El Gobierno aprovecha el
estado de alarma para
neutralizar al
Portal de Transparencia. Esta herramienta, destinada a que cualquier ciudadano pida cuentas de su gestión a la Administración, está ahora mismo vacía de contenido. De esta forma,
el Ejecutivo no tiene la obligación de informar,
salvo que lo quiera hacer «motu proprio», sobre aspectos tan relevantes como los
costes y beneficiarios de los contratos que otorga a empresas del sector sanitario en plena crisis del cobi19.
El día
14 de marzo, el Gobierno decretó el
estado de alarma. Mediante la
disposición adicional tercera del texto publicado en el BOE, el Ejecutivo tomó la decisión de
suspender e interrumpir «los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público» hasta que el real decreto o sus prórrogas carecieran de vigencia. Es decir, la Administración quedaba parada en pleno, también
se estancaban los procesos de transparencia y acceso a la información ya abiertos. Pero Moncloa estableció una salvedad en el punto cuarto de dicho apartado, que permitía activar los mecanismos de las estructuras públicas -entre las que se incluye el
Portal de Transparencia- cuando se tratara de responder a cuestiones referidas «a situaciones estrechamente vinculadas» con el cobi19. En definitiva, no era el momento de preguntar por el coste de los viajes oficiales de un ministro, pero sí se podía pedir al Ministerio de Sanidad que facilitara, por ejemplo, los
contratos o el coste de las operaciones de compra de material sanitario suscritos durante estas semanas, unos
datos, por otra parte,
prácticamente imposibles de conseguir en este escenario.
Cuatro días después.
Tan solo cuatro días más tarde, en la reformulación del
texto normativo rubricada
el 18 de marzo, el Gobierno modificó esta disposición adicional y
dejó en manos de la propia Administración cualquier tipo de rendición de cuentas ante los ciudadanos, también si las preguntas estaban encaminadas a conocer más datos de la gestión que el Ministerio de Sanidad está llevando a cabo en la crisis provocada por la esa época en el 2020 de la que yo le hablo. «Las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos
procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del
estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios», reza la modificación del decreto, con el que
el Gobierno se blinda para no ofrecer explicaciones a través de Transparencia, ya que se entrega a sí mismo la potestad de decidir si quiere o no responder a una cuestión relacionada con el bichito.
«El
estado de alarma vacía absolutamente de contenido real el
derecho de acceso a la información pública precisamente durante un periodo en el que es muy importante
saber lo que está pasando», critica
Miguel Ángel Blanes, uno de los
mayores expertos en cuestiones de Transparencia de España, quien también considera que
esta suspensión «no tiene ningún sentido en un estado democrático de derecho».
De manera paralela, se da otra situación que
agrava la coyuntura. Como adelantaron El Confidencial y Voz Pópuli,
Sanidad tampoco informa a través del portal de contratación sobre las licitaciones selladas por el Ministerio durante el estado de alarma. El ministro,
Salvador Illa, tampoco se prodiga a la hora de dar estos detalles en sus ruedas de prensa y la
información queda guardada en un cajón.
Ahora, los ciudadanos.
Son
muy numerosas las llamadas de atención que el
Consejo de Transparencia, organismo garante de que se cumplan los preceptos de la ley de esta materia, ha realizado al Gobierno durante la etapa de Pedro Sánchez como presidente. La mayoría han sido
desoídas, particularmente por el gabinete de Presidencia, lo que
no habla demasiado bien del concepto de Transparencia que ejecuta Moncloa. Sin embargo, el
cerrojazo a las funciones del
Portal de Transparencia no es el primer ejemplo de
opacidad informativa del Ejecutivo en esta crisis.
Un ejemplo es, como denuncian los diferentes grupos de la oposición, que hubiera que esperar hasta ayer para que
el Gobierno se sometiera a la primera sesión de control en el Congreso tras el estado de alarma. Otro, el
manifiesto que
centenares de periodistas firmaron para
exigir ruedas de prensa con capacidad para repreguntar y sin preguntas filtradas por Moncloa. Ahora, después de políticos y periodistas, le toca el turno a los ciudadanos, que
se quedan sin armas para examinar la labor de la Administración.