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POLÉMICO CASO INMOBILIARIO EN EL BARCELONÈS
El desalojo de Santa Coloma no tenía orden judicial
1. • La policía echó de su casa a un inquilino con contrato legal y los pagos al día
2. • El afectado, que no tuvo opción de compra, quiere pedir la nulidad del proceso
DAVID PLACER
SANTA COLOMA DE GRAMENET
El desalojo, el pasado martes, de Driss Lammou, un vecino de Santa Coloma que tenía contrato legal y pagaba su alquiler cada mes, se llevó a cabo sin orden judicial. El antiguo propietario dejó de abonar su hipoteca y el banco le embargó el inmueble, que fue subastado en tribunales. El nuevo dueño llamó a los Mossos para que los desalojara, acción que ejecutaron tras llamar al juzgado y confirmar la identidad del propietario, sin tener en cuenta que había inquilinos legales.
Pero en el proceso, tanto la policía como los juzgados obviaron un detalle: los desalojados tenían un contrato en regla. El error ha hecho que la familia pasara media noche en la calle, cambiara la cerradura, volviera a entrar en el piso y contratara a una firma de abogados, que ahora intentará pedir la nulidad de todo el proceso judicial. Los nuevos propietarios, la empresa Cirsamper SL, quieren echar a los inquilinos porque han comprado el piso "como una forma de inversión".
Óscar Serrano, abogado del colectivo Ronda y defensor de la familia, aseguró que en el juzgado desconocían que en el inmueble vivían unos inquilinos con contrato de alquiler vigente y que no hubo orden de desalojo escrita. Ahora, el abogado pedirá la revisión del proceso, que podría afectar a sus actuales propietarios. "En una ejecución hipotecaria, el inquilino tiene opción preferente y mis defendidos nunca han renunciado a ella", afirma.
El letrado aseguró que la falta de pago o la ejecución de obras indebidas son las únicas razones que justifican el desalojo de unos inquilinos.
POSIBLE DEMANDA
El abogado de la familia afectada intentará hacer revisar el proceso de adjudicación, porque los inquilinos --asegura-- no fueron informados y hubieran podido optar a la subasta hipotecaria. Por su parte, la familia aseguró que el error en el proceso les ha hecho asumir en gastos extraordinarios. En el momento del desalojo, unos familiares que venían desde Francia de vacaciones y se encontraban en su casa perdieron el ferry de Algeciras rumbo a jovenlandia.
Los inquilinos aseguran que, hace meses, un gestor que decía representar a los propietarios del piso quiso cambiarles el contrato, pero se negaron por considerar que podía perjudicar a sus intereses. Sus abogados creen que los propietarios intentaban que los inquilinos renunciaran a su derecho a participar de forma preferente en la subasta.
Los vecinos aseguran que la familia, de origen jovenlandés, no ha dado ningún problema. Su antiguo propietario dejó de pagar su hipoteca, pero seguía cobrando los 500 euros mensuales de alquiler.
POLÉMICO CASO INMOBILIARIO EN EL BARCELONÈS
El desalojo de Santa Coloma no tenía orden judicial
1. • La policía echó de su casa a un inquilino con contrato legal y los pagos al día
2. • El afectado, que no tuvo opción de compra, quiere pedir la nulidad del proceso
DAVID PLACER
SANTA COLOMA DE GRAMENET
El desalojo, el pasado martes, de Driss Lammou, un vecino de Santa Coloma que tenía contrato legal y pagaba su alquiler cada mes, se llevó a cabo sin orden judicial. El antiguo propietario dejó de abonar su hipoteca y el banco le embargó el inmueble, que fue subastado en tribunales. El nuevo dueño llamó a los Mossos para que los desalojara, acción que ejecutaron tras llamar al juzgado y confirmar la identidad del propietario, sin tener en cuenta que había inquilinos legales.
Pero en el proceso, tanto la policía como los juzgados obviaron un detalle: los desalojados tenían un contrato en regla. El error ha hecho que la familia pasara media noche en la calle, cambiara la cerradura, volviera a entrar en el piso y contratara a una firma de abogados, que ahora intentará pedir la nulidad de todo el proceso judicial. Los nuevos propietarios, la empresa Cirsamper SL, quieren echar a los inquilinos porque han comprado el piso "como una forma de inversión".
Óscar Serrano, abogado del colectivo Ronda y defensor de la familia, aseguró que en el juzgado desconocían que en el inmueble vivían unos inquilinos con contrato de alquiler vigente y que no hubo orden de desalojo escrita. Ahora, el abogado pedirá la revisión del proceso, que podría afectar a sus actuales propietarios. "En una ejecución hipotecaria, el inquilino tiene opción preferente y mis defendidos nunca han renunciado a ella", afirma.
El letrado aseguró que la falta de pago o la ejecución de obras indebidas son las únicas razones que justifican el desalojo de unos inquilinos.
POSIBLE DEMANDA
El abogado de la familia afectada intentará hacer revisar el proceso de adjudicación, porque los inquilinos --asegura-- no fueron informados y hubieran podido optar a la subasta hipotecaria. Por su parte, la familia aseguró que el error en el proceso les ha hecho asumir en gastos extraordinarios. En el momento del desalojo, unos familiares que venían desde Francia de vacaciones y se encontraban en su casa perdieron el ferry de Algeciras rumbo a jovenlandia.
Los inquilinos aseguran que, hace meses, un gestor que decía representar a los propietarios del piso quiso cambiarles el contrato, pero se negaron por considerar que podía perjudicar a sus intereses. Sus abogados creen que los propietarios intentaban que los inquilinos renunciaran a su derecho a participar de forma preferente en la subasta.
Los vecinos aseguran que la familia, de origen jovenlandés, no ha dado ningún problema. Su antiguo propietario dejó de pagar su hipoteca, pero seguía cobrando los 500 euros mensuales de alquiler.
