david53
Madmaxista
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Aunque en el código penal está tipificado como delito, la discriminación en el acceso a la vivienda sigue siendo el pan de cada día para muchas personas racializadas y las relega a zonas segregadas y viviendas degradadas.
La mañana del 11 de enero, Fikri El Azrak y su mujer se subían al coche para ir a ver un piso en Pineda de Mar, en la provincia de Barcelona aunque cerca del límite con Girona. Ellos trabajan en la capital catalana, pero dos meses de búsqueda estéril les habían forzado a ampliar el área geográfica cada vez más, desesperados por encontrar algo.
Habían quedado en la agencia inmobiliaria Servi-Grup, donde les iba a atender una agente de la oficina. Allí estaba, y ya llevaba las llaves en la mano para salir a visitar el piso, cuando frenó de golpe:
—Una pregunta, ¿de dónde sois?
A lo que Fikri contestó:
—De jovenlandia.
Y a partir de ahí, la situación cambió por completo. “Suelta las llaves y me dice, ah pues no, el dueño no quiere marroquíes, gente de África, ni morenos”, recuerda Fikri. Es entonces cuando él decide sacar el móvil y empezar a grabar. En la grabación se oye cómo la agente inmobiliaria les dice: “De África, morenos, no quiere”, refiriéndose al propietario. Y repite varias veces que no es su culpa, no es la agencia, lo que pasa es que “el propietario es el que manda”. Finalmente, acaba echando de la agencia a la pareja y negándose a darles su nombre cuando se lo piden para poder denunciar.
Una vez fuera, Fikri y su mujer deciden trasladar formalmente la queja al ayuntamiento de Pineda de Mar, pero este elude responsabilidades y les deriva a la Agència Catalana del Consum.
Según un informe jurídico de finales de noviembre de 2020, publicado por la Oficina Local d’Habitatge del ayuntamiento de Olot, “el ente competente para sancionar prácticas contrarias a la normativa catalana de vivienda es la Agència de l’Habitatge de Catalunya, a pesar de que a fecha de hoy, la Generalitat insiste en derivar estas vulneraciones de derechos a la Agència Catalana del Consum (ACC) en base a una interpretación errónea […] Estamos ante una discriminación en el acceso a un derecho y no es por lo tanto un conflicto entre oferta y consumidor”.
El abogado penalista Xavier Muñoz explica que “los operarios del sistema de justicia no están acostumbrados y no asesoran bien”, porque en los casos más graves, cuando hay discriminación explícita a la hora de denegar un alquiler, se trata de “un delito que está contemplado en el artículo 512 del Código Penal, que tipifica los delitos de repruebo”. En concreto ese artículo describe que la pena es la “inhabilitación especial para el ejercicio de profesión”.
Desgraciadamente, hay un gran problema de infradenuncia, según Muñoz, y aunque esta se lleve a cabo, el 512 “es un artículo poco utilizado, al que no están muy acostumbrados los jueces”. Además, probarlo suele ser complicado, porque se necesita una grabación, un anuncio, un mensaje explícito.
Fikri cuenta que es la primera vez que sufre un racismo tan explícito a la hora de alquilar piso, pero que de manera algo más sutil le ha pasado mucho. Recuerda una vez que se puso en contacto con una agencia y empezaron a hablar por WhatsApp para concretar la visita. Cuando escribió su nombre y apellido le respondieron que el piso ya estaba reservado. “Esperamos unos 15 minutos y llama mi mujer, habla con ella [la agente inmobiliaria] en inglés y le dice que sí que está disponible y que puede ir a verlo”, explica Fikri. Su mujer es holandesa y parece ser que eso marcó la diferencia.
De hecho, está probado con datos. En julio de 2020, la consultoría Broll hizo un estudio para el Ayuntamiento de Barcelona donde concluían que “las personas con un nombre de origen autóctono reciben un 18,8% más de respuestas a las consultas sobre viviendas de alquiler que las personas con un nombre de origen árabe”.
Las formas de discriminación van desde exigir condiciones especiales que se supone que no podrán atender, incrementar el precio con la intención de denegar indirectamente esta opción y no mostrar la vivienda bajo excusa
Pero la discriminación no se reduce a los nombres de origen árabe, ni a Barcelona. Soda Seck es de Senegal, pero vive en Tarragona y a finales de 2020 su hermano Seydou le pidió ayuda porque no había manera de conseguir alquilar un piso. “Normalmente cuando ven que no tienes un buen acento ya directamente te cuelgan el teléfono”, asegura Soda. Ella le ayudó y concertaron visitas en varios pisos. En uno de ellos, cuando llegaron y la mujer vio “que éramos personas de color, le cambió la cara”, recuerda. Aún así les hizo la visita y al acabar, cuando ellos mostraron interés por quedárselo, “nos pide las últimas tres nóminas, la renta, empadronamiento, contrato fijo de más de dos años y muchísimas cosas”. Como afirma el informe jurídico de la Oficina Local d’Habitatge del Ayuntamiento de Olot, “las formas de discriminación van desde exigir condiciones especiales que se supone que no podrán atender (solvencia y avales especiales, por ejemplo), incrementar el precio con la intención de denegar indirectamente esta opción, no mostrar la vivienda bajo excusa”, entre otras.
En un siguiente intento, Soda y su hermano visitaron otro piso y le enviaron todos los documentos que pedía la agencia, quedando a la espera de una respuesta. Cuando finalmente la obtuvieron, fue explícitamente racista: “Me llama y me dice que el propietario le ha dicho que no quiere alquilar el piso a personas de fuera”. Así que después de varias experiencias similares y meses de desgaste, Seydou optó por compartir piso con un amigo, porque era la única opción viable.
Algo parecido es lo que le habían contado sus amigas a Liseth Quitian. Ella es enfermera y hace doce años la contrataron directamente en su país, Colombia, para venir a trabajar a un hospital catalán. Amigas que conocía y que ya residían en Barcelona le advirtieron de que “no aceptara ningún trabajo que dijera solo quince días de hospedaje, porque luego me iba a quedar en la calle, a ellas les pasó. Al final terminaban teniendo que compartir piso”, dice Liseth.
No fue su caso, pero como Fikri y como Soda y Seydou, también ha sufrido discriminación a la hora de acceder a un alquiler. Se le ha quedado grabada una visita a un piso. La concertó su novio, Xavi, que es catalán, pero fue ella a verlo. Le gustó y le dijo al propietario —que era quien se lo había estado enseñando—, que lo quería. Él contestó que ya había una persona interesada y que no lo iba a seguir enseñando. “Yo ya no sabía ni qué decirle, pensando en para qué me había hecho ir hasta allí”, cuenta Liseth. Pero el desconcierto fue aún mayor cuando al marcharse vio que venía otra persona y que el propietario seguía enseñando el piso a otra gente. “Y eso que tengo un contrato, antigüedad en el trabajo, dos nóminas… Y ahora tengo DNI español, pero ni con esas”, zanja Liseth.
Stop Racisme Lloguers
Por eso, como se queja Fikri, “la mayoría de pagapensiones acabamos en un piso poco agradable que nadie quiere”. Es algo en lo que coincide Miriam Paredes Espinar, la abogada que firma el informe jurídico de la Oficina Local d’Habitatge del ayuntamiento de Olot. Según ese documento, las vivencias que tienen que sufrir las personas racializadas que buscan un piso, la barrera al acceso que supone la discriminación, muchas veces les condena a vivir en “zonas segregadas limitando su capacidad de desarrollo y residiendo en viviendas degradadas de baja calidad”. Y añade que eso “supone la reproducción del prejuicio y el estigma, que provoca que se perpetúe socialmente”.
Justamente en Olot, en la provincia de Girona, un grupo de jóvenes racializados decidieron hacer algo al respecto. Por eso crearon hace dos años la plataforma Stop Racisme Lloguers. Como cuenta Mariamu Touray, miembro de esta iniciativa, “muchos jóvenes nos hemos dado cuenta de que, por ser personas de color, por ser marroquíes, por ser de orígenes diferentes que no sean de aquí, no nos alquilan un piso. Muchos somos nacidos aquí, pero al ver que tienes origen de fuera, no te alquilan”.
Las cifras lo demuestran. SOS Racismo en Catalunya publicó en 2019 un estudio en el que aseguran que el “21% de los casos de discriminación en el acceso a los derechos sociales recogidos por el Servei d’Atenció i Denúncia (SAiD) […] responden a vulneraciones del derecho de acceso a la vivienda”. Y añaden que el racismo ha implantado en el imaginario colectivo la idea de que las personas racializadas son de por sí más insolventes a nivel económico, tienen “comportamientos depredadores (en cuanto a la conservación del piso), comportamientos incívicos (en cuanto a ruido y olores)”.
Por eso SOS Racismo urge a las administraciones a que “reconozcan el racismo como la razón principal” que supone una barrera de acceso a la vivienda y pide que desarrollen políticas públicas “que garanticen este derecho en todo el mundo por igual”. Porque la vivienda es un derecho, no un lujo.
“De África el propietario no quiere”: alquilar un piso es un infierno para muchas personas racializadas
La mañana del 11 de enero, Fikri El Azrak y su mujer se subían al coche para ir a ver un piso en Pineda de Mar, en la provincia de Barcelona aunque cerca del límite con Girona. Ellos trabajan en la capital catalana, pero dos meses de búsqueda estéril les habían forzado a ampliar el área geográfica cada vez más, desesperados por encontrar algo.
Habían quedado en la agencia inmobiliaria Servi-Grup, donde les iba a atender una agente de la oficina. Allí estaba, y ya llevaba las llaves en la mano para salir a visitar el piso, cuando frenó de golpe:
—Una pregunta, ¿de dónde sois?
A lo que Fikri contestó:
—De jovenlandia.
Y a partir de ahí, la situación cambió por completo. “Suelta las llaves y me dice, ah pues no, el dueño no quiere marroquíes, gente de África, ni morenos”, recuerda Fikri. Es entonces cuando él decide sacar el móvil y empezar a grabar. En la grabación se oye cómo la agente inmobiliaria les dice: “De África, morenos, no quiere”, refiriéndose al propietario. Y repite varias veces que no es su culpa, no es la agencia, lo que pasa es que “el propietario es el que manda”. Finalmente, acaba echando de la agencia a la pareja y negándose a darles su nombre cuando se lo piden para poder denunciar.
Una vez fuera, Fikri y su mujer deciden trasladar formalmente la queja al ayuntamiento de Pineda de Mar, pero este elude responsabilidades y les deriva a la Agència Catalana del Consum.
Según un informe jurídico de finales de noviembre de 2020, publicado por la Oficina Local d’Habitatge del ayuntamiento de Olot, “el ente competente para sancionar prácticas contrarias a la normativa catalana de vivienda es la Agència de l’Habitatge de Catalunya, a pesar de que a fecha de hoy, la Generalitat insiste en derivar estas vulneraciones de derechos a la Agència Catalana del Consum (ACC) en base a una interpretación errónea […] Estamos ante una discriminación en el acceso a un derecho y no es por lo tanto un conflicto entre oferta y consumidor”.
El abogado penalista Xavier Muñoz explica que “los operarios del sistema de justicia no están acostumbrados y no asesoran bien”, porque en los casos más graves, cuando hay discriminación explícita a la hora de denegar un alquiler, se trata de “un delito que está contemplado en el artículo 512 del Código Penal, que tipifica los delitos de repruebo”. En concreto ese artículo describe que la pena es la “inhabilitación especial para el ejercicio de profesión”.
Desgraciadamente, hay un gran problema de infradenuncia, según Muñoz, y aunque esta se lleve a cabo, el 512 “es un artículo poco utilizado, al que no están muy acostumbrados los jueces”. Además, probarlo suele ser complicado, porque se necesita una grabación, un anuncio, un mensaje explícito.
Las múltiples caras de la discriminación
Fikri cuenta que es la primera vez que sufre un racismo tan explícito a la hora de alquilar piso, pero que de manera algo más sutil le ha pasado mucho. Recuerda una vez que se puso en contacto con una agencia y empezaron a hablar por WhatsApp para concretar la visita. Cuando escribió su nombre y apellido le respondieron que el piso ya estaba reservado. “Esperamos unos 15 minutos y llama mi mujer, habla con ella [la agente inmobiliaria] en inglés y le dice que sí que está disponible y que puede ir a verlo”, explica Fikri. Su mujer es holandesa y parece ser que eso marcó la diferencia.
De hecho, está probado con datos. En julio de 2020, la consultoría Broll hizo un estudio para el Ayuntamiento de Barcelona donde concluían que “las personas con un nombre de origen autóctono reciben un 18,8% más de respuestas a las consultas sobre viviendas de alquiler que las personas con un nombre de origen árabe”.
Las formas de discriminación van desde exigir condiciones especiales que se supone que no podrán atender, incrementar el precio con la intención de denegar indirectamente esta opción y no mostrar la vivienda bajo excusa
Pero la discriminación no se reduce a los nombres de origen árabe, ni a Barcelona. Soda Seck es de Senegal, pero vive en Tarragona y a finales de 2020 su hermano Seydou le pidió ayuda porque no había manera de conseguir alquilar un piso. “Normalmente cuando ven que no tienes un buen acento ya directamente te cuelgan el teléfono”, asegura Soda. Ella le ayudó y concertaron visitas en varios pisos. En uno de ellos, cuando llegaron y la mujer vio “que éramos personas de color, le cambió la cara”, recuerda. Aún así les hizo la visita y al acabar, cuando ellos mostraron interés por quedárselo, “nos pide las últimas tres nóminas, la renta, empadronamiento, contrato fijo de más de dos años y muchísimas cosas”. Como afirma el informe jurídico de la Oficina Local d’Habitatge del Ayuntamiento de Olot, “las formas de discriminación van desde exigir condiciones especiales que se supone que no podrán atender (solvencia y avales especiales, por ejemplo), incrementar el precio con la intención de denegar indirectamente esta opción, no mostrar la vivienda bajo excusa”, entre otras.
En un siguiente intento, Soda y su hermano visitaron otro piso y le enviaron todos los documentos que pedía la agencia, quedando a la espera de una respuesta. Cuando finalmente la obtuvieron, fue explícitamente racista: “Me llama y me dice que el propietario le ha dicho que no quiere alquilar el piso a personas de fuera”. Así que después de varias experiencias similares y meses de desgaste, Seydou optó por compartir piso con un amigo, porque era la única opción viable.
Algo parecido es lo que le habían contado sus amigas a Liseth Quitian. Ella es enfermera y hace doce años la contrataron directamente en su país, Colombia, para venir a trabajar a un hospital catalán. Amigas que conocía y que ya residían en Barcelona le advirtieron de que “no aceptara ningún trabajo que dijera solo quince días de hospedaje, porque luego me iba a quedar en la calle, a ellas les pasó. Al final terminaban teniendo que compartir piso”, dice Liseth.
No fue su caso, pero como Fikri y como Soda y Seydou, también ha sufrido discriminación a la hora de acceder a un alquiler. Se le ha quedado grabada una visita a un piso. La concertó su novio, Xavi, que es catalán, pero fue ella a verlo. Le gustó y le dijo al propietario —que era quien se lo había estado enseñando—, que lo quería. Él contestó que ya había una persona interesada y que no lo iba a seguir enseñando. “Yo ya no sabía ni qué decirle, pensando en para qué me había hecho ir hasta allí”, cuenta Liseth. Pero el desconcierto fue aún mayor cuando al marcharse vio que venía otra persona y que el propietario seguía enseñando el piso a otra gente. “Y eso que tengo un contrato, antigüedad en el trabajo, dos nóminas… Y ahora tengo DNI español, pero ni con esas”, zanja Liseth.
Stop Racisme Lloguers
Por eso, como se queja Fikri, “la mayoría de pagapensiones acabamos en un piso poco agradable que nadie quiere”. Es algo en lo que coincide Miriam Paredes Espinar, la abogada que firma el informe jurídico de la Oficina Local d’Habitatge del ayuntamiento de Olot. Según ese documento, las vivencias que tienen que sufrir las personas racializadas que buscan un piso, la barrera al acceso que supone la discriminación, muchas veces les condena a vivir en “zonas segregadas limitando su capacidad de desarrollo y residiendo en viviendas degradadas de baja calidad”. Y añade que eso “supone la reproducción del prejuicio y el estigma, que provoca que se perpetúe socialmente”.
Justamente en Olot, en la provincia de Girona, un grupo de jóvenes racializados decidieron hacer algo al respecto. Por eso crearon hace dos años la plataforma Stop Racisme Lloguers. Como cuenta Mariamu Touray, miembro de esta iniciativa, “muchos jóvenes nos hemos dado cuenta de que, por ser personas de color, por ser marroquíes, por ser de orígenes diferentes que no sean de aquí, no nos alquilan un piso. Muchos somos nacidos aquí, pero al ver que tienes origen de fuera, no te alquilan”.
Las cifras lo demuestran. SOS Racismo en Catalunya publicó en 2019 un estudio en el que aseguran que el “21% de los casos de discriminación en el acceso a los derechos sociales recogidos por el Servei d’Atenció i Denúncia (SAiD) […] responden a vulneraciones del derecho de acceso a la vivienda”. Y añaden que el racismo ha implantado en el imaginario colectivo la idea de que las personas racializadas son de por sí más insolventes a nivel económico, tienen “comportamientos depredadores (en cuanto a la conservación del piso), comportamientos incívicos (en cuanto a ruido y olores)”.
Por eso SOS Racismo urge a las administraciones a que “reconozcan el racismo como la razón principal” que supone una barrera de acceso a la vivienda y pide que desarrollen políticas públicas “que garanticen este derecho en todo el mundo por igual”. Porque la vivienda es un derecho, no un lujo.
“De África el propietario no quiere”: alquilar un piso es un infierno para muchas personas racializadas
