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Una Cataluña independiente nacería ahogada por una deuda de 155.000 millones de euros
El sentimiento de "fatiga mutua entre España y Cataluña" agitado por Artur Mas para justificar la independencia tiene un precio. Y muy elevado. De aplicarse aquí la fórmula constitucional diseñada en Canadá para una eventual secesión de la región francófona de Quebec, el espejo en el que desde hace varias décadas se miran los soberanistas catalanes, la Generalitat tendría que negociar con Madrid el reparto de la deuda pública española antes de separarse. Y según se desprende de los últimos datos del Banco de España, el Estado de Cataluña nacería asfixiado financieramente, con una deuda superior a los 155.000 millones de euros.
El más reciente boletín estadístico del Banco de España es concluyente. La deuda del conjunto del Estado se eleva en la actualidad a 804.000 millones de euros, de los que 617.000 millones corresponden a la Administración central, 150.000 a las comunidades autónomas y 36.000 a los ayuntamientos. La deuda de Cataluña, por su parte, asciende a 44.000 millones, a los que hay que sumar otros 111.000 que le corresponderían por su peso -el 18% de cuota- en la economía española.
Esas cifras significan que, para alcanzar la independencia, Cataluña debería asumir antes una deuda pública de 155.000 millones euros, lo que, según varios expertos financieros consultados por El Confidencial, "obligaría a la Generalitat a elevar brutalmente los tipos de interés para poder financiarse en los mercados. Nacería con el cien por cien de deuda pública y se quedaría fuera de la moneda única. Sería un país prácticamente inviable".
Como sostiene Javier García Roca, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense, "el divorcio sería carísimo y con unos costes económicos inasumibles en tiempos de crisis. Habría que subir los impuestos para crear un Ejército, embajadas, federaciones deportivas... Y además, ¿cómo se repartiría la Seguridad Social, y los fondos de depósito, y las garantías salariales comunes? Harían falta normas o tratados que tardarían lustros en aplicarse, sin que los ciudadanos percibieran sus pensiones durante años, como ya ha pasado entre Serbia y Kosovo".
La 'conexión' Quebec-Cataluña
Los nacionalistas catalanes nunca han ocultado su profunda simpatía hacia las aspiraciones secesionistas de Quebec. Mucho mayor, si cabe, tras la victoria del independentista Parti Québécois (PQ) en las elecciones legislativas regionales celebradas a principios de este mes. Su líder, Pauline Marois, aseguró que "el futuro de Quebec es convertirse en un país soberano", y se comprometió a convocar un referéndum sobre la soberanía de esta provincia canadiense de casi ocho millones de habitantes, aunque no le puso fecha. Sería la tercera consulta popular desde 1980. En la primera ganó el no por una clara mayoría de casi el 60%; pero en la segunda, en 1995, el sí fue derrotado por tan sólo 1,1 puntos de diferencia.
CiU, ERC y el movimiento independentista catalán siempre han sentido admiración por el encaje del modelo secesionista quebequés en la Constitución canadiense, que fue resuelto en 1998 por la Corte Suprema de Canadá. Ésta emitió un histórico dictamen, a instancias del Gobierno federal entonces presidido por Jean Chrétien, en el que señalaba que "un voto que suponga la existencia de una mayoría clara en Quebec en favor de la secesión, en respuesta a una pregunta clara, conferiría al proyecto de secesión una legitimidad democrática que el resto de participantes en la federación tendría la obligación de reconocer".
En otras palabras: el alto tribunal reconoce al pueblo de Quebec el derecho a expresar en las urnas su voluntad de seguir formando parte de Canadá o convertirse en un Estado soberano, y advierte al Gobierno y a las demás provincias que forman la federación de que, si triunfa el sí, estarán obligadas a reconocer el resultado. Las únicas condiciones para la convocatoria de ese referéndum se resumen en el principio pregunta clara, mayoría clara. Ése es el nucleo de la sentencia. Pero el tribunal advierte a continuación que no le corresponde a él, sino al Gobierno federal y al Ejecutivo quebequés, "determinar en qué consiste una mayoría clara en respuesta a una pregunta clara".
Los magistrados, de esta forma, avisaban de que no tolerarían que en un futuro referéndum se repitiese una pregunta tan enrevesada como la formulada a los ciudadanos en 1995: "¿Acepta que Quebec se convierta en un Estado soberano después de ofrecer formalmente a Canadá una nueva asociación política y económica en el ámbito del proyecto de ley respecto al futuro de Quebec y del acuerdo firmado el 12 de junio de 1995?". La Corte Suprema también advertía que la mayoría a favor del sí o del no debía ser inequívoca, es decir, que no aceptaría una victoria exigua ni de los separatistas ni de los unionistas. El PQ siempre ha considerado suficiente la mitad más uno de los votos, mientras que el Gobierno de Ottawa defiende un margen mucho más amplio.
Negociación política
El pronunciamiento del alto tribunal contenía un tercer elemento clave: que la secesión de Quebec, si los independentistas ganaban el referéndum, tendría que ser pactada mediante una negociación política entre las partes. "En la medida en que las cuestiones abordadas en el curso de las negociaciones serían políticas", señala la sentencia, "los tribunales, conscientes del papel que desempeñan en el sistema constitucional, no tendrían ningún papel de supervisión que desempeñar". Y añadía que esas negociaciones deberían abordar las "eventuales condiciones" de la independencia y los "intereses de las otras provincias, del Gobierno federal, de Quebec y de los derechos de todos los canadienses dentro y fuera de Quebec, y en particular de los derechos de las minorías".
El dictamen de la Corte Suprema, obviamente, no enumera las condiciones que deberían ser pactadas antes de la separación efectiva de Quebec. Pero el Gobierno federal y los ejecutivos de las demás provincias siempre han dejado claro que uno de los elementos esenciales de una eventual negociación política sería el reparto de la deuda pública canadiense, además de otras cuestiones clave como las fronteras del Quebec escindido y los derechos de los pueblos aborígenes que habitan la provincia francófona.
Una de las incógnitas de la entrevista que Mariano Rajoy y el presidente de la Generalitat celebran hoy en el palacio de La Moncloa es si Mas pondrá sobre la mesa el desafío independentista lanzado tras la multitudinaria manifestación de la Diada en las calles de Barcelona, o si se limitará a abordar con su anfitrión el pacto fiscal, cuya meta es lograr un nuevo sistema de financiación para Cataluña mediante un concierto económico a la vasca. Lo que se da prácticamente por seguro es que CiU incluirá en su programa para las próximas elecciones autonómicas las tesis independentistas, avaladas en la Diada, en favor de un Estado propio.
El sentimiento de "fatiga mutua entre España y Cataluña" agitado por Artur Mas para justificar la independencia tiene un precio. Y muy elevado. De aplicarse aquí la fórmula constitucional diseñada en Canadá para una eventual secesión de la región francófona de Quebec, el espejo en el que desde hace varias décadas se miran los soberanistas catalanes, la Generalitat tendría que negociar con Madrid el reparto de la deuda pública española antes de separarse. Y según se desprende de los últimos datos del Banco de España, el Estado de Cataluña nacería asfixiado financieramente, con una deuda superior a los 155.000 millones de euros.
El más reciente boletín estadístico del Banco de España es concluyente. La deuda del conjunto del Estado se eleva en la actualidad a 804.000 millones de euros, de los que 617.000 millones corresponden a la Administración central, 150.000 a las comunidades autónomas y 36.000 a los ayuntamientos. La deuda de Cataluña, por su parte, asciende a 44.000 millones, a los que hay que sumar otros 111.000 que le corresponderían por su peso -el 18% de cuota- en la economía española.
Esas cifras significan que, para alcanzar la independencia, Cataluña debería asumir antes una deuda pública de 155.000 millones euros, lo que, según varios expertos financieros consultados por El Confidencial, "obligaría a la Generalitat a elevar brutalmente los tipos de interés para poder financiarse en los mercados. Nacería con el cien por cien de deuda pública y se quedaría fuera de la moneda única. Sería un país prácticamente inviable".
Como sostiene Javier García Roca, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense, "el divorcio sería carísimo y con unos costes económicos inasumibles en tiempos de crisis. Habría que subir los impuestos para crear un Ejército, embajadas, federaciones deportivas... Y además, ¿cómo se repartiría la Seguridad Social, y los fondos de depósito, y las garantías salariales comunes? Harían falta normas o tratados que tardarían lustros en aplicarse, sin que los ciudadanos percibieran sus pensiones durante años, como ya ha pasado entre Serbia y Kosovo".
La 'conexión' Quebec-Cataluña
Los nacionalistas catalanes nunca han ocultado su profunda simpatía hacia las aspiraciones secesionistas de Quebec. Mucho mayor, si cabe, tras la victoria del independentista Parti Québécois (PQ) en las elecciones legislativas regionales celebradas a principios de este mes. Su líder, Pauline Marois, aseguró que "el futuro de Quebec es convertirse en un país soberano", y se comprometió a convocar un referéndum sobre la soberanía de esta provincia canadiense de casi ocho millones de habitantes, aunque no le puso fecha. Sería la tercera consulta popular desde 1980. En la primera ganó el no por una clara mayoría de casi el 60%; pero en la segunda, en 1995, el sí fue derrotado por tan sólo 1,1 puntos de diferencia.
CiU, ERC y el movimiento independentista catalán siempre han sentido admiración por el encaje del modelo secesionista quebequés en la Constitución canadiense, que fue resuelto en 1998 por la Corte Suprema de Canadá. Ésta emitió un histórico dictamen, a instancias del Gobierno federal entonces presidido por Jean Chrétien, en el que señalaba que "un voto que suponga la existencia de una mayoría clara en Quebec en favor de la secesión, en respuesta a una pregunta clara, conferiría al proyecto de secesión una legitimidad democrática que el resto de participantes en la federación tendría la obligación de reconocer".
En otras palabras: el alto tribunal reconoce al pueblo de Quebec el derecho a expresar en las urnas su voluntad de seguir formando parte de Canadá o convertirse en un Estado soberano, y advierte al Gobierno y a las demás provincias que forman la federación de que, si triunfa el sí, estarán obligadas a reconocer el resultado. Las únicas condiciones para la convocatoria de ese referéndum se resumen en el principio pregunta clara, mayoría clara. Ése es el nucleo de la sentencia. Pero el tribunal advierte a continuación que no le corresponde a él, sino al Gobierno federal y al Ejecutivo quebequés, "determinar en qué consiste una mayoría clara en respuesta a una pregunta clara".
Los magistrados, de esta forma, avisaban de que no tolerarían que en un futuro referéndum se repitiese una pregunta tan enrevesada como la formulada a los ciudadanos en 1995: "¿Acepta que Quebec se convierta en un Estado soberano después de ofrecer formalmente a Canadá una nueva asociación política y económica en el ámbito del proyecto de ley respecto al futuro de Quebec y del acuerdo firmado el 12 de junio de 1995?". La Corte Suprema también advertía que la mayoría a favor del sí o del no debía ser inequívoca, es decir, que no aceptaría una victoria exigua ni de los separatistas ni de los unionistas. El PQ siempre ha considerado suficiente la mitad más uno de los votos, mientras que el Gobierno de Ottawa defiende un margen mucho más amplio.
Negociación política
El pronunciamiento del alto tribunal contenía un tercer elemento clave: que la secesión de Quebec, si los independentistas ganaban el referéndum, tendría que ser pactada mediante una negociación política entre las partes. "En la medida en que las cuestiones abordadas en el curso de las negociaciones serían políticas", señala la sentencia, "los tribunales, conscientes del papel que desempeñan en el sistema constitucional, no tendrían ningún papel de supervisión que desempeñar". Y añadía que esas negociaciones deberían abordar las "eventuales condiciones" de la independencia y los "intereses de las otras provincias, del Gobierno federal, de Quebec y de los derechos de todos los canadienses dentro y fuera de Quebec, y en particular de los derechos de las minorías".
El dictamen de la Corte Suprema, obviamente, no enumera las condiciones que deberían ser pactadas antes de la separación efectiva de Quebec. Pero el Gobierno federal y los ejecutivos de las demás provincias siempre han dejado claro que uno de los elementos esenciales de una eventual negociación política sería el reparto de la deuda pública canadiense, además de otras cuestiones clave como las fronteras del Quebec escindido y los derechos de los pueblos aborígenes que habitan la provincia francófona.
Una de las incógnitas de la entrevista que Mariano Rajoy y el presidente de la Generalitat celebran hoy en el palacio de La Moncloa es si Mas pondrá sobre la mesa el desafío independentista lanzado tras la multitudinaria manifestación de la Diada en las calles de Barcelona, o si se limitará a abordar con su anfitrión el pacto fiscal, cuya meta es lograr un nuevo sistema de financiación para Cataluña mediante un concierto económico a la vasca. Lo que se da prácticamente por seguro es que CiU incluirá en su programa para las próximas elecciones autonómicas las tesis independentistas, avaladas en la Diada, en favor de un Estado propio.
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