A este lo han fundido porque ha apoyado la investigacion a Fernando Simón, dentro de una de las querellas que ya estan moviendose en juzgados de Madrid, en este caso el del nº51 de Madrid.
Es mucho más grave que la patochada del chalet del chepas.
Marlaska fulmina al mando de la Guardia Civil Pérez de los Cobos por una investigación del el bichito-19
Si pasa esto ya me creo cualquier cosa
De denunciar las facturas de UGT-A, a ser el primer condenado: "Es esperpéntico"
Una jueza de Sevilla ha condenado por revelación de secretos al trabajador del sindicato que filtró a la prensa las presuntas facturas falsas que ahora sientan en el banquillo a la excúpula directiva
Roberto Macías durante una comparecencia en el Parlamento de Asturias.
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Publicado 25.05.2020 - 04:45 ActualizadoHace 2 horas
Roberto Macías, extrabajador de
UGT-Andalucía, destapó el caso de las
presuntas facturas falsas con el que el sindicato podría haberse
financiado durante años de manera irregular a través subvenciones de la
Junta de Andalucía destinadas a la
formación de parados y trabajadores. Mientras la antigua cúpula del sindicato aún está
a la espera de juicio, Macías se ha convertido en el primer condenado del caso; dos años de prisión por un delito de
descubrimiento y revelación de secretos.
Más info
La sentencia dictada por la jueza sustituta del Juzgado de lo Penal número 15 de Sevilla le impone esta pena por "filtrar" a varios medios de comunicación
“información reservada y sensible” sobre la presunta trama ilegal en 2013. Macías -que evitará su ingreso en prisión por falta de antecedentes- trabajaba desde 2008 como administrativo del denominado departamento de Compras del sindicato. Según los hechos probados, guardó durante horario de trabajo en una memoria USB miles de archivos extraídos del servidor del sindicato, que posteriormente almacenó en el ordenador personal de su domicilio y que fueron apareciendo en la prensa.
"Sabía que era una información sensible de la organización, pero tuve miedo de acudir a los cauces normales, porque es público que no hay una independencia judicial y que, en este caso, hablamos de una íntima relación del PSOE con UGT. Tenía miedo de sufrir represalias y de que esa información se pudiese destruir o manipular. Por eso me vi obligado a elegir a los medios para entregarla", expone en conversación con
Vozpópuli.
"No era la vía correcta"
La sentencia contra la que prepara un recurso señala que "en ningún momento se ha servido de los canales de denuncia que se prevén" por parte de las instituciones. "Sabía que no era la vía correcta, pero preferí el sacrificio, porque entiendo que debe primar más el interés general que una acusación formulada contra una persona por revelar estos secretos. Es fuerte que se utilicen los tecnicismos legales para amparar conductas indecentes", esgrime Macías.
Asegura haber recibido el fallo como "una gran decepción", pues tenía la "esperanza" de que se aplicase la reciente
directiva europea UE 1937/2019-A que establece canales protegidos de denuncias y prohíbe cualquier represalia contra quienes decidan sacar a la luz irregularidades en empresas privadas y organismos públicos.
Sin embargo, el texto comunitario aún no ha sido transpuesto al ordenamiento jurídico español. La jueza reconoce que esta norma "prevé unos concretos canales de denuncia dentro de propia entidad o ante las autoridades competentes", es decir que "busca la protección de los denunciantes que realicen revelaciones públicas, pero exigiendo para ello que la persona haya denunciado primero por
canales internos o externos".
Si no lo hubiese denunciado, dice, las presuntas prácticas irregulares habrían continuado "a perpetuidad sin ningún problema"
Macías dice no estar arrepentido de haber denunciado aunque asegura que le parece "una situación esperpéntica, un absurdo y una aberración judicial que condenen al alertador del caso antes que a la cúpula". Si no lo hubiese hecho, dice, las presuntas prácticas irregulares habrían continuado "a perpetuidad sin ningún problema". "Cuando yo lo dejé en 2012, el sistema funcionaba perfectamente y, lo que es más grave, que se fue perfeccionando con el tiempo con una sensación de impunidad dentro del sindicato", remata.
Macías pide una
ley anticorrupción que garantice y proteja lo que ve como una "figura esencial en un estado democrático". "La primera voz de alerta que puede realizar una persona es fundamental para prevenir y luchar contra el fraude", concluye. Por eso, reclama que los poderes públicos "se vuelquen en la protección del alertador" y solicita al Gobierno que incluya como una prioridad en su agenda la transposición de la directiva.
Así lo han pedido también
veinte denunciantes de corrupción y diez asociaciones. "Lo que se tiene que perseguir es el fraude y la corrupción y nunca reprimir la denuncia. Si reprimimos la denuncia, lo que estamos provocando es el efecto contrario; que las personas tengan miedo a denunciar. Estamos lanzando una señal de amedrentamiento social", concluye.
UGT-A se felicita de haber "ganado el juicio"
El sindicato solicitaba cuatro años de guandoca para Macías y una indemnización de 60.000 euros por "daño moral" que ha sido rechazada. Ahora, la organización se felicita de haber "ganado el juicio contra el falso alertador de corrupción".
Asegura que utilizará "todos los medios legales" a su disposición "para defender la honorabilidad de la organización, así como la de sus afiliados y afiliadas, delegados y delegadas". "Nos reservamos del mismo modo el derecho a ir contra aquellas personas y medios de comunicación que difundan información de procedencia ilegal o que no se atenga a datos reales", añade en un comunicado de prensa.
Asimismo, cree necesario hacer pública la sentencia para "desmentir muchas de las afirmaciones que se han realizado en ciertos medios de comunicación contra la organización, e injustamente de manera implícita contra sus delegados y afiliados durante todos estos años".
