaria” sería esto: dejar de robar a la gente un dinero que el gobierno no necesita, y no, como creen los socialistas de todos los partidos, maximizar la presión tributaria sobre los “más ricos”.
Si el gobierno fuera austero, los impuestos serían más bajos, la gente tendría más dinero para consumir, ahorrar o invertir, florecería la actividad privada y se crearían nuevos empleos. Por eso, en el fondo, no hablamos solo de una cuestión financiera. Se trata de un tema de justicia (no quitar indebidamente a la gente lo que es suyo) y de libertad (tener más oportunidades de prosperar sobre la base del trabajo propio).
La Intervención General de la Administración Pública (IGAE) tiene en su página web un archivo pdf llamado Inventario de entidades pertenecientes al sector de las Administraciones Públicas. Es decir, enumera todos los organismos de todos los niveles de gobierno. Un solo dato basta para darse cuenta de que el tamaño del sector público español es elefantiásico: dicho archivo pdf tiene… ¡¡199 páginas!!
Hay en España un total de 16.851 organismos públicos. Eso equivale a un organismo cada 2.800 habitantes. De esos organismos, 317 corresponden a la Administración Central, 1.314 pertenecen a las autonomías, 15.191 son de la administración local y finalmente hay 29 fondos y mutuas dependientes de la Seguridad Social.
De los organismos autonómicos, un 42% se encuentra en Cataluña (226 entes), Andalucía (219 organismos) y País Vasco (104 entidades) que, por ese orden, son las tres comunidades con mayor número de ellos. La Rioja, con 21 entidades, es la que tiene menos.
Si analizamos en cada comunidad autónoma el número de entidades de con relación a su respectiva población, el panorama cambia bastante. Cantabria, con un organismo autonómico cada 14.900 habitantes, es la que tiene el sector público más grande. Le siguen La Rioja (una entidad cada 15.100 personas), Navarra (una cada 16.400 individuos) y Aragón (una cada 19.300 habitantes). En el otro extremo se destacan Castilla-La Mancha (un organismo público autonómico cada 81.700 habitantes) y la Comunidad de Madrid (uno cada 78.600 personas).
Las comparaciones son odiosas, pero merece la pena hacer algunas. ¿Por qué, si la Comunidad de Madrid puede servir a sus ciudadanos con una entidad cada 78.600 habitantes, Cataluña necesita una cada 33.900 personas? Si la relación entre entidades autonómicas y población fuera en Cataluña igual que en Madrid, a la Generalidad le bastaría con 98 organismos (sobrarían 128). ¿Por qué si a Canarias le basta con una entidad cada 39.400 habitantes, el País Vasco requiere una cada 21.100 personas? Para tener la misma relación que en Canarias, la comunidad vasca tendría que tener 56 entidades (habría un exceso de 48).
Es decir que, aun con la vara poco exigente de comparar unas autonomías con otras, parece evidente que hay mucho gasto innecesario. Si la comparación se hiciera respecto de algún patrón de eficiencia, es seguro que en todas las autonomías habría erogaciones que se podrían suprimir sin rebajar el nivel de los servicios que prestan.
Todo el despilfarro que hay en el conjunto de administraciones se financia con los impuestos que paga el sector privado. Si el gasto público fuera eficiente, se podrían rebajar los impuestos. Hoy el gobierno se apropia de una parte del fruto del trabajo de la gente para financiar ese despilfarro. “Justicia tributaria” sería esto: dejar de robar a la gente un dinero que el gobierno no necesita, y no, como creen los socialistas de todos los partidos, maximizar la presión tributaria sobre los “más ricos”.
Si el gobierno fuera austero, los impuestos serían más bajos, la gente tendría más dinero para consumir, ahorrar o invertir, florecería la actividad privada y se crearían nuevos empleos. Por eso, en el fondo, no hablamos solo de una cuestión financiera. Se trata de un tema de justicia (no quitar indebidamente a la gente lo que es suyo) y de libertad (tener más oportunidades de prosperar sobre la base del trabajo propio).
