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Según la misma información, en estas adquisiciones de vehículos, algunos de lujo, se encuentran un Ferrari F12 por el que abonó pagó 130.000 euros y un Porsche 992 Cabriolet por el que desembolsó 290.000 euros. Los otros nueve coches los compró en Desguaces La Torre por 56.000 euros en total. Entre ellos adquirió un Volkswagen Passat que vendió a Joseba García Izaguirre, hermano de Koldo, por 600 euros menos de lo que lo compró.
Todas las compras las hizo utilizando la sociedad MTM 180 Capital SL, propiedad del presidente del Zamora CF. Esta empresa es por la que De Aldama canalizó el cobro de las comisiones por los contratos adjudicados desde las administraciones públicas.
LA UCO BUSCABA INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO FIRMADO CON SOLUCIONES DE GESTIÓN
Interior dificultó la investigación sobre el caso Koldo y mandó archivos "ilegibles" a la Guardia Civil
El Ministerio de Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska mandó «archivos en formato ilegible» a la Guardia Civil cuando los agentes buscaban información sobre el contrato millonario que este ministerio firmó con Soluciones de gestión, la compañía investigada en el caso Koldo.
La Fiscalía Anticorrupción ordenó en abril de 2022 a la UCO que solicitara documentación a la Subdirección General de Gestión Económica del Ministerio del Interior. En estas dependencias contestaron a los investigadores de la Guardia Civil que se habían equivocado de ventanilla y les derivaron a la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras para la Seguridad, del mismo ministerio, detalla El Confidencial.
Los agentes consideraron «cuando menos extraño» Guardia Civil considera que siendo la primera entidad la adjudicadora del contrato, no les ofreciesen «ningún tipo de información». Ese contrato está firmado digitalmente entre el ‘número dos’ del ministro Grande-Marlaska, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz y por José Ángel Escorial en representación de la firma Soluciones y Gestión de Apoyo a Empresas SL, detalla el citado diario.
Las dificultades no se quedaron ahí. El responsable de la Subdirección General de Gestión Económica del Ministerio, el comisario Daniel Belmar, se negó a entregarles nada hasta que no dirigiesen su petición por escrito y al departamento correcto. La UCO detalla que «en primera instancia afirmó poseer documentación relacionada con el expediente y estar dispuesto a entregarla, si bien, posteriormente rectificó afirmando que lo haría cuando el Requerimiento fuese dirigido directamente a su Subdirección».
LAS mascaras FUERON ALMACENADAS EN UN HANGAR DE TITULARIDAD PÚBLICA
Armengol mintió: avaló las mascaras defectuosas para ocultar la trama ilegal
El Gobierno de las Islas Baleares emitió el 12 de agosto de 2020 un certificado asegurando que las mascaras recibidas de la empresa Soluciones de Gestión cumplían, «de manera satisfactoria», por lo requerido tras una adjudicación a dedo de 3,7 millones de euros. El Gobierno de Francina Armengol certificó que la empresa vinculada a José Luis Ábalos había prestado sus servicios satisfactoriamente. Pero Armengol mintió: dos meses antes del documento, la administración balear ya sabía que el material era defectuoso.
Sin embargo, pese haber retirado los millones de mascaras, que aún continúan guardadas en un almacén, el Gobierno de Francina Armengol publicó el certificado, colaborando así con la trama de corrupción en las adjudicaciones millonarias durante los peores meses de la esa época en el 2020 de la que yo le hablo. El documento no fue sencillamente un respaldo de una administración autonómica, sino que además sirvió como pasaporte de legitimidad ante el resto de administraciones.
Soluciones de Gestión, controlada por Víctor de Aldama y vinculada al exministro Ábalos a través de su mano derecha, Koldo García, presentó el documento ante el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria: «Antonio Mascaró Crespí, en calidad de subdirector de Compras y Logística Servei de Salut de les Illes Balears, certifica que la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas ha realizado suministros, de manera satisfactoria, durante el año 2020. Y para que conste, a petición del interesado, sin tenerse conocimiento a fecha de hoy de ninguna incidencia, y surta efectos de participación en concursos públicos, expido el presente certificado en Palma a 12 de agosto de 2020″, reza el documento de la administración de Armengol.
Pese a todas las recomendaciones y aplausos, el documento era mentira. El contenido del certificado queda contradicho con lo verdaderamente ocurrido el 8 de junio de 2020: el Centro Nacional de Medios de Protección advirtió al Ejecutivo de Armengol que las mascaras era defectuosas: «Ninguna de las cuatro referencias cumple con los requisitos de una mascarilla tipo FFP2″, reconoció entonces la administración balear.
En apenas 65 días, el Gobierno balear cambió de opinión, esto es, mintió. La administración de Armengol pasó de almacenar las mascaras inservibles en un hangar público a recomendar la contratación con Soluciones de Gestión SL. Un cambio de criterio que se precipitó con la reclamación de la devolución del dinero, que la trama intentó frenar con la «intermediación» de José Luis Ábalos. Así lo ha llegado a reconocer Ismael Moreno, magistrado de la Audiencia Nacional encargado de la causa.
SEGÚN LOS INVESTIGADORES CONFIRMA QUE HABÍA UN CONCIERTO PREVIO
El contrato de 24 millones de euros adjudicado a la trama del caso Koldo se firmó días antes de licitarse
El primer contrato adjudicado a la empresa asociada a la trama del caso Koldo, Soluciones de Gestión, firmó contratos para el suministro de mascaras antes de que esos contratos se licitaran de manera pública y se pudieran recibir ofertas. Según publica el diario Vozpópuli, el mayor contrato de la trama, de 24 millones de euros, está fechado el 20 de marzo de 2020, un día antes de que el Ministerio de Transportes registrase la regulación para la adquisición y distribución de este material sanitario. Esto probaría, para los investigadores, que los contactos estaban amañados.
Según la misma información, fue el 21 de marzo 2020 cuando la Administración Pública presentó el acuerdo de licitación, demostrando el «concierto previo» para la UCO con la trama investigada por la Audiencia Nacional. En la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, de hecho, está reflejado este error en las fechas que cometieron los miembros de la trama.
Vozpópuli aporta incluso en su información una factura proforma, es decir, el documento donde la empresa proveedora expone los detalles de la compra y venta de un producto, que se firma habitualmente justo antes del cierre de un contrato. En la factura se detalla que en el plazo de 48 horas se suministrarían 8.000.000 de mascaras tipo FFFP2 a un precio unitario de 2,50 euros, lo que en total suman 20 millones de euros. El IVA eleva esta cuantía hasta los 24.200.000 euros. También, como forma de pago se indica que se abonará por adelantado el 50% del valor de la oferta y el 50% restante tras la entrega.
