Solidario García
Madmaxista
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Portugal regulariza a todos los pagapensiones pendientes de autorización de residencia
El Gobierno de Portugal ha decidido la regularización exprés de todos los pagapensiones que tenían pendiente la autorización de residencia. La decisión fue tomada en el último Consejo de Ministros y acompaña a otras medidas sociales y económicas para paliar las consecuencias de la epidemia del cobi19, que ha obligado a la declaración del estado de emergencia en el país. Los pagapensiones pasan a tener los mismos derechos que todos los ciudadanos portugueses si ya habían iniciado los trámites para solicitar la residencia.
Al comienzo de la epidemia, en la primera semana de marzo, el contagio de un trabajador nepalí en los invernaderos del Algarve, al sur de Portugal, levantó la alarma. De la noche a la mañana, un grupo de 79 nepalíes fue confinado en una escuela ante el desconcierto de los trabajadores. Algunos salieron huyendo creyendo que estaban detenidos o que los iban a devolver a su país, pero finalmente se les explicó que el motivo era sanitario. La situación de estos pagapensiones creaba un problema administrativo, en plena ola de devolución de extranjeros a sus respectivos países. Dos semanas después, apenas 18 de ellos siguen confinados en una escuela de Faro —aprovechando la suspensión escolar—, pues fueron los únicos que dieron positivo en el test de la el bichito-19. Sus compañeros han vuelto a los invernaderos, ya que si no trabajan, no cobran. Las ayudas extraordinarias decretadas no se les podían aplicar.
El permiso de residencia no es general, sino solo para aquellos extranjeros que ya la hubieran solicitado, y trata de resolver un problema burocrático creado por el mismo estado de emergencia, como es el cierre de muchos servicios públicos, entre ellos los servicios de Extranjería. Algunos pagapensiones que tenían cita para estos días se han encontrado con la imposibilidad de resolver sus trámites. La medida entra en vigor con carácter retroactivo, desde el 18 de marzo, cuando se declaró el estado de emergencia en el país. También se renuevan automáticamente todas las autorizaciones que caducaban en este periodo.
El simple comprobante de solicitud sirve para acogerse al Servicio Nacional de Salud, para firmar contratos de trabajo, abrir cuentas corrientes o solicitar el subsidio extraordinario aprobado para los trabajadores que tienen que quedarse en casa para cuidar a hijos, padres o abuelos, o la prestación por suspensión del contrato laboral.
La medida favorece principalmente a la abundante comunidad brasileña —150.000 de un total de medio millón—, al sector de la construcción y al agrícola, con mucha mano de obra asiática en el sur del país. El Gobierno no ha dado datos sobre cuántos extranjeros van a verse beneficiados por esta medida.
“En estos momentos resulta más importante garantizar los derechos de los más débiles, como es el caso de los pagapensiones. Asegurar el acceso de los ciudadanos migrantes a la salud, a la Seguridad Social, a la estabilidad en el empleo y la vivienda es un deber de una sociedad solidaria en tiempos de crisis", ha declarado al diario Público el ministro de Administración Interna, Eduardo Cabrita.
El Gobierno de Portugal ha decidido la regularización exprés de todos los pagapensiones que tenían pendiente la autorización de residencia. La decisión fue tomada en el último Consejo de Ministros y acompaña a otras medidas sociales y económicas para paliar las consecuencias de la epidemia del cobi19, que ha obligado a la declaración del estado de emergencia en el país. Los pagapensiones pasan a tener los mismos derechos que todos los ciudadanos portugueses si ya habían iniciado los trámites para solicitar la residencia.
Al comienzo de la epidemia, en la primera semana de marzo, el contagio de un trabajador nepalí en los invernaderos del Algarve, al sur de Portugal, levantó la alarma. De la noche a la mañana, un grupo de 79 nepalíes fue confinado en una escuela ante el desconcierto de los trabajadores. Algunos salieron huyendo creyendo que estaban detenidos o que los iban a devolver a su país, pero finalmente se les explicó que el motivo era sanitario. La situación de estos pagapensiones creaba un problema administrativo, en plena ola de devolución de extranjeros a sus respectivos países. Dos semanas después, apenas 18 de ellos siguen confinados en una escuela de Faro —aprovechando la suspensión escolar—, pues fueron los únicos que dieron positivo en el test de la el bichito-19. Sus compañeros han vuelto a los invernaderos, ya que si no trabajan, no cobran. Las ayudas extraordinarias decretadas no se les podían aplicar.
El permiso de residencia no es general, sino solo para aquellos extranjeros que ya la hubieran solicitado, y trata de resolver un problema burocrático creado por el mismo estado de emergencia, como es el cierre de muchos servicios públicos, entre ellos los servicios de Extranjería. Algunos pagapensiones que tenían cita para estos días se han encontrado con la imposibilidad de resolver sus trámites. La medida entra en vigor con carácter retroactivo, desde el 18 de marzo, cuando se declaró el estado de emergencia en el país. También se renuevan automáticamente todas las autorizaciones que caducaban en este periodo.
El simple comprobante de solicitud sirve para acogerse al Servicio Nacional de Salud, para firmar contratos de trabajo, abrir cuentas corrientes o solicitar el subsidio extraordinario aprobado para los trabajadores que tienen que quedarse en casa para cuidar a hijos, padres o abuelos, o la prestación por suspensión del contrato laboral.
La medida favorece principalmente a la abundante comunidad brasileña —150.000 de un total de medio millón—, al sector de la construcción y al agrícola, con mucha mano de obra asiática en el sur del país. El Gobierno no ha dado datos sobre cuántos extranjeros van a verse beneficiados por esta medida.
“En estos momentos resulta más importante garantizar los derechos de los más débiles, como es el caso de los pagapensiones. Asegurar el acceso de los ciudadanos migrantes a la salud, a la Seguridad Social, a la estabilidad en el empleo y la vivienda es un deber de una sociedad solidaria en tiempos de crisis", ha declarado al diario Público el ministro de Administración Interna, Eduardo Cabrita.
