Se cumplen cinco años de la manifestación de un millón de personas en Barcelona a favor de la unidad de España que PSOE y PP han olvidado.
Los días posteriores al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, grupos de separatistas protestaban frente a los hoteles donde se alojaban policías nacionales y guardias civiles enviados a Cataluña por el Ministerio del Interior. Los agentes eran señalados, insultados y acosados. Los partidos, sindicatos y medios públicos catalanes habían dado la orden de hostigar "pacíficamente" a los policías, a quienes imputaban toda clase de abusos durante dicho referéndum. Los Mozos de Escuadra seguían de perfil. La consigna de buena parte de sus mandos era no obstaculizar las actividades del independentismo, ya fueran huelgas salvajes, cortes de carreteras o escraches ante pensiones, casas cuartel y comisarias de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.
El discurso del Rey del 3 de octubre había causado conmoción en el separatismo. Puigdemont pretendía que Felipe VI ejerciera de moderador/mediador entre el Gobierno y la Generalidad republicana. Junqueras, por su parte, especulaba sobre una intervención del Vaticano. El Gobierno de Mariano Rajoy comenzaba a preparar a regañadientes y a un ritmo desesperante la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Rajoy no quería asumir la responsabilidad en solitario y negociaba el apoyo del PSOE. En paralelo, las grandes empresas y los bancos huían de Cataluña en desbandada.
Los golpistas habían redondeado la fractura social con una catástrofe económica sin precedentes mientras la clientela de las entidades financieras catalanas exigía garantías sobre sus depósitos y que se transfirieran a oficinas de fuera de Cataluña. Con el foco puesto en los movimientos a la desesperada de los separatistas y del "directorio" que dirigía el golpe (un órgano que incluía a personajes ajenos al Govern como David Madí o Xavier Vendrell y las "aportaciones" de Artur Mas y otros notables de la política catalana) los preparativos de Sociedad Civil Catalana (SCC) para manifestarse una semana después del referéndum ilegal pasaban totalmente desapercibidos.
Pero aquel domingo 8 de octubre de 2017 iba a cambiar por completo el curso de los acontecimientos. La entidad constitucionalista surgida pocos años antes para contrarrestar el tejido asociativo del separatismo convocaba a los ciudadanos a una manifestación que no aspiraba a congregar a una gran masa, pero sí a plantar cara ante el atropello que estaba sufriendo la ciudadanía no nacionalista, más de la mitad de la población de Cataluña.
Las citas anteriores convocadas por SCC para la Fiesta Nacional de años anteriores habían sido nutridas, pero a años luz de las exhibiciones norcoreanas de la Assemblea Nacional Catalana (ANC). La entidad a favor de la unidad de España no disponía ni de los medios ni de los apoyos de la ANC y Òmnium Cultural. La batalla por la movilización en las calles era un conflicto asimétrico de manual. Además, en los días previos a aquel 8 de octubre, los dirigentes de SCC estaban recibiendo presiones de elementos gubernativos y del PSC.
Presiones de Moncloa y PSOE contra la manifestación
Tampoco hacía falta que se esforzaran demasiado, era el mensaje entre líneas que recibían los componentes de la entidad. Había que desescalar, rebajar la tensión. Esas eran las consignas procedentes de Moncloa y Ferraz, a pesar de que hasta el momento los partidarios de la unidad de España se habían manifestado de forma aislada e improvisada, como cuando unos miles de jóvenes se plantaron en la Vía Layetana con banderas de España el sábado previo al referéndum.
Prueba de la falta de entusiasmo del Gobierno con la convocatoria de Sociedad Civil Catalana (SCC) fue la ausencia de imágenes aéreas de la manifestación. Mientras las convocatorias independentistas contaban con amplio despliegue de medios técnicos y helicópteros para las tomas aéreas, ninguna televisión, ni siquiera TVE, dispuso tales medios para registrar la que iba a ser la respuesta más contundente al golpe de Estado.
Tampoco los partidos contrarios a la asonada parecían demasiado concernidos. El PP y Ciudadanos daban apoyo formal, pero sin gran entusiasmo. En el caso del PSC, ninguno de sus dirigentes iba a estar presente, aunque la dirección daba libertad a sus militantes para acudir a título personal. Aún así, la Guardia Urbana de Barcelona estimó en 350.000 personas las que acudieron a aquella manifestación. Sin embargo, fueron muchas más, hasta el millón.
El impacto de la convocatoria, con ciudadanos llegados a Barcelona de toda Cataluña, no sólo descolocó a los medios. Ni Puigdemont ni Junqueras quisieron valorar aquella demostración imprevista de fuerza y coraje cívico de esa parte de la sociedad que hasta ese momento había ejercido de mayoría silenciosa. Actuaron como si aquello no hubiera ocurrido, lo que confirmó el efecto letal de la manifestación en la composición de lugar del separatismo.
Una parte del independentismo, particularmente ERC, abogaba por el choque y la unilateralidad, los hechos consumados, como hasta entonces. Sin embargo, la manifestación a favor de la unidad de España del 8 de octubre emitió un potente mensaje al separatismo. Las calles no eran suyas y si el Estado no respondía, había amplias capas de la ciudadanía catalana cada vez más irritadas y movilizadas, dispuestas a defender en la calle sus derechos ante los ataques de una parte de los partidos y la pasividad de los contrarios.
Puigdemont borra la respuesta cívica contra su golpe
En el libro "Me explico. De la investidura al exilio", el libro de Puigdemont, en colaboración con Xevi Xirgo, el expresidente de la Generalidad hace un pormenorizado relato de los años en que presidió la Generalidad. A lo largo de casi setecientas páginas, Puigdemont tira de las notas que escribía cada día para dar su versión de los hechos que condujeron al golpe de Estado. En las entradas correspondientes al día 8 de octubre de 2017 y posteriores no hay una sola alusión a aquella manifestación en contra del golpe.
En concreto, cuenta que el 8 cenó con el dirigente del PNV Andoni Ortúzar, quién le instó a abrirse a una negociación con el Gobierno y no declarar la independencia. El dirigente vasco acababa de reunirse con Rajoy y según Puigdemont, el propio Ortúzar le trasladó que Rajoy no tenía ningunas ganas de aplicar el 155. Sin embargo, no podía negociar nada con Puigdemont si este declaraba previamente la independencia. Para el entonces presidente de la Generalidad, estaba claro que Ortúzar era un emisario de Rajoy.
Tampoco habla Puigdemont en su libro de la otra manifestación masiva en contra del golpe que se produjo el 29 de octubre, dos días después de la proclamación de la república catalana en el Parlament. En una desesperada huida hacia adelante alentada por ERC, Puigdemont evitó convocar elecciones y dio paso a otro esperpento en la cámara catalana, una declaración de independencia tras la votación "anónima" de los grupos separatistas y de algunos diputados de los comunes.
Otro millón tres semanas después
Tres semanas después del histórico 8 de octubre, los ciudadanos contrarios al separatismo se volvieron a citar en las calles de Barcelona. Y otra vez fueron un millón, más los dirigentes del PSC, con Iceta entonces al frente. No habían asistido a la primera, pero no se quisieron perder la segunda, cuando los miembros del gobierno catalán deambulaban entre España y Francia como pollos sin cabeza, discutiendo si acudían a la citación de la Audiencia Nacional o se fugaban.
Al igual que entonces, los partidos que se reclaman constitucionalistas no demuestran demasiado interés en rememorar aquellas dos manifestaciones que alteraron la percepción que se tenía del proceso independentista. SCC se mantiene activa, aún con menos medios que entonces, pero con capacidad para convocar al constitucionalismo cívico. Este sábado recordarán aquellos días en la entrega de los Premios 8 de Octubre, que este año ha recaído en los representantes de las familias y las organizaciones que luchan por el bilingüismo y la aplicación del 25% de español en la educación obligatoria en Cataluña. También habrá un reconocimiento póstumo al economista Francesc Granell, uno de los primeros intelectuales en alertar contra las mentiras del separatismo al comienzo del proceso, entre 2010 y 2012.
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Los días posteriores al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, grupos de separatistas protestaban frente a los hoteles donde se alojaban policías nacionales y guardias civiles enviados a Cataluña por el Ministerio del Interior. Los agentes eran señalados, insultados y acosados. Los partidos, sindicatos y medios públicos catalanes habían dado la orden de hostigar "pacíficamente" a los policías, a quienes imputaban toda clase de abusos durante dicho referéndum. Los Mozos de Escuadra seguían de perfil. La consigna de buena parte de sus mandos era no obstaculizar las actividades del independentismo, ya fueran huelgas salvajes, cortes de carreteras o escraches ante pensiones, casas cuartel y comisarias de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.
El discurso del Rey del 3 de octubre había causado conmoción en el separatismo. Puigdemont pretendía que Felipe VI ejerciera de moderador/mediador entre el Gobierno y la Generalidad republicana. Junqueras, por su parte, especulaba sobre una intervención del Vaticano. El Gobierno de Mariano Rajoy comenzaba a preparar a regañadientes y a un ritmo desesperante la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Rajoy no quería asumir la responsabilidad en solitario y negociaba el apoyo del PSOE. En paralelo, las grandes empresas y los bancos huían de Cataluña en desbandada.
Los golpistas habían redondeado la fractura social con una catástrofe económica sin precedentes mientras la clientela de las entidades financieras catalanas exigía garantías sobre sus depósitos y que se transfirieran a oficinas de fuera de Cataluña. Con el foco puesto en los movimientos a la desesperada de los separatistas y del "directorio" que dirigía el golpe (un órgano que incluía a personajes ajenos al Govern como David Madí o Xavier Vendrell y las "aportaciones" de Artur Mas y otros notables de la política catalana) los preparativos de Sociedad Civil Catalana (SCC) para manifestarse una semana después del referéndum ilegal pasaban totalmente desapercibidos.
Pero aquel domingo 8 de octubre de 2017 iba a cambiar por completo el curso de los acontecimientos. La entidad constitucionalista surgida pocos años antes para contrarrestar el tejido asociativo del separatismo convocaba a los ciudadanos a una manifestación que no aspiraba a congregar a una gran masa, pero sí a plantar cara ante el atropello que estaba sufriendo la ciudadanía no nacionalista, más de la mitad de la población de Cataluña.
Las citas anteriores convocadas por SCC para la Fiesta Nacional de años anteriores habían sido nutridas, pero a años luz de las exhibiciones norcoreanas de la Assemblea Nacional Catalana (ANC). La entidad a favor de la unidad de España no disponía ni de los medios ni de los apoyos de la ANC y Òmnium Cultural. La batalla por la movilización en las calles era un conflicto asimétrico de manual. Además, en los días previos a aquel 8 de octubre, los dirigentes de SCC estaban recibiendo presiones de elementos gubernativos y del PSC.
Presiones de Moncloa y PSOE contra la manifestación
Tampoco hacía falta que se esforzaran demasiado, era el mensaje entre líneas que recibían los componentes de la entidad. Había que desescalar, rebajar la tensión. Esas eran las consignas procedentes de Moncloa y Ferraz, a pesar de que hasta el momento los partidarios de la unidad de España se habían manifestado de forma aislada e improvisada, como cuando unos miles de jóvenes se plantaron en la Vía Layetana con banderas de España el sábado previo al referéndum.
Prueba de la falta de entusiasmo del Gobierno con la convocatoria de Sociedad Civil Catalana (SCC) fue la ausencia de imágenes aéreas de la manifestación. Mientras las convocatorias independentistas contaban con amplio despliegue de medios técnicos y helicópteros para las tomas aéreas, ninguna televisión, ni siquiera TVE, dispuso tales medios para registrar la que iba a ser la respuesta más contundente al golpe de Estado.
Tampoco los partidos contrarios a la asonada parecían demasiado concernidos. El PP y Ciudadanos daban apoyo formal, pero sin gran entusiasmo. En el caso del PSC, ninguno de sus dirigentes iba a estar presente, aunque la dirección daba libertad a sus militantes para acudir a título personal. Aún así, la Guardia Urbana de Barcelona estimó en 350.000 personas las que acudieron a aquella manifestación. Sin embargo, fueron muchas más, hasta el millón.
El impacto de la convocatoria, con ciudadanos llegados a Barcelona de toda Cataluña, no sólo descolocó a los medios. Ni Puigdemont ni Junqueras quisieron valorar aquella demostración imprevista de fuerza y coraje cívico de esa parte de la sociedad que hasta ese momento había ejercido de mayoría silenciosa. Actuaron como si aquello no hubiera ocurrido, lo que confirmó el efecto letal de la manifestación en la composición de lugar del separatismo.
Una parte del independentismo, particularmente ERC, abogaba por el choque y la unilateralidad, los hechos consumados, como hasta entonces. Sin embargo, la manifestación a favor de la unidad de España del 8 de octubre emitió un potente mensaje al separatismo. Las calles no eran suyas y si el Estado no respondía, había amplias capas de la ciudadanía catalana cada vez más irritadas y movilizadas, dispuestas a defender en la calle sus derechos ante los ataques de una parte de los partidos y la pasividad de los contrarios.
Puigdemont borra la respuesta cívica contra su golpe
En el libro "Me explico. De la investidura al exilio", el libro de Puigdemont, en colaboración con Xevi Xirgo, el expresidente de la Generalidad hace un pormenorizado relato de los años en que presidió la Generalidad. A lo largo de casi setecientas páginas, Puigdemont tira de las notas que escribía cada día para dar su versión de los hechos que condujeron al golpe de Estado. En las entradas correspondientes al día 8 de octubre de 2017 y posteriores no hay una sola alusión a aquella manifestación en contra del golpe.
En concreto, cuenta que el 8 cenó con el dirigente del PNV Andoni Ortúzar, quién le instó a abrirse a una negociación con el Gobierno y no declarar la independencia. El dirigente vasco acababa de reunirse con Rajoy y según Puigdemont, el propio Ortúzar le trasladó que Rajoy no tenía ningunas ganas de aplicar el 155. Sin embargo, no podía negociar nada con Puigdemont si este declaraba previamente la independencia. Para el entonces presidente de la Generalidad, estaba claro que Ortúzar era un emisario de Rajoy.
Tampoco habla Puigdemont en su libro de la otra manifestación masiva en contra del golpe que se produjo el 29 de octubre, dos días después de la proclamación de la república catalana en el Parlament. En una desesperada huida hacia adelante alentada por ERC, Puigdemont evitó convocar elecciones y dio paso a otro esperpento en la cámara catalana, una declaración de independencia tras la votación "anónima" de los grupos separatistas y de algunos diputados de los comunes.
Otro millón tres semanas después
Tres semanas después del histórico 8 de octubre, los ciudadanos contrarios al separatismo se volvieron a citar en las calles de Barcelona. Y otra vez fueron un millón, más los dirigentes del PSC, con Iceta entonces al frente. No habían asistido a la primera, pero no se quisieron perder la segunda, cuando los miembros del gobierno catalán deambulaban entre España y Francia como pollos sin cabeza, discutiendo si acudían a la citación de la Audiencia Nacional o se fugaban.
Al igual que entonces, los partidos que se reclaman constitucionalistas no demuestran demasiado interés en rememorar aquellas dos manifestaciones que alteraron la percepción que se tenía del proceso independentista. SCC se mantiene activa, aún con menos medios que entonces, pero con capacidad para convocar al constitucionalismo cívico. Este sábado recordarán aquellos días en la entrega de los Premios 8 de Octubre, que este año ha recaído en los representantes de las familias y las organizaciones que luchan por el bilingüismo y la aplicación del 25% de español en la educación obligatoria en Cataluña. También habrá un reconocimiento póstumo al economista Francesc Granell, uno de los primeros intelectuales en alertar contra las mentiras del separatismo al comienzo del proceso, entre 2010 y 2012.
8-O: El día que la mayoría silenciosa detuvo el golpe de Estado separatista
Una semana después del referéndum ilegal en Cataluña, los no nacionalistas se echaron a la calle en Barcelona para parar el golpe y hacerse escuchar.
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