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Aquí podéis ver una de las bajadas de pantalones de la Generalitat con el Pacto de la Vivienda, de cómo debía ser y en que se ha quedado
La sustitución de viviendas viejas obligará a construir pisos sociales
• Habitatge prevé que la ley permitirá edificar 3.600 casas protegidas al año en centros históricos
• El cupo del 20% afecta a edificios de más 5.000 metros, de los que se han iniciado 280 hasta junio
SALVADOR SABRIÀ
BARCELONA
Cuando entre en vigor la nueva ley de vivienda de Catalunya, pendiente de la aprobación por parte del pleno del Parlament, una de las novedades destacadas será la obligación de construir viviendas de protección oficial (VPO) también en suelo urbano consolidado, es decir, en los centros de las ciudades cuando se construya en terrenos en los que ya había inmuebles.
El proyecto inicial obligaba a reservar al menos el 20% del techo para viviendas de protección oficial en todos los edificios de más de 2.000 metros cuadrados levantados a partir de la sustitución o la rehabilitación de inmuebles. Pero tras el pacto entre el conseller Francesc Baltasar y las patronales de promotores esta exigencia se redujo y solo afectará a edificios de más 5.000 metros cuadrados de techo edificable.
SALTO CUALITATIVO
Este cambio supondrá que los 5.000 pisos de protección oficial al año que se podría obligar a construir con el redactado inicial del proyecto queden reducidos a 3.600, según los cálculos de la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge. Otras fuentes del sector inmobiliario son menos optimistas y limitan esta cifra a menos de 2.500 pisos al año. En todo caso, supone un salto cualitativo, ya que hasta ahora no estaba previsto en ninguna ley que fuera obligatorio construir pisos protegidos en suelo urbano consolidado.
De hecho, el texto de la ley ya considera que se trata de una medida excepcional, "atendiendo al escaso potencial de crecimiento" de algunas zonas en suelo urbanizable. Por ello, la norma prevé que, a través de un futuro plan territorial sectorial de vivienda, se pueda obligar a reservar suelo consolidado para construir viviendas protegidas. Este punto fue muy discutido por los promotores, porque consideraban que creaba una gran inseguridad jurídica ya que imponía unas nuevas obligaciones sobre unos solares que ellos habían pagado a un precio muy alto porque en el momento de comprarlos no tenían estas cargas.
Tras la negociación, la ley solo será aplicable a los proyectos que se pongan en marcha en el futuro y tras un periodo transitorio en el que se definirán los ámbitos afectados por esta nueva obligación.
A título orientativo, en el primer semestre del 2007, los colegios de aparejadores de Catalunya han visado 280 proyectos de edificios de más de 5.000 metros cuadrados edificables, que comportarán la construcción de 17.831 viviendas. El economista y especialista en cuestiones urbanísticas Agustí Jover calcula que solo el 35% de estos edificios están ubicados en suelo consolidado y, por ello, estarían afectados por la nueva ley. Con la legislación vigente, el promotor no estaría obligado a reservar ningún piso de estas zonas para protección oficial. Con la nueva ley, más de 1.200 pisos de los 6.200 que se ubicarían en estos terrenos deberán ser VPO.
MÁS REHABILITACIÓN El director general de la inmobiliaria La Llave de Oro, Lluís Marsà, que intervino junto con Enric Reyna en la elaboración del pacto de los promotores con la conselleria, aseguró que "habrá vivienda social" en los cascos urbanos consolidados, "no solo en los edificios de nueva construcción, sino en los de rehabilitación, que en Barcelona hay bastantes". Marsà aseguró que la propuesta inicial, "en la práctica, habría frenado muchos proyectos de rehabilitación, porque a sus propietarios no les saldría a cuenta, lo que contribuiría a empeorar el parque de los centros históricos, todo lo contrario a lo que busca la ley en otros artículos".
Marsà añadió que la norma permite, en casos determinados, satisfacer esas reservas obligatorias de VPO destinando el equivalente en viviendas protegidas en otro emplazamiento con suelo consolidado, a cargo del promotor, o incluso pagando al ayuntamiento el importe de esas viviendas que debería construir para que la Administración las levante en otra zona. "En definitiva, se trata de poner suelo en el mercado para VPO", resumió el promotor
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