Desde la prisión de Soto del Real, donde lleva encerrado 22 meses, Gerardo Díaz Ferrán intenta sacar el mayor partido de la condena por prevaricación al juez Elpidio José Silva. El expresidente de la CEOE ha presentado un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid solicitando que se imponga a Silva el pago de los honorarios de su abogado durante la instrucción del caso Blesa, en el que Díaz Ferrán estuvo imputado.
La defensa de Silva se opone alegando que se desconoce el origen del dinero con el que se pagó en su momento al letrado, pudiendo salir del seguro que tenían contratado los consejeros de Caja Madrid o incluso del "uso indebido de una tarjeta black".
El juez reabrió en 2012 el caso del crédito de 26,6 millones de euros que Caja Madrid había concedido en 2008 a Marsans, propiedad de Díaz Ferrán, cuando el grupo ya estaba en quiebra. Finalmente, la instrucción fue anulada por la Audiencia Provincial de Madrid. La Fiscalía presentó una querella que acabó con Silva en el banquillo y condenado a 17 años de prisión por un delito continuado de prevaricación durante aquella instrucción. Díaz Ferrán, que ejercía la acusación particular, logró que Silva fuera condenado también a pagarle 10.000 euros por daños jovenlandesales.
El abogado de Díaz Ferrán alega que la sentencia del TSJM "omite pronunciamiento alguno" en cuanto a la petición que realizaba en este sentido y pide que se repare esta ausencia. Se trata, añade, de "un concepto distinto al daño jovenlandesal sufrido", ya que la "injusta reapertura" del procedimiento obligó al antiguo empresario a sufragarse un abogado.
La defensa de Silva viene a decir que ya es tarde para solicitar el pago de los honorarios. El propio abogado, alega, debería haber acusado en este sentido, solicitar la práctica de prueba, hacer una petición al tribunal y recurrir en caso de que fuera rechazada su pretensión. Nada de esto se ha hecho, alega el abogado de Silva, Gonzalo Boye. "Lo primero –añade- es acreditar que dicha asistencia fue pagada por el reclamante y no por un tercero ajeno al proceso, como podría ser, y solo a modo de ejemplo, que hubiese sido asumido por una compañía de seguro o pagado mediante el uso indebido de una tarjeta black de Caja Madrid o por la vía que sea".
Díaz Ferrán busca ahora "un complemento de sentencia" que provoca un retraso en la tramitación del recurso que presentará Elpidio Silva ante el Tribunal Supremo, alega Boye.
Los honorarios de los abogados de los exconsejeros de Caja Madrid han sido objeto de polémica en los últimos días. Los imputados en el caso Bankia -ya sea en su pieza principal, en la de las preferentes o en la recientemente abierta de las tarjetas black- pagan a abogados de exclusivos despachos madrileños con el seguro de Mapfre que la entidad contrató para ellos. Eso significa que la defensa de los presuntos delitos que cometieron en perjuicio de la entidad es sufragada con los fondos de ésta. Y Caja Madrid fue rescatada con 23.500 millones de dinero público. La consecuencia es que los impuestos de los ciudadanos sufragan de algún modo la defensa de personas que están acusados de haber causado un perjuicio a las arcas públicas que nutren esos ciudadanos.
Para tanto da el seguro de Mapfre que el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa ha pretendido que cubra los 16 millones de euros impuestos por el juez Fernando Andreu como responsabilidad civil en el caso de las tarjetas black. La aspiración de Blesa fue rechazada de plano por Andreu, que ya ha ordenado iniciar el proceso de embargo. Díaz Ferrán, como consejero de Caja Madrid, debería disfrutar de la póliza de Mapfre, aunque esta solo está destinada a cubrir responsabilidades civiles derivadas de su gestión al frente de la entidad.
El expresidente de la CEOE fue beneficiario igualmente de una tarjeta black, con la que gastó 94.000 euros. De los extractos de la tarjeta de Díaz Ferrán destacan los gastos en los restaurantes de su concuñado Arturo Fernández, un total de 47.900 euros, que siempre corresponden a comidas que costaron cifras redondas, de 800 o 1.800 euros.
Dice que no tiene para comer
Un año después de ingresar en prisión, el expresidente de la patronal solicitó al Juzgado de lo Mercantil que desbloqueara su pensión para pagar "productos alimenticios y de higiene personal" que no suministra la prisión y que deben ser adquiridos en su economato. Asimismo, su defensa recordaba que la esposa del empresario, Raquel Santamaría, depende de él y que estaba en riesgo su propia "subsistencia". El juzgado rechazó tal solicitud alegando que lo que solicitaba el matrimonio ya estaba "garantizado" por la administración concursal de sus empresas.
A principios de este año, Ángel de Cabo, el liquidador de las empresas de Díaz Ferrán, dijo a la Policía, durante una declaración en la prisión de Picassent, que Díaz Ferrán tiene dinero escondido en Hong Kong y que mantiene el control sobre sociedades radicadas en Argentina a través de firmas interpuestas.
Díaz Ferrán se encuentra en prisión desde diciembre de 2012 por varios delitos relacionados con el vaciamiento del grupo Marsans para evitar el pago a sus acreedores. El juez Eloy Velasco impuso entonces una fianza de 30 millones de euros a Díaz Ferrán para evitar la guandoca. En junio de 2013, la Audiencia Nacional rebajó la fianza a 5 millones.
Estando en prisión, el empresario ha sido condenado a pagar 400 millones –junto a De Cabo y los herederos de Gonzalo Pascual- a los acreedores del Grupo Marsans. También en prisión ha sido condenado a dos años y dos meses de guandoca por defraudar 99 millones de euros en la compra de Aerolíneas Argentinas. Este mismo mes ha salido a subasta el yate de Díaz Ferrán por 2,7 millones de euros, que irán destinados a pagar las deudas del empresario.
Díaz Ferrán pretende que Elpidio Silva le pague su abogado en el caso Blesa
La defensa de Silva se opone alegando que se desconoce el origen del dinero con el que se pagó en su momento al letrado, pudiendo salir del seguro que tenían contratado los consejeros de Caja Madrid o incluso del "uso indebido de una tarjeta black".
El juez reabrió en 2012 el caso del crédito de 26,6 millones de euros que Caja Madrid había concedido en 2008 a Marsans, propiedad de Díaz Ferrán, cuando el grupo ya estaba en quiebra. Finalmente, la instrucción fue anulada por la Audiencia Provincial de Madrid. La Fiscalía presentó una querella que acabó con Silva en el banquillo y condenado a 17 años de prisión por un delito continuado de prevaricación durante aquella instrucción. Díaz Ferrán, que ejercía la acusación particular, logró que Silva fuera condenado también a pagarle 10.000 euros por daños jovenlandesales.
El abogado de Díaz Ferrán alega que la sentencia del TSJM "omite pronunciamiento alguno" en cuanto a la petición que realizaba en este sentido y pide que se repare esta ausencia. Se trata, añade, de "un concepto distinto al daño jovenlandesal sufrido", ya que la "injusta reapertura" del procedimiento obligó al antiguo empresario a sufragarse un abogado.
La defensa de Silva viene a decir que ya es tarde para solicitar el pago de los honorarios. El propio abogado, alega, debería haber acusado en este sentido, solicitar la práctica de prueba, hacer una petición al tribunal y recurrir en caso de que fuera rechazada su pretensión. Nada de esto se ha hecho, alega el abogado de Silva, Gonzalo Boye. "Lo primero –añade- es acreditar que dicha asistencia fue pagada por el reclamante y no por un tercero ajeno al proceso, como podría ser, y solo a modo de ejemplo, que hubiese sido asumido por una compañía de seguro o pagado mediante el uso indebido de una tarjeta black de Caja Madrid o por la vía que sea".
Díaz Ferrán busca ahora "un complemento de sentencia" que provoca un retraso en la tramitación del recurso que presentará Elpidio Silva ante el Tribunal Supremo, alega Boye.
Los honorarios de los abogados de los exconsejeros de Caja Madrid han sido objeto de polémica en los últimos días. Los imputados en el caso Bankia -ya sea en su pieza principal, en la de las preferentes o en la recientemente abierta de las tarjetas black- pagan a abogados de exclusivos despachos madrileños con el seguro de Mapfre que la entidad contrató para ellos. Eso significa que la defensa de los presuntos delitos que cometieron en perjuicio de la entidad es sufragada con los fondos de ésta. Y Caja Madrid fue rescatada con 23.500 millones de dinero público. La consecuencia es que los impuestos de los ciudadanos sufragan de algún modo la defensa de personas que están acusados de haber causado un perjuicio a las arcas públicas que nutren esos ciudadanos.
Para tanto da el seguro de Mapfre que el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa ha pretendido que cubra los 16 millones de euros impuestos por el juez Fernando Andreu como responsabilidad civil en el caso de las tarjetas black. La aspiración de Blesa fue rechazada de plano por Andreu, que ya ha ordenado iniciar el proceso de embargo. Díaz Ferrán, como consejero de Caja Madrid, debería disfrutar de la póliza de Mapfre, aunque esta solo está destinada a cubrir responsabilidades civiles derivadas de su gestión al frente de la entidad.
El expresidente de la CEOE fue beneficiario igualmente de una tarjeta black, con la que gastó 94.000 euros. De los extractos de la tarjeta de Díaz Ferrán destacan los gastos en los restaurantes de su concuñado Arturo Fernández, un total de 47.900 euros, que siempre corresponden a comidas que costaron cifras redondas, de 800 o 1.800 euros.
Dice que no tiene para comer
Un año después de ingresar en prisión, el expresidente de la patronal solicitó al Juzgado de lo Mercantil que desbloqueara su pensión para pagar "productos alimenticios y de higiene personal" que no suministra la prisión y que deben ser adquiridos en su economato. Asimismo, su defensa recordaba que la esposa del empresario, Raquel Santamaría, depende de él y que estaba en riesgo su propia "subsistencia". El juzgado rechazó tal solicitud alegando que lo que solicitaba el matrimonio ya estaba "garantizado" por la administración concursal de sus empresas.
A principios de este año, Ángel de Cabo, el liquidador de las empresas de Díaz Ferrán, dijo a la Policía, durante una declaración en la prisión de Picassent, que Díaz Ferrán tiene dinero escondido en Hong Kong y que mantiene el control sobre sociedades radicadas en Argentina a través de firmas interpuestas.
Díaz Ferrán se encuentra en prisión desde diciembre de 2012 por varios delitos relacionados con el vaciamiento del grupo Marsans para evitar el pago a sus acreedores. El juez Eloy Velasco impuso entonces una fianza de 30 millones de euros a Díaz Ferrán para evitar la guandoca. En junio de 2013, la Audiencia Nacional rebajó la fianza a 5 millones.
Estando en prisión, el empresario ha sido condenado a pagar 400 millones –junto a De Cabo y los herederos de Gonzalo Pascual- a los acreedores del Grupo Marsans. También en prisión ha sido condenado a dos años y dos meses de guandoca por defraudar 99 millones de euros en la compra de Aerolíneas Argentinas. Este mismo mes ha salido a subasta el yate de Díaz Ferrán por 2,7 millones de euros, que irán destinados a pagar las deudas del empresario.
Díaz Ferrán pretende que Elpidio Silva le pague su abogado en el caso Blesa
