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Madmaxista
El chabolismo ha irrumpido en Leganés (187.173 habitantes) en pleno núcleo urbano. En el último año, varios «sin techo», la mayoría de nacionalidad española, han construido un campamento, con caravana incluida, que va creciendo día tras día junto al barrio de El Carrascal. Se han instalado en un pequeño descampado situado entre la avenida de la Lengua Española y el polígono industrial Nuestra Señora de Butarque; a 50 metros de un supermercado y de un restaurante de comida rápida; a cien metros de viviendas en altura; a 250 metros de centros de educación y a 500 metros del centro comercial Parquesur.
En el otro extremo de la localidad, en el barrio de San Nicasio, concretamente en un terreno de la calle del Cobre –donde murieron dos personas calcinadas en su chamizo en 2010–, cada vez hay más chabolas (adosadas o dispersas) frente a la residencia psiquiátrica José Germain, a unos 500 metros de la estación de Metro y Cercanías de Leganés Central. El Gobierno del municipio (PSOE), con el alcalde Santiago Llorente al frente, no cuenta con ningún dato sobre el número de personas que viven en la calle. «Se ha actuado desde Policía Local y Servicios Sociales, especialmente para comprobar que no hay menores. Se ha puesto a su disposición el albergue que gestiona la Cruz Roja y se ha abierto expediente en el terreno municipal. El problema es que no quieren marcharse de forma voluntaria», informan fuentes oficiales de la Corporación.
Desde el Ayuntamiento de Leganés se ha dado parte a la Comunidad de Madrid para que atienda a las personas implantadas en la avenida de la Lengua. La superficie sobre la que subsisten sus desdichadas vidas pertenece al Gobierno autonómico. Desde la Consejería de Políticas Sociales y Familia, que dirige María Dolores Molino, especifican que es la Administración leganense la que tiene la competencia para ofrecer una solución habitacional a estos «sin techo», al igual que ocurre en el municipio de Madrid.
José (nombre ficticio para mantener su anonimato), de 40 años, vive junto a su pareja, Ana, de 29, en la destartalada infravivienda más cercana a la gasolinera Cepsa de El Carrascal. Allí llevan un año. «Voy a construir una casa más grande», dice, desaliñado, señalando el montón de palés y maderas rotas que se apilan en el lado más próximo a la carretera de esta avenida. Afirma, rodeado por sus dos canes, Milú y Laica, y todo tipo de enseres recuperados de la basura, que la Policía les ha pedido en varias ocasiones que se vayan; les han multado, afirma, con sanciones de 800 euros, y garantiza que han pedido reunirse con la concejal socialista de Asuntos Sociales, Virgina Jiménez, para solicitarle una vivienda, pero no les atienden. Se apresura, mientras habla, en dar un puñetazo a una pequeña cucaracha que asoma entre cajas.
Palizas y sesso
Ellos optaron por levantar una chabola en ese lugar porque llevan toda la vida durmiendo en la calle, de cajero en cajero o de banco en banco de los parques. «No soportaba más a la gente haciendo botellón o la falta de respeto de algunas personas», advierte José, quien revela que ha recibido «muchas palizas» de vigilantes de seguridad y de la Policía. Se levanta la camisa para enseñar lo que afirma que es la cicatriz de una pistola taser. Cuenta que casi toda su vida ha vivido a la intemperie; que ha llegado a prostituirse para sobrevivir, y no duda en contar que ha consumido todo tipo de sustancias.
Hace nueve años llegó su golpe más duro. Los servicios sociales les quitaron a su hija por vivir en la vía pública y tenerla «en situación de desamparo», como ellos mismos describen torciendo el gesto. «Fue una falsa acusación», lanzan casi al unísono. La pequeña tenía entonces cinco meses. El Gobierno autonómico tiene su tutela y ellos sólo pueden visitarla una hora al mes. Su objetivo es que la Comunidad de Madrid les dé un piso. Para ello llevan siete años inscritos en la Agencia de Vivienda Social (antiguo Ivima), «pero somos los 3.750 de la lista», comenta Ana. Creen que, si lo consiguen, podrían recuperar a su niña.
Del realojo a la calle
Se mantienen con los 500 euros de Renta Mínima de Inserción (RMI) que cobra José. Ella cuenta que ha intentado trabajar varias veces a lo largo de sus casi 30 años, «pero terminan acosándola sexualmente», apunta la mujer. Por esta razón, él prefiere que no se emplee en nada.
En la calle del Cobre, la presencia de ABCincomoda a los moradores, españoles, de las infraviviendas. En 2010, tras el incendio que provocó la muerte de dos personas –por la llama de una vela–, el Ayuntamiento de Leganés, entonces del PP, procedió al derribo de las chabolas que quedaron en pie y realojó a siete personas que malvivían en este terreno propiedad de la Comunidad de Madrid.
En 2011, volvieron a resurgir seis chamizos en este paraje que se por algunos ciudadanos que habían sido desahuciados y el Consistorio volvió a tumbarlos para llevar a estas personas a un hospedaje cuyo coste asumió la Comunidad de Madrid. Desde entonces, la gente más necesitada ha vuelto a levantar su fortaleza, pero el Consistorio leganense no tiene, o al menos no lo cuenta, un plan para reubicar a estos ciudadanos con mejores condiciones de vida.
El chabolismo se multiplica en Leganés
En el otro extremo de la localidad, en el barrio de San Nicasio, concretamente en un terreno de la calle del Cobre –donde murieron dos personas calcinadas en su chamizo en 2010–, cada vez hay más chabolas (adosadas o dispersas) frente a la residencia psiquiátrica José Germain, a unos 500 metros de la estación de Metro y Cercanías de Leganés Central. El Gobierno del municipio (PSOE), con el alcalde Santiago Llorente al frente, no cuenta con ningún dato sobre el número de personas que viven en la calle. «Se ha actuado desde Policía Local y Servicios Sociales, especialmente para comprobar que no hay menores. Se ha puesto a su disposición el albergue que gestiona la Cruz Roja y se ha abierto expediente en el terreno municipal. El problema es que no quieren marcharse de forma voluntaria», informan fuentes oficiales de la Corporación.
Desde el Ayuntamiento de Leganés se ha dado parte a la Comunidad de Madrid para que atienda a las personas implantadas en la avenida de la Lengua. La superficie sobre la que subsisten sus desdichadas vidas pertenece al Gobierno autonómico. Desde la Consejería de Políticas Sociales y Familia, que dirige María Dolores Molino, especifican que es la Administración leganense la que tiene la competencia para ofrecer una solución habitacional a estos «sin techo», al igual que ocurre en el municipio de Madrid.
José (nombre ficticio para mantener su anonimato), de 40 años, vive junto a su pareja, Ana, de 29, en la destartalada infravivienda más cercana a la gasolinera Cepsa de El Carrascal. Allí llevan un año. «Voy a construir una casa más grande», dice, desaliñado, señalando el montón de palés y maderas rotas que se apilan en el lado más próximo a la carretera de esta avenida. Afirma, rodeado por sus dos canes, Milú y Laica, y todo tipo de enseres recuperados de la basura, que la Policía les ha pedido en varias ocasiones que se vayan; les han multado, afirma, con sanciones de 800 euros, y garantiza que han pedido reunirse con la concejal socialista de Asuntos Sociales, Virgina Jiménez, para solicitarle una vivienda, pero no les atienden. Se apresura, mientras habla, en dar un puñetazo a una pequeña cucaracha que asoma entre cajas.
Palizas y sesso
Ellos optaron por levantar una chabola en ese lugar porque llevan toda la vida durmiendo en la calle, de cajero en cajero o de banco en banco de los parques. «No soportaba más a la gente haciendo botellón o la falta de respeto de algunas personas», advierte José, quien revela que ha recibido «muchas palizas» de vigilantes de seguridad y de la Policía. Se levanta la camisa para enseñar lo que afirma que es la cicatriz de una pistola taser. Cuenta que casi toda su vida ha vivido a la intemperie; que ha llegado a prostituirse para sobrevivir, y no duda en contar que ha consumido todo tipo de sustancias.
Hace nueve años llegó su golpe más duro. Los servicios sociales les quitaron a su hija por vivir en la vía pública y tenerla «en situación de desamparo», como ellos mismos describen torciendo el gesto. «Fue una falsa acusación», lanzan casi al unísono. La pequeña tenía entonces cinco meses. El Gobierno autonómico tiene su tutela y ellos sólo pueden visitarla una hora al mes. Su objetivo es que la Comunidad de Madrid les dé un piso. Para ello llevan siete años inscritos en la Agencia de Vivienda Social (antiguo Ivima), «pero somos los 3.750 de la lista», comenta Ana. Creen que, si lo consiguen, podrían recuperar a su niña.
Del realojo a la calle
Se mantienen con los 500 euros de Renta Mínima de Inserción (RMI) que cobra José. Ella cuenta que ha intentado trabajar varias veces a lo largo de sus casi 30 años, «pero terminan acosándola sexualmente», apunta la mujer. Por esta razón, él prefiere que no se emplee en nada.
En la calle del Cobre, la presencia de ABCincomoda a los moradores, españoles, de las infraviviendas. En 2010, tras el incendio que provocó la muerte de dos personas –por la llama de una vela–, el Ayuntamiento de Leganés, entonces del PP, procedió al derribo de las chabolas que quedaron en pie y realojó a siete personas que malvivían en este terreno propiedad de la Comunidad de Madrid.
En 2011, volvieron a resurgir seis chamizos en este paraje que se por algunos ciudadanos que habían sido desahuciados y el Consistorio volvió a tumbarlos para llevar a estas personas a un hospedaje cuyo coste asumió la Comunidad de Madrid. Desde entonces, la gente más necesitada ha vuelto a levantar su fortaleza, pero el Consistorio leganense no tiene, o al menos no lo cuenta, un plan para reubicar a estos ciudadanos con mejores condiciones de vida.
El chabolismo se multiplica en Leganés
