vittoriobcn
Madmaxista
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La otra gran pata del gasto público descontrolado se encuentra en los ayuntamientos de todas las ciudades. Actualmente el gasto que tienen asignado el total de las administraciones locales representa un 19,5% del gasto total del estado, con un presupuesto de 71.474 millones de euros.
En este sentido, las administraciones locales suelen ser en su mayoría estructuras que manejan presupuestos pequeños (excepcionando a las grandes ciudades), dada la recaudación que tienen y en la mayoría de las ocasiones quieren hacer frente a inversíones que no pueden financiar de ninguna de las maneras. Muchas voces piden la supresión de las Diputaciones Provinciales; en este sentido, yo pido la supresión de los ayuntamientos en poblaciones de menos de 50.000 habitantes.
Las asignaciones locales que tienen los ayuntamientos pequeños pueden transferirse íntegramente a las Diputaciones Provinciales, actuando estos entes públicos como los encargados de la dirección política, económica y social de los municipios que tengan bajo su circunscripción.
En este sentido, la aplicación de economías de escala en la gestión de los servicios municipales con la creación de empresas mixtas de capital público-privado o la privatización directa de la mayoría de los servicios públicos a niveles supralocales lograría la eficiencia en el tratamiento y gestión de los recursos públicos. Algunos ejemplos en este sentido.
Muchos ayuntamientos tienen personal contratado para obras menores, mantenimiento, servicios de limpieza… Tal y como demuestra la experiencia pasada, es preferible tener un solo centro de dirección de recursos para atender 50 problemas pequeños que no 50 centros de dirección para 50 problemas pequeños. Y si esa gestión se realiza mediante una empresa privada o coparticipada por la Diputación mucho mejor.
En áreas más complejas, como puede ser la seguridad ciudadana, ordenación del tráfico y todas las funciones que lleva a cabo la Policia Municipal, se puede articular la creación de una Policia Provincial con delimitación geográfica a todos los municipios que controle la Diputación y con plena movilidad de recursos materiales y humanos entre los distintos municipios o incluso la integración de este cuerpo de Seguridad dentro de las respectivas policias autonómicas.
Las ventajas de estos planteamientos son evidentes:
* Los municipios pequeños tendrán acceso a servicios que actualmente no tienen o son altamente deficitarios si los llevan a cabo.
* Se adelgazaría tremendamente la estructura de empleados públicos a cargo de las administraciones locales.
* Los niveles de corrupción local disminuirían drásticamente, porque no serían necesarios 65.000 concejales ni se harían los desmanes que se llevan a cabo actualmente en áreas como Urbanismo o concesiones municipales a dedo.
* El recorte de gasto estimado, una vez llevada a cabo esta integración podría alcanzar los 20.000 millones de euros sin muchas dificultades dado que se adelgazaría sustancialmente en todos los recursos duplicados, incluidos excesos en personal laboral y funcionarial de las administraciones locales.
Lógicamente, esta estructura sólo es favorable para la sociedad y las cuentas públicas porque los partidos políticos pierden base de afiliados, representantes y poder de actuación política en todos los frentes, pero la primera gran pata que hay que reformar profundamente es la dispersicón en las administraciones locales, al menos tal y como las tenemos concebidas hasta ahora.
Eliminar los ayuntamientos pequeños ahorraría 20.000 millones de euros
En este sentido, las administraciones locales suelen ser en su mayoría estructuras que manejan presupuestos pequeños (excepcionando a las grandes ciudades), dada la recaudación que tienen y en la mayoría de las ocasiones quieren hacer frente a inversíones que no pueden financiar de ninguna de las maneras. Muchas voces piden la supresión de las Diputaciones Provinciales; en este sentido, yo pido la supresión de los ayuntamientos en poblaciones de menos de 50.000 habitantes.
Las asignaciones locales que tienen los ayuntamientos pequeños pueden transferirse íntegramente a las Diputaciones Provinciales, actuando estos entes públicos como los encargados de la dirección política, económica y social de los municipios que tengan bajo su circunscripción.
En este sentido, la aplicación de economías de escala en la gestión de los servicios municipales con la creación de empresas mixtas de capital público-privado o la privatización directa de la mayoría de los servicios públicos a niveles supralocales lograría la eficiencia en el tratamiento y gestión de los recursos públicos. Algunos ejemplos en este sentido.
Muchos ayuntamientos tienen personal contratado para obras menores, mantenimiento, servicios de limpieza… Tal y como demuestra la experiencia pasada, es preferible tener un solo centro de dirección de recursos para atender 50 problemas pequeños que no 50 centros de dirección para 50 problemas pequeños. Y si esa gestión se realiza mediante una empresa privada o coparticipada por la Diputación mucho mejor.
En áreas más complejas, como puede ser la seguridad ciudadana, ordenación del tráfico y todas las funciones que lleva a cabo la Policia Municipal, se puede articular la creación de una Policia Provincial con delimitación geográfica a todos los municipios que controle la Diputación y con plena movilidad de recursos materiales y humanos entre los distintos municipios o incluso la integración de este cuerpo de Seguridad dentro de las respectivas policias autonómicas.
Las ventajas de estos planteamientos son evidentes:
* Los municipios pequeños tendrán acceso a servicios que actualmente no tienen o son altamente deficitarios si los llevan a cabo.
* Se adelgazaría tremendamente la estructura de empleados públicos a cargo de las administraciones locales.
* Los niveles de corrupción local disminuirían drásticamente, porque no serían necesarios 65.000 concejales ni se harían los desmanes que se llevan a cabo actualmente en áreas como Urbanismo o concesiones municipales a dedo.
* El recorte de gasto estimado, una vez llevada a cabo esta integración podría alcanzar los 20.000 millones de euros sin muchas dificultades dado que se adelgazaría sustancialmente en todos los recursos duplicados, incluidos excesos en personal laboral y funcionarial de las administraciones locales.
Lógicamente, esta estructura sólo es favorable para la sociedad y las cuentas públicas porque los partidos políticos pierden base de afiliados, representantes y poder de actuación política en todos los frentes, pero la primera gran pata que hay que reformar profundamente es la dispersicón en las administraciones locales, al menos tal y como las tenemos concebidas hasta ahora.
Eliminar los ayuntamientos pequeños ahorraría 20.000 millones de euros
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