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El concurso de Martinsa fue "fortuito" y Fernando Martn no es responsable - Cotizalia.comEl concurso de acreedores de Martinsa Fadesa fue fortuito, según concluye el informe de calificación del concurso elaborado por la administración de la inmobiliaria, que de esta forma exime al presidente del grupo, Fernando Martín, y al resto de sus gestores de responsabilidad alguna en la insolvencia de la compañía.
Los administradores concursales de Martinsa también consideran fortuita la suspensión de pagos de las cinco filiales de la inmobiliaria que estuvieron inmersas en el concurso, según indicaron a Europa Press en distintas fuentes del sector.
La administración concursal presentó hoy este informe ante el Juzgado de lo Mercantil de A Coruña, que podría así archivar el procedimiento de calificación.
Por contra, la declaración de culpabilidad en un concurso puede conllevar, según la Ley Concursal, varios años de inhabilitación en el cargo para los gestores de la empresa.
La calificación del concurso constituye la última fase del mismo, dado que se inicia incluso después de que se apruebe el convenio de acreedores y por ende, de que la empresa salga de la suspensión de pagos.
En el caso de Martinsa Fadesa, la sentencia de aprobación de convenio de acreedores y superación del concurso que dictó el pasado mes de marzo el Juzgado de A Coruña no es aún firme, dado que contra la misma se presentaron dos recursos.
Tres años de concurso
Una vez se resuelvan dichos recursos y la actual fase de calificación, la inmobiliaria superará así tres años de proceso concursal, que además ha sido el mayor de la historia empresarial española, con un pasivo de unos 7.000 millones de euros.
Arrancará entonces el cumplimiento del convenio de acreedores, por el que la inmobiliaria se compromete a abonar su deuda íntegra (sin quitas), pero en un periodo de ocho años, que empezará a contar en 2012.
El convenio incluye la conversión a préstamos participativos del 15% del crédito ordinario y contempla la posibilidad de que los bancos canjeen deuda por acciones en el caso de que la inmobiliaria no pague sus deudas en un plazo máximo de diez años (los ocho del convenio más dos ejercicios adicionales).
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