La AEAT en desguace:
Cambios en la Agencia Tributaria: 310 ceses en 18 meses
Cambios en la Agencia Tributaria: 310 ceses en 18 meses
Los principales errores cometidos por la Agencia Tributaria en los últimos tiempos son consecuencia, en gran medida, de la excesiva dependencia política en el desarrollo de su trabajo diario.
Esto ha ocurrido en el último año con la amnistía fiscal, con actuaciones que a algunos inspectores no han producido vergüenza, y con la negativa posterior a comprobar las llamadas “declaraciones tributarias especiales”, que en algunos casos legalizaban dinero procedente de otros delitos, como la corrupción, como ya advertimos en su momento los inspectores. Algo parecido ha ocurrido con el espinoso asunto de la Infanta y los errores en las imputaciones de ventas de inmuebles, que tenían una explicación técnica y lógica y que, sin embargo, con la nefasta política de comunicación llevada a cabo por el Ministerio de Hacienda, lo que al final ha quedado en la opinión de los ciudadanos es que la Agencia ha cometido graves errores, pasando factura a su imagen.
Ocurre que no se aborda de forma valiente uno de los problemas principales de la AEAT: la falta de independencia en sus actuaciones y el frecuente sometimiento a criterios ajenos a lo estrictamente técnico. Asuntos como los descritos anteriormente no se resuelven, sin más, ofreciendo la cabeza de la directora de la AEAT, ni con la catarata de ceses y nombramientos que se han producido en las últimas semanas.
Desde la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda (IHE) llevamos años reclamando que se apruebe el Estatuto de la Agencia, en el que se contemple el nombramiento de su director general por mayoría cualificada del parlamento y por un plazo de cinco años; también que el presidente tenga solamente facultades de representación. Esto es imprescindible para dotarla de una estabilidad de la que carece. Aunque algunos grupos parlamentarios del Congreso reconocen que ningún partido político va a renunciar a esa cuota de poder –a pesar de que a veces hayan votado en el Congreso de los Diputados propuestas a favor de esa medida– nuestra obligación es poner de manifiesto el problema existente, y cuál puede ser la solución.
No se aborda valientemente uno de los problemas principales de la AEAT: la falta de independencia
Para comprender la magnitud del problema, sólo hay que comprobar que en los últimos cuatro años la AEAT ha tenido cinco directores generales y que desde enero de 2012, es decir, en el plazo de 18 meses, se han producido 310 nombramientos por el sistema de libre designación. Esta última situación se debe a que más de mitad de los puestos de trabajo que los inspectores de Hacienda ocupamos en la Agencia Tributaria son de libre designación. Ello, a nuestro juicio, incumple la normativa vigente que establece que dicho sistema, el de libre designación, sólo se utilice para cubrir los puestos de confianza y de especial responsabilidad.
La catarata de ceses y de nombramientos, además de una pérdida de eficacia evidente, implica que nunca se lleven a cabo todas las reformas que serían necesarias y que los inspectores de Hacienda llevamos años demandando: cambios en la estructura organizativa de la AEAT, revisión de los sistemas de trabajo y de la política de objetivos, y cambios en la carrera profesional de sus trabajadores.
La Agencia no puede estar mirándose el ombligo y quedar instalada en la fama de eficacia, reconocida en muchos ámbitos. Cualquier organización o institución tiene que estar viva y adaptarse a los cambios que requieran una sociedad cambiante y con una delincuencia fiscal que siempre va por delante de nosotros. En este sentido, resultan admirables los cambios tecnológicos que facilitan el trato con los contribuyentes, pero deja mucho que desear en los medios de los que dispone la inspección en la lucha contra el fraude, con inspectores comprobando grandes empresas armados con bolígrafo y papel. Como ejemplo, baste decir que los inspectores de hacienda no disponen de un ordenador portátil; han de cumplir unos objetivos basados en hacer un número excesivo de comprobaciones; se mantienen unas estructuras jerárquicas sobredimensionadas.
Con todo ello se impone una forma de trabajo cuyo fin principal no es luchar contra el fraude, sino buscar una recaudación rápida. Ello supone una escasa valoración del trabajo de la inspección dentro de la propia Agencia Tributaria, que asigna esta forma de trabajar a través de una norma que mide el trabajo inspector, el llamado baremo, y que determina también una parte importante del sueldo en concepto de productividad. Inspectores de Hacienda del Estado ha presentado un recurso contencioso-administrativo en los tribunales contra dicha norma.
Pero otro problema sustancial de la Agencia es la falta de recursos para combatir el fraude fiscal. En este sentido, la mayoría de los grupos parlamentarios, entre ellos el grupo Popular, ha votado en el Congreso, en diferentes momentos, a favor del incremento sustancial de los medios humanos y materiales de la AEAT para abordar con valentía la lucha contra el fraude fiscal. Sin embargo, en la realidad ocurre todo lo contrario. El presupuesto de la Agencia disminuye año tras año y la plantilla de trabajadores también, situación que se agravará en los próximos años, al no poder cubrirse las miles de jubilaciones previstas. Los distintos grupos políticos, independientemente de que estén en el gobierno o en la oposición, deberían reflexionar y ser conscientes de que se necesita una Agencia Tributaria profesional, lo más independiente posible del poder político, e inmune a los cambios y al color del gobierno.
En momentos de crisis, como los actuales, es cuando más se necesita que la AEAT cumpla lo mejor posible con su función de aplicar el sistema tributario y luchar de la forma más eficaz posible contra el fraude fiscal.
Se necesita la colaboración de todos, empezando por el Gobierno, que es quién tiene que dar los pasos para lograr una Agencia Tributaria más profesional y eficaz, y que disponga de los medios necesarios. Para ello podrá contar con la colaboración de la Organización de Inspectores y, en caso contrario, seguiremos denunciando la situación.
José María Peláez es inspector de Hacienda del Estado
